Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 79322
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar que el caso no corresponde al fuero contencioso administrativo y, en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar, a los efectos que pudieren corresponder (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del departamental y a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, para que tomen conocimiento de lo aquí resuelto.
B.79.322 "RANCHOS S.A. S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS. CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. La firma Ranchos SA, en su carácter de propietaria y explotadora del cementerio privado "Parque Recoleta", situado en el partido de Pilar, promueve la presente demanda con el objeto de obtener la autorización judicial correspondiente para proceder a la exhumación de dos cadáveres, a efectos de que estos sean trasladados a otra parcela dentro de la misma necrópolis.
Dicho pedido se fundamenta en que la Municipalidad de Pilar habría dispuesto la apertura de una calle cuyo trazado coincidiría con el lugar donde se encuentran inhumados los referidos restos mortales, como así también, en la negativa de los cesionarios de esa parcela de llegar a un acuerdo respecto de su traslado.
II. En lo relativo a los hechos, la compañía afirma que el trazado de la vía pública en cuestión, denominada "Caraffa", se halla delimitado solamente a nivel catastral -no en el terreno-, lo que la habría llevado a incurrir en un error involuntario al disponer allí la construcción de catorce parcelas mortuorias.
Respecto a este punto, afirma que se logró llegar a un acuerdo con trece de los catorce titulares parcelarios afectados, menos con los de la parcela identificada con el número 13. Puntualiza que, ante el requerimiento comunal, se intentó acudir a distintas vías de negociación -llamados telefónicos, conciliaciones-, todas las cuales resultaron infructuosas.
En lo tocante a su responsabilidad, la demandante sostiene que en el caso bajo examen la decisión del municipio involucrado constituye un "hecho del príncipe", lo que configuraría un supuesto de fuerza mayor. En tal sentido, aduce que está tomando todos los recaudos necesarios para cumplir con la normativa vigente, lo que incluyó no solo el traslado de los restos a otras parcelas, sino de otro tipo de infraestructura, tal como crematorios, capillas y oficinas administrativas.
III. A raíz de las consideraciones desarrolladas por la demandante en su escrito postulatorio (ver apdos. III y VII, e.o.), la causa se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de San Isidro.
Sin embargo, su titular resolvió declararse incompetente para entender en el asunto, al sopesar -en lo primordial- que el litigio se hallaba estrictamente vinculado a "...cuestiones inherentes a un contrato celebrado entre particulares" -esto es, entre el cementerio y el cesionario de la parcela- (art. 4 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-). Además, consideró que la mera citación de la Municipalidad de Pilar en calidad de tercero no implicaba necesariamente la intervención del fuero contencioso administrativo.
En ese entendimiento, y atento a que el art. 827 inc. "q" del Código Procesal Civil y Comercial establece que corresponde al fuero de familia "toda cuestión que se suscite con posterioridad al deceso de un ser humano sobre la disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos", dispuso la remisión de las actuaciones a la Receptoría General de Expedientes departamental para que procediera a realizar un nuevo sorteo entre los juzgados de familia de aquella jurisdicción territorial (v. sent. interlocutoria de 24-XI-2023).
Frente a ese decisorio, la demandante interpuso un recurso de apelación, el cual, tras ser concedido por la magistrada actuante, recayó en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín (cfr. despacho electrónico de fecha 1-XII-2023). Empero, sus integrantes, replicando los argumentos de su colega de primera instancia, rechazaron el planteo esgrimido y confirmaron, por consiguiente, la resolución recurrida.
Así fue que los obrados -en orden al desplazamiento competencial previamente dispuesto- quedaron radicados ante el Juzgado de Familia N°3 con asiento en Pilar, perteneciente al mismo departamento judicial. Sin embargo, la magistrada a cargo de dicha dependencia rechazó la competencia que se le endilgara, alegando que, al tratarse de un contrato entre privados, el pleito debía ser resuelto por el fuero civil y comercial.
En tal sentido, resaltó que la competencia taxativa que le atribuye el art. 827 inc. "q" del código adjetivo solo comprende la disposición del cuerpo humano después del deceso, mas no su exhumación.
A la vez, puntualizó que el art. 21 de la Ordenanza General 221/78, vigente en la Provincia de Buenos Aires, autoriza la exhumación de cualquier cadáver sin necesidad de autorización judicial luego de transcurridos cinco años del deceso. Siguiendo esa línea de razonamiento, el pleito se limitaría exclusivamente a una cuestión contractual entre las partes.
A tenor de esa decisión es que planteó la contienda negativa de competencia, girando los actuados a esta Suprema Corte para que la dirima, los cuales, tras ser elevados a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia, quedaron finalmente radicados en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (conf. arts. 161 inc. 2, Const. prov. y 7 inc. 1, CCA) -v. proveído electrónico de fecha 25-III-2024-.
IV. Tal como ha sostenido este Tribunal en reiteradas oportunidades, para establecer la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que se hace en la demanda y, solo en la medida que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión (doctr. causas B. 68.059, "Baez", resol. de 3-XI-2004; B. 68.811, "Harguinteguy", resol. de 20-IX-2006; A. 69.484, "Ferrero Argentino SA", resol. de 18-III-2009; B. 72.723, "Añón", resol. de 24-IV-2013; B. 73.426, "Abaca", resol. de 29-XII-2014; B. 74.248, "Asociación Inquietudes Ciudadanas", resol. de 26-X-2016; B. 75.270, "Saldaña", resol. de 6-VI-2018; B. 76.381, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 2-IX-2020 y B. 79.013, "Armstrong", resol. de 14-II-2024, e.o.; conf. CSJN Fallos: 309:229; 310:116; 311:172; 313:971; 318:298).
Bajo esa premisa, asiste razón al juez en lo contencioso administrativo en cuanto a que el caso no compete al fuero especializado en esa materia, debido a que, como surge de las constancias de autos, la presente acción es promovida por un cementerio privado a los fines de obtener una autorización judicial para la exhumación de dos cadáveres, los cuales se hallan depositados en una parcela construida erróneamente en un predio afectado al dominio público comunal -destinado, como se dijera supra , al trazado de una calle-. Dicho requerimiento se funda en la negativa por parte de los familiares -cesionarios- de brindar su consentimiento para que se efectúe el debido traslado de los restos mortuorios en cuestión.
Ante este escenario, en el que se advierte que el pleito suscitado involucra -en lo primordial- a sujetos particulares vinculados por un contrato privado -por un lado, la sociedad actora; por el otro, los familiares cesionarios del derecho real de sepultura que se niegan a autorizar la exhumación-, cabe afirmar que, más allá de la citación de la comuna como tercero interesado, el caso resulta extraño a los supuestos enunciados por la cláusula que diagrama la competencia del fuero contencioso administrativo (cfr. arts. 166, último párr., Const. prov. y 1 y 2, CCA).
Siendo ello así, teniendo en consideración que la actual contienda ha tenido lugar entre un juzgado en lo contencioso administrativo y otro de familia, corresponde devolver las actuaciones al segundo, a sus efectos (art. 7 inc. 1, CCA).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar que el caso no corresponde al fuero contencioso administrativo y, en consecuencia, remitir el expediente al Juzgado de Familia N°3 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en Pilar, a los efectos que pudieren corresponder (art. 7 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del departamental y a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, para que tomen conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/09/2024 15:41:01 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 11:28:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2024 13:23:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/09/2024 11:42:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/09/2024 12:09:48 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/09/2024 12:15:38 hs. bajo el número RR-714-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia