Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78010
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDevolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 del Departamento Judicial de La Plata para que continúe con la tramitación de este proceso (arg. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
B.78.010 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. C/ MUNICIPALIDAD DE LA PLATA S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008-“
I. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en representación del Ministerio de la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, promovió el 2-III-2021 demanda de desalojo contra la Municipalidad de La Plata con el objeto de recuperar la tenencia del anfiteatro "Martín Fierro", ubicado dentro del Paseo del Bosque "René Favaloro" de dicha ciudad, sito en calle 115 entre 56 y 57 e identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 101, Parcelas 1A, 2A y 3A, Partida 332.704. Ello, como consecuencia de que el inmueble se encuentra registrado a nombre de la Provincia de Buenos Aires y fue entregado mediante sucesivos convenios de concesión de uso precario y a título gratuito a la comuna -en el marco de lo establecido por el decreto ley 9533/80 sobre el "Régimen de los Inmuebles del Dominio Municipal y Provincial"-, cuya revocación fue dispuesta por la resolución N°583 de la cartera ministerial que promueve la demanda.
II. La parte actora inició la causa en el fuero contencioso administrativo del Departamento Judicial de La Plata, al considerar que se había fijado dicha jurisdicción en la cláusula décima del último convenio de concesión firmado entre ella y la comuna el 8-XI-2019.
Sin embargo, siendo sorteado el Juzgado de Primera Instancia N°1 departamental, el juez que se encontraba subrogando el organismo resolvió declararse incompetente.
De un lado, al señalar que la contienda se encuentra regida netamente por el derecho privado y alcanzada por la regla de exclusión establecida en los incisos 1 y 2 del art. 4 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, en tanto la única finalidad de la actora es lograr una medida de desalojo y la posterior restitución del inmueble de su propiedad. De otro, considerando que la disposición que convino el sometimiento de las partes a la jurisdicción contencioso administrativa no es susceptible de desvirtuar el carácter de orden público e improrrogable que tiene la competencia en razón de la materia (v. resol. de 8-III-2021).
III. Al así decidir, las actuaciones fueron derivadas al fuero civil y comercial.
Allí, la causa fue adjudicada al Juzgado de Primera Instancia N°19 departamental, cuya titular aceptó la competencia que le estaba siendo endilgada y dispuso que la acción deducida tramitaría según las normas del proceso sumario. A la par, dio traslado de la demanda, rechazó la solicitud de la Fiscalía de Estado tendiente a que se ordene la inmediata desocupación del inmueble objeto del litigio y dictó una medida cautelar de no innovar ordenando a la comuna demandada que suspenda las obras que pudieran estar efectuándose en el inmueble (v. resol. de 8-IV-2021).
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, al entender que por aplicación del art. 35 del decreto ley 9533/80 el proceso debía sustanciarse por la vía sumarísima y ordenarse la restitución del inmueble.
A su turno, mediante escrito del 12-IV-2021, se presentó la Municipalidad de La Plata denunciando la existencia de otro proceso, caratulado "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación s/ medida cautelar autónoma", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 del Departamento Judicial de La Plata, en el cual el 3-III-2021, se dictó una medida cautelar suspensiva de los efectos del acto administrativo por medio de cual el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica le había solicitado a la Fiscalía de Estado que interpusiera la presente acción de desalojo (RESO-2021-50-GDEBA-MPCEITGP del 3-II-2021) y le ordenó a dicha cartera que se abstenga de realizar actos que impliquen su ejecución.
Con ese argumento, solicitó que se deje sin efecto la medida de no innovar aquí dispuesta, al ser manifiestamente contradictoria con la anteriormente dictada a petición suya en el otro expediente y, una semana después, interpuso un recurso de apelación contra esa misma manda, el cual fue concedido.
Consecuentemente, la magistrada a cargo de la causa elevó las actuaciones a la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, cuyos jueces resolvieron devolver la causa al juzgado de origen a los efectos de que, previo al tratamiento de los recursos deducidos por ambas partes, su titular se expidiera sobre el levantamiento de la medida de no innovar requerido por la Municipalidad de La Plata (v. resol. de 30-IV-2021 y 17-VI-2021).
Radicadas nuevamente las actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 departamental, su magistrada dejó sin efecto la medida cautelar por ella dictada y envió nuevamente las actuaciones a la Alzada para que resolviera las apelaciones pendientes (v. resol. del 16-VII-2021).
Sin embargo, sus titulares entendieron que en el presente caso se estaba configurando un supuesto de litispendencia "impropia", ante la posibilidad del dictado de resoluciones contradictorias entre lo que se resolviera en este proceso y en el expediente "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación s/ medida cautelar autónoma", por lo que decidieron remitirla, sin más, al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental para que tramiten juntas ambas causas y se acumulen por el principio de prevención determinado en el art. 189 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. de 7-X-2021).
IV. Recibida la causa por el mencionado órgano, la jueza a su cargo sostuvo el mismo criterio que había tenido anteriormente su colega del fuero contencioso administrativo y se declaró incompetente en razón de la materia, al considerar que la pretensión versaba únicamente sobre de desalojo de un inmueble.
Sobre tal base, devolvió la causa a la Cámara que se la había remitido, aclarándole que para evitar el dictado de resoluciones contradictorias podía suspender los trámites de los dos procesos que pretendía acumular (v. resol. de 9-XII-2021).
No obstante, sus integrantes resolvieron que la causa regresara nuevamente al juzgado que se la había recientemente entregado, en la inteligencia de que en su decisorio del 7-X-2021 nada se había resuelto con relación a la competencia o no del fuero contencioso administrativo para entender en el asunto, sino que simplemente se había ordenado su radicación en el juzgado "que en definitiva intervenga" en la medida cautelar autónoma iniciada por la Municipalidad de La Plata (v. resol. de 3-III-2022).
Enviado nuevamente el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental, su titular rechazó la asignación anteriormente dispuesta y volvió a mandárselo a la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, al considerar que por medio de resolución del 9-XII-2021 ya se había declarado incompetente para entender en el asunto (v. resol. de 31-III-2022).
Así, la causa se elevó por cuarta vez a la misma Alzada, la que mantuvo su postura en cuanto a que ambos procesos debían tramitar en conjunto y dispuso mandarla al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 para que su titular los radique en el juzgado competente en el expediente iniciado por la comuna (v. resol. de 8-IV-2022).
Sin embargo, la magistrada a cargo de dicho juzgado entendió que el proceso le había sido erróneamente remitido, al no tener relación alguna con la medida cautelar autónoma perseguida por la Municipalidad de La Plata. Consecuentemente, resolvió devolverlo a la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (v. resol. de 22-IV-2022), la que, sin dictar ninguna providencia, lo mandó inmediatamente al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental (v. cargo electrónico de 29-IV-2022).
Por fin, la titular del mencionado órgano envió el expediente a esta Suprema Corte para que dirima la cuestión planteada, al insistir con que el fuero contencioso administrativo resulta incompetente para intervenir en el asunto (v. resol. de 12-V-2022).
V.1. En primer lugar, cabe señalar que en la especie no se ha configurado un conflicto que deba ser atendido por este Tribunal con arreglo a la atribución que le confiere el art. 161 inc. 2 de la Constitución de la Provincia, toda vez que la magistrada del fuero civil y comercial en ningún momento declinó la competencia que le fue endilgada por el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de La Plata.
En efecto, del análisis de las piezas aquí acompañadas, no solo se advierte que dio traslado de la demanda, rechazó la solicitud de la parte actora tendiente a que se ordene la inmediata desocupación del inmueble objeto del litigio y dictó una medida cautelar de no innovar, sino que además tuvo expresamente por "aceptada la competencia" para atender el asunto (v. punto "1" de la resol. de 8-IV-2021).
Luego, se limitó a remitir el expediente a su Tribunal de Alzada para que resuelva los recursos de apelación que presentaron ambas partes del proceso, y fue allí cuando la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata introdujo oficiosamente una cuestión que no se hallaba controvertida (ni por las partes ni por ninguno de los tres jueces de primera instancia que habían intervenido) al considerar que existía una litispendencia "impropia" entre el presente proceso y los autos "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación s/ medida cautelar autónoma", en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental, que podía llegar a generar el dictado de sentencias contradictorias y que exigía la acumulación de ambas causas por conexidad. Postura que sostuvo aún luego de la negativa de la titular de este último órgano, a quien le remitió el expediente en dos ocasiones, a pesar de no ser su alzada natural (cfr. arts. 2, ley 12.074 -texto según ley 13.405- y 38, ley 5827 -texto según ley 13.634-).
V.2. Ahora bien, incluso considerando, como lo hizo la mencionada Cámara, que se encontraba facultada para decidir sobre la acumulación de ambos procesos en el expediente en el que primero se notificó la demanda ante la hipotética posibilidad del dictado de fallos contradictorios, en el caso no se configuran las condiciones que el art. 188 del Código Procesal Civil y Comercial determina para su procedencia.
En primer lugar porque dos de las tres decisiones en las que la Alzada insistió con la necesidad de que las causas tramitaran en conjunto (resol. de 3-III-2020 y de 8-IV-2022) fueron resueltas cuando el expediente "Municipalidad de La Plata c/ Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación s/ medida cautelar autónoma" se encontraba en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata para tratar el recurso de apelación que la comuna allí actora interpuso contra la sentencia definitiva dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°3 departamental el 17-XII-2021, en clara contradicción con el contenido del inciso 1° del mencionado artículo que exige que "los procesos se encuentren en la misma instancia".
Y, máxime, porque tampoco se ajustó a lo dispuesto por el inciso 2 de dicha norma que exige que "el juez a quien corresponda entender en los procesos acumulados sea competente por razón de la materia".
En ese sentido, este Tribunal ha señalado con reiteración que el art. 4 inc. 2 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- expresamente excluye del ámbito del fuero contencioso administrativo el conocimiento y decisión de las acciones que tramitan mediante juicios de desalojo, interdictos y acciones posesorias, aún cuando se las promueva ante un caso ligado a la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, por parte de alguno de los sujetos enumerados en el art. 166 in fine de la Constitución de la Provincia (doctr. causas B. 70.018, "Paladino", resol. de 17-VI-2009; B. 71.031, "Sánchez", resol. de 26-X-2010; B. 71.306, "Muñoz", resol. de 15-VI-2011; B. 72.924, "Fran Constructora SA", resol. de 12-III-2014; B. 73.724, "Calles Añasgo", resol. de 24-VI-2015; B. 74.720, "Ruíz", resol. de 14-VI-2017 y B. 74.633, Municipalidad de Villa Gesell, resol. de 17-X-2018), situación que no varía incluso si se invocan en sustento de la pretensión preceptos contenidos en el decreto ley 9533/80 (doctr. causa B. 72.959, "Municipalidad de Monte", resol. de 30-IV-2014 y B. 74.633, cit.).
Esto corresponde dejarlo sentado para evitar nuevas dilaciones en el tratamiento definitivo de la pretensión, dada la posibilidad de que la cuestión relativa a quién resulta el órgano competente para entender en el asunto sea reeditada en etapas ulteriores (art. 15, Const. prov.; doctr. causas B. 72.870, "Padrón", resol. de 4-XI-2013; B. 73.096, "Organización no Gubernamental para el Cuidado del Medio Ambiente", resol. de 25-VI-2014; B. 73.140, "Arman", resol. de 12-XI-2014 y B. 75.964, "Pérez", resol. de 18-IX-2019).
V.3. Finalmente, de conformidad con lo señalado por los magistrados del fuero contencioso administrativo que han intervenido en el expediente, no resulta un obstáculo a lo todo señalado el arreglo contractual realizado entre las partes en el último convenio de concesión de uso precario y a título gratuito en favor de la comuna el 8-XI-2019 en el que fijaron el sometimiento la cuestiones legales que pudieran surgir a la jurisdicción de los juzgados del mencionado fuero, pues tal disposición, como en repetidas ocasiones se ha precisado, no es susceptible de desvirtuar el carácter improrrogable que, por regla, tiene la competencia por razón de la materia (cfr. arts. 1, CPCC y 6, CCA,; doctr. causas B. 57.407, "Dambolena", resol. de 10-VII-1996; B. 58.217, "Novotermic Azul SA", resol. de 17-VI-1997; B. 64.844, "Blue Mail SA", resol. de 27-XII-2002; B. 67.600, "Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos AMICOOP Ltda.", resol. de 8-IX-2004; B. 73.817, "Piccione", resol. de 21-X-2015 y B. 75.457 "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 19-XII-2018, e.o.).
VI. Por todo lo expuesto, corresponde devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 del Departamento Judicial de La Plata para que continúe con la tramitación de este proceso (arg. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Devolver el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°19 del Departamento Judicial de La Plata para que continúe con la tramitación de este proceso (arg. art. 161 inc. 2, Const. prov.).
Hágase saber lo aquí resuelto a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 y N°3 y a la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial N°1 departamentales.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2022 12:08:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/09/2022 19:45:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2022 11:51:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2022 12:18:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2022 13:33:12 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/09/2022 15:52:50 hs. bajo el número RR-963-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia