Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77428
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
B.77.428 “LW LATIN AMERICA FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND BV C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I. La firma LW Latin America Fixed Income Opportunities Fund BV -a través de su apoderado- solicita el reconocimiento de la sentencia extranjera dictada el día 24 de mayo de 2019 por la Sala 25ª en lo Civil del Tribunal Regional de Fráncfort del Meno de la República Federal de Alemania contra la Provincia de Buenos Aires y su posterior ejecución, conforme el mecanismo establecido en el art. 515 del Código Procesal Civil y Comercial.
Al respecto, relata que, en su carácter de tenedor de obligaciones al portador emitidas por el Estado provincial, Bonos identificados como "10,625 EUR Obligación de 1999/2006" y "9,75 EUR Obligación de 1999/2004" (ISIN DE0003138806 e ISIN DE0003040408, respectivamente), inició demanda por ante el mencionado tribunal extranjero persiguiendo su cobro, toda vez que en los términos y condiciones del empréstito contraído se acordó dicha jurisdicción junto con la aplicación de la ley alemana.
Asimismo, señala que obtuvo un pronunciamiento favorable a su pretensión en tanto se condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de $138.000 Euros, con más los intereses correspondientes.
Finalmente, solicita que con carácter cautelar se trabe embargo sobre las cuentas fiscales de la demandada, a fin de garantizar la percepción del crédito reclamado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata, cuyo titular se inhibió de conocer en el litigio por considerar que la cláusula constitucional que diseña el fuero especializado no establece un criterio personal o subjetivo dirigido a enjuiciar todo el obrar estatal, sino sólo aquel que se encuentre regido por el derecho público. Siguiendo aquel razonamiento, estimó que en autos no se controvertía la actuación u omisión de la Provincia en ejercicio de funciones administrativas, por lo que el pleito escapaba al ámbito propio de su competencia (v. resol. de 23-IX-2021).
Al decidir de ese modo, las actuaciones pasaron al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°21 departamental. Sin embargo, su magistrado también se rehusó a intervenir en el asunto en la inteligencia de que -a contrario de lo sostenido por su par preactuante- el planteo se originaba por la actividad desplegada por la demandada al contraer una deuda pública mediante la entrega de bonos que no habrían sido oportunamente cancelados. Afirmó, entonces, que resultaba aplicable lo previsto en el art. 2 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo (v. resol. de 7-X-2021).
De esta manera, planteó formalmente la contienda negativa y la sometió ante esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima con arreglo a la facultad que le confiere el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
III. Es útil comenzar recordando que el art. 515 del Código Procesal Civil y Comercial consagra un procedimiento específico para ejecutar pronunciamientos emitidos por tribunales extranjeros, a través de una declaración conocida como exequátur que le otorga la misma eficacia que a una sentencia dictada por un juez nacional. Ello, siempre que se encuentren reunidos los extremos necesarios para su procedencia vinculados a la protección del orden público interno.
Por su parte, el art. 516 del ordenamiento ritual determina que el reconocimiento “se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando su testimonio legalizado y traducido y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma”.
IV. Sentado ello, cabe señalar que el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
En consecuencia, el señalado criterio sólo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentra regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 incs. 1 y 2, CCA).
V. Bajo tales premisas, deviene necesario ponderar que en la especie se persigue el reconocimiento de la sentencia dictada por la Sala 25ª en lo Civil del Tribunal Regional de Fráncfort del Meno de la República Federal de Alemania para luego proseguir con la ejecución de la condena allí impuesta a la Provincia de Buenos Aires.
De la lectura de la traducción certificada acompañada del referido pronunciamiento se desprende que la actora reclama el pago de los valores nominales, con más sus intereses, de dos obligaciones al portador emitidas por la demandada que no fueron canceladas a la fecha de sus respectivos vencimientos y sobre las cuales no se llegó a un acuerdo en el mes de noviembre del año 2005, cuando la Provincia presentó una oferta pública de canje a los acreedores extranjeros para la reestructuración de la deuda externa contraída.
En efecto, se observa que el objeto mediato del presente litigio -que, al mismo tiempo, constituye su causa- versa sobre el cobro del empréstito público que no habría sido satisfecho conforme fuera pactado y que la pretensión se funda en el hecho de que la demandada no atendió oportunamente los servicios de la deuda consolidada en una serie de bonos.
Así pues, frente al presunto incumplimiento de las obligaciones asumidas por uno de los sujetos enumerados en el párrafo final del art. 166 de la Constitución provincial con motivo o en ocasión del ejercicio de la función administrativa que le es propia, es posible concluir que el caso subsume en la cláusula general que define la materia del fuero especializado (conf. arts. 1 y 77 inc. 1, CCA y 516, CPCC). El "juez de primera instancia que corresponda" al que alude el art. 516 del Código Procesal Civil y Comercial es, en este caso, el correspondiente al fuero contencioso administrativo.
En tal sentido, cabe recordar que ante ese mismo fuero se han ventilado ejecuciones de tribunales extranjeros, en las que a esta Corte le ha tocado conocer en instancia extraordinaria (conf. causa A. 69.572, "Milantic Trans SA", sent. de 30-III-2016).
VI. Por los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata el órgano que continúe conociendo en la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 21 del mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:51:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:11:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:41:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:14:29 hs. bajo el número RR-851-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia