Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 79570
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana, se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- al accionante, Diego Hernán Yanquilevich.
Por su lado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate Campana deberán hacer lo mismo respecto de los arts. 3 inc. "a" y 10 de la ley 10.973.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto. …
I.79.570 "YANQUILEVICH DIEGO HERNAN C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MATERIA A CATEGORIZAR. OTROS JUICIOS - CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
I. El señor Diego Hernán Yanquilevich promueve demanda contra la Provincia de Buenos Aires, en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Carta local y 683 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial, con el objeto de que se declare la invalidez de los arts. 3 inc. "e" de la ley 5.177 y 3 inc. "a" y 10 de la ley 10.973, ello debido a que obstan a su doble matriculación como abogado y martillero en los respectivos colegios profesionales.
Entiende que las restricciones contenidas en dichas normas -que establecen causales de incompatibilidad recíprocas para el ejercicio de las mencionadas profesiones liberales- son irrazonables y desproporcionadas, además de resultar violatorias del principio de igualdad ante la ley y de los derechos constitucionales a trabajar, a la protección de la propiedad privada y al aprendizaje y ejercicio de las profesiones sin limitaciones arbitrarias (cfr. arts. 10, 11, 31, 35, 36, 39, 42 y 57, Const. prov.; 14, 14 bis , 16, 17, 28, 31, 75 incs. 18 y 19, Const. nac.).
Hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el pleito, el actor requiere el dictado de una medida cautelar mediante la cual se le prohíba a los colegios provincial y departamental de martilleros y corredores públicos aplicar las normas impugnadas, permitiéndosele de este modo matricularse en aquellas entidades sin que le sea exigida la cancelación de la matrícula de abogado.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, cuya titular, tras estimar que en autos se hallaba comprometida la competencia originaria de esta Suprema Corte (conf. arts. 166 inc. 1, Const. prov. y 683 y sigs. CPCC), se inhibió de entender en el asunto y dispuso elevar los obrados para su consideración (v. resol. de 12-VIII-2024).
III. La lectura del escrito inicial da cuenta, efectivamente, de un cuestionamiento autónomo y abstracto de las mencionadas leyes, por reputar el actor que las incompatibilidades allí receptadas resultan inconstitucionales por vulnerar los derechos fundamentales que enumera, garantizados tanto por la Constitución nacional, como por la Constitución de la Provincia.
Siendo así, corresponde declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana es de la competencia originaria de esta Suprema Corte (art. 161 inc. 1, Const. prov.), radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación.
IV. Así las cosas, corresponde el tratamiento de la medida cautelar requerida en la demanda.
Respecto al alcance de la tutela, solicita que, por un lado, se prohíba a los colegios provincial y departamental de martilleros y corredores públicos la aplicación de lo dispuesto en el art. 3 inc. "a" y 10 de la ley 10.973. Es decir, se le permita matricularse como martillero y corredor público sin que le sea exigida la cancelación de la matrícula de abogado, ejerciendo ambas profesiones en forma simultánea y en una misma oficina. Por el otro, que se le impida a los colegios provincial y departamental de abogados extenderle la interdicción contemplada en el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, sin perjuicio de una incompatibilidad relativa para su título de martillero y corredor público en el caso en que se inscriba como auxiliar de justicia para ejercer dicha función y en los juicios que intervenga como abogado.
Cabe entonces analizar si se encuentran reunidos los presupuestos necesarios para el otorgamiento de la tutela precautoria que reclama.
V.1. Esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que el examen de los requisitos a los que se halla sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de la que gozan las leyes (doctr. causas I. 1520, "Peltzer", resol. de 28-V-1991; I. 3024, "Lavaderos de Lanas El Triunfo SA", resol. de 8-VII-2003; B. 67.594, "Gobernador de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 3-II-2004; I. 68.944 "UPCN", resol. de 5-III-2008; I. 73.947, "Greppi", resol. de 22-XII-2015; I. 69.637, "Marín", resol. de 23-V-2017 e I. 75.418, "Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Mar del Plata", resol. de 5-IX-2018, e.o.).
Con todo, en el entendimiento de que la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo acerca de su verosimilitud (art. 230 inc. 1, CPCC; doctr. causa I. 71.446, cit., e.o.), pues la finalidad del instituto cautelar no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético (doctr. causas B. 63.590, "Saisi", resol. de 5-III-2003, I. 72.634, "Frigorífico Villa Olga SA", resol. de 30-IV-2014 e I. 73.986, "Cámara de Concesionarios de Playa del Partido de Villa Gesell", resol. de 22-XII-2015, e.o.), se han acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma impugnada pueda generar un perjuicio grave para el derecho o interés invocado (doctr. causas I. 3521, "Bravo", resol. de 9-X-2003 y sus citas e I. 68.183, "Del Potro", resol. de 4-V-2005, e.o.) y, por cierto, cuando de la apreciación de las circunstancias se advierte que el planteo formulado por quien objeta la constitucionalidad de la norma posee una seria y consistente apariencia de buen derecho (doctr. causa I. 74.061, "Romay", resol. de 4-V-2016 y sus citas).
Con ese criterio se deben considerar los extremos exigidos por la ley adjetiva inherentes a la petición cautelar ( fumus boni iuris y periculum in mora ), resultando necesario que se acredite la presencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal para proceder al despacho favorable de la tutela precautoria (arts. 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 65.043, "Trade SA", resol. de 4-VIII-2004).
V.2. Resulta de interés advertir que este Tribunal se ha expedido en casos análogos al presente, resolviendo sobre pedidos cautelares como el aquí expuesto (causas I. 75.454, "Suppa", resol. de 29-V-2019; I. 76.850, "Pavanel Egea", resol. de 23-II-2021; I. 77.363, "Krampitz", resol. de 28-X-2021; I.78.599, "Otegui", resol. de 14-III-2023; I. 78.639, "Gómez", resol. de 10-IV-2023; I. 78.882, "Pianigiani", resol. de 4-X-2023; e.o.). En consecuencia, las consideraciones allí formuladas guiarán, en lo medular, la solución de la cuestión bajo análisis.
Sentado ello, corresponde adelantar que se configura la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida preventiva peticionada.
V.2.a. Respecto de la prohibición impuesta por el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177, cabe recordar que se ha resuelto cautelarmente en causas promovidas por profesionales que habían obtenido la doble titulación de abogados y contadores públicos, que la modificación introducida por la ley 12.277 a dicha norma -en tanto dispuso una incompatibilidad absoluta en relación a los contadores matriculados que pretendan ejercer la abogacía- no parece, en principio, congruente con ciertas garantías constitucionales. En particular, se dijo que el arreglo legislativo lucía prima facie incompatible con la garantía de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a enseñar y aprender, la protección de la propiedad privada y el ejercicio de las profesiones liberales (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.; doctr. causas I. 73.106, "Nápoli", resol. de 28-X-2015; I. 74.052, "Bergaglio", resol. de 18-V-2016; I. 74.162, "Semacendi", resol. de 13-VII-2016 e I. 74.748, "Viggiano", resol. de 27-XII-2017; I. 78.599, "Otegui", resol. de 14-III-2023; I. 78.884, "Cavalli", resol. de 11- VIII-2023).
Más allá de lo expresado, en tales precedentes fue útil poner de resalto que el texto original de la ley 5.177 preveía -respecto de los contadores- una mera incompatibilidad relativa, por la cual se les impedía el ejercicio simultáneo de ambas profesiones sólo cuando se trataba de la actuación del profesional en un mismo proceso judicial como abogado y perito. Se advirtió, adicionalmente, que en los fundamentos del proyecto que emergió como ley 12.277 no se brindaron mayores explicaciones de por qué se convertía la incompatibilidad en absoluta.
Ahora bien, sin perjuicio de que la solución a la que se arribó en los casos citados se apoyó en gran medida en la comparación del texto anterior y el posterior del artículo en cuestión -lo cual ponía particularmente en evidencia la aparente irrazonabilidad de la restricción en lo concerniente a los contadores-, la conclusión debe ser la misma para el caso de los martilleros y corredores públicos.
V.2.b. La redacción originaria del art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 era la siguiente: "No podrán ejercer la profesión de abogado, por incompatibilidad: [...] los contadores (en los procesos judiciales que intervengan como abogados), martilleros o cualquier otro profesional considerado auxiliar de la justicia". Como puede apreciarse, parecía claro que la incompatibilidad respecto a los contadores era relativa y existía únicamente allí donde el profesional, en un expediente judicial, intervenía como letrado. Pero ninguna cualificación se hacía para los martilleros o las otras profesiones que pudieran ser consideradas "auxiliar(es) de la justicia". Para estas últimas, la ley impedía la doble matriculación, haya o no incompatibilidad específica. Y esto se mantuvo con la sanción de la ley 12.277, que además amplió el universo de ocupaciones alcanzadas por la interdicción.
Como sea, independientemente de lo ilustrativo que pudo resultar tal confronte normativo para el concreto caso de los contadores públicos -análisis que no es derechamente trasladable aquí-, lo dirimente a los fines de tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado es que las restricciones impuestas a los martilleros y corredores públicos, dada su severidad, no lucen a simple vista ajustadas a las garantías y derechos fundamentales que se denuncian conculcados; esto es, el principio de igualdad, el derecho a la enseñanza y el aprendizaje y la libertad laboral profesional (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.). Por ende, se debe concluir que en este tramo que involucra al art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 hay fumus boni iuris .
V.3. De otro lado, en virtud de lo dicho hasta este punto y siguiendo el criterio de los antecedentes invocados, resulta lógico arribar a idéntica conclusión respecto a la prohibición prevista en el art. 3 inc. "a" de la ley 10.973, por la cual se impide la doble matriculación de quienes se hayan titulado de abogado y martillero y corredor público.
Igual que como ocurre con la ley 5.177 modificada, aquella norma establece una incompatibilidad absoluta que, prima facie , no luce ajustada a las garantías constitucionales involucradas en la controversia a las que se hizo referencia anteriormente (cfr. arts. 10, 11, 27, 31, 35, 39 y 42, Const. prov.).
Por lo tanto, corresponde tener por acreditada en esta etapa preliminar la apariencia de buen derecho de quien acciona también en este aspecto.
V.4. Idéntica solución corresponde adoptar respecto de la exigencia prevista en el art. 10, segundo párrafo, de la ley 10.973, relativa a que la oficina donde se ejerza la profesión de martillero y corredor público sea exclusivamente empleada para ese cometido y no otro.
Es claro que la limitación prevista en la referida norma engarza en un sistema de incompatibilidad del ejercicio simultáneo de profesiones que incluye a la prohibición del art. 3 inc. "a" de ese mismo cuerpo legal. Por lo tanto, suspendida cautelarmente en su vigencia esta última -prohibición del ejercicio simultáneo de la profesión de martillero y corredor público con la de abogado- como una derivación lógica de aquélla, cabe predicar idéntico temperamento respecto de la restricción que pesa sobre el espacio físico donde el profesional lleva adelante su desempeño.
V.5. En cuanto al recaudo de peligro en la demora, ha de precisarse a los efectos del examen cautelar que son atendibles los argumentos vertidos por la parte actora en tanto, dada la naturaleza de los derechos en juego y teniendo en cuenta el tiempo que pudiera eventualmente insumir arribar a la sentencia definitiva, es dable presumir que la privación del ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y martillero y corredor público durante el transcurso del proceso le ocasionará un gravamen de muy difícil reparación ulterior.
VI. Por todo lo expuesto, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el demandante (arts. 195, 230, 232 y conc., CPCC).
Consecuentemente, cabe disponer que hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana, deberán abstenerse de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277-, en relación al actor, Diego Hernán Yanquilevich.
Por su lado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate Campana deberán hacer lo mismo respecto de los arts. 3 inc. "a" y 10 de la ley 10.973.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el beneficiario de esta medida abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien previamente deberá prestar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs. del CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo resuelto al órgano que previno.
III. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando que, hasta tanto se dicte sentencia en este juicio, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate Campana, se abstengan de aplicar el art. 3 inc. "e" de la ley 5.177 -texto según ley 12.277- al accionante, Diego Hernán Yanquilevich.
Por su lado, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Zárate Campana deberán hacer lo mismo respecto de los arts. 3 inc. "a" y 10 de la ley 10.973.
Lo anterior, sin perjuicio de las potestades con las que cuentan los colegios en el marco del gobierno de las respectivas matrículas para prevenir y sancionar los supuestos de incompatibilidad relativa que pudieran resultar de esta decisión, si el demandante abusase de su derecho pretendiendo intervenir en su doble condición en un mismo asunto.
Todo ello bajo responsabilidad del actor, quien previamente deberá dar caución juratoria mediante una presentación electrónica, por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Una vez cumplida, líbrense por Secretaría los oficios pertinentes.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 15:41:09 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:28:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 13:23:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:42:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 12:09:51 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/09/2024 12:15:44 hs. bajo el número RR-719-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia