Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78363
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Mediante oficio de estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
B.78.363 “MOYA HUGO OMAR C/ LUCERO PEDRO LUIS Y OTRO/A S/MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS (394) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008”
I.1. El señor Hugo Omar Moya, a través de su apoderado, promueve la presente demanda de nulidad y redargución de falsedad de la escritura pública Nº266, traslativa de dominio del inmueble sito en la localidad de Bolívar, cuya nomenclatura catastral especifica como Circunscripción I, Sección C, Manzana 226, Parcela 6-a, Partida Nº008180 (011). La dirige contra los señores Luis Pedro Lucero y Ever Ignacio Van Tooren -este último en su carácter de Subsecretario Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires-.
Subsidiariamente, requiere se condene a los demandados a indemnizarle los daños y perjuicios que asegura haber sufrido como consecuencia de su accionar, como así también, se cancele la inscripción efectuada por el notario interviniente en dicha operación, razón por la que es citado en estos actuados de conformidad con el artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.2. El actor, en el escrito inicial, afirma que su familia ejerce, desde hace más de 30 años, la posesión "real y efectiva" sobre el inmueble en cuestión, situación que habría tenido lugar a raíz de la compra que por aquel entonces efectuara su madre junto a una amiga -madre del primero de los aquí demandados-, quienes, por medio de un boleto de compraventa, decidieron fraccionar dicho lote.
Relata que, con motivo de los fallecimientos de su madre en el año 1999 -hecho que diera lugar a la formación del expediente "Moya, Vicente Elida s/ Sucesión Ab Intestato " (expdte. nº12182/2020) en trámite por ante el Juzgado de Paz Letrado de Bolívar- y de uno de sus hermanos en el año 2012, el terreno se encuentra habitado a la fecha por su hermano, quien, debido al cuadro de salud que lo aflige desde su nacimiento, es asistido por su sobrina -hija del demandante- junto a su cónyuge.
Alega, sin embargo, que los inconvenientes comenzaron cuando estos últimos fueron destinatarios de varios actos turbatorios perpetrados, mediando violencia, por la señora Lucero, quien habría pretendido justificar su accionar en la escritura objeto de la presente, circunstancia ésta que motivó que el reclamante iniciara las correspondientes actuaciones penales ante la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 descentralizada de Bolívar, bajo la IPP 604/20 (v. escrito electrónico de fecha 21-II-2022).
II. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul, cuyo titular, una vez que tuvo por concluida la etapa de mediación prevista en la ley 13.951, declaró su incompetencia oficiosamente tras considerar que el caso subsumía en los términos del artículo 2 inciso 4 de la ley 12.008, toda vez que se procuraba hacer efectiva la responsabilidad patrimonial estatal (v. resol. electrónica de fecha 2-VI-2022).
En vista de ello fue que los obrados recayeron en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial homónimo.
El magistrado a cargo de esa dependencia jurisdiccional, no obstante, resistió la atribución de competencia, advirtiendo, conforme los hechos narrados por el demandante, que la litis se encontraba enmarcada en la regla de exclusión del artículo 4 inciso 1 del Código Contencioso Administrativo. En esa inteligencia, trajo a colación lo sentado por esta Corte en el precedente "Barboza", donde se había expedido, ante análoga situación, a favor de la aplicación de la mentada excepción prevista en el código adjetivo.
Por lo tanto, planteó formalmente el conflicto de competencia y ordenó elevar el expediente a esta Suprema Corte de Justicia, a los fines de que sea ésta la que, de conformidad con el artículo 7 inciso 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, dirima la cuestión (v. sent. interlocutoria de fecha 15-IX-2022).
III. Efectivamente asiste razón al juez en lo contencioso administrativo.
Al respecto, es preciso recordar que el artículo 4 del Código Procesal Contencioso Administrativo sustrae de la jurisdicción allí regulada a las controversias regidas por el derecho privado (inc. 1) y a aquellas que involucren pretensiones posesorias (art. 2).
Bajo tales premisas, esta Corte ha sostenido en términos generales que los juicios que versen sobre los modos y formas de adquisición, modificación o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles son casos gobernados, de forma primaria, por el derecho privado y por ende, extraños al ámbito de competencia asignado al fuero especializado en la materia administrativa (doctr. causas B. 72.778, "Fantaguzzi", resol. de 12-III-2014; B. 73.390, "Rodríguez", resol. de 5-XI-2014; B. 74.484, "Esteves", resol. de 22-VIII-2018; B. 75.402, "Casco", resol. de 21-XI-2018 y B. 76.837, "Barboza", resol. de 23-II-2021).
Así, ya sea que mediante la acción instada se persiga la declaración de nulidad o bien, la redargución de falsedad de una escritura pública, es dable concluir que en ambos supuestos se trata de un caso regido primariamente por normas de derecho privado y que, por ende, la controversia se encuentra específicamente raleada del conocimiento de los órganos del fuero contencioso administrativo (arts. 296, 309 y concs., Cód. Civ. y Com. y 4 inc. 1, CCA; doctr. causas B. 71.703 "Bagnone", resol. de 18-IV-2012 y sus citas y B. 73.243, “Gutiérrez”, resol. de 5-XI-2014).
IV. Para más, cabe señalar que pese a que el actor deduce un reclamo por los daños y perjuicios presuntamente ocasionados, circunstancia que prima facie podría ser encuadrable en los términos del artículo 2 inciso 4 del código de rito -pues con la demanda entablada se pretende responsabilizar patrimonialmente a una de las personas alcanzadas por la mentada regla-, debe tenerse en cuenta que un eventual resarcimiento dependerá, ineludiblemente, de la suerte que vaya a correr la pretensión examinada en primer término (doctr. causas B. 76.852, "Pardo", resol. de 9-IV-2021 y B. 77.252, "Brochon", resol. de 6-IX-2021).
V. Por los fundamentos arriba expuestos, y atento la naturaleza del objeto principal del litigio, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul el órgano que continúe conociendo en las presentes actuaciones.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 del Departamento Judicial de Azul para seguir interviniendo en el asunto (art. 7 inc. 1, CCA). Por Secretaría, se radicará electrónicamente la causa para la prosecución de su trámite.
Mediante oficio de estilo, hágase saber lo decidido al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 departamental.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:48:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 19:18:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/10/2022 09:57:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:06:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 11:24:17 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 11:30:37 hs. bajo el número RR-1096-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia