Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa I 78906
I.78.906 "RECOMPONER ASOCIACION CIVIL C/ MUNICIPACILIDAD DE ESCOBAR S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS- CUESTIÓN DE COMPETENCIA"
El señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Asociación Civil Recomponer promueve lo que denomina una "acción sumarísima ambiental" contra la Municipalidad de Escobar, a fin de que se declare la nulidad y cese de todos los efectos de las ordenanzas 5.351/16, 5.715/19 y 5.901/21 y de los decretos de promulgación 1.257/19 y 1.122/21, por medio de los cuales se crea la “Zona Residencial y comercial Extraurbana 3 – Ruta N°26 (Re3)” y la “Zona Residencial Extraurbana 4 – Ruta N°26 (Re4)”; modificándose el punto 4.2.2.1 de la ordenanza 4.729/09.
Al respecto, alega que el uso y ocupación del tramo inferior de la Ruta Provincial N°26, a la altura de Ingeniero Maschwitz, se caracteriza por su vegetación y reservas forestales añosas situadas en espacios públicos y privados. Sin embargo, afirma que la normativa en pugna autoriza nuevas instalaciones y construcciones en un área que anteriormente solo se encontraba categorizada como de “Uso Residencial Exclusivo” (RE1). Esto, según arguye, generará un grave y descontrolado impacto ambiental negativo en la funcionalidad de la zona y conllevará un inevitable proceso de deforestación, con la consecuente pérdida de un activo ambiental de primer orden.
Luego, enumera lo que entiende sería una serie de irregularidades que habrían precedido el dictado de la ordenanza 5.351/16, dentro de las cuales enuncia: a) la falta de participación ciudadana; b) el silencio guardado por la Dirección de Ordenamiento Urbano y Territorial dependiente de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y del municipio a las reiteradas denuncias formuladas por vecinos y diversas asociaciones vecinales; c) la ausencia de informes técnicos previos y la falta de elaboración de un estudio de impacto ambiental acumulativo por parte de los organismos provinciales y municipales competentes en la materia; d) la falta de planificación de obras de infraestructura de redes de servicios y ampliación de la traza vial; y e) la violación de lo previsto en el art. 89 del decreto ley 8.912/77, al desconocerse los ejes de crecimiento establecidos en el Plan Estratégico de Escobar.
A la luz de ello, sostiene que se encontrarían vulnerados los derechos y garantías consagrados en los arts. 41 de la Constitución Nacional y 28 de la Carta local, en la ley nacional 25.675, en la ley provincial 11.723 y en el decreto ley 8.912/77.
Por último, solicita que interinamente se dicte una medida cautelar de no innovar que suspenda la puesta en marcha o la ejecución de los trabajos u obras que se estén llevando a cabo como consecuencia de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.
II. La causa se inició ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana, cuya titular se inhibió de intervenir en el pleito en la inteligencia de que podría estar comprometida la competencia originaria de este Tribunal.
En apoyo de su postura, destacó que “se advierte que de la exposición de los hechos en los que se funda la pretensión procesal incoada (y sin perjuicio de su nomen iuris ), la misma se encuentra dirigida a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Escobar N° 5351/2016 mediante la cual se modifica la Ordenanza de Zonificación del Partido por entenderla contraria a los arts. 41 de la Constitucional Nacional y 28 de la Constitución Provincial, revistiendo ésta las características de constituir un mandato general, abstracto e impersonal dirigido a la comunidad y no mediando en el caso un acto individual de aplicación” ( sic , resol. de 14-VII-2023).
Al así decidir, remitió las actuaciones a esta sede para su consideración.
III. Sabido es que conforme lo dispone el art. 161 inc. 1 de la Carta local, este Tribunal ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada, de lo cual se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento reservado a esta vía, reside en la discusión sobre la validez constitucional de una norma considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, “Falconnat”, resol. de 23-II-2022; B. 78.229, “Lallo”, resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, “Mutilva”, resol. de 23-VI-2023, e.o.).
Así pues, debe ponderarse que en la especie la asociación actora pretende en forma autónoma y sin cuestionar ningún acto concreto de aplicación, que la justicia ordinaria declare la invalidez constitucional de la ordenanza 5.351/16 –y sus modificatorias 5.715/19 y 5.901/21- junto con los decretos de promulgación 1.257/19 y 1.122/21 dictados por el Concejo Deliberante y por el titular del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Escobar. Ello, por considerar que su contenido es netamente regresivo y genera un grave y negativo impacto ambiental en la funcionalidad de la zona; enfatizando que "su aplicación concluiría con un inevitable proceso de deforestación que implica la pérdida de un activo ambiental de primer orden" (v. punto VI.A de la demanda).
Bajo tales circunstancias, toda vez que en autos prevalece el planteo constitucional por sobre aquellos de cuño meramente legal, es dable concluir que la materia introducida en autos versa sobre un asunto propio de la jurisdicción originaria encomendada a este órgano (doctr. causas B. 67.769, "Bernasconi", resol. de 15-V-2004; B. 68.030, "Bernal", resol. de 13-X-2004; B. 68.483, "Bianchi", resol. de 1-III-2006; B. 69.551, "Saavedra", resol. de 28-V-2008; B. 70.301, "Pernice", resol. de 11-XI-2009; B. 71.586, "Muluche", resol. de 7-IX-2011; I. 72.343, "Meza", resol. de 24-IV-2013; I. 72.719, "Zabaljauregui", resol. de 6-XI-2013; I. 72.986, "Chocrón", resol. de 5-II-2014; B. 73.068, "FECRA", resol. de 30-IV-2014; B. 76.801, “Helacor SA”, resol. de 23-XII-2020, B. 77.431, “Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul”; B. 77.461, “Municipalidad de Monte Hermoso”, ambas resol. de 11-XI-2021 y B. 78.229, cit., e.o.); atribución que, como se ha resuelto, es de orden público e improrrogable (doctr. causas B. 71.250, "Necochea Entretenimientos SA", resol. de 1-XII-2010; I. 71.272, "Garibaldi", resol. de 30-III-2011; I. 75.471, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 17-X-2018 y B. 76.801, cit.).
IV. En consecuencia, dado el modo en que ha sido articulado el embate, corresponde radicar la causa ante los estrados de esta Suprema Corte, en la Secretaría de Demandas Originarias (arts. 7, 8 y doctr. art. 352 inc. 1, CPCC) y proceder a la recaratulación de las actuaciones (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Atento a esto, debe conferirse a la parte actora un plazo de diez (10) días para que adecue su presentación al proceso reglado en el Título IX, Capítulo I del Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial -arts. 683 al 688-, con apercibimiento de tenerla por no presentada (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC; doctr. causas B. 77.431, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul", resol. de 11-XI-2021 y B. 77.485, "Zacarías", resol. de 10-XII-2021 y sus citas).
V. Sentado lo anterior, frente a las particulares circunstancias del caso y atento la naturaleza de los derechos en juego, estimo que deviene imperioso un pronto pronunciamiento sobre la solicitud de tutela precautoria articulada por la demandante.
Ahora bien, toda vez que para ello es necesario contar con mayores elementos de juicio que permitan analizar acabadamente el remedio preventivo requerido, como medida para mejor proveer (conf. art. 36, inc. 2, CPCC; causas I. 71.446, “Fundación Biosfera”, resol. de 11-VI-2014; I. 72.267, “Mitchell”, resol. de 17-X-2018 e I. 75.709, “Verón”, resol. de 4-XII-2019).), se deberá librar los siguientes oficios:
1. Al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que, dentro del término de diez (10) días, remita a este Tribunal una copia del expediente administrativo N°EX-2022-00339032-GDEBA-DPOUYTMGGP y cualquier otro antecedente vinculado con el trámite de convalidación de la ordenanza 5.351/16 -y su modificatoria 5.715/19 (conf. art. 83, dec. ley 8912/77); y
2. A la Municipalidad de Escobar para que, dentro del término de diez (10) días, informe si las ordenanzas 5.351/16 y 5.715/19 estuvieron precedidas de instancias de participación ciudadana y acompañe las actuaciones administrativas que le dieron origen a las mencionadas normas.
Ínterin, se ordena a la Municipalidad de Escobar que, hasta tanto se brinde la información requerida y este Tribunal se expida acerca de la medida cautelar peticionada en este pleito, se abstenga de dictar actos de aplicación de las ordenanzas 5.351/16 y 5.715/19 o autorizar acciones materiales sobre las parcelas allí identificadas (arts. 195, 230, 232 y concs., CPCC; doctr. causa B. 66.578, “EcoSystem SA”, resol. de 24-IX-2003). A ese efecto, se deja sentado que la actora ya ha prestado en el escrito inicial la correspondiente caución juratoria por todas las costas, daños y perjuicios que pudiere ocasionar la medida precautoria en caso de haberla pedido sin derecho (arts. 199, 232 y concs., CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, dijeron:
I. Disentimos con la solución propuesta por nuestro colega preopinante.
II. Al respecto, es útil recordar que conforme lo dispone el art. 161 inc. 1° de la Constitución provincial, esta Corte ejerce jurisdicción originaria para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por ella y se controvierta por parte interesada. De ello se infiere que el objeto de esta acción y, por consiguiente, el ámbito delimitado de conocimiento judicial en esta vía reside en la discusión sobre la validez de una norma infra constitucional considerada en abstracto (doctr. causas B. 75.290, "Francisco Frare SA", resol. de 22-VIII-2019; B. 75.541, "Asociación Mutual Consejeros de los Arroyos Coop. Emp. Mult.", resol. de 13-II-2019; B. 77.824, “Falconnat”, resol. de 23-II-2022; B. 78.229, “Lallo”, resol. de 5-IX-2022 y B. 78.627, “Mutilva”, resol. de 23-VI-2023, e.o.), supuesta la trascendencia del caso necesaria para suscitar la jurisdicción originaria de este Tribunal.
Con ese alcance, cuando ese precepto alude a la "materia regida por esta Constitución" hace alusión a las características de la contienda a dirimir. Ella ha de versar a una colisión entre la disposición controvertida por el interesado y la o las normas de la Carta local que se consideren infringidas (doctr. causas I. 1169, "Malacari", sent. de 11-XII-1984; I. 1998, "Piombo", resol. de 18-VI-1996; I. 2027, "Sindicato de Trabajadores Municipales de Necochea", sent. de 27-XII-2000; I. 1447, "Expreso Merlo SA", sent. de 28-III-2001 y B. 70.086, "Consorcio Exportador Pesquero SA", resol. de 29-IV-2009, e.o.).
De allí que, de ordinario, no sean admisibles bajo el régimen del art. 161 inc. 1° y los arts. 683 a 688 del Código Procesal Civil y Comercial, las demandas que desarrollen infracciones a la Constitución Nacional o, también, como en este litigio se plantea, que revelen que los agravios formulados se refieran a la invocada inobservancia de leyes o reglamentos dictados por autoridades nacionales o provinciales. Sobre tal base, se ha decidido que la competencia originaria en cuestión no se ve afectada en los casos de esa índole (doctr. causas B. 68.381, "Ganadera 2000 SA" y B. 68.416, "Agroindustrias Quilmes SA", ambas resol. de 23-XI-2005; B. 68.940, "Asociación Mutual del Personal de la Administración Pública", resol. de 13-XII-2006, B. 69.932, "Citta", resol. de 3-XII-2008; B. 72.098, "Mariano Emilio Furt SA", resol. de 10-IV-2013; I. 74.725, "Miño", resol. de 7-II-2018 y B. 75.316, "Siniego Berri", resol. de 3-V-2018; e.o.).
III.1. Así y todo, en ocasiones esta Suprema Corte admitió la posibilidad de residenciar en el singular ámbito de resolución aquí examinado ciertas pretensiones que —como la que motiva el presente asunto— concernían a la materia medioambiental o urbanística, en casos en que se adjudicaban a las ordenanzas municipales impugnadas vicios formales o agravios de cuño legal que coadyuvaban a poner en evidencia el quebrantamiento del orden constitucional (en estos casos, la inobservancia del art. 28 de la Constitución provincial), dotándolo de contenido y permitiendo así dilucidar su alcance (doctr. causas I. 68.174, “Filón”, resol. de 18-IV-2007; I. 73.931, “Peralta”, resol. de 6-IX-2017; I. 75.687, “Proconsumer”, resol. de 15-IV-2020; I. 72.267, “Mitchell”, sent. de 27-VI-2020; I. 77.485, “Zacarías”, resol. de 18-XII-2021; I. 78.228, “Lallo”, resol. de 2-VIII-2023; I. 78.847, “Foro Amigos de Cariló”, resol. de 21-XII-2023; e.o.).
De alguna forma, el criterio señalado valoró los contratiempos provocados por la ley 13.101, reformadora del art. 77 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58, con múltiples reformas) así como la confusión que su sanción generó; muy especialmente alrededor del sendero procesal apto para la impugnación directa de las normas locales en cuestión. Reñida con elementales pautas de seguridad jurídica, la citada modificación procuraba instaurar, en cuanto aquí importa, una parificación de las ordenanzas municipales con las leyes en sentido formal carente de sostén constitucional.
III.2. Lo resuelto en la causa B. 78.225, “Blasi” (resol. de 22-IX-2022) ha terminado de descartar la pertinencia de la asimilación antes comentada, conclusión que en manera alguna conspira contra la condición autonómica que debe reconocérsele a todo municipio (arg. art. 123, Const. nac.).
A la vez, perfila mejor el campo de incidencia de la demandabilidad contra las ordenanzas, sobre todo cuando se alega la existencia de vicios de legalidad y se lo hace acompasadamente con una inteligencia funcional de los arts. 1°, 3°, 12, 50 y concs. del Código Contencioso Administrativo, en correspondencia con el modelo, vigente en la Provincia, que admite el carácter difuso de la revisión constitucional (arts. 1, 15, 20 inc. 2, 57, 161 inc. 1° y concs., Const. prov.).
Si la demanda tiene en mira una o más infracciones atribuidas a una norma local de esa índole, consistentes, no ya en su colisión con alguna cláusula supralegal, sino en violaciones de leyes o decretos provinciales, entonces la vía de la demanda en jurisdicción originaria de este tribunal no podrá ser habilitada.
Este cuadro de situación se torna más complejo si, para fundar la violación de la Constitución provincial, el reproche articulado desarrolla distintos vicios centrados en la inobservancia de leyes provinciales o incluso nacionales.
En la especie, entre otras cosas, las disposiciones implicadas, atinentes al uso del suelo, la sostenibilidad ambiental y los mecanismos de evaluación de impactos en el entorno, son de rango infra constitucional. Se plantea un conjunto de formulaciones críticas de predominante legalidad, que no configuran de suyo la contienda entre una disposición municipal y el contenido específico de una norma o principio de la Constitución provincial. Todo lo cual apuntala la idea de asignar al fuero previsto en el art. 166, último párrafo, el conocimiento de la presente cuestión litigiosa.
III.3. Pero, además, la posibilidad de enjuiciar la juridicidad constitucional de las ordenanzas ante los estrados contencioso-administrativos (arts. 15 y 166 in fine , Const. prov.; 1, 2, 12 y concs., CCA) mal podría ser neutralizada por la aplicación del art. 77 de la LOM.
Por el contrario, a la hora de ponderar el ámbito de juzgamiento de semejantes asuntos debe evitarse el mecánico descarte de la justicia administrativa. En particular, cuando su denegación pusiera en riesgo la observancia en concreto de la garantía del acceso a la tutela judicial (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.). Aferrarse a ultranza al cercenamiento de esta instancia judicial importaría soslayar que en el contencioso los jueces también ejercen el control difuso de las disposiciones infra constitucionales a la luz de la norma fundamental. Ello se desprende de la lectura del texto enfáticamente expresado en el art. 3º del Código Contencioso Administrativo.
En consecuencia, cabe asignar al juzgado contencioso administrativo el conocimiento de una pretensión dirigida contra una ordenanza local, sin que a ello obste que la reclamante desarrolle una serie de agravios de raigambre constitucional. En especial esta solución se impone toda vez que, practicado el balance de efectividad de la tutela judicial reclamada (arg. causas B. 65.637, “López Fernández”, resol. de 14-V-2003; B. 66.112, “Torres”, resol. de 8-VII-2003, e.o.), frente a la disyuntiva relativa a la determinación del ámbito adecuado para la resolución del conflicto, prevalece objetivamente el sistema contencioso administrativo (art. 166 in fine , Const. prov.) sobre el cifrado en el art. 161 inc. 1°, ya aludido, por favorecer un mejor acceso a la jurisdicción (art. 15, Const. prov.).
En resumidas cuentas, el análisis del escrito inicial permite concluir que el caso bajo estudio es ajeno a la jurisdicción originaria de esta Corte, motivo por el cual las actuaciones deberán seguir su curso por ante el juzgado remitente.
III.4. Por último, y en línea con lo fallado en la causa C. 94.669, “Álvarez”, sentencia de 25 de septiembre de 2013, hallándose denunciados eventuales daños al medio ambiente en puntos relativamente distantes de la capital provincial —sede de este cuerpo colegiado—, la solución propiciada es la que mejor se condice con los principios de proximidad e inmediatez que han de informar el ejercicio de la judicatura en esta clase de asuntos, puesto que la cercanía al lugar del conflicto redundará tanto en beneficio del acceso irrestricto a la jurisdicción como del posterior desarrollo dinámico y eficaz del propio proceso (conf. arts. 32 y concs., ley 25.675; 34 y sigs., ley 11.723; 8, Acuerdo de Escazú, aprobado por ley 27.566).
Así lo votamos.
La señora Jueza doctora Budiño dijo:
Tal como han puesto de relieve el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Kogan, entiendo que la estructura argumental que presenta la Asociación actora en su demanda, no confronta de manera directa las disposiciones de las ordenanzas 5.351/16, 5.715/19 y 5.901/21 con los postulados constitucionales, prevaleciendo los cuestionamientos vinculados a la legalidad de la normativa municipal.
De tal modo corresponde declarar que en el caso no se encuentra comprometida la competencia originaria de este Tribunal para resolver acerca de la inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos sobre materia regida por la Constitución provincial (art. 161 inc. 1, Const. prov. y 683, CPCC) y remitir el expediente al magistrado de origen, a los fines de la prosecución de la causa.
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Kohan, Natiello y Maidana , por los fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Por mayoría, declarar que la causa remitida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Zárate-Campana es de la competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia (art. 161 inc. 1, Const. prov.).
II. Radicarla ante estos estrados, en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo y proceder a su recaratulación (art. 34 inc. 5 ap. "b", CPCC).
Mediante oficio electrónico, comuníquese lo
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