Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 29633 2019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la acción promovida por la Asociación Inquietudes Ciudadanas.-
2Condenar a la Municipalidad de Lujan a que informe en el perentorio plazo de 10 días hábiles a la actora, la información detallada a fs.9/10.-
3Imponer las costas a la demandada (art.51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
4Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la presente.-
Expte. Nº 29633.-
Autos: ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Octubre de 2019.CS
Estos autos caratulados "ASOCIACION INQUIETUDES CIUDADANAS C/ MUNICIPALIDAD DE LUJAN S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS", expediente Nº 29633, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 11/16, se presenta la Dra. Carina Patricia Pérez, en carácter de apoderada de la asociación no gubernamental Asociación Inquietudes Ciudadanas, entablando demanda a los fines de solicitar la información ambiental en los términos de la Ley nacional 25.831 y Ley provincial 11.723, que no fue brindada en sede administrativa por la comuna accionada.-
Relata que ante su solicitud de información ambiental presentada en fecha 20/02/2017, la comuna ha guardado silencio.-
Que en particular peticionaron la siguiente información: a) Nomina de todas las industrias registradas en categorías 2 y 3 conforme ley 11.459, indicando domicilio, fecha y número de registro y expediente.
Apartado seguido realiza las consideraciones formales y sustanciales del caso.-
Finalmente cita jurisprudencia, ofrece prueba y peticiona.-
II. Corrido el traslado de rigor, a fs. 25/26 se presenta como apoderada de la Municipalidad de Lujan la Dra. Sandra Noemí Larralde.-
Interpone excepción de falta de inadmisibilidad de la pretensión al progreso de la acción intentada por la parte actora y subsidiariamente contesta demanda.
En primer término niega "que la Municipalidad de Lujan, no haya requerida por la información requerida por la citada Asociación Civil" (Sic. fs. 25vta).-
Asimismo niega que la comuna haya guardado silencio a su requerimiento.-
A continuación, señala en que las únicas actuaciones iniciadas por la referida Asociación son las N°4069-7886/16, las que fueron ofrecidas por su mandante en los autos caratulados "Asociación Civil Inquietudes Ciudadanas c/ Municipalidad de Lujan s/ Materia a categorizar" Expte. 28.850.-
Refiere que de acuerdo a la hoja de ruta del citado expediente administrativo, tomaron intervención las Direcciones de Gestión Ambiental y de Planeamiento, procediendo a dar respuesta a la entidad.-
Indica, que conforme se desprende de las actuaciones N°4069-7886/16 durante el mes de octubre del año 2017 concurrió a las dependencias mencionadas, el presidente de la Asociación Civil Sr. Mario Augusto Capparelli, tomando vista de las actuaciones, de la que no consta haber dejado nota de ello, y que asimismo, se comprometió a concurrir nuevamente, circunstancia que no ocurrió hasta la recepción de la medida judicial.-
Señala que su mandante en ningún momento denegó información a la actora, ni tampoco transgredió las disposiciones legales que regulan el acceso a la información pública ambiental.-
Por último, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que con fecha 26/12/2018, se rechaza la excepción interpuesta por la demandada por resultar inadmisible atento el trámite impreso a las presentes actuaciones.
