Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 con asiento en Olavarría, perteneciente al mismo departamento judicial.
B.78.102 “ASOCIACION DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXO S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La Asociación de Defensa de Derechos y Usuarios y Consumidores (ADDUC) promovió, a través de su apoderado y de conformidad con los artículos 42 y 43 de la Constitución nacional y de las leyes 24.240 y 13.133 y sus respectivas modificatorias, una acción colectiva contra la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría (COOPELETRIC), con el objeto de que se disponga en favor de usuarios y consumidores de esa localidad (residenciales comunes, de tarifa social, estacionales, rurales y entidades de bien público) el cese de los pagos efectuados por éstos en concepto de "cuota capital", "cuota capitalización", "cuota de contribución por acciones" u otra denominación similar, que habrían sido incorporados en sus facturas por consumo de energía eléctrica.
Ello por cuanto, según afirma, la entidad demandada realizó el cobro de tales importes sin dar cumplimiento con lo preceptuado en el artículo 78 de la ley 11.769, lo cual dejaría entrever el proceder irregular de ésta en la percepción de los cargos aludidos.
Sobre esa base es que solicita la restitución, "...dentro del período de los cincos años a la demanda y por el período posterior", de las sumas abonadas por los conceptos cuestionados con más los intereses, como así también, se haga efectiva la multa dispuesta por el artículo 4 inciso "j" del Reglamento de Suministro y Conexión del Organismo de Control de la Energía de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) (v. escrito electrónico de fecha 2-III-2022).
II. La causa, atento a lo expuesto por la actora en su presentación inicial (v. encabezado y apdo. XXVI), fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul.
En su primer pronunciamiento, ponderando que la pretensión incoada trataba -en esencia- de una acción de amparo colectivo, el titular del organismo se inhibió de seguir entendiendo en el asunto, ordenando la remisión de los obrados a la Receptoría General de Expedientes Descentralizada departamental con asiento en Olavarría para que realice el pertinente sorteo de conformidad con el régimen vigente para la adjudicación de ese tipo de litigios (v. resol. electrónica de fecha 3-III-2022).
Frente a lo así resuelto, la demandante interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio que, rechazado el primero de ellos por el magistrado de grado, no así el segundo de los remedios impetrados (v. proveído electrónico de fecha 8-III-2022), recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata.
A su turno, sus integrantes, advirtiendo la falta de sostén normativo en el ordenamiento de rito de lo pretendido por la actora, declararon unánimemente inadmisible el recurso articulado, pues lo contrario -resaltaron- importaría "...sustraer del conocimiento que le corresponde al Tribunal común el potencial conflicto de competencia que pudiera suscitarse" (v. resol. electrónica de fecha 10-V-2022).
Devueltos los actuados a la instancia de grado, el juez de origen los pasó -conforme lo resuelto en primer término- a la referida Receptoría de Expedientes departamental, resultando adjudicado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 de aquella jurisdicción territorial (véase oficio electrónico de fecha 8-VI-2022).
Pero la magistrada a su cargo también se rehusó a entender en el asunto, en la inteligencia de que el caso se hallaba alcanzado por las reglas plasmadas en los artículos 23 y 30 de la ley 13.133 -texto según ley 14.514- y, en particular, por lo dispuesto en el artículo 2 inciso 2 de la ley 12.008, motivo por el cual consideró debía seguir interviniendo su par en lo contencioso administrativo.
Al así decidir, dando cuenta además de otras singularidades que atañen a la controversia ( v.gr. , "derechos en juego", "participación de organismos públicos regulatorios", e.o.), le devolvió los obrados al juzgado preactuante (v. resol. electrónica de fecha 10-VI-2022).
Una vez recibidoséstos por el mentado órgano, su juez, pese a la formulación que expusiera la actora (v. escrito electrónico de fecha 10-VI-2022), ratificó su postura primigenia, dejando planteado así un conflicto de competencia que giró a esta Corte con el objeto de que sea resuelto (cfr. art. 7 inc. 1, CCA; v. sent. interlocutoria de fecha 14-VI-2022).
III. Preliminarmente cabe recordar que esta Corte sostuvo, en conflictos de competencia suscitados en casos basados en las normas constitucionales que garantizan y en las leyes que regulan los derechos de usuarios y consumidores, bien que en supuestos en los que no resultaba demandado ninguno de los sujetos enumerados en los artículos 166 de la Constitución provincial y 1 de la ley 12.008, que era competente para entender y resolver el fuero civil y comercial. Para ello se tuvo en cuenta que, más allá de las personas involucradas en la contienda, se trataba de supuestos regidos por el derecho privado (doctr. causas B. 69.961 "Apuzzo", resol. de 18-II-2009; B. 70.052, "Marrone", resol. de 6-V-2009; B. 70.959, "Paccor", resol. de 9-VI-2010; B. 71.621, "Semzar Emergencias Médicas S.R.L.", resol. de 19-X-2011; B. 72.317, "Siviero", resol. de 24-IV-2013 y B. 75.144, "González", resol. de 4-IV-2018, entre otras).
Sin embargo, se destacó en esos precedentes que el artículo 30 de la ley 13.133 -Ley Provincial de Implementación de Derechos de Usuarios y Consumidores-, que consagraba la competencia de los juzgados en lo civil y comercial para resolver las controversias suscitadas en ese ámbito, había sido vetado sobre la base de que la ley 12.008 incluía entre los casos propios del fuero contencioso administrativo a las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el derecho administrativo (art. 2 inc. 2).
Con posterioridad, el mencionado artículo fue reintroducido en el régimen de la ley 13.133 por la ley 14.514 (B.O. de 4-VII-2013), quedando redactado de la siguiente manera:
"Serán competentes para resolver las controversias derivadas por las relaciones de consumo los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil y Comercial o los Juzgados de Paz Letrados.
Los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo serán los competentes para resolver las controversias que se susciten entre prestadores de servicios públicos o concesionarios de obras públicas y usuarios, en cuanto se encuentren regidas por el Derecho Administrativo".
Como es fácil advertir, ahora las normas que se refieren a la competencia para resolver en esta clase de asuntos han sido armonizadas, de modo tal que en los casos ocurrentes corresponde indagar el derecho llamado a regir la controversia.
IV. En la especie, la asociación actora procura en favor de un grupo de usuarios y consumidores de la localidad de Olavarría la suspensión de importes adicionales que la COOPELETRIC les cobra o habría cobrado en sus facturas por consumo de energía eléctrica, cuyo proceder considera irregular por no contar principalmente con la autorización previa del OCEBA que establece el artículo 78 de la ley 11.769, junto con la restitución de las sumas abonadas en tales conceptos como de otros rubros que funda en disposiciones de la normativa atinente a los derechos del consumidor.
Tales cuestiones, como manifiesta la propia demandante en sus presentaciones (de fecha 2-III-2022, 3-III-2022 y 10-VI-2022), requiere la aplicación e interpretación de normas de derecho administrativo (Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires; Reglamento de Suministro y Conexión publicado por el OCEBA, entre otras), por lo que en el caso debe declararse la competencia del fuero contencioso administrativo (arts. 2 inc. 2, ley 12.008 y 30, seg. párr., ley 13.133).
V. A tenor de los fundamentos arriba expuestos, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Azul el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul. Por Secretaría, y de manera electrónica, se radicarán las actuaciones para que continúe interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA).
Hacer saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 con asiento en Olavarría, perteneciente al mismo departamento judicial.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2022 17:18:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/06/2022 18:16:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 19:11:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 20:41:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/06/2022 08:11:11 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/06/2022 08:15:05 hs. bajo el número RR-719-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia