Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77524
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que en autos no se encuentra afectada la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC) y devolver el expediente, radicándolo electrónicamente, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para la continuación de su trámite.
B.77.524 “THOMART GNC S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA”
I. La firma Thomart GNC SA promueve acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y los arts. 684 y 685 del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez constitucional de la ordenanza 9150 dictada por la Municipalidad de Hurlingham, por medio de la cual se crea la denominada “Tasa Vial” en la comuna.
Al respecto, alega que existe una superposición entre el gravamen cuestionado y el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural, por lo que denuncia que a través del precepto en crisis no sólo se produce una doble imposición sino también se vulnera el régimen de coparticipación federal especial contemplado en la ley 23.966 y en el decreto ley 505/58.
Asimismo, sostiene que se trata de un verdadero impuesto toda vez que no existe un servicio concreto, efectivo y divisible que actualmente se preste de manera particularizada. Para más, afirma que los servicios generales e indivisibles a los que la tasa se refiere únicamente pueden ser gravados con impuestos, en tanto se trata de servicios uti universi . En consonancia con ello, expone que la pretendida tasa viola el principio de proporcionalidad, dado que no existe correlato alguno entre el costo del aparente servicio con los montos perseguidos en tal concepto.
Así, arguye que más allá del nomen juris adoptado en la norma, el hecho imponible establecido en la llamada “tasa” resulta análogo al fijado para el impuesto nacional sobre los combustibles, al impuesto al valor agregado y al impuesto sobre los ingresos brutos en el ámbito provincial. Concluye, además, que el gravamen afecta de manera directa y sustancial al comercio interprovincial y a la política hidrocarburífera y energética federal.
Finalmente, peticiona que se ordene con carácter cautelar la suspensión de los efectos de la ordenanza atacada, hasta tanto se arribe a una sentencia definitiva en el presente litigio.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón. Sin embargo, su magistrada subrogante se rehusó a intervenir en el asunto al considerar que de la propia demanda y de las manifestaciones esgrimidas por la actora se desprendía que el planteo esgrimido debía canalizarse a través del mecanismo diseñado por los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, que da cuenta de una modalidad de impugnación específica por la cual el Máximo Tribunal local efectúa una revisión privativa, abstracta, predominantemente preventiva y concentrada de ciertas normas, en instancia originaria. En consecuencia, estimó que la cuestión litigiosa excedía el marco de su competencia (v. resol. de 19-X-2021).
Al decidir de ese modo, dispuso remitir las actuaciones a esta Suprema Corte para la prosecución de su trámite.
III. Es útil comenzar recordando que la competencia originaria que describe el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial da cuenta de una atribución que ejerce este Tribunal con carácter exclusivo, en tanto la pretensión esgrimida tenga los ribetes delineados por su propia jurisprudencia.
En efecto, la recta interpretación del citado precepto, en tanto atribuye el conocimiento originario a la Suprema Corte de Justicia "...para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada...", no permite una opción libre para plantear indistintamente la cuestión por ante esta sede o la de la justicia ordinaria, si ella involucra, en sustancia, un conflicto entre las normas controvertidas y las reglas consagradas en la Constitución de la Provincia.
Esto último, aun cuando las disposiciones constitucionales locales coincidan con las previsiones de la Constitución nacional y por más que éstas hubiesen sido preferentemente invocadas por quien impugna. Es que, en tales circunstancias, no habría óbice para sostener que la cuestión constituye una "materia regida por esta Constitución" en los términos que consagra la Carta provincial, supuesto en que ha de mantenerse incólume la competencia originaria y exclusiva de esta Suprema Corte (doctr. causas B. 75.762, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de La Costa"; B. 75.769, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de Chascomús" y B. 75.770, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de Pinamar"; todas resol. de 26-VI-2019).
IV. Ahora bien, también se ha sostenido que cuando el precepto alude a "materia regida por esta Constitución" se refiere a la necesidad de planteamiento de un conflicto directo entre la disposición impugnada y la o las normas de la Carta local que se consideren quebrantadas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001; B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009 y B. 75.890, "Martínez", resol. de 14-VIII-2019, e.o.).
De allí que no sean procedentes las demandas originarias de inconstitucionalidad en las que se denuncian infracciones a la Constitución Nacional o a leyes o reglamentos dictados por autoridades federales. Sobre esa base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos así incoados (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006; B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018; B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018 y B. 76.039, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales", resol. de 23-X-2019).
V. Bajo tales premisas, la demanda promovida por la firma Thomart GNC SA ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón, fundada íntegramente en la supuesta violación por parte del acto municipal impugnado de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en otras normas que cita dictadas por el Congreso, carece de virtualidad para abrir la instancia originaria de este Tribunal en los términos del art. 161 inc. 1 de la Constitución de la Provincia, lo que así debe determinarse.
No altera tal solución la naturaleza local que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha asignado finalmente a las leyes-convenio una vez producida la correspondiente adhesión (conf. ley 11.244; CSJN Fallos: 327:1789, 329:542, 6033; 330:1718; e.o.), dado que aún cuando la ley 23.966 invocada en autos pudiera gozar de semejante estatus, en definitiva no se trataría de un "conflicto directo" con la ley fundamental bonaerense (v. supra pto. IV).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que en autos no se encuentra afectada la competencia originaria del Tribunal (arts. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC) y devolver el expediente, radicándolo electrónicamente, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Morón para la continuación de su trámite.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2021 09:49:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2021 23:48:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:21:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 11:31:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/12/2021 14:00:06 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/12/2021 14:06:35 hs. bajo el número RR-987-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia