Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77099
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°4 del Departamento Judicial de Quilmes para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente en formato electrónico.
Mediante oficio electrónico, póngase en conocimiento de lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.77.099 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ QUILBEB SUR S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. El Fisco de la Provincia de Buenos Aires inició la presente acción contra la firma Quilbeb Sur S.A., con el objeto de obtener un pronunciamiento que le permita materializar el decomiso de la mercadería que, en el año 2014, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) le impusiera a la empresa por carecer de la documentación respaldatoria de transporte que exigen los artículos 41 y 82 del Código Fiscal (conf. acta de comprobación del ente recaudador).
Relata que, con miras a que se efectúe su cumplimiento, peticionó la ejecutoriedad de la medida sancionatoria ante el Juzgado en lo Correccional N°4 de Quilmes, por ser éste el órgano que se había expedido sobre la legalidad de la sanción.
Explica, sin embargo, que tal requerimiento no fue atendido por el titular de dicho organismo, dado que -a su entender- contaba con dos vías para tal fin, la de la "denuncia penal" y la del "apremio" ante el fuero contencioso administrativo.
Frente a eso, comenta que interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio ante el mismo juez de grado quien, rechazando el primero de ellos, decidió, por los mismos argumentos, no dar trámite al segundo de los remedios impetrados. Ello, por cuanto consideró que, en el caso, de conformidad con doctrina de la Cámara de Apelación y Garantías departamental, mediaba un planteo relativo al ejercicio de la función administrativa que, por lo tanto, debía ser resuelto en el fuero especializado.
Solicitó, a los efectos de garantizar el cumplimiento de la medida dispuesta, el embargo o, en su defecto, la inhibición general de bienes del demandado (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2021).
II. El expediente se radicó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de aquella jurisdicción territorial.
No obstante, luego de que la demandante acompañara el expediente administrativo con las respectivas actuaciones de la causa, su titular declinó la competencia endilgada por su par en lo penal, quien -según su criterio- debía continuar conociendo en el asunto puesto que la cuestión a dirimir se vinculaba con la ejecutoriedad de un acto sancionatorio (el decomiso), cuya legalidad había sido declarada por el magistrado en lo correccional en ocasión de su intervención en los términos del artículo 89 del Código Fiscal (conf. art. 2 inc. 1 - in fine - de la ley 12.008).
A la vez, advirtió que su competencia únicamente se justificaría ante el supuesto de ser promovido, "...previa emisión del título ejecutivo por la autoridad administrativa de aplicación", un juicio de apremio.
Fue de esa manera, entonces, que planteó la contienda negativa de competencia, elevándola a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima de acuerdo a lo previsto por el artículo 7 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de fecha 28-IV-2021, obrante en el expediente electrónico).
III.1. En numerosas ocasiones esta Suprema Corte ha reconocido la competencia de los juzgados correccionales o de paz letrados para conocer en asuntos que, no obstante suscitarse en el ejercicio de la función administrativa (art. 166 in fine , Const. prov.), la Legislatura expresamente ha decidido asignarles jurisdicción revisora a dichos órganos, sin que tal reglamentación pueda ser abiertamente cuestionada en tanto se inserta dentro del margen de configuración deferido a dicho cuerpo en ese aspecto por la Constitución (doctr. causa A. 72.779, “Transporte Automotor Plaza SACEI”, sent. de 16-III-2016).
III.2. Tal cosa se presenta, básicamente, en materia de impugnación de faltas provinciales y municipales (arts. 172, Const. prov.; 106 y 144, dec. ley 8031/73; 54 y 57, dec. ley 8751/77, 2 inc. 1 in fine , CCA y 24 inc. 3, CPP; doctr. causas B. 69.029, "Shoines SRL", resol. de 2-V-2007; B. 71.482, "Radisol SA", resol. de 31-VIII-2011; B. 72.196, "Solfima SA", resol. de 8-V-2013; B. 74.352, "Asociación Mutual de los Trabajadores del Estado", resol. de 26-X-2016; B. 74.502, "Vepez SA" y B. 74.498, "CFA Compañía Fiduciaria Americana SA", ambas resol. de 7-XII-2016; B. 75.289, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 15-VIII-2018; B. 75.800, "Vari SRL", resol. de 11-IX-2019 y B. 76.210, "Méndez", resol. de 18-XII-2019).
También, en numerosos regímenes sectoriales de policía que prevén infracciones por su incumplimiento ( v.gr., arts. 40, ley 13.927 -tránsito-; 5, ley 13.230 -sanidad alimentaria-; 78, ley 10.606 y 25, ley 11.405 -farmacias y medicamentos-; 22, ley 13.805 -espacios públicos-; 10, ley 12.238 -parques zoológicos-; 11, ley 14.107 -animales peligrosos-; 14, ley 14.050 -locales bailables- y 2, ley 11.929 -espectáculos deportivos-, e.o.).
Y en lo que aquí interesa, en el ámbito contencioso tributario, cuando se produce la incautación y el decomiso de bienes vinculados a alguna actividad gravada, sin la documentación que respalde su traslado o transporte (arts. 82, 88 y 89, Cód. Fiscal -t.o. 2011-; doctr. causas B. 68.431, "Saavedra", resol. de 23-XI-2005; B. 70.076, "Full Agro", resol. de 30-VI-2009; B. 73.600, "Sport Cars SA", resol. de 2-IX-2015; A. 74.190, "Motorsport SA", sent. de 12-XII-2018).
III.3. En todos esos supuestos, los tribunales del fuero contencioso administrativo en principio no resultan competentes para intervenir, salvo que fuere evidente de los hechos del caso y del objeto de la acción promovida -más allá de su denominación- que ésta excede del marco asignado a los juzgados correccionales o de paz letrados bajo las condiciones antes reseñadas (doctr. causas B. 73.566, "Valdata", resol. de 16-III-2016; B. 75.485, "Sciocia", resol. de 21-XI-2018; B. 75.542, "Moto Club Mercedes", resol. de 10-VII-2019; B. 74.646, "Ameztoy", resol. de 14-VIII-2019 y B. 76.264, "Enciso", resol. de 15-IV-2020, e.o.).
IV. Aquí, a propósito de un procedimiento sustanciado en los términos de los arts. 82 y siguientes del Código Fiscal (t.o. 2011), la Fiscalía de Estado solicita el cumplimiento de la sanción de decomiso que quedara firme, dado que los bienes respectivos habían sido puestos bajo custodia del propio infractor, quien luego se habría rehusado a hacer entrega de ellos a la ARBA para darles el destino previsto en el art. 90 de dicho ordenamiento.
Lo anterior motivó que se dedujera la presente pretensión ante el juez en lo correccional, por ser quien otrora había confirmado la legalidad de lo actuado por la autoridad de aplicación que determinó la suerte de la mercadería. Ello se hace así, dado que el Fisco admite carecer de la necesaria autotutela ejecutiva por involucrar la medida requerida el ejercicio de fuerza sobre las cosas o las personas (conf. causa B. 75.472, “Municipalidad de General Madariaga”, resol. de 28-XI-2018).
Se advierte asimismo que las alusiones a un eventual juicio de apremio por un monto líquido, únicamente se refieren a la hipótesis de fracasar todo intento de hacerse de los bienes en especie (art. 90 in fine , Cód. Fiscal -texto según ley 15.079-), de modo tal que por el momento no tiene ninguna gravitación en la contienda la regla incorporada al art. 2 inc. 8 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
V. Más allá de que el conflicto podría hallar solución en una interpretación extensiva del mismo art. 89 del Código Fiscal, es la accesoriedad del planteo lo que permite traer al frente aquel principio tantas veces actuado por el Tribunal según el cual resulta competente el juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes promovidos en éste, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 6 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 37.036, “Murchison SA”, resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, “Falabella”, resol. de 6-X-2004; B. 68.099, “Furnari”, resol. de 22-XII-2004; B. 70.615, "Segade", resol. de 2-XII-2009; B. 73.591, "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019; B. 76.795, "Acosta", resol. de 19-III-2021; B. 77.049, "Mentucci" y B. 77.121, "Lettieri", ambas resol. de 9-VI-2021).
Ello se funda tanto en el principio accesorium sequitur principale como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un órgano judicial único quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (doctr. causas B. 70.615, cit.; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014 y B. 74.484, cit., e.o.).
VI. Por lo tanto, toda vez que la ejecución del decomiso constituye -en definitiva- una incidencia del proceso donde dicha sanción ha sido impuesta, corresponde que quien conozca en la tramitación del presente pedido sea el juzgado en lo correccional que confirmara la validez de tal medida (art. 6 inc. 1, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado en lo Correccional N°4 del Departamento Judicial de Quilmes para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará el expediente en formato electrónico.
Mediante oficio electrónico, póngase en conocimiento de lo aquí decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 11:27:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 12:56:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/08/2021 16:04:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 19:07:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 20:28:14 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia