Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 78492
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto, al cual se le devolverá el expediente para la continuación de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del mismo departamento judicial para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
B.78.492 "MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO C/ NESTLE ARGENTINA S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS -CUESTION DE COMPETENCIA-"
I. La Municipalidad de General Alvarado promueve demanda contra la empresa Nestlé Argentina SA, a los fines de hacer efectivo el cobro de una suma de dinero debida en concepto de tasas por derechos de publicidad y propaganda, así como por ocupación de la vía pública, según lo dispuesto en los actos administrativos cuyo cumplimiento se pretende.
Señala que, con motivo de esa deuda, inició el día 2 de julio de 2013 un juicio de apremio ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº8 del Departamento Judicial de Mar del Plata. No obstante, aclara que dicha pretensión fue rechazada tanto en la instancia de grado como de apelación, por no haberse acreditado oportunamente la publicación de las ordenanzas vigentes en los períodos reclamados -años 2008 a 2012- (v. fs. 6/11).
II. La presente causa, de acuerdo a lo narrado por la parte actora en su presentación inicial (v. encabezado, apdos. III.1 y XII), se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 de aquella jurisdicción territorial, cuyo juez a cargo se declaró incompetente oficiosamente.
Para así hacerlo, adujo que el objeto del proceso (cobro de una suma dineraria) no revestía naturaleza tributaria y, por ende, no subsumía en lo preceptuado por el art. 2 inc. 5 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-.
De ahí que envío los obrados a la Receptoría General de Expedientes departamental, a los fines de que se efectúe el correspondiente sorteo entre los órganos del fuero civil y comercial (v. interlocutorio electrónico de fecha 14-II-2019).
Es así que resultó designado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 de aquel departamento judicial.
Pero la titular de la dependencia también se resistió a intervenir en el asunto, pues consideró que, además de ser impulsado por uno de los sujetos mencionados en el último párrafo del art. 166 de la Constitución provincial -tal el supuesto de la Municipalidad de General Alvarado-, el caso se circunscribía al "...conocimiento de los recaudos legales de un acto administrativo [...], en el caso, la publicación de ordenanzas vigentes".
Sobre esa base, la magistrada declaró su incompetencia, planteó formalmente la contienda negativa y elevó el expediente a esta Suprema Corte de Justicia para que la dirima (cfr. arts. 2 incs. 5 y 7 y 7 inc. 1, CCA y 161 inc. 2, Const. prov.; v. resol. electrónica de fecha 21-X-2022).
III. En el caso, la comuna demandante, a través de una acción de "cumplimiento de acto administrativo", pretende percibir una suma de dinero en concepto de tasas municipales presuntamente impagas.
Cabe destacar que este juicio se suscita al haber fracasado el cobro ejecutivo por vía de apremio ante el fuero civil y comercial, del mismo crédito que ahora se pretende percibir por medio de una pretensión de cobro de pesos deducida ante el fuero especializado en derecho público.
Siendo así, puede advertirse con claridad que existe una analogía sustancial entre ambas peticiones, en tanto el objeto de la percepción es el mismo crédito, por la misma causa y respecto del mismo contribuyente, solo que planteada a través de distintas vías procesales, una de carácter ejecutivo y la otra de conocimiento.
IV. Habida cuenta de ello, cabe ponderar que si bien en la litis quien promueve la demanda es uno de los sujetos a los que alude el art. 166 in fine de la Constitución provincial (cfr. art. 2 inc. 7, CCA), lo cierto es que dado los términos en los que ha sido propuesta la controversia y su específico alcance ceñido al cobro de una suma de dinero en concepto de tasas municipales, en la especie -más allá de las alegaciones formuladas por la actora en su escrito postulatorio- no se halla justificada la intervención del fuero contencioso administrativo.
De la propia naturaleza del crédito cuya percepción procura la actora se desprende que no se trata de un tributo provincial, único supuesto contemplado en el art. 2 inc. 8 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- que habilitaría la vía ejecutiva directa ante los jueces en lo contencioso administrativo y cuya intervención les ha sido expresamente confiada (conf. doctr. causas B. 70.081, "Provincia ART SA", resol. de 22-IV-2009 y B. 77.504, "Municipalidad de General Pueyrredon", resol. de 16-III-2022).
En este orden de ideas, dado el carácter sustancialmente análogo que es dable apreciar entre ambas pretensiones -sin perjuicio del encuadre procesal escogido-, resulta aplicable al presente lo establecido por el art. 3 del dec. ley 9.122/78 -texto según ley 13.244-, debiendo intervenir, por consiguiente, la jueza con competencia en lo civil y comercial.
Lo dicho, claro está, con independencia del examen de admisibilidad o procedencia que deberá efectuar y discernir dicha magistrada para conocer en el pleito tal como ha sido entablado.
V. Por lo expuesto, corresponde que sea el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata el órgano que siga entendiendo en el asunto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°6 del Departamento Judicial de Mar del Plata para seguir interviniendo en el asunto, al cual se le devolverá el expediente para la continuación de su trámite (cfr. art. 7 inc. 1, CCA).
Asimismo, ofíciese al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del mismo departamento judicial para que tome conocimiento de lo que aquí se decide.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/02/2024 20:10:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2024 11:07:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 09:19:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:36:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 11:53:47 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/02/2024 11:56:34 hs. bajo el número RR-16-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia