Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa md 40306
Estos autos caratulados "PINTURERIAS REX S.A. C/ MUNICIPALIDAD DE MORENO S/ MATERIA A CATEGORIZAR- OTROS JUICIOS", Expediente Nº 40306, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
I. Que en fecha 29 de Junio de 2021, se presenta el Dr. MiguelÁlvaro Romero como letrado apoderado de la firma PINTURERÍAS REX S.A., promoviendo demanda por el cobro de facturas por la suma de $ 47.182,00 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS con 00/100 CENTAVOS) con más sus intereses y costas, contra la Municipalidad de Moreno.
En cuanto a los antecedentes que dan sustento a su pretensión, manifiesta que es una sociedad anónima, que dedica su actividad a la venta al por mayor y menor de pinturas, productos derivados y afines.
Refiere que la Municipalidad de Moreno, en los años 2016 y 2017 necesitó adquirir pinturas y productos afines, para aplicarlos a la reparación de diversos edificios y ante el bajo nivel de gasto que tales erogaciones representaban, optó por efectuar contrataciones directas con su mandante (conforme lo autorizan los arts. 151 y 156 del decreto-ley 6769/58).
Indica que a raíz de ello emitió las siguientes órdenes de compra:
-nro. 1774, del 29/11/2016, del 17/11/2016, por $ 4.888,59;
-nro. 1852, del 15/12/2016, por $ 31.190,65;
-nro. 1968, del 29/12/2019, por $ 4.212,66;
-nro. 62, del 16/1/2017, por $ 588,06; y
-nro. 180, del 10/2/2017, por $ 6.302,50.
Y que su representada entregó los productos requeridos en el plazo y lugar indicado -conforme los remitos que acompaña-, con sus respectivas facturas, cinco días desde la notificación de la orden de compra, salvo la n° 1852 que se requería inmediatamente -según manifiesta-.
Alega que a pesar de haber transcurrido el plazo de pago estipulado (20 días), la municipalidad omitió cancelar el precio acordado.
Manifiesta que las facturas adeudadas por la Municipalidad son las siguientes:
- 17/01/2017, orden de compra n°1968, factura n° 0334-00003738, $4.215,66.
- 17/01/2017, orden de compra n°1852, factura n° 0334-00003737, $1.803,18.
- 17/01/2017, orden de compra n°1774, factura n° 0334-00003733, $4.888,47.
- 17/01/2017, orden de compra n°1852, factura n° 0334-00003736, $29.387,00.
- 23/03/2017, orden de compra n°180, factura n° 0334-00003923, $6.302,50.
- 23/03/2017, orden de compra n°62, factura n° 0334-00003924, $587,99.
Esboza que, la entrega de las mercaderías descripta en tales facturas se encuentra acreditada a través de los remitos que acompaña como documentación, de los cuales detalla a continuación:
- factura n° 0334-00003738, remito n°6601503499.
- factura n° 0334-00003737, remito n°6601503432.
- factura n° 0334-00003733, remito n°6601486342.
- factura n° 0334-00003736, remito n°6601500252.
- factura n° 0334-00003923, remito n°6601530658.
- factura n° 0334-00003924, remito n°6601530659.
Continúa diciendo que ante la falta de respuestas a reiterados reclamos verbales, remitió carta documento nro. 9362903, a efectos de poner en conocimiento que, conforme los registros contables de su representada, subsiste un crédito insatisfecho por la suma de $ 47.182,20, intimando al pago y que la comuna demandada respondió mediante carta documento nro. 936290383, informando que se ha declarado la emergencia económica, financiera y administrativa, mediante decreto nro. 2500/18 y que no era posible establecer el pago de lo reclamado.
Concluye diciendo que la demandada no desconoció la deuda y que en cuanto a la supuesta emergencia, manifiesta "...que en su caso cabe advertir que la Municipalidad se encontraría en ella desde el 18/2/2015 (confr. decreto 2500/2018). Por ende, mal puede pretender la Comuna suspender sine die sus obligaciones con sus proveedores amparándose en tal circunstancia. Máxime cuando la contratación con suma posterioridad a la declaración de emergencia...".
Finalmente, funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
II. Que habiéndose corrido el traslado de rigor, el 23 de noviembre de 2021, se presenta a contestar demanda la Municipalidad de Moreno representada por su letrada apoderada, Dra. Cristina Monica González, quien solicita el rechazo de la misma con expresa imposición de costas.-
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
Luego, en otro apartado al que titula "Emergencia económica", manifiesta que, atento la grave situación económico financiera de la Municipalidad de Moreno, la que verifica un desequilibrio estructural en las cuentas públicas, provocado por la falta de ingresos, sumado al endeudamiento provocado por el déficit de ejercicios anteriores, a través del Decreto N° 2500/18, prorrogado por Decreto, se ha declarado la emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Moreno, tendiente a garantizar los servicios públicos básicos y el pago de haberes al personal municipal, así como a alcanzar el equilibrio presupuestario y financiero y/o cancelación total de las deudas flotantes, y la devolución de los fondos afectados a quienes se reconozca debidamente como acreedores del Municipio.-
Refiere que el artículo 5° de este decreto dispone suspender toda ejecución presupuestaria, salvo las que tiendan a dar continuidad a la prestación de los servicios públicos municipales esenciales y que el dictado de normas de emergencia, encuentra fundamento en la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan al Estado a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de sus obligaciones; y que, mas aun, las normas señaladas no fueron impugnadas por la demandante pese a haber tomado conocimiento de las mismas por estar publicadas en los Boletines Oficiales correspondientes (confr. Página web del Municipio www.moreno.gob.ar/documentosoficiales) y que por tanto, su validez y ejecutoriedad no se encuentran en discusión.
En otro orden, con el título de "Cambio de gestión", expone que a fines de 2019 se produce el cambio de autoridades como consecuencia de las elecciones celebradas y que la deuda que en estos actuados reclama, según los dichos de la actora, corresponde a la gestión anterior, eso dificulta y ralentiza el control de los registros existentes.
Finalmente como un apartado tercero con el titulo "Pandemia mundial" expone que la situación grave, urgente e inesperada que produjo la pandemia requirió del municipio importantes erogaciones no previstas, en resguardo de los bienes y que además, el municipio se encontró con un alto porcentaje de agentes que no concurría a sus lugares de trabajo porque se hallaban incluidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia. Esas ausencias impidieron también el contralor de las obligaciones supuestamente contraídas por la gestión anterior.
Finalmente funda en derecho, ofrece prueba y peticiona.-
III. Que en fecha 27 de abril de 2022 se celebra la audiencia prevista en los términos del art. 41 C.P.C.A.. Transitada esa etapa y habiéndose agregado el alegato presentado por la demandada (v. 04 de septiembre de 2023) y por la actora (v. 11 de septiembre de 2023) pasan los autos a despacho para dictar sentencia con fecha 25 de septiembre de 2023.-
1. Que en autos, la actora pretende el cobro de la suma de $ 47.182,00 (PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS con 00/100 CENTAVOS) con más los intereses correspondientes, cuyo origen viene dado por una serie de órdenes de compras, facturas y remitos que acompaña como prueba de su reclamo (v. adjuntos a la presentación electrónica de fecha 29 de junio de 2021).-
En lo relevante de su conteste, la comuna demandada centró su contestación aduciendo que la Municipalidad se encontraba atravesando una emergencia económica y que a través del Decreto N° 2500/18, prorrogado por Decreto, se ha declarado la emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Moreno, tendiente a garantizar los servicios públicos básicos y el pago de haberes al personal municipal, así como alcanzar el equilibrio presupuestario y financiero y/o cancelación total de las deudas flotantes, y la devolución de los fondos afectados a quienes se reconozca debidamente como acreedores del Municipio.-
2. Que en estas actuaciones, se advierte que, las normas que rigen el contrato de suministro a nivel local, son las que debieran dar el encuadre normativo, a la relación que rige entre las partes y bajo el cual se erige la pretensión, es decir que, dicha relación contractual, debió estar sujeta a las disposiciones erigidas por la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora bien, por imperio de los principios procesales de "congruencia" y "dispositivo" tanto la interposición de pretensiones como su fundamentación están a cargo exclusivamente de las partes, quedándole prohibido al órgano jurisdiccional actuar de oficio, invadiendo esferas cuya actuación solo a ellas correspondían, por lo cual, habré de ceñir el presente, a los supuestos fácticos y consecuencias jurídicas afirmadas y probadas por las partes, quienes han en definitiva, determinado el objeto litigioso.
Sentado ello y a tenor de que la comuna demandada, al postular su defensa, no cuestionó la relación contractual contraída con la actora, sino que basó la misma, únicamente, en que la negativa al pago estuvo amparada en el decreto de emergencia económica n° 2500/18 y sus prorrogas, tal será el encuadre sobre el cual, versará la suerte de la demanda.
3. Así y bajo este andamiaje jurídico, adelanto que, de la lectura de estos actuados, se vislumbra que, efectivamente, hubo una relación contractual entre el accionante y la comuna de Moreno, es decir que entre ellos celebraron un contrato administrativo que estuvo ordenado y dirigido por el Municipio citado, bajo el amparo del Decreto Ley 6.769/58.
En tal sentido, el art. 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece: "Las adquisiciones y otras contrataciones previstas en este apartado por valor de hasta doscientos mil pesos ($ 200.000) se efectuarán en forma directa...".
El artículo 156 de la citada norma establece con toda claridad que se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: "... 8° Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio o para prestaciones a cargo del mismo...".
Por su parte, no resulta azaroso poner sobre el escenario el Decreto N° 2980/2000, que en su Art. 3, aprueba las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto, junto con sus anexos, que forman parte de dicho Decreto y conforman el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
Así bajo esta directriz, el citado Decreto, establece en el Anexo N° 40, el denominado Instructivo y Formulario para la "Orden de Compra" (Form 28), que ha sido validado como el documento necesario para contratar y que, conforme surge textualmente de dicho formulario, la "orden de compra" se utiliza: a) Como documento final del proceso de Contrataciones y/o resumen de Contratos. b) Como documento fuente para registrar el Compromiso definitivo de la ejecución del Presupuesto de Gastos del Municipio. c) Como comunicación al proveedor o contraparte del perfeccionamiento de un contrato de suministro de bienes o servicios entre el Municipio y el beneficiario.
Y he aquí, el punto neurálgico de la cuestión, por cuanto "la orden de compra, se erige como un contrato, que tiene la particularidad de perfeccionarse con la simple recepción por parte del proveedor y en la cual, de acuerdo al modelo de formulario tipo determinado por el RAFAM, se reflejan los derechos y obligaciones de las partes de carácter habitual" (CCASM, autos: "Sucesión de Morales Jorge Alberto c/ Municipalidad de Lujan s/ Pretensión o Reconocimiento de derechos-Otros juicios" Sept. 2013).
De igual modo, y en cuanto a la responsabilidad, surge del mismo anexo y formulario que "La responsabilidad de su elaboración y correcta utilización recae directamente en el Responsable de la Oficina de Contrataciones. La firma al pie de estos documentos, significa que las autoridades que suscriben han verificado el correcto llenado del formulario, que existe el acto administrativo de aprobación del gasto que avala su emisión y que el trámite de contratación ha finalizado".
Completa el circuito, el Anexo 38 de la planilla anexa al artículo 40 del Decreto 2980/00 (RAFAM), que determina los casos en que el compromiso del gasto se realiza con orden de compra, con contrato o con otra documentación particular para cada operación según los rubros, a saber: bienes de consumo, al emitirse la orden de compra; alquileres y derechos, al formalizar el contrato; mantenimiento, reparación y limpieza, al formalizarse el contrato o con la emisión de la orden de compra; préstamos, al celebrarse el contrato de aprobación del préstamo por la autoridad competente; construcciones, al suscribirse el contrato por el monto que se programa ejecutar en el ejercicio en curso; maquinarias y equipo, al celebrarse el contrato o con la emisión de la orden de compra; adelantos a proveedores, a la firma del contrato o aprobación del documento alternativo.
Es decir que, conforme se desprende de la normativa jurídica citada, cuando se realicen adquisiciones y contrataciones en cuyo procedimiento sea suficiente instrumentarlos mediante una orden de compra, no resulta necesaria la confección de un contrato, siendo suficiente el primer documento para perfeccionar la operación.
4. Que conforme se desprende de la documental acompañada -ver ordenes de compras, facturas y remitos acompañadas en archivo PDF en el escrito de inicio por la parte actora, la que no ha sido desconocida por la contraparte (cfme. art. 37 inc. 2 C.P.C.A)-, tal ha sido en realidad el supuesto que ha vinculado a ambas partes de este proceso.
Véase que la comuna demandada ha contratado con el actor desde el año 2016, siempre de esta misma manera cumpliéndose así, el circuito contractual al que hace referencia el decreto N° 2980/2000, advirtiendo que las órdenes de compra se encuentran todas y cada una de ellas suscriptas por los funcionarios competentes a tal fin, con lo cual, se consolidan como contratos administrativos en los cuales los insumos se conforman como una contratación directa, sin que nada de esto fuera discutido por la Municipalidad de Moreno, más allá de la invocación de una legislación de emergencia.
Asimismo, fortalece la postura esgrimida y sella la suerte favorable de la demanda, la prueba pericial realizada en autos por la perito contadora -Daniela Alejandra Troncoso- en la presentación electrónica de fecha 1° de junio de 2023, con su anexo en archivo adjunto, y que fuera agregada con fecha 5 de junio de 2023.
Destaco previo a proseguir, que el informe labrado por la experta, no ha sido cuestionado en modo alguna por la Municipalidad de Moreno, conforme el traslado conferido.
Es así, que del indicado dictamen pericial -elaborado cfme. los puntos de pericia indicados en la presentación de inicio de fecha 29/06/2021- se desprende que la actora lleva sus registros contables en legal forma.-
También resulta de absoluta relevancia la respuesta a la pregunta: "Si en los mismos se hallan asentadas las facturas reclamadas en la presente demanda, y en caso afirmativo deberá informar si existe coincidencias en punto a los montos y condiciones consignados en sus duplicados.", a la cual la perito responde: "Si, en los mismos se encuentran asentadas las facturas reclamadas, existiendo coincidencias en los puntos y montos". Asimismo informa que, no existen registro de pago de dichas facturas.
Finalmente, dictamina la perito contadora que, los libros laborales de la demandada surgen que la Sra. Manzanares y los Sres. Spiritoso, Fleitas y Navarro, se desempeñaron como empleados en el Municipio de Moreno.
Es decir que de la pericial contable se extrae, por un lado la certeza de la deuda reconocida y adeudada por el municipio, y por el otro que las ordenes de compras y facturas fueron firmadas por empleados municipales.
En suma, encuentro suficientemente acreditada en autos, la existencia de una relación contractual administrativa, regida por las normas de la Ley Orgánica de las Municipalidades y, dirigida y ordenada por el Municipio de Moreno, la cual resulta ajustada a derecho, por cuanto, las adquisiciones y otras contrataciones por valor de hasta doscientos mil pesos ($ 200.000) se efectuarán en forma directa, conforme el articulo 151 del Decreto Ley 6769/1958 y su instrumentación ha sido cimentada, de conformidad con la normativa regulada por el Decreto Provincial N° 2980/2000 y que ha sido aprobada anualmente por el Honorable Tribunal de Cuentas.-
Por tales extremos, y bajo el amparo de los principios de buena fe contractual y de legalidad que deben primar en la materia, llego a la conclusión que tal ha sido el "modus operandi", que sistemática y de forma usal, han utilizado las partes para concretar sus contratos y donde no se tuvo otro instrumento escrito que evidencie las condiciones del mismo, lo cual de modo alguno podría dejar al proveedor accionante sin tutela judicial.
4.1. Asimismo véase la prueba testimonial producida en autos realizada a través de la plataforma Microsoft Teams; la que fuera celebrada en la sede de esta Dependencia Judicial el 17/05/2022, a raíz de la declaración de la testigo la Sra. Liliana De Vita -empleada de la Pintureria Rex- conforme se desprende de la tercera pregunta que para mayor ilustración se encuentra en el minuto 2' a los 54'' segundos- "con qué documentación la demandada requería la compra de productos a la actora, contesta: orden de compra". Asimismo en oportunidad de preguntarle con que documentación se instrumentaba, responde al -min. 3' seg. 27"- "con remito y factura".
Por otro lado, declaró la testigo Laura Alejandra Elorga -empleada de la Pintureria Rex del departamento de créditos y cobranzas-, a quien igual interrogatorio se le pregunta con que documentación la actora instrumento dichas operaciones, a lo que responde: "factura, remito y orden de compra"[textual]. En oportunidad de hacer uso el letrado de la parte actora del derecho de ampliar -min. 4' seg. 44"- y preguntado a la testigo si la municipalidad cumplió con el pago de los productos entregados, lo que la testigo manifiesta: "no, no cumplió".
Es entonces que, aun cuando las declarantes ha manifestado su dependencia laboral con la accionante, la precisión de sus dichos y la falta de reparo alguno por parte de la contraparte, sumado a su concordancia con el resto del material probatorio producido, me permiten valorar positivamente su testimonio, al menos en un grado mínimo de consideración (cfme. arts.439 y 456 y su doctrina CPCC).
5. Establecido el marco normativo que se ajusta a la relación entre las partes y reconocido el derecho del accionante al cobro de las sumas reclamadas, habré de referirme al planteo efectuado por la comuna accionada respecto al decreto de emergencia con el cual justifica el incumplimiento en el pago a su acreedor, PINTURERIAS REX S.A..
Que en resumidas cuentas, la comuna accionada, manifiesta que la grave situación económico financiera de la Municipalidad de Moreno, verifica un desequilibrio estructural en las cuentas públicas provocado por la falta de ingresos suficientes, sumado al endeudamiento generado por el déficit de ejercicios anteriores, se ha declarado la emergencia Económica, Financiera y Administrativa de dicha comuna, que encuentra fundamento en la necesidad de poner fin o remediar situac
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