Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77431
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul es propia de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
B.77.431 “SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE AZUL C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) promueve acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y los arts. 684 y 685 del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez constitucional del decreto 784/16 -anexo único-, por medio del cual se reglamenta el art. 52 de la ley 14.656, que establece las bases para las negociaciones colectivas en el ámbito comunal. En igual sentido, cuestiona de manera genérica cualquier decreto o resolución emitido y/o dictarse por la Municipalidad de Azul u otros organismos provinciales que respalden o avalen la norma atacada.
Al respecto, sostiene que el Poder Ejecutivo provincial ha alterado sustancialmente el espíritu de la ley y ha modificado la voluntad que expresamente el legislador plasmó en ella, en franca violación al principio republicano de gobierno. A su vez, afirma que la extralimitación denunciada provoca claros e insoslayables perjuicios no sólo a aquella entidad gremial sino también a la amplia masa de trabajadores y trabajadoras que forman parte de ella.
De esta manera, concluye que el precepto en crisis contraría a los derechos y garantías consagrados en los arts. 1, 11, 28, 31, 144 inc. 2 de la Carta local; 14, 14 bis, 16, 17 de la Constitución nacional y lo previsto en la ley 23.551.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul. Sin embargo, su titular se rehusó a intervenir en el asunto al considerar que de la propia demanda se desprendía que el planteo esgrimido debía canalizarse a través del mecanismo diseñado por los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, que da cuenta de una modalidad de impugnación específica de ciertas normas, por la cual el Máximo Tribunal local efectúa una revisión privativa, abstracta, predominantemente preventiva y concentrada en su instancia originaria. En consecuencia, estimó que la cuestión litigiosa excedía el marco de su competencia (v. resol. de 13-X-2021).
Al decidir de ese modo, dispuso remitir las actuaciones a este Tribunal para la prosecución de su trámite.
III. Conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019, e.o.).
En la especie, la actora pretende en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional del decreto 784/16, dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, por entender que se encuentran vulnerados los principios de división de poderes, de razonabilidad y de seguridad jurídica como así también los derechos a la igualdad, a la libertad sindical y de propiedad.
Bajo tales circunstancias, es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria atribuida a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014 y B. 76.801, “Helacor SA”, resol. de 23-XII-2020, e.o.); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B 76.801, cit.).
IV. En consecuencia, radícase la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y procédase a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a ello, se confiere a la actora un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul es propia de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante los estrados del Tribunal, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
III. Conferir a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su postulación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 y 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (doctr. causa B. 68.179, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 20-IV-2005).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21). Mediante oficio electrónico, comuníquese lo aquí decidido al juzgado en lo contencioso administrativo que previno.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:09 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:31 hs. bajo el número RR-852-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia