Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37077 2023
Expte. Nº 37077 .-
Autos:"Toyota Compañia Financiera De Argentina Sa C/ Juzgado De Faltas N° 2 De San Antonio De Areco S/ Materia A Categorizar - Otros Juicios ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.-Ra
Estos autos caratulados "Toyota Compañia Financiera De Argentina Sa C/ Juzgado De Faltas N° 2 De San Antonio De Areco S/ Materia A Categorizar - Otros Juicios" , Expediente Nº 37077, en tramite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. A fs. 1/33 se presenta el Dr. Rogelio Fernando López Lage en su carácter de apoderado de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., promoviendo formal demanda contencioso administrativa contra el Juzgado de Faltas N° 2 de San Antonio de Areco, dependiente de la Municipalidad de San Antonio de Areco, a los fines de, en primer lugar requerir la remisión de las actuaciones administrativas, para luego obtener la nulidad de la resolución recaída en el expediente administrativo N° 4102-1704 D/2018 "denunciante: Durañona Francisco, denunciado Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.", por la cual el Sr. Juez de Faltas le impuso a la aquí actora una multa de $100.000.
Acompaña en su presentación la copia del recurso interpuesto en sede administrativa (fs. 17/22), y en el cual se encuentra el fundamento de su planteo; dejando constancia que es este mismo planteo el que será considerado a los efectos de su cuestionamiento al acto, en tanto fuera desestimado ilegitimamente por el Sr. Juez de Faltas Municipal, el que carecía de imperio al no resultar ser un órgano jurisdiccional.
Asi, liminarmente refiere que el denunciante es el superior jerárquico de los integrantes del organismo (Omic), y que ante la falta de garantías mínimas del debido proceso su representada planteó la recusación del mismo. Remitiendo una Carta Documento el día 14/12/2018.
Que por las razones que expone, existen serias razones que justifican la incomparecencia a la audiencia conciliatoria.
Refiere que como si eso no bastase, el propio denunciante expresó que se encontraba satisfecha su pretensión, por lo que a la fecha de la audiencia la denuncia devenía en abstracta, y la comparencia de su mandante carecía de toda trascendencia.
Sostiene que la referida multa le fue impuesta a Toyota sin la debida fundamentación, yerra en la graduación de la sanción en función de lo previsto en el art. 77 de la ley 13.133, especialmente en lo relativo a la denuncia de un acuerdo conciliatorio y las circunstancias relevantes del hecho. Mas precisamente afirma que la resolución no ofrece fundamento alguno del monto impuesto, lo que impide, por arbitrariedad, considerarlo como un acto administrativo válido.
Manifiesta que tampoco su mandante registraba antecedentes de violación a la ley.
Pone a consideración que todo acto administrativo debe contar con motivación suficiente y adecuada. Lo que permite la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad es la fundamentación acorde a la causa.
Esboza que hubo un análisis parcial y dogmático de los hechos y de la conducta reprochada, lo cual se traduce como una sanción ilegítima.
Por otra parte sostiene que el art. 50 de la ley 13.133 refiere que se formulará auto de imputación, con lo cual se preserva la presunción de inocencia.
II. Declarada admisible la acción y corrido el correspondiente traslado de la misma, con fecha 20/02/2023 se presenta el Dr. Laureano Néstor Damián Sastre, en su carácter de apoderado de la Municipalidad de San Antonio de Areco, a los fines de contestar demanda.
Expone que la ley establece una sanción para la parte que no se presenta a una audiencia fijada en la OMIC.
Afirma que la actora pretende confundir dos situaciones que no son contradictorias ni opuestas, asegurando que nada impedía la presencia en la audiencia fijada.
En función de ello, proclama que nada impide aplicar las multas legales, y en su consecuencia solicita que las mismas sean sostenidas en esta instancia y se rechace la demanda, con costas.
III. Vencido el plazo para alegar, habiendo hecho uso de dicha facultad la actora en fecha 10/03/2023, con fecha 20/03/2023 son llamados los autos para sentencia.
I. Tal como fuera expuesto precedentemente, en el presente litigio se ventila la impugnación por parte de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. de las sanciones que le fueran impuestas en el marco de las actuaciones administrativas N° 4102-1704 D/2018 "denunciante: Durañona Francisco, denunciado Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.", por las cuales (i) le fuera impuesta a la actora una multa de $100.000 por no comparecer oportunamente a la audiencia conciliatoria fijada por la OMIC dependiente de la Municipalidad de San Antonio de Areco, y (ii) se rechazara el recurso de apelación interpuesto contra la resolución sancionatoria, por considerar que no habían sido cumplidos los requisitos establecidos por la normativa vigente.
II. Liminarmente debo resaltar que, si bien la actora menciona en su presentación de fs. 31 que "el denunciante es quien nombró a todos los funcionarios intervinientes (incluso el Juez de Faltas)" (sic), lo cierto es que no planteó en forma sustancial y formalmente cuestión alguna al respecto, motivo por el cual no corresponde tratamiento alguno del tema.
Como tampoco lo es lo relativo al cumplimiento del segundo párrafo del art. 70 de la ley 13.133, o por caso el rechazo de la demanda decidido en sede administrativa (fs. 52), cuestiones ya resueltas y/o precluídas en el presente conflicto.
III. Las actuaciones administrativas se formaron como consecuencia de la denuncia presentada por el Sr. Francisco Durañona ante la referida OMIC el día 21/11/2018, en atención a que con fecha 09/11/2018 "la empresa Toyota Compañía Financiera realiza un débito de mi Caja de Ahorro del banco provincia número 7194-503188/5 por el importe de $19.300,82 en concepto de cuota de préstamo automotor, cuya baja fue realizada hace más de 2 meses por un siniestro q[ue] provocó la destrucción total del vehículo. Dicho inconveniente del débito nombrado no fue solucionado por la empresa cuando le informamos del mismo, dándonos como respuesta que 48hs se resolvería y ya [h]a pasado más de 8 días sin la devolución del dinero" (fs. 1 actuaciones administrativas), por lo que requería que la mencionada empresa y el Banco Provincia de Buenos Aires se hagan responsables de la devolución del dinero (el resaltado es propio) sustraído de su caja de ahorro inmediatamente.
IV. Abordando entonces la evaluación del acto administrativo cuestionado, corresponde fijar los antecedentes que le sirvieron de fundamento y precisar la conducta que, en aquella sede, han sido merecedora de la sanción impuesta. Todo ello, a partir del relevamiento de lo actuado en sede administrativa, -conforme surge de la documental allegada a esta sede judicial-, en el expediente administrativo 4102-1790-D/18 que arroja los siguientes datos útiles:
A fs. 1/5 figura la denuncia presentada ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor local por la cual el Sr. Francisco Durañona denunciaba el débito incorrecto de la cuota de un préstamo automotor, y solicitaba se hiciera responsables a Toyota Compañía Financiera y al Banco Provincia de Buenos Aires de la devolución del dinero que consideraba sustraído de su caja de ahorro.
A fs. 6 obra carta documento enviada por la OMIC de San Antonio de Areco a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., por la cual se la convocaba a la audiencia fijada para el día 14/12/2018 a las 12 horas, a ser celebrada "ante esta Oficina Municipal de Información al Consumidor, sita en la calle Héroes de Malvinas y Matheu de la ciudad de San Antonio de Areco".
Conviene destacar que el domicilio consignado tanto en la firma de la mencionada carta documento como en el campo provisto a tales fines en el formulario de carta documento consigna el recién referido, "Héroes de Malvinas y Matheu" de la ciudad de San Antonio de Areco.
A fs. 7 luce la cédula de notificación librada al Banco Provincia de Buenos Aires, convocándola a la audiencia referida en el punto anterior.
A fs. 10 consta el acta de la audiencia conciliatoria realizada el cía 14/12/2018, en donde se deja constancia de la incomparecencia de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., como así también que el Banco Provincia de Buenos Aires procedió a la reversión de los débitos directos efectuados por Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., procediéndose a realizar su íntegra devolución. También se deja constancia de la conformidad del denunciante con la respuesta brindada por el Banco, solicitando que continuara el procedimiento contra Toyota por los daños y perjuicios ocasionados. En virtud de todo ello, se deja constancia también que el organismo considera concluida la etapa conciliatoria en relación con el Banco y realiza el pase de las actuaciones al Asesor Letrado de la OMIC para la continuidad administrativa en relación a la conducta de Toyota.
A fs. 12 luce la resolución dictada el día 14/02/2019 por el Juez a cargo del Juzgado de Faltas N° 2 de San Antonio de Areco, por la que impone la sanción de multa de $100.000 a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. considerando que injustificadamente no concurrió a la audiencia de conciliación, con apoyo normativo en lo prescripto por el art. 73 inc. b de la ley 13.133. Asimismo, y considerando que, conforme se desprendía del acta de la audiencia de conciliación celebrada, se encontraba satisfecha la pretensión del denunciante, ordenaba el archivo de las actuaciones.
A fs. 13 se encuentra agregada la cédula de notificación dirigida a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por la que se notifica la multa impuesta, conforme lo señalado en el numeral anterior.
A fs. 34/39 se encuentra agregado el recurso de apelación interpuesto por Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. contra la resolución dictada por el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Faltas N° 2 de San Antonio de Areco por la cual se impuso la sanción de multa a la apelante; en donde, en resumidas cuentas, pone en conocimiento de la recusación oportunamente efectuada por carta documento, sus fundamentos, la imposibilidad de notificarla al domicilio que le fuera denunciado en la citación, las razones en que apontoca la apelación a la sanción impuesta y el pedido relativo a la declaración de inconstitucionalidad del art. 70 de la ley 13.133.
A fs. 52 luce la resolución del 28/03/2019 por la que el Sr. Juez a cargo del Juzgado del Faltas N° 2 de San Antonio de Areco resuelve "no habiéndose acompañado el comprobante de depósito que prescribe el art. 70 de la ley 13.133 (texto ordenado por la ley 14.652), ni ha sido justificado por el interesado que el cumplimiento de ello pudiese ocasionarle un perjuicio irreparable, desestimase la presentación sin más trámite".
A fs. 65 se giran las actuaciones a la Dirección de Recupero a fin de iniciar las acciones legales tendientes al cumplimiento de la sanción impuesta.
A fs. 66 luce la cédula de notificación librada por la Dirección de Recupero a Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por la que se la intima a regularizar la situación derivada de la multa impuesta en un plazo perentorio de 10 días de recibida la misma.
A fs. 69/79 se visualiza la presentación efectuada por Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. ante la Dirección de Recupero dependiente de la Municipalidad de San Antonio de Areco, por la cual señala la inexistencia de cosa juzgada administrativa en atención al inicio de la presente instancia judicial, solicitando se suspenda toda gestión de cobro hasta tanto recaiga sentencia firme en estas actuaciones.
A fs. 80 se giran las actuaciones al Juzgado de Faltas N° 2 de San Antonio de Areco.
A fs. 81 la Secretaria del Juzgado de Faltas N° 2 de San Antonio de Areco certifica la existencia de las presentes actuaciones judiciales, decidiendo el Sr. Juez a cargo del Juzgado de Faltas referenciado, a fs. 82 y en consecuencia de lo informado, paralizar las actuaciones hasta tanto se resuelva lo planteado por Toyota en sede judicial.
A fs. 84 luce el oficio librado en estas actuaciones judiciales a fin de requerir la remisión del expediente administrativo, lo que es cumplimentado por el Sr. Juez de Faltas a fs. 85.
VI. Frente a tales antecedentes y merced a los argumentos con que las partes sustentan sus posiciones, la cuestión radica en verificar si el acto oportunamente recurrido se ajustó a las previsiones normativas atinentes al caso, para finalmente analizar si la sanción y su quantum fueron correctamente aplicadas.
VII. Abocándome al análisis de la resolución sancionatoria impugnada en sede administrativa, he de efectuar algunas precisiones acerca del marco normativo aplicable a esta litis.
Preliminarmente es necesario advertir que el Juzgador no se encuentra obligado a seguir al actor en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la instancia, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 291:390; 297:140; 301:970)
Valga entonces destacar que, aunque no se encuentre explicitado de forma clara y precisa, de los dichos de los involucrados en sede administrativa puede inferirse que la vinculación jurídica entre la aquí actora, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. y el denunciante, Sr. Francisco Durañona, tiene su origen en un crédito prendario otorgado por la primera a favor del denunciante tomador del mismo, y en virtud del cual la actora debitaba las cuotas mensuales correspondientes.
Luego entonces, resultan aplicables al caso las normas de protección y defensa de los consumidores con carácter de orden público (en virtud de lo previsto por el art. 3 y 65 de la ley 24.240 que establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público), normas entre las que el Juez de Faltas consideró violado el artículo 48 de la ley provincial 13.133.
Cabe señalar -de modo introductorio- que la consagración en nuestro ordenamiento de los Derechos del Consumidor ostenta rango constitucional de conformidad con los artículos 42 de la Carta Magna Nacional y 38 de la Constitución Provincial, que expresamente instituyen la protección del consumidor y usuario en la relación de consumo.
Al respecto, tiene dicho nuestro máximo tribunal provincial que ".la normativa específica relativa a las relaciones de consumo no constituye una mera regulación de determinado ámbito de las relaciones jurídicas, como tantas otras. Es eso y mucho más. La preocupación del legislador -signada por la clarísima previsión del art. 42 de la Constitución nacional y la correlativa contenida en el art. 38 de la Constitución provincial- radica en obtener la efectividad en la protección del consumidor. El principio protectorio como norma fundante es cimiento que atraviesa todo el orden jurídico. El propio art. 1° de la ley 24.240, texto ley 26.361 así lo expresa terminantemente: 'la presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario'" (SCBA LP Rc 125017 I 30/09/2021 "Petetta, Osvaldo Ramón c/ Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados y otro s/ Acción sumaria de defensa del consumidor", SCBA LP Rc 122162 I 15/08/2018, "Ianni, Ariel Fernando c/ BMW Argentina S.A. y otro-a s/ Cumplimiento de contratos civiles-comerciales", entre otros en igual sentido).
En el ámbito de la provincia de Buenos Aires rige la ley 13.133, conocida como el Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, norma que diseña los mecanismos instrumentales para la efectiva implementación de los derechos de los consumidores y usuarios.
El legislador provincial ha establecido un procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones a los Derechos del Consumidor y Usuario en la Provincia de Buenos Aires, que -conforme su art. 36- habrá de ajustarse a las normas allí previstas, siendo de aplicación supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo provincial y sus leyes modificatorias (v. Título VIII "Prevención y solución de conflictos en ámbito administrativo").
VIII. El sistema consagra que las actuaciones administrativas podrán iniciarse de oficio o por denuncia del consumidor o usuario (art. 37), supuesto en el cual, una vez recepcionada ésta, se abrirá una instancia conciliatoria, a cuyos fines se celebrará una audiencia con la comparecencia de las partes, en la cual se labrará un acta (arts. 45, 46 y 47 -primer párrafo- de la ley citada).
Conciliar, supone avenimiento entre intereses contrapuestos; siendo pensada como un acto anterior al proceso, y aun antes de él, como posible audiencia preventiva y saneadora de los intereses y derechos enfrentados.
La instancia conciliatoria administrativa dispuesta por la ley 13.133 sigue estos mismos principios, poniendo el legislador el énfasis en la necesidad de acortar los tiempos y evitar la prolongación y escalada del conflicto, y evitando ante todo dilatar la posibilidad de que las partes arriben a un acuerdo que ponga fin a sus diferencias.
De allí que el art. 48 de la referida norma establezca la consecuencia para la parte que injustificadamente no concurra.
Sin embargo, y tal como fuera adelantado, toda instancia conciliatoria tiene por objeto, justamente, poner fin a la disputa existente entre las partes. Es decir que, arribado a un acuerdo entre las partes (objeto último de la conciliación) y cumplido que sea el mismo, tal arreglo no solo concluye la etapa conciliatoria, sino que aniquila el conflicto.
En autos, conforme fuera reseñado anteriormente, el denunciante reclamaba la devolución de una cuota que se había debitado de su cuenta bancaria, por considerar que la misma no correspondía en función de la baja realizada por un siniestro ocurrido sobre la unidad objeto del contrato de préstamo, en función del cual se debitaban las referidas cuotas. De allí que dirigía su reclamo contra la aquí actora, en su calidad de acreedor prendario, como contra el Banco Provincia de Buenos Aires, por haber intervenido en el débito efectuado sobre la cuenta del denunciante.
Arribada la instancia conciliatoria en sede administrativa, presentes el denunciante y la entidad bancaria denunciada, esta última informa el cumplimiento de lo reclamado por el Sr. Durañona, esto es, la reversión del débito efectuado, habiéndosele reintegrado en su totalidad los fondos en cuestión, prestando el denunciante su conformidad con la mencionada solución operada. He de señalar que tales circunstancias surgen de lo obrado a fs. 10 del expediente administrativo y no se encuentran controvertidas en autos.
Es decir que, al momento de la celebración de la audiencia conciliatoria, el diferendo ya había sido solucionado, sirviendo la audiencia celebrada como instancia informativa, más no conciliatoria propiamente dicha, pues lo requerido ya había sido cumplido con anterioridad por el banco denunciado.
IX. En este cuadro, lo que debo analizar en lo sustancial es la legitimidad de la sanción cuestionada, verificando cual ha sido el sustento del acto cuestionado, es decir cual ha sido el iter lógico seguido para justificar la decisión, siendo que ello resulta una exigencia para justificar racionalmente aquella, como la legalidad de su actuar (conf. art.108 de la Ord. Gral. 267/80. SCBA, B.62.241 "Zarlenga").
El art. 77 de la ley 13.133 fija que "En la aplicación y graduación de las sanciones previstas en el artículo 73, se tendrá en cuenta: a) La circunstancia de haber denunciado, celebrado o no un acuerdo conciliatorio, y caso afirmativo, haberlo o no cumplido. b) El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario. c) La posición del infractor en el mercado. d) La cuantía del beneficio obtenido. e) El grado de intencionalidad. f) La gravedad de los riesgos o
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.