IV. Producida la prueba ordenada y certificado el vencimiento del periodo probatorio -04/02/2019- en fecha 10/04/2019 se llama autos para sentencia y;
1. Que el acceso a la información y documentación pública, recibe un amplio reconocimiento en el ordenamiento jurídico.-
En este sentido la Constitución Nacional prevé principios republicanos de gobierno, una de cuyas manifestaciones recae en la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado.-
Implícitamente este derecho se prevé en los enunciados de los arts. 1 y 33, 38, 41 y 42, y similar consagración surge de los tratados internacionales que revisten jerarquía constitucional de acuerdo al art. 75 inc.22.-
Que asimismo en el orden nacional, la Ley 25.831 "Régimen del Libre acceso a la información pública ambiental", tiene por objeto principal, establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.-
La citada ley en su art. 2 define información ambiental como, toda aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable.-
De igual modo la Ley 25.675 "Política ambiental nacional" tiene como uno de sus objetivos, organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma (ver art. 2 Ley 25.675).-
Que la citada ley, regula expresamente el derecho a la información ambiental, disponiendo en lo pertinente que "Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada" (ver art.16 Ley 25.675).-
En el orden provincial, la Constitución prevé expresamente en su art. 12 inc.4 el derecho de toda persona a la información y a la comunicación.-
Que la Ley 11.723 de "Protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general" dispone en su art. 2 que "el Estado provincial garantiza a todos sus habitantes los siguientes derechos: Inciso a): A gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona. Inciso b): A la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el estado.".-
En el ámbito provincial también la ley 12.475 -Habeas Data- y el decreto 2549/2004, se encuentran alineados en aquella dirección, en el sentido de brindar información y mayor transparencia en el actuar de la administración, pues es esencial para incrementar la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.-
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoce el derecho de acceso a la información en poder del Estado a todo ciudadano; pues su fundamento central radica en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que los gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Adunó que, en tanto se trate de datos de incumbencia al interés público y que hacen a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, en su accesibilidad, reposan los pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (C.S.J.N., A. 917. XLVI, "Asociación Derechos Civiles", sent. de 4-XII-2012).-
Y de igual modo sostuvo que "la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (A.917. XLVI, "Asociación Derechos Civiles c/ Estado Nacional - PAMI considerando 7", sent. del 4-XII-2012)".-
2. Bajo el marco legal descripto, advierto que no surge de autos que la Municipalidad demandada, haya dado respuesta al pedido efectuado por el accionante con fecha 20/02/2017, extremo que ha compelido al interesado a recurrir a esta vía judicial.-
Que sobre el particular, el art. 8 de la Ley Nacional 25.831 dispone que la resolución de las solicitudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de solicitud de presentación.-
Que conforme las constancias obrantes en autos, mediante la documentación agregada a fs. 9/10, el actor presentó -de acuerdo al cargo impuesto por la comuna de fecha 20/02/2017- una solicitud de información pública ambiental.-
Que visto el expediente administrativo N° 4069-7886/2016, ofrecido como prueba por la propia Municipalidad de Lujan, no obra entre sus constancias, la presentación del actor antes detallada.-
Y más aún, corrido el traslado de demanda, entre la documental acompañada por el actor obraba el escrito de solicitud de información agregada a fs. 9/10-, cuya existencia y autenticidad no fue negada por el accionado, pese a las facultades que para ello le otorgaba el art.354 del C.P.C.C., con lo cual dicho documento ha quedado por reconocido y por recibido (art. 354 inc1. primer párrafo).-
Sin perjuicio de lo expuesto y a mayor abundamiento, debo señalar que la comuna demandada limitó su responde, únicamente, a negar haber guardado silencio ante el requerimiento del actor (ver fs.25vta.), destacando al mismo tiempo que lo demás manifestado, son meras alegaciones que no fueron debidamente acreditadas por el accionado (art.375 del C.P.C.C.).-
En efecto las constancias del expediente administrativo ofrecido como prueba -N°4069-7886/2016- no guardan relación con la información requerida en sede administrativa en fecha 20/02/2017.-
En consecuencia y sobre la plataforma normativa arriba indicada y la documentación allegada por las partes, se advierte un comportamiento remiso por parte de la Municipalidad de Lujan a brindar la información solicitada, lo que se traduce en detrimento del derecho del actor.-
Adviértase, asimismo, que el silencio guardado por la administración local, no fue revertido, incluso, al momento de contestar demanda, como así tampoco, invocó, circunstancia alguna que le impidiera brindar respuesta en los términos del art.7 de la Ley 25.831.-
3. En suma, corresponde hacer lugar a la pretensión de la actora, debiendo el accionado en el plazo de 10 días hábiles brindar la información solicitada.-
4).- En cuanto a las costas, en atención a lo dispuesto por el art. 51 del C.P.C.A (texto según Ley 14.437), se imponen a la demandada vencida.
POR ELLO, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, y lo dispuesto en los arts.15, 166 últ. párrafo, y 171 de la Constitución Provincial; arts.1, 2 último párrafo y art.51 C.P.C.A; art.163, art.354 del C.P.C.C., Constitución Nacional, Constitución Provincial, Ley 25.831, Ley 25675, Ley provincial 11.723 y demás normas legales citadas;
1. Hacer lugar a la acción promovida por la Asociación Inquietudes Ciudadanas.-
2. Condenar a la Municipalidad de Lujan a que informe en el perentorio plazo de 10 días hábiles a la actora, la información detallada a fs.9/10.-
3. Imponer las costas a la demandada (art.51 inc.1º CPCA -texto según ley 14.437).-
4. Diferir la regulación de honorarios hasta la oportunidad de quedar firme la presente.-
REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-
Luis Oscar Laserna
Juez
Sentencia definitiva registrada bajo el Nº ............../19-
Fin de la sentencia