Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 77780
B.77.780 "COLUCCI DAMIAN Y OTROS C/ AGROGANADERA RECONQUISTA S.A. Y OTROS S/MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan, dijeron:
I. Damián Colucci, Mariana Magneres, Walter Miguel Guffanti, Silvia Alejandra Gómez y Javier Cobrana, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, deducen una acción preventiva de daño ambiental de incidencia colectiva contra las empresas Fideicomiso Cazenave Siembras, Maylucol SA, La Julieta SA, Mc Cain Argentina SA y/o contra quienes resulten responsables de la aplicación de fertilizantes y otros productos químicos destinados a favorecer la producción agrícola en la zona límite entre los usos urbanos y rurales y en las zonas linderas con los establecimientos escolares y/o contra quienes sean responsables del acopio de esos productos y maquinaria de fumigación en zona urbana.
Persiguen, en su carácter de vecinos del Partido de Tandil, el cese inmediato de las actividades desplegadas, que consideran antijurídicas, y que se disponga para el futuro la adopción de las medidas necesarias para preservar el medioambiente y la salud pública en las áreas antes referenciadas, en particular para "mujeres embarazadas, personas por nacer, niños, niñas, adultos mayores y todas aquellas personas que tengan un sistema inmunológico deprimido".
A título cautelar, requieren se decrete la suspensión de las prácticas de fumigación que se realicen a una distancia menor a mil quinientos (1.500) metros de la zona urbana, núcleo de viviendas habitadas, escuela rural, postas sanitarias, cursos de agua (arroyos, lagunas), villas recreativas o deportivas. Al mismo tiempo, peticionan que se prohíba el tránsito de maquinaria de fumigaciones (mosquito, tanques cisternas) por calles y caminos de zona urbana del mentado partido.
Fundan su pretensión en los graves riesgos sobre los bienes invocados que apareja la falta de un Estudio de Impacto Ambiental de las actividades cuestionadas y el inadecuado manejo de residuos especiales, conforme lo dispuesto en la ley nacional 25.675 y en las leyes provinciales 12.257, 11.723, 11.720 y 10.699 y su decreto reglamentario 499/91.
Afirman que los hechos narrados constituyen una práctica habitual en distintas localidades de Tandil, motivo por el cual han realizado reiteradas denuncias ante las autoridades locales, especialmente a raíz de las actividades de la empresa Fideicomiso Cazenave Siembras desplegadas a pocos metros de la Escuela Rural Nº33 de la localidad de La Porteña. Precisamente, sostienen que ese episodio los condujo a efectuar en el año 2019 una denuncia, sin obtener -como sucedería desde años anteriores- los resultados esperados, pues a la fecha la empresa seguiría llevando adelante esas actividades.
Adicionalmente, solicitan se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal 12.316, en tanto autoriza que las prácticas cuestionadas sean llevadas a cabo en distancias mínimas de "150 metros de toda casa habitación" y de "50 metros de los cursos de agua", vulnerando tanto disposiciones de orden constitucional relativas a "un ambiente sano" (cfr. arts. 75 inc. 22 y 41, Const. nac. y 28, Const. prov.) como de aquellos principios rectores en la materia (de congruencia, precaución, sustentabilidad, progresivdad, responsabilidad y equidad intergeneracional) (v. apdo. XIII del documento adjuntado al escrito electrónico del 26-XII-2019).
II.1. La causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°2 con asiento en Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul.
Su titular, tras correr vista al Asesor de Incapaces departamental y de que este último solicitara la citación al proceso en calidad de tercero de la Municipalidad de Tandil en vista de los reclamos administrativos previos que ante ella habían efectuado los actores como del tenor de la materia discutida en autos (cfr. art. 94, CPCC; v. prov. de 17-II-2020), confirió traslado de la demanda a las empresas denunciadas. Debe destacarse que, en ese mismo proveído y con carácter cautelar, el magistrado dispuso la intervención de un ingeniero agrónomo para las futuras prácticas fitosanitarias que realizaran dichas empresas, como así también, que éstas dieran cumplimiento con lo establecido en los arts. 34 del decreto 499/91 y 5 de la ordenanza municipal 12.316 en lo que hace a ese tipo de prácticas de manera terrestre (v. prov. de 13-III-2020).
Disconformes con el alcance de la diligencia precautoria, contra dicho pronunciamiento los coactores articularon un recurso de apelación, en cuya oportunidad también peticionaron la aclaración de algunos puntos atinentes al remedio cautelar decretado (v. escrito electrónico del 19-V-2020).
