Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76502
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto consideró que el recurso de apelación no cumplía los requisitos dispuestos por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
A.76.502 “VEGA HECTOR ALBERTO C/ PODER EJECUTIVO Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Junín, hizo lugar a la pretensión interpuesta por el actor.
En consecuencia, condenó a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires a incorporar en su haber la bonificación dispuesta por los decretos 54/11 y 934/13 en forma retroactiva, con los alcances allí señalados. Asimismo, mandó a adicionar los intereses a las sumas reconocidas y condenó en costas a la demandada vencida (confr. art. 51 inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás, por los fundamentos de la mayoría, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado por carecer de una crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de primera instancia e impuso las costas a la recurrente vencida (conf. art. 51 inc. 1°, CCA -texto según ley 14.437-).
I.3. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que fue concedido por la Cámara- por el que denunció arbitrariedad en el análisis del recurso de apelación y de su rechazo por insuficiente motivación y errónea aplicación del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo. Por último, adujo que la sentencia impugnada, al dejar firme el fallo de primera instancia, ha violado lo preceptuado en los arts. 26 y 28 de la ley 13.236 y la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.1. Preliminarmente se advierte que la Cámara interviniente desestimó la expresión de agravios de la Fiscalía de Estado con un excesivo rigor formal, al considerar que la apelación carecía de una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia (doctr. causas C. 119.526, "Kozakiewitz", sent. de 30-III-2016 y A. 75.153, "Baez", sent. de 25-IX-2019, e.o.), violando el derecho de defensa en juicio estatuido en los arts. 15 y 18 de las Constituciones provincial y nacional, respectivamente.
En efecto, el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo al valorar el escrito de apelación, en la medida que soslayó los agravios de la recurrente al sostener que eran reiteración de los expuestos en la contestación de demanda, sin apreciar que resultaron una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante consideró equivocada y que, además, atacó puntualmente los argumentos centrales que fundaron el pronunciamiento impugnado.
Por lo expuesto, la apelación cumplió las exigencias del art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo a los fines de habilitar su revisión en segunda instancia, razón por la cual la carga procesal de fundar los agravios quedó satisfecha en el caso (confr. doctr. causas C. 105.082, "Garabito", sent. de 23-III-2010, RC. 122.994, "Fideicomiso de Recuperación Crediticia", resol. de 13-II-2019 y A. 75.153 citada, e.o.).
Corresponde, entonces, revocar la sentencia impugnada en cuanto consideró que la apelación planteada por la demandada carecía de una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia (art. 289 inc. 2, CPCC).
II.2. Por otra parte, cabe ponderar que la recurrente también peticionó que se revoque la sentencia impugnada por convalidar el pronunciamiento de primera instancia, el que -según denunció- incurrió en errónea interpretación del decreto 1315/15; violación de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; vulneración del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.3. Si bien el aludido vicio de absurdo que porta la sentencia de Cámara y su consecuente revocación, llevarían a que los autos volvieran al tribunal de origen a sus efectos (art. 289 inc. 2, CPCC), la recurrente también se agravió en cierta medida del fondo del asunto, al cuestionar la sentencia de primera instancia que la Cámara convalidó con su decisión.
Por razones de celeridad y economía procesal, corresponde su tratamiento.
Al respecto, cabe señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
II.4. Sentado lo que antecede, se advierte que la cuestión sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en esta parcela, ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos, fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 74.496, "Malacalza", sent. de 16-XII-2020 y A. 75.067, "Alvarez", sent. de 30-VIII-2021), circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
II.5. Por último, en relación a la denuncia de "gravedad institucional" cabe adunar que, en el ámbito del recurso federal y también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no corresponde hacer lugar a semejantes alegaciones si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de manera indudable su concurrencia (doctr. causas A. 74.437, "Abe", resol. de 23-XI-2016; Q. 74.638, "Rodriguez", resol. de 10-V-2017; Q. 76.604, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", resol. de 23-XII-2020; Q. 76.593, "Castro", resol. de 4-VIII-2021; CSJN Fallos: 303:221), circunstancia que no se constata en el caso.
III. Por los fundamentos expuestos, cabe hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto declaró la deserción del recurso de apelación y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Independientemente del criterio con el que en circunstancias diferentes habría de ponderar el caso sometido a juzgamiento (conf. mis votos en causas B. 60.279, "Terzaghi", sent. de 18-III-2009; B. 61.217, "Insinger" y B. 60.715, "Nocetti", sents. de 11-VIII-2010), lo cierto es que en autos se encuentra justificada la aplicación del art. 31 bis de la ley 5827 (texto según ley 13.812), por tratarse de un asunto sobre el cual se ha consolidado una doctrina legal en los precedentes citados supra (pto. II.4).
Siendo así, razones de economía y celeridad procesal, me llevan a adherir al voto que antecede.
El señor Juez doctor Mancini dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan y el doctor Torres.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar la sentencia de Cámara en cuanto consideró que el recurso de apelación no cumplía los requisitos dispuestos por el art. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y mantener lo decidido en el pronunciamiento de primera instancia (arts. 289 inc. 2, CPCC y 31 bis, primer párraf., ley 5827; texto según ley 13.812). Con costas por su orden, en razón de la forma en cómo se resuelve (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, segundo párr. y 289, in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2022 10:22:19 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:18:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2022 22:33:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 09:32:57 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2022 10:32:27 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 03/06/2022 10:41:45 hs. bajo el número RR-568-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia