Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 28850 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción promovida por la Asociación Inquietudes Ciudadanas.-
2Condenar a la Municipalidad de Lujan a que informe en el perentorio plazo de 5 días hábiles a la actora, los domicilios de los propietarios de las urbanizaciones cerradas instalados en el partido de Lujan, tal cual fuera requerido en el escrito de petición presentado en sede administrativa.-
3Imponer las costas a la demandada (art.51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
4Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la presente.-
Expte. Nº 28850.-
Autos: ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Mayo de 2019.-GP
Estos autos caratulados "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR", Expediente Nº 28.850, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 30/36, se presenta Mario Augusto Capparelli como apoderado de la asociación no gubernamental Asociación Inquietudes Ciudadanas, con el patrocinio letrado de la Dra. Carina Patricia Perez, entablando demanda a los fines de solicitar la información ambiental en los términos de la Ley nacional 25.831 y Ley provincial 11.723, que no fue brindada en sede administrativa por la comuna accionada.-
Relata que ante su solicitud de información ambiental presentada en fecha 09/11/2016, relacionada con la radicación e instalación en jurisdicción de la demandada de urbanizaciones cerradas -conjuntos inmobiliarios-, la comuna ha guardado silencio.-
Que en particular peticionaron la siguiente información: a) Nómina de urbanizaciones cerradas (barrios cerrados y clubes de campo, instalados en ese partido, debiendo indicar nombre, domicilio del propietario y datos catastrales del predio; b) Declaraciones de impacto ambiental (factibilidad final) que el municipio hubiera otorgado en uso de las atribuciones que la ley le confería, con anterioridad a la sanción del decreto provincial 1069/13 indicando fecha y número de resolución. Ello si ese Municipio había firmado el convenio de descentralización (decreto 1427/02); c) Nómina de las urbanizaciones cerradas que cuenten a la fecha con prefactibilidad, indicando número de expediente y estado de dicho trámite; d) Nómina de emprendimientos que hubieren presentado el estudio de impacto ambiental, solicitado prefactibilidad con posterioridad al mes de noviembre de 2013 y hasta la fecha, debiendo indicar nombre, domicilio del propietario, ubicación, nombre de fantasía del emprendimiento y estado del trámite. Asimismo deberán indicar si en esos casos, las obras se han comenzado y si el Municipio desplegó alguna actividad respecto de los mismo, tales como inspección, multas, clausura, intimaciones, etc.-
Apartado seguido realiza las consideraciones formales y sustanciales del caso.-
Finalmente cita jurisprudencia, ofrece prueba y peticiona.-
II. A fs. 98/99 se presenta contestando demanda el Dr. Ubertino Rosso en carácter de apoderado de la Municipalidad de Lujan.-
En primer término niega que la Municipalidad de Lujan, no haya proporcionado la información requerida y que la comuna haya guardado silencio sin dar respuesta alguna.-
Afirma que en fecha 09/11/2016 la Asociación actora ingresó una solicitud formal, formándose las actuaciones 4069-7886/16.-
Que de acuerdo a la hoja de ruta del citado expediente administrativo, tomaron intervención la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección de Planeamiento, procediendo a dar respuesta a la entidad.-
Afirma, que se desprende de las citadas actuaciones que durante el mes de octubre del año 2017 concurrió a las oficinas municipales, el presidente de la Asociación Civil Sr. Mario Augusto Capparelli, tomando vista de las actuaciones, comprometiéndose a concurrir nuevamente, circunstancia que dice que no ha ocurrido hasta la recepción de la medida judicial.-
Señala que el Municipio en ningún momento ha denegado información a la actora, ni tampoco ha transgredido disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública ambiental.-
Por último, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
III. Producida la prueba ordenada en fecha 08/08/2018, y certificado el vencimiento del periodo probatorio -16/10/2018- en fecha 10/04/2019 se llama autos para sentencia y;
1. Que el acceso a la información y documentación publica, recibe un amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico.-
En este sentido la Constitución Nacional prevé principios republicanos de gobierno, una de cuyas manifestaciones recae en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado.-
Implícitamente este derecho se prevé en los enunciados de los arts. 1 y 33, 38, 41 y 42, y similar consagración, surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75 inc.22.-
Que asimismo en el orden nacional, la Ley 25.831 "Régimen del Libre acceso a la información pública ambiental", tiene por objeto principal, establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.-
Que se entiende por información ambiental, toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable (ver art. 2 Ley 25.831).-
De igual modo la Ley 25.675 "Política ambiental nacional" tiene como uno de sus objetivos, organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma (ver art. 2 Ley 25.675).-
Que la citada ley, regula expresamente el derecho a la información ambiental, disponiendo en lo pertinente que "Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada" (ver art.16 Ley 25.675).-
En el orden provincial, la Constitución prevé expresamente en su art. 12 inc.4 el derecho de toda persona a la información y a la comunicación.-
Que la Ley 11.723 de "Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general" dispone en su art. 2 que "el Estado provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos: Inciso a): A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona. Inciso b): A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el estado.".-
En el ámbito provincial también la ley 12.475 -Habeas Data- y el decreto 2549/2004, se encuentran alineados en aquella dirección, en el sentido de brindar información y mayor transparencia en el actuar de la administración, pues es esencial para incrementar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.-
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoce el derecho de acceso a la información en poder del Estado a todo ciudadano; pues su fundamento central radica en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Adunó que en tanto se trate de datos de incumbencia al interés público y que hacen a la transparencia y a publicidad de la gestión de gobierno, en su accesibilidad, reposan los pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (C.S.J.N., A. 917. XLVI, "Asociación Derechos Civiles", sent. de 4-XII-2012).-
Y de igual modo sostuvo que "la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (A.917. XLVI, "Asociación Derechos Civiles c/ Estado Nacional - PAMI considerando 7", sent. del 4-XII-2012)".-
2. Analizado el caso aquí tratado, advierto que la Municipalidad demandada, no dio respuesta al peticionante, extremo que ha motivado que el interesado deba recurrir a esta vía judicial.-
Que sobre el particular, el art. 8 de la Ley Nacional 25.831 dispone que la resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de solicitud de presentación.-
Conforme las constancias obrantes en autos, mediante la documentación agregada a fs. 5/6, el actor presentó -de acuerdo al cargo impuesto por la comuna de fecha 09/11/2016- una solicitud de información pública ambiental. Extremo que no viene controvertido por la accionada.-
Que visto el expediente administrativo N° 4069-7886/2016, ofrecido como prueba por la propia Municipalidad de Lujan, advierto en primer lugar, que si bien se han activado distintas dependencias municipales, a los fines de abastecer el requerimiento formulado, encuentro que el plazo que le tomó a la administración recabar la información, excedió ampliamente el plazo dispuesto de 30 días hábiles por el art. 8 de la Ley 25.831, sin que se haya justificado la demora.-
Al mismo tiempo advierto, que no existen constancias en las actuaciones administrativas que acrediten que efectivamente el actor, haya tomado conocimiento de aquella información, en los términos que se indican a fs. 97, pues aquella nota solo resulta de una alegación de la propia administración, sin constancia de notificación dejada por el actor.-
3. Sin embargo, no puedo pasar por alto que la información que oportunamente requirió el aquí accionante, fue producida en sede administrativa y conocida por el actor recién en esta instancia judicial, al momento de corrérsele traslado del expediente administrativo incorporado, el que mereció la contestación de fecha 11/07/2018.-
Mediante esta presentación, el actor hizo hincapié en el excesivo plazo que tomó a la administración producir la información.-
Por otro lado, y en particular respecto de los informes detallados, observó que de los 19 barrios que el municipio autorizó, solamente se informó de 14 de ellos, restando informar sobre el movimiento de esos otros cinco expedientes.-
Reprocha de igual modo, que en ningún momento se informa el domicilio de los titulares de los emprendimientos tal como fuera requerido en el pedido inicial.-
Que bajo ese piso de marcha, entiendo que la información requerida, pese a la extemporaneidad de la misma, resulta parcialmente abastecida con los informes producidos en el expediente administrativo N°4069-7886/2016. En vista de las actuaciones administrativas, asiste razón al actor, respecto de la falta de denuncia de los domicilios de los propietarios de los emprendimientos, cuestión que tampoco la municipalidad ha abastecido al momento de contestar la demanda.-
Distinta suerte corre, la observación respecto a los barrios que el actor dice que la Municipalidad autorizó y solamente informó sobre 14 de ellos, pues encuentro que aquella critica, no resulta concreta ni específica, en primer lugar, porque los barrios informados por la comuna, superan ampliamente la cantidad de 19 (ver fs.74), y porque entiendo que si la autoridad administrativa omitió brindar información requerida, al menos el actor debió indicar específicamente la misma, en el caso, al menos mencionar, respecto de que barrios el municipio no aportó la información.-
4. Atención aparte, merece la información suministrada por la comuna mediante el oficio ordenado en autos en fecha 08/08/2018, que si bien fue contestado a fs. 107/120, entiendo que sin perjuicio de que fue ordenado en autos, la información allí requerida excedió la petición inicial de sede administrativa.-
Que en virtud de la plataforma normativa arriba indicada, y de la documentación allegada por las partes, advierto que de todos modos existió un comportamiento remiso de la comuna a brindar la información solicitada, pues en ningún momento justificó los motivos de la demora, ni la omisión de proveer a la actora de la información faltante, en el caso domicilios de los titulares de los emprendimientos, y mucho menos ha formulado argumento alguno, respecto de que la información solicitada quede alcanzada por los supuestos del art. 7 de la ley 25.831.-
Al respecto el art. 9 de la Ley 25.831 dispone que "Se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. En dichos supuestos quedará habilitada una vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes".-
Cabe poner de resalto, que para que el derecho de acceso a la información cumpla con su cometido, la misma debe ser completa, adecuada, veraz, y brindada en tiempo oportuno, caracteres que en definitiva, no pueden predicarse de los informes obrantes en las actuaciones administrativas, en tanto y por cuanto el objeto de la contienda no aparece totalmente agotado.-
5. En su consecuencia, y no verificándose respuesta completa al pedido de información articulado por el actor, la pretensión ha de tener acogida favorable, ordenándose al accionado a que en el plazo de 5 días hábiles, brinde la información no brindada, que en este caso, viene dada por los domicilios de los propietarios de los emprendimientos, tal cual fuera requerido en el escrito de petición presentado en sede administrativa (fs. 49).-
6. En cuanto a las costas, y sin perjuicio de la información que si fue suministrada, lo cierto es que la falta de cumplimiento oportuno por el organismo administrativo, motivó al actor a iniciar la presente acción judicial, extremo que en definitiva, impone que las costas deban ser soportadas por la Municipalidad de Lujan (art. 51 del C.P.C.A - texto según Ley 14.437).- POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 2 último párrafo y art.51 C.P.C.A.; art.163, del C.P.C.C., Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley 25.831, Ley 25.675, Ley provincial 11.723 y demás normas legales citadas;
1. Hacer lugar a la acción promovida por la Asociación Inquietudes Ciudadanas.-
2. Condenar a la Municipalidad de Lujan a que informe en el perentorio plazo de 5 días hábiles a la actora, los domicilios de los propietarios de las urbanizaciones cerradas instalados en el partido de Lujan, tal cual fuera requerido en el escrito de petición presentado en sede administrativa.-
3. Imponer las costas a la demandada (art.51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la presente.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../19-
Fin de la sentencia