Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 26941
Expte. Nº 26941.-
Autos: GIANELLO EDUARDO SANTIAGO C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS.-
Mercedes, de Febrero de 2020.-NG
Estos autos caratulados GIANELLO EDUARDO SANTIAGO C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS. - expediente Nº 26941, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que a fs. 34/82 se presenta el Sr. Eduardo Santiago Gianello, junto al patrocinio letrado de la Dra. Lorena Paola García, solicitando la inconstitucionalidad de las Ordenanzas Municipales que determinan el Código Fiscal Municipal y el Código Tributario y Tarifario Municipal (en los artículos que luego especifica) y que regulan la Tasa de Servicios Generales, a la que consideran ilegitima, desmedida, discriminatoria y desajustada a derecho. (sic).-
Asimismo, solicita la nulidad de las Tasas de Servicios Generales, emitidas, percibidas y no percibidas, desde el año 2012 a la fecha de promoción de la acción. -
Inicia su relato diciendo que la presente acción se relaciona específicamente con la Tasa de Servicios Generales -Tasa de alumbrado, barrido y limpieza- de la Municipalidad de Moreno.
Con apoyo de citas de doctrina autoral define a las tasas y los requisitos que deben estar presente a los fines de su existencia, a saber: la existencia del servicio -efectiva o potencial-; la divisibilidad del servicio y el costo del mismo, así como su razonable equivalencia, agregando que tales requisitos diferencian a las tasas del de los tributos. -
Conforme a ello, sostiene que para que dicha tasa sea legal, es preciso que corresponda efectivamente a la medida del servicio prestado. -
Al respecto argumenta que -en el caso de autos- no existe ni prestación efectiva ni potencial del servicio por parte de la comuna. En tal sentido aclara que el Country Club Atlético Banco Provincia, donde se encuentra la propiedad del actor, se encuentra implantado en una zona que prácticamente, no recibe servicios municipales.
A ello agrega que, si bien el Country cuenta con servicio de recolección de residuos diaria, calles asfaltadas y luminaria, todos estos servicios son brindados en forma exclusiva por el consorcio de propietario, sin intervención alguna por parte del Municipio, abonando los propietarios del country las expensas correspondientes a los fines de mantener dicho servicio.
Continúa diciendo que el Municipio de Moreno, no solo no presta servicio alguno en el Country, sino que tampoco dicho servicio se encuentra disponible de ser utilizado, toda vez que tampoco es brindado en los alrededores del mismo. En relación a ello refiere, que solamente se encuentra pavimentada e iluminada la calle de acceso al Country denominada "Gorriti", la que, a su vez, ha sido mantenida por el propio consorcio a los fines de que los propietarios puedan ingresar al barrio.
Finalmente, en cuanto a dicho punto dice que la entrada principal y único acceso dispuesto al Country se encuentra sobre la calle Almafuerte, siendo su dirección exacta Almafuerte 3901, siendo dicha calle a esa altura, de tierra y sin prestación de servicios municipales.
Por otra parte, expresa que, en las calles aledañas al Country, todas de tierra, la recolección de residuos se lleva a cabo tres veces por semana, no existe luminaria municipal y no se realizan mejoras, ni riegos, ni recolección de ramas, ni corte de césped en la vía pública, solo se presta un leve servicio de recolección de residuos domésticos.
Continúa con su exposición con el requisito relativo a la divisibilidad del servicio y al respecto dice que el municipio no puede pretender incluir en la Tasa de Servicios Generales, servicios no determinados e indivisibles, alegando que ello resulta inconstitucional ya que desvirtúa el carácter de la tasa y en tal caso, lo que en verdad se genera es fijar un nuevo impuesto. -
Al respecto, previa mención y transcripción del artículo 104 de la Ordenanza Fiscal Municipal n°5662/16, señala que dicha norma resulta inconstitucional, en particular cuando establece: "de todo otro servicio prestado en forma directa o indirecta y/o potencial y no sujeto a obligación tributaria especifica por la presente Ordenanza Fiscal u otra Ordenanza especial en particular..." y luego cuando dice: " Dado el carácter indivisible de estos servicios...".
Continua y a todo ello agrega que otro punto a tener presente es la razonable equivalencia que debe existir entre el servicio brindado, su costo y el precio de la tasa.
En torno a ello, expone que el Municipio no solo no brinda ningún servicio directo en el Country Banco Provincia, ni en las zonas aledañas, sino que el único potencial servicio disponible es la recolección de residuos domésticos tres veces a la semana y solo en algunas calles, aclarando al respecto que el propio estado de las calles aledañas, de tierra y sin manutención, impide al camión recolector su tránsito.
En cuanto al costo explica que la tasa en cuestión supera en cuatro veces el impuesto inmobiliario e incluso ampliamente las expensas que cobra el propio Country, siendo que estas últimas no solo incluyen la recolección de residuos domésticos sino también la recolección de ramas, servicio de parquizado y paisajismo, mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, cloacas, poda de árboles, iluminación, seguridad privada y servicio médico de 24 hs.
Afirma que resulta desproporcional el precio que pretende cobrar la comuna en relación al costo del servicio brindado y/o potencial, diciendo que resulta un enriquecimiento por parte del municipio. -
Explica que para la determinación de la base de cálculo de la Tasa de Servicios Generales, la Municipalidad de Moreno utilizó una escala de categorías de servicios que son las de alumbrado, recolección de servicios y condición de la vía pública, tomando también en cuenta la cantidad de metros de frente de las propiedades y la valuación fiscal de las mismas.
Dice que, a tal fin, genera una zonificación delimitando las distintas áreas del partido según los servicios que reciben por parte de la Municipalidad de Moreno.
Así explica que en el art.106 se diferencian las zonas urbanas, rurales y aquellas pertenecientes a Clubes de campos, Countries o barrios cerrados, todo ello conforme la Ordenanza n°4819/96 y que ello constituye el primer hecho discriminatorio e inconstitucional, cual es: categorizar a los clubes de campos, country o barrios cerrados como una categoría distinta, diferenciada, sin tener en cuenta la zona en donde se encuentran ubicados.
Explica que a cada uno de los servicios que conforman la TSG, (alumbrado, recolección y condición vial) le corresponde una categoría, siendo diferencial para el country.
En cuanto a la condición vial, refiere que en el art.115 se establecen las categorías y se le otorga nuevamente a los clubes de Campo, Barrios Privados y/o Countries una categoría diferente.
Particularmente explica que el Country no recibe prestación alguna en lo que respecta a la vía pública y que las calles internas del predio han sido realizadas de manera privada por el consorcio, siendo el mismo el que se encarga de su conservación, limpieza y barrido. -
Continua y refiere previa mención del art.119 de la Ordenanza 4819/96 (en realidad OF) que para el cálculo de la base tributaria se utilizará la valuación fiscal de la vivienda, pero no la que establece la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sino una valuación propia determinada por catastro municipal.-
Argumenta en relación a ello, que históricamente los residentes de los Countries, Barrios Privados y Clubes de Campo ubicados dentro del Partido de Moreno, abonaron en forma casi unánime el precio de la Tasa de Servicios Generales, sin mayores quejas debido a que su costo, guardaba relación, en más o menos, con el servicio efectiva o potencialmente prestados por la comuna en todo el Partido.
Luego explica que la situación fue cambiando debido al aumento desmedido del monto de la tasa, y que ello reflejó la falta de relación entre el costo total del servicio y el precio, sosteniendo que tal discriminación obedece única y exclusivamente a que son propietarios de un inmueble dentro de un consorcio privado. .
Sostiene entonces que la Municipalidad de Moreno distorsiona el concepto de Tasa al relacionarla única y exclusivamente a la capacidad contributiva del usuario/contribuyente, en forma arbitraria y discriminatoria, sin importar el costo o la efectiva prestación del servicio, encuadrando a los Clubes de Campo, Barrios Cerrados y Countries dentro de una categoría especifica considerando o dando por supuesto que sus consorcistas poseen mayor capacidad contributiva. -
En virtud de todo lo expuesto, alega que la presente acción meramente persigue que el precio de la Tasa de Barrido, alumbrado y limpieza y/o servicios Generales guarde una adecuado y razonable equivalencia entre el coste total del servicio que efectiva o potencialmente brinda con el precio de la tasa que cobra y que además ese precio sea igual a todos los ciudadanos de Moreno.
En capítulo aparte, luego del análisis general realizado, peticiona la inconstitucionalidad de los arts.104, 114 párrafo 4°, 115 con.5, 119 y 123 de las Ordenanzas Fiscales n° 5237/12, 5391/13, 5504/14, 5574/15 y 5662/16 y los arts.3° inc. a), 5 y 11, y Ordenanza Tributaria y Tarifaria n° 5238/12, 5390/13, 5503/14, 5573/15 y 5661/16, por transgredir los arts.4, 16, 17, 18 y 75 inc 2, 22, 23, 24 de la Constitución Nacional, la Ley de Coparticipación Federal y el Convenio Multilateral.
Luego comienza con el análisis de las Ordenanzas Tributarias y Tarifarias de la Municipalidad de Moreno (Ordenanzas 5238/12, 5390/13, 5503/14, 5573/15 y 5661/16) y se dispone nuevamente a transcribir los artículos que tacha de inconstitucional. -
De manera genérica alega que la diferenciación y discriminación del precio de la Tasa de Servicios Generales con respecto a los Countries, Barrios Cerrados y Clubes de Campo, es donde se patentiza y cobra efectividad dicha discriminación, toda vez que sin tenerse en cuenta los servicios potenciales o efectivamente brindados, se cobra una tasa en base a una valuación fiscal hecha por catastro, por el solo hecho de estar dentro de un condominio descripto por la Ordenanza 4819/96.
En relación a ello refiere que el precio de la tasa se aparta de la regla basada en la razonabilidad que debe existir entre el costo del servicio y el precio de la tasa, siendo que se basa y funda únicamente en una "arbitraria e inconstitucional" valuación fiscal hecha por catastro de la Municipalidad, y en el caso alega que, dicha valuación supera ampliamente la valuación fiscal realizada por ARBA.-
Comienza diciendo que resulta inconstitucional el art.3 de la Ordenanza 5238/12 y la Ordenanza 5390/13, ambos idénticas, los cuales establecen que el máximo aplicable de valuación fiscal para cualquier inmueble destinado a vivienda que se ubique en cualquier área de zonificación de Moreno será $100.000, con exclusión de los Countries, Barrios Cerrados y Clubes de Campo, respecto de los que "sin importar el tamaño de la propiedad, ni del terreno, ni del inmueble construido" (sic) la valuación fiscal aplicable sera de $500.000.
Alega que dicha valuación luce arbitraria, y no guarda relación, ni homogeneidad con la valuación fiscal de la Provincia de Buenos Aires y dentro del municipio es equiparable a las valuaciones fiscales de parcelas y/o unidades funcionales cuya edificación sea de hasta pesos siete mil quinientos metros cuadrados (6.499 m2) -sic-.
En definitiva, sostiene que el art.3 de las Ordenanzas 5661/16, como el art.3 de las Ordenanzas 5238/12, 5390/13, 5503/14 y 5573/15 resultan violatorios del art.16 de la Constitución Nacional, ello en razón de que la comuna de manera arbitraria e injustificada rompe la regla de igualdad en el impuesto (art.16 CN) y discrimina a quienes viven en Clubes de Campo, Barrios cerrados y/o Countries por el simple hecho de considerarlos diferentes al resto de la población, diciendo a su vez, que ni siquiera los servicios que deben ser prestados en contraposición a la Tasa Municipal, son efectiva o potencialmente brindados.-
En suma, dice que los artículos 5 y 11 de las Ordenanzas Tributarias y Tarifarias resultan "violatorios" del art.16 de la CN, toda vez que establecen un verdadero impuesto al contribuyente que reside en uno de los condominios de la Ordenanza 4819/16, y que ello resulta inconstitucional. En tal sentido dice que la comuna no puede determinar el valor de la tasa en base a otro elemento que no sea el costo del servicio que brinda, y que al hacerlo desvirtúa la naturaleza de la tasa y transforma el tributo exigido en un verdadero impuesto.
Conforme todo lo hasta aquí expuesto solicita se ordene a la Municipalidad accionada el recalculo y la fijación del precio de la Tasa por Servicios Generales para los contribuyentes/usuarios incluidos en la Ordenanza 4819/96, adecuada al principio de razonabilidad e igualdad, manteniendo una razonable equivalencia entre el costo total del servicio efectiva y/o potencialmente brindado y el precio de la tasa, todo ello a los fines de no generar un nuevo impuesto. -
II. En capítulo aparte solicita el dictado de una medida cautelar de suspensión de efectos de las normas atacadas, es decir, la suspensión de la facturación de la Tasa de Servicios Generales y prohibición de innovar a efectos de evitar la ejecución de la deuda de los períodos atacados.
III. A fs.127/131, se resuelve no hacer lugar a la medida cautelar peticionada por la actora conforme los fundamentos allí expuestos. -
IV. A fs. 111/124, se presenta la Dra. Silvina Ledesma, en su carácter de letrada apoderada de la Municipalidad de Moreno. Inicia su responde oponiendo excepción de prescripción como defensa de fondo. En tal sentido alega que los accionantes pretenden que se declare la nulidad de las tasas de servicios generales emitidas -percibidas y no percibidas- desde el año 2012 a la actualidad.
Luego dice, que tomando el plazo de caducidad que fija el art.18 del CPCA para entablar la demanda y que, en el caso, se pretende la nulidad de un acto administrativo de alcance general, es que ha pasado ampliamente el plazo de 90 días y que por ello la acción se encuentra prescripta. -
En capítulo aparte comienza con la contestación de demanda y en cumplimiento de un imperativo legal, niega todos y cada uno de los hechos y argumentos expuestos en la demanda, como los documentos acompañados y luego realiza una negativa en particular.
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad alega que conforme la potestad conferida a los municipios y lo establecido en la Ley Orgánica Municipal (art.226) la comuna cuenta con facultades suficientes y que, conforme a ello, se procedió a sancionar las Ordenanzas Fiscales y las Ordenanzas Tributarias y Tarifarias.
Refiere que tanto las Ordenanzas Fiscales como las Ordenanzas Tributarias y Tarifarias fueron sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante reunido en Asamblea de Concejales y Mayores contribuyentes, conforme lo normado por el art.193 inc 2 y 3 de la Constitución Provincial y en art.29, 93 y ss del Decreto/Ley 6769/58, tal como surge del expte administrativo n°4078-144707-S-2013 y O.F 2014.
Comenta que todas las Ordenanzas Fiscales dictadas desde el año 2012, por no haber variado las circunstancias de hecho y de derecho que dieron origen a su promulgación, resultan ser similares en su texto y que solo se procedió a actualizar el importe de la tasa a abonar.
Refiere que la Tasa por Servicios Generales en cuestión, tal como indica el art.104 de la O.F comprende la prestación de los servicios directos o indirectos de mantenimiento y consumo de alumbrado público, recolección y disposición final de residuos domiciliarios y que de acuerdo a dicha norma quien se beneficie directa o indirectamente con el servicio, debe abonar la tasa.-
Luego comienza el análisis -en particular- de cada uno de los elementos constitutivos de las tasas, los que han sido cuestionados por los accionantes.
En cuanto a la prestación del servicio, alega que su mandante presta servicios de limpieza de calles, recolección de residuos, seguridad y alumbrado entre otros, en las inmediaciones del Country donde residen los actores, y que ello ha quedado acreditado con el informe elaborado por la Subsecretaria de Higiene Urbana del Municipio - que acompaña- a través del cual, se detalla con claridad los servicios que presta la Subsecretaria en los alrededores del Country Banco Provincia.
Refiere que la recolección de residuos sólidos urbanos se realiza en los alrededores del Country Banco Provincia en todas las calles comprendidas dentro del cuadro de: Manuela Pedraza, Colectora Gaona, Tirzo de Molina y calle Almafuerte, con una frecuencia de 3 veces por semana los días lunes, miércoles y viernes.
En cuanto al levantamiento de ramas, podas y montículos en los alrededores del Country, expresa que el servicio se practica con una periodicidad de una vez por semana, y comenta que si existe algún animal muerto en la vía pública el mismo es levantado para evitar la contaminación ambiental.
Ante ello sostiene que dichos servicios benefician de manera directa a los actores y a todos los que habitan en el Country del Banco Provincia y es por tal motivo que debe rechazarse el planteo de la actora acerca de la falta de servicio.
Continua y refiere en cuanto al monto de la tasa que, tal como dispone el art.3 inc a) de la Ordenanza Fiscal, se establece una valuación máxima en $ 500.000 como tope respecto a los inmuebles que pertenezcan a Clubes de Campo.
Menciona que es un límite al máximo de la valuación fiscal aplicable, que en definitiva es un beneficio para el contribuyente, y que en el caso de que un inmueble ubicado en un Club de Campo, tenga una valuación superior se deberá aplicar el tope.
Sostiene que desde el año 2008 solo se realizaban en el municipio readecuaciones de la valuación fiscal para aquellos inmuebles que realizaban algún tipo de movimiento dominial que exigiera la presentación de plancheta catastral, generando ello una injusta percepción de la tasa respecto a quienes enajenan, venden o realizan otro tipo de movimiento del inmueble con relación a los que no lo hacen, ante lo cual el ejecutivo realiza un avaluo de inmuebles a través del decreto reglamentario 551/14 y que todo ello surge del expediente administrativo n° 144707-S-2013, agregado a las actuaciones en trámite por ante este órgano caratuladas: "Di Blasio Ruben Domingo y Otros C/ Municipalidad de Moreno S/ Pretension Anulatoria" (EXPTE N°15703).-
En síntesis, sostiene que la constitucionalidad de las facultades reglamentarias del Ejecutivo Local para determinar la valuación fiscal no puede ser cuestionada, toda vez que las normas emanadas del Consejo Deliberante contemplan todos los elementos esenciales del tributo y sólo permite establecer por decreto un elemento que debe adaptarse a las cambiantes circunstancias.
En tal sentido alega que la actuación municipal se ha ejercido en total respeto por las normas constitucionales tanto provinciales como nacionales, y que no adolecen de los vicios que los accionantes intentan achacarle para evitar el pago de los tributos a su cargo.
Explica que la valuación realizada por el Ejecutivo municipal se realiza en ejercicio de sus facultades para reglamentar las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y no como una facultad delegada como pretende la contraria.-
En definitiva, dice que no se trata de un aumento de un tributo por el Poder Ejecutivo, ya que la tasa ha sido regulada en todas sus formas esenciales por el Legislativo local, quien ha determinado el sujeto pasivo, el hecho imponible, la base imponible y la alícuota correspondiente. En tal sentido expresa que la tasa no se ha modificado, solo se ha actualizado la valuación fiscal tomada como base en r
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.