Aclarado el requerimiento, el juez interviniente desestimó la concesión del recurso, por extemporáneo (v. prov. de 26-V-2020).
Posteriormente, los codemandantes desistieron de la acción respecto de la firma La Julieta SA y la redireccionaron contra la empresa Agrícola Ganadera Reconquista SA por ser quien en la actualidad lleva adelante las "prácticas agrícolas industriales". A la vez, solicitaron se amplíe la demanda frente a hechos nuevos riesgosos que se habían suscitado en el transcurso del litigio, y que se amplíe el alcance de la tutela cautelar (v. escrito electrónico del 13-VIII-2020).
Interesa reseñar que, luego de correrse un nuevo traslado al Asesor de Incapaces -quien en esta oportunidad se excusó de seguir interviniendo en razón de lo dispuesto en el art. 17 inc. 2 del ritual (v. prov. de 25-VIII-2020)-, el magistrado actuante ordenó inscribir el litigio en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (Ac. SCBA 3660) tomando en cuenta la naturaleza colectiva que habían adquirido las actuaciones. En esa misma providencia, decidió ampliar el remedio precautorio, además de llamar al proceso al Defensor del Pueblo de Tandil y al de la Provincia de Buenos Aires e instar al municipio a que constituya una mesa de diálogo con distintas entidades vinculadas al sector agropecuario. Asimismo, ordenó que el Concejo Deliberante comunal revisara, por medio de su actualización o reemplazo, la normativa local impugnada (v. prov. de 19-X-2020).
Frente a los así resuelto, los actores interpusieron un recurso de apelación, el cual fue concedido. A la par, el magistrado solicitó que precisaran "el grupo pasivamente involucrado" en autos, de modo tal que se pudieran fijar los límites subjetivos de la acción deducida (v. prov. de 2-XI-2020).
Por su parte, y luego de que estos últimos dieran cumplimiento con la intimación cursada, la firma codemandada Mc Cain SA se presentó y también articuló un recurso de apelación contra el decisorio de 19-X-2020 (v. escrito electrónico del 6-XI-2020).
Sustanciadas dichas presentaciones, el juez interviniente llamó como tercero al proceso a la ONG BIOS, al tiempo de hacer lo propio -pero para representar a los demandados- con la Sociedad Rural de Tandil, la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltd. y la Cooperativa Agropecuaria de Tandil (v. prov. de 12-XI-2020).
En ese marco, se presentó el apoderado de la entidad agropecuaria, peticionando que su representada sea excluida del pleito por carecer de representatividad en relación al universo demandado en el juicio (v. escrito electrónico de fecha 17-XI-2020). De igual manera, por motivos semejantes a los esbozados, lo hizo el apoderado de la cooperativa agrícola (v. escrito electrónico de fecha 19-XI-2020).
A su turno, el municipio de Tandil también compareció al proceso y sostuvo, en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial y dado el contenido y alcance de la medida cautelar que se había concedido, la pertinencia de su intervención como tercero en la presente. En ese orden, opuso una excepción de incompetencia por considerar que el núcleo central de la litis giraba en torno al cuestionamiento de una ordenanza municipal, mas no al "...accionar de uno o varios demandados", y que, por tanto, la controversia debía ventilarse ante el fuero contencioso administrativo en razón de lo dispuesto por el art. 2 inc. 1 del código de rito. Subsidiariamente, para el caso de que tal excepción no resultara de acogida favorable y de confirmarse el remedio cautelar decretado, dejó planteado un recurso de apelación (véase escrito electrónico de fecha 20-XI-2020).
Cabe señalar que, una vez que la entidad BIOS aceptara su participación al pleito como tercero adhesivo respecto de la parte actora (v. escrito de fecha 28-XI-2020), se presentó la Sociedad Rural de Tandil, afirmando -tal como lo habían hecho las respectivas cooperativas- carecer de la representación adecuada para litigar en defensa colectiva de los intereses de los sujetos demandados (ver primer documento adjunto al traslado electrónico de fecha 27-XI-2020).
II.2. Ahora bien, en lo que estrictamente interesa al conflicto de competencia que se suscitó, es necesario señalar que, luego de diligenciarse distintos actos procesales ( v.gr. , oposición planteada por los coactores a la intervención de la comuna de Tandil en el proceso de fecha 11-XII-2020, adhesión a la demanda por parte del Defensor del Pueblo provincial de fecha 30-XII-2020 y la solicitud de prórroga de la concesión cautelar de fecha 15-IV-2021), el magistrado en lo civil y comercial reputó atendible la defensa articulada por el municipio y, por tal virtud, se declaró incompetente.
Sopesó, a ese respecto y sobre la base de los hechos denunciados en la demanda, que las actuaciones debían ser del conocimiento del fuero especializado en derecho público, puesto que -en rigor- la controversia involucraba el ejercicio de poder de policía con el que cuenta el municipio de Tandil en materia medioambiental -razón por la cual lo tuvo por incorporado al proceso en el carácter de tercero que había invocado para tomar esa intervención-.
Agregó, además, que la comuna resultaba ser la destinataria de los reclamos efectuados por los codemandantes en virtud de "...su omisión en el cuidado de los bienes colectivos y de la salud de las personas del Partido de Tandil" (cfr. arts. 192 y 166 in fine , Const. prov.; ver resol. electrónica de fecha 28-V-2021).
Sin embargo, previo a remitir las actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Azul -por ser el único organismo departamental perteneciente a ese fuero-, el funcionario actuante dio curso: I) a la denuncia de incumplimiento de la medida cautelar presentada por la Defensora del Pueblo de Tandil (de fecha 28-V-2021) y II) al pedido de aclaratoria que realizaran los coactores en torno a distintos puntos del remedio precautorio, junto a la interposición de un recurso de apelación por la incompetencia declarada (de fecha 6-VI-2021), la cual fuera confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental (v. sentencia interlocutoria de fecha 25-XI-2021).
Finalmente, recibidas las actuaciones por dicho tribunal, su titular decidió declararse incompetente al estimar -en lo sustancial- que la cuestión planteada en autos se daba "...en el marco de un proceso preventivo de daños que se interpone entre particulares [...], en donde subsidiariamente se solicita la declaración de inconstitucionalidad de una ordenanza municipal".
Añadió, en esa línea argumental, que un temperamento como el adoptado por sus pares preactuantes "...vedaría la facultad jurisdiccional del control de constitucionalidad difuso", en tanto el ordenamiento jurídico -resaltó- brinda diferentes vías a tal fin, como las previstas en la Constitución provincial, a saber, la acción originaria de inconstitucionalidad (art. 161 inc. 1) y la de amparo (art. 20 inc. 2). Sostuvo, al respecto, que la pretensión declarativa de una ordenanza normativa, no resulta determinante de la competencia contencioso administrativa y que no advertía que se presentara un caso de tal naturaleza (art. 166, último párr., Const. prov. cit. y arts. 3 y concs., ley 12.008).
Con base en esas consideraciones y dado que la intervención en calidad de tercero por parte del municipio de Tandil -manifestó- no deviene por sí sola un motivo dirimente para suponer que se halle afectado el ámbito material atribuido al fuero contencioso administrativo, fue que decidió plantear la contienda de competencia y elevar el expediente a este Tribunal para que, atendiendo a lo dispuesto en el art. 7 inc. 1 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-, sea dirimido (v. resol. electrónica de fecha 8-II-2022).
III. El art. 166, párrafo final, de la Constitución de la Provincia consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a esas normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov. y 1 inc. 1, CCA).
La actividad de tales sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regida por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4, CCA).
IV. Por su parte, es preciso recordar que en las pretensiones de contenido medioambiental resultan aplicables las disposiciones previstas en la ley 11.723 –invocada expresamente por la actora en su escrito inicial-, en cuanto establecen que cuando a consecuencia de acciones del Estado se produzcan daños o pudiera derivarse una situación de peligro al ambiente y/o recursos naturales ubicados en territorio provincial, luego de un trámite administrativo previo, los legitimados allí individualizados "...quedarán habilitados a acudir ante la justicia con competencia en lo contencioso administrativo, que dictaminará sobre la legalidad de la acción u omisión cuestionada" (arts. 34 y 35).
Mientras que en aquellos casos en donde "el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente podrán acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes", pudiendo ejercitar una serie de acciones que allí enuncia (art. 36).
V. En la especie, los actores persiguen el cese de manera inmediata de las actividades relacionadas a la fumigación y acopio de agroquímicos en determinadas localidades del Partido de Tandil, junto a la adopción de las medidas necesarias para la preservación del medioambiente y la salud pública. Así, dirigen su pretensión contra una serie de particulares.
Ahora bien, se advierte que los actores en diversos pasajes de su demanda ponen de manifiesto una secuencia de actos y omisiones que a la postre podrían ser considerados como generadores de responsabilidad estatal, por haber ocurrido con motivo o en ocasión del ejercicio de funciones administrativas por parte de uno de los sujetos enumerados en el art. 166, párrafo final, de la Constitución provincial (cfr. art. 1, CCA).
En tal contexto y al propio tiempo, plantean una cuestión constitucional en torno a la ordenanza de la comuna de Tandil que se encontraría en pugna con diversas cláusulas medioambientales, advirtiéndose que tal planteo se integra como un aspecto de una controversia compleja que no versa únicamente sobre la invalidez de la norma municipal.
En efecto, sostienen la presencia y configuración de diversas omisiones de las autoridades locales que afectarían la salud, en cuanto las mismas habrían sido advertidas respecto de las prácticas denunciadas, haciéndoles saber de la "amenaza a la salud colectiva y al ambiente por las fumigaciones"; pero aun así, a la fecha, no habrían dado una respuesta, circunstancia que -a su entender- dejaría entrever la falta de control por parte del municipio como "...responsable primario del correcto uso y ordenamiento del suelo [...] y del resguardo de la salud pública" (véanse apdos. VI incs. 3 y 10 y XVI incs. 14.3 y sgts. del primer documento adunado al escrito electrónico de fecha 26-XII-2019).
En definitiva, el eje de la cuestión litigiosa radica en la supuesta afectación del medio ambiente a raíz de actos u omisiones de autoridades locales y empresas particulares: a las primeras se les endilga la falta de adecuado control o insuficiencia de las atribuciones policiales en la materia; y a las segundas -demandadas principales- la realización de actividades contaminantes con el empleo de agroquímicos en las actividades de fumigación.
Dicho complejo controversial -cuyo balance se inclina hacia la competencia contencioso administrativa- no se ve alterado por el hecho de haberse cuestionado, además, la constitucionalidad de una ordenanza municipal (art. 3, CCA; conf. causa B. 78.225, "Blasi", resol. de 29-IX-2022). La jurisdicción originaria de esta Suprema Corte no se advierte comprometida, en tanto que la impugnación deducida no constituye el objeto central, directo y relevante del pleito, más allá de lo que pudiera decirse en torno a su precisa fundamentación a tales fines o incluso acerca del carácter abstracto del planteo (arts. 161 inc. 1, Const. prov.; 683 y sigs., CPCC; doctr. causa B. 75.762, "Cámara Argentina de Fuegos Artificiales", resol. de 26-VI-2019).
VI. Siendo todo ello así, en atención al modo en que se han ido integrando los sujetos al proceso, se concluye que la controversia subsume en la cláusula que define la materia contencioso administrativa y, en particular, en las previsiones de la ley 11.723 que confieren competencia a los órganos del fuero contencioso administrativo en los asuntos en los que el daño o la amenaza de daño ambiental provenga de acciones u omisiones estatales.
Lo expresado, en tanto los codemandantes -en definitiva- denuncian un irregular ejercicio del poder de policía ambiental en cabeza de la Municipalidad de Tandil. De allí que, independientemente de la óptica con la que habrá de juzgarse a las empresas demandadas, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (arts. 166 in fine , Const. prov.; 1 y 2 in fine , CCA; 34 y 35, ley 11.723; doctr. causa B. 76.549, "Troilo", resol. de 23-XII-2020).
VII. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Azul el órgano que continúe interviniendo en el asunto.
Así lo votamos.
El señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a lo expuesto por mis colegas preopinantes, a excepción de lo manifestado en los puntos IV y VI -primer párrafo- de su intervención, en tanto las referencias a las previsiones de la ley 11.723 que en esos tramos se formulan resultan innecesarias para resolver el conflicto planteado.
Sin perjuicio de lo anterior, me permito puntualizar que el presente caso difiere de los analizados en las causas B. 77.841, "Juara" y B. 78.191, "Zadikian" (resols. de 10-II-2023) y B. 78.108, "Etulain" (resol. de 13-IV-2023), entre otras, en tanto allí los actores habían ocurrido por la vía del amparo, mientras que aquí han intentado una acción preventiva de daños, con fundamento en el art. 1.711 del Código Civil y Comercial.
Independientemente de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.