Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.501, "Energy S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ Materia a categorizar- Otros juicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Junín, admitió la excepción de prescripción oportunamente opuesta, revocó la sentencia de primera instancia e impuso las costas de ambas instancias a la parte actora vencida (v. sent. de 1-XI-2019).
Disconforme con dicho pronunciamiento la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-XI-2019, 13:15:27 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente con fecha 7 de abril de 2020.
Dictada la providencia de autos para resolver el día 11 de febrero de 2021 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Junín acogió la pretensión indemnizatoria promovida por Energy S.A., a raíz de la clausura del local bailable Electro Space, acaecida el día 3 de abril de 2007 y explotado por la firma que promueve la demanda.
Indicó que la actora se habría visto impedida entre ese día y el 21 de agosto de ese año de la apertura del local y dado que la clausura fue anulada judicialmente en autos "Energy S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ Pretensión anulatoria", la demanda resultaba procedente, por lo que desestimó la excepción de prescripción articulada por el municipio y lo condenó a pagar a la actora el lucro cesante reclamado.
II. Apelado dicho pronunciamiento por las partes, la Cámara de Apelación puntualizó -con relación al agravio respecto al rechazo de la prescripción-, que la pretensión indemnizatoria iniciada el día 12 de agosto de 2015 tenía íntima vinculación con la pretensión anulatoria oportunamente tramitada entre las mismas partes, y que culminó con la declaración de ilegitimidad del obrar municipal.
Destacó que, en los citados autos, esta Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la comuna (sent. de 3-XI-2010), como así también denegó la concesión del recurso extraordinario federal planteado (causa A. 69.937, "Energy S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", resol. de 17-VIII-2011), quedando así confirmada la sentencia de Cámara que dispuso la nulidad del decreto de caducidad de la habilitación municipal.
Advirtió que la actividad ilícita de la Municipalidad de Junín data de la fecha en que se notificó a Energy S.A. (17-V-2007) el decreto 1.077 del Departamento Ejecutivo de esa comuna por el cual se rechazó el recurso jerárquico, confirmando la resolución del Secretario de Gobierno, que dispuso el decaimiento de la habilitación comercial del local ocupado por Energy S.A., dedicado a la actividad de confitería bailable.
Agregó que durante la tramitación de la pretensión anulatoria, y hasta tanto no existiera un pronunciamiento judicial que declarara la ilegitimidad de dicho decreto, la actora no tiene derecho a indemnización sobre una base sólida dado que esta estaba condicionada al resultado del proceso anulatorio, conforme lo dispuesto por el art. 20 inc. 2 del Código Contencioso Administrativo.
Indicó que en tanto el señor juez de grado y la parte actora sostienen que como la sentencia de la Suprema Corte no fue notificada a la actora mediante cédula, ni tampoco el proveído que tuviera por devueltos los autos (pretensión anulatoria) a la primera instancia (conf. art. 135 incs. 6 y 7, CPCC) el reclamo indemnizatorio interpuesto el día 12 de agosto de 2015 no podría encontrarse prescripto.
Expuso que, en contraposición a ello el municipio considera que el cómputo de dicho plazo comenzó con anterioridad, esto es cuando Energy S.A. quedó notificada de la denegatoria de la concesión del recurso extraordinario federal, razón por la cual al momento de la interposición de la demanda indemnizatoria el plazo de prescripción había fenecido.
Señaló que, tal como planteaba la recurrente, la firmeza de la procedencia de la pretensión anulatoria se produjo con antelación a la fecha tenida en cuenta por el señor juez de grado, es decir, cuando en el expediente judicial -causa A. 69.937, "Energy S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley"-, que fuera elevado por ante esta Suprema Corte, la actora se notificó por nota de la resolución que denegara la concesión del recurso federal allí deducido.
Tras repasar el trámite de la pretensión anulatoria recordó que, si bien la actora había constituido domicilio en las instancias de grado y que, luego no lo hizo por ante esta Suprema Corte, con motivo del recurso extraordinario interpuesto por la comuna demandada que fuera oportunamente concedido, acarreaba así con la consecuencia establecida en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a quedar notificada de las ulteriores resoluciones por ministerio de la ley. Aclaró que, en lo que refiere a la notificación por cédula obrante a fs. 209/210 dirigida al domicilio constituido en la primera instancia, el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, prevé dar traslado por diez días a las partes interesadas, notificándolas personalmente o por cédula; y asimismo dispone que si no hubiera constituido domicilio será notificada por ministerio de la ley, prescribiendo la misma solución que establece el Código Procesal Civil y Comercial provincial para el caso de no constituir domicilio.
En consecuencia, deducida la pretensión indemnizatoria el día 12 de agosto de 2015 y teniendo consideración que la resolución que denegó la concesión del recurso extraordinario federal (resol. de 17-VIII-2011), fue notificada a la actora por ministerio de la ley el día 19 de agosto de 2011 y por cédula a la demandada el día 15 de septiembre de 2011, y se dispuso la devolución de las actuaciones el día 4 de octubre de 2011, la acción interpuesta se encontraba prescripta, ya sea que se estimara aplicable el plazo bianual del art. 4.037 del Código Civil -ley 340- o el trianual de la nueva codificación (art. 2.561).
Añadió que el inc. 6 del art. 135 del Código Procesal Civil y Comercial dispone la notificación por cédula de la providencia "por devueltos" cuando no se hubiera notificado la resolución del Tribunal de Alzada, y que dicha previsión no resultaba aplicable en el caso, puesto que la sentencia emitida por esa Cámara se había notificado por cédula y la de la Suprema Corte por ministerio de la ley.
Concluyó así que correspondía admitir la excepción de prescripción planteada por la Municipalidad de Junín, y rechazar la demanda.
III. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Impugna el fallo dictado por la Cámara de Apelación por haber incurrido en un absurdo formal en la interpretación y posterior aplicación de las normas en juego, en detrimento de sus derechos.
Alega que el decisorio viola o aplica de manera absurda y errónea lo dispuesto por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial in fine , visto este en concordancia y a la luz del plexo normativo integrado por dicha norma y las subsiguientes -arts. 283 y 291-, como así también con lo dispuesto por el art. 135 incs. 6 y 7 del mismo Código.
Sostiene que la sentencia conculca el principio de legalidad, bilateralidad, derechos de defensa y propiedad.
Esgrime que la ley procesal, fundada en la bilateralidad del proceso, expresión del derecho a la defensa en juicio, "sabia de los avatares por los que pasa el litigante cuando los autos andan de un lado a otro", dicta la norma del art. 135 inc. 6. Esa es su fuente y naturaleza jurídica, explica, y desde allí debe partirse para su interpretación.
Refiere que, conforme a dicha norma, se notifican personalmente o por cédula dos casos: uno cuando la resolución dictada por el órgano de apelación no ha sido notificada por este, que entiende es el supuesto de autos pues la resolución de la Suprema Corte no le fue notificada por cédula y el otro, que también juzga aplicable a estas actuaciones, se da cuando la notificación del "por devueltos" tiene por finalidad reanudar plazos suspendidos; para el caso -alega- el plazo prescriptivo de la acción de daños y perjuicios.
Argumenta finalmente que, el Tribunal de Alzada desoyó la doctrina legal de la Suprema Corte, que considera que la figura de la prescripción siempre debe analizarse de manera restrictiva en procura de velar por la solución más favorable a la subsistencia del derecho.
Formula reserva del caso federal, por encontrarse violadas las garantías constitucionales consagradas por los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional.
IV. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
IV.1. Recuerdo que esta Corte tiene dicho que determinar el comienzo del curso de la prescripción constituye una cuestión de índole fáctica reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo que debe ser eficazmente demostrado (causas A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y C. 97.720, "Baglietto", sent. de 12-XI-2008), situación que en modo alguno el recurrente logra demostrar que acontezca en la especie (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. La Cámara de Apelación consideró que el plazo de prescripción debía computarse a partir de que adquirió firmeza la admisión de la pretensión anulatoria, dado que la nulidad del acto es la que da origen a la acción indemnizatoria, puesto que el art. 20 del Código Contencioso Administrativo otorga al actor una opción, pudiendo deducir simultáneamente ambas acciones, o bien, plantearlas en forma sucesiva, como aconteciera en este caso.
Por ello, afirmó que dicho plazo comenzó a correr con anterioridad a la fecha sostenida por la actora, dado que de la causa A. 69.937, "Energy S.A. c/ Municipalidad de Junín s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", podía advertirse que esta se inició cuando quedó firme la resolución de esta Suprema Corte que denegó la concesión del recurso extraordinario federal deducido por la comuna, y que fuera notificado a Energy S.A. por ministerio de la ley -con fecha 19 de agosto de 2011-.
IV.3. Ahora bien, la actora sostiene que la decisión adoptada "...viola o aplica de manera absurda y errónea lo dispuesto por el art. 280 del C.P.C.C. in fine , visto éste en concordancia y a la luz del plexo normativo integrado por dicha norma y las subsiguientes (que se dedican a regular el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley), con el art. 135 incs. 6° y 7° del mismo Código..." (punto VI del recurso); sin embargo, los argumentos por ella esbozados en modo alguno logran demostrar que la Cámara incurriera -tal como anticipara- en el vicio de absurdo alegado.
Refiere la recurrente que, a su entender, el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial "...es una norma que claramente está orientada a fijar pautas procesales a la PARTE RECURRENTE que pretende llegar a Casación; no a todas las partes del proceso..." y que es entonces solo la parte que lo dedujere quien debe constituir domicilio en la ciudad de La Plata , "...no todas las partes del proceso, sino la parte recurrente..." y que el art. 283 del Código Procesal Civil y Comercial al prever que el dictado de la providencia de "autos", será notificado en el domicilio constituido por los interesados y las demás providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley , considera que claramente así lo dispone porque cuando el expediente ya se encuentra en la órbita de la Corte, se habla de "interesados" y ya no de las partes; lo cual -a criterio de la parte actora- significa que no todas las partes de un proceso serán parte interesada en la instancia recursiva extraordinaria.
Esas consideraciones efectuadas por la actora respecto a que ambas partes no tenían la carga de constituir domicilio en la capital de la Provincia a los fines del trámite del recurso extraordinario local, "...porque la accionante no había recurrido y que, en todo caso, la Suprema Corte, de considerarlo útil y necesario, debió haber ordenado expresamente la constitución del mismo, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del Tribunal", evidencian una personal interpretación de lo dispuesto por los arts. 280, 283 y 291 del Código Procesal Civil y Comercial.
Y sabido es que resulta ineficaz el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del Tribunal de Alzada sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas (conf. causa A. 75.572, "Fisco", sent. de 2-III-2023).
Evidentemente, de la pieza recursiva se observa que los argumentos que la parte trae en su impugnación, solo conforman un mero disentimiento con la decisión adoptada por el Tribunal de Alzada que, en modo alguno, logran controvertir lo decidido. Y recuerdo que cuando la crítica del impugnante se limita a exhibir un distinto parecer subjetivo con el utilizado por el sentenciante, configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causa A. 76.813, "Riconocsiuto", sent. de 2-III-2023).
Así, puede observarse la insuficiencia en la que incurre la recurrente, quien sustenta su presentación reiterando "como colofón" que -a su entender- al no ser todas las partes interesadas en el proceso recursivo extraordinario, es que la ley exige que se notifique personalmente o por cédula el "por devueltos" cuando no haya habido notificación de la resolución del Tribunal de Alzada; sin llegar a controvertir que la Cámara, específicamente, indicó que dado que el inc. 6 del art. 135 del Código Procesal Civil y Comercial dispone la notificación por cédula de "La providencia 'por devueltos' cuando no haya habido notificación de la resolución de alzada...", dicha norma no resultaba aplicable al caso de autos puesto que la sentencia que oportunamente dictara esa Alzada fue notificada por cédula. Fundamento expresado por la Cámara y que la actora pareciera haberlo pasado por alto pese a que lo citara expresamente en su recurso unos párrafos más arriba, lo que demuestra aún más la ineficacia del intento revisor (conf. art. 279, CPCC).
Tiene dicho esta Corte que en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. causa A. 75.834, "Moore de Terrero", sent. de 28-VIII-2021).
El absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. (conf. causa A. 78.169, "Godoy", resol. de 2-III-2023).
En este sentido este Tribunal ha resuelto, que si la ley procesal requiere, a los fines de la tramitación de los recursos extraordinarios, que la parte que los dedujere constituya domicilio o ratifique el que ya tuviese constituido en la ciudad de La Plata, igual carga procesal incumbe a la parte contraria (SCBA, DJBA, 119-776); y no habiendo el presentante manifestado oportunamente y en forma expresa su domicilio en la ciudad de La Plata -constituyéndolo a los efectos de los recursos extraordinarios- las decisiones de la Corte quedan notificadas a su respecto por ministerio de la ley (causa Ac. 68.335, resol. de 26-VI-2002).
En consecuencia, ante dicha insuficiencia recursiva, no se logra demostrar que en la decisión del Tribunal de Alzada se hubiera violado o aplicado erróneamente el art. 135 incs. 6 ni 7 del ordenamiento procesal, tal como lo sostiene la actora, al no ordenar notificación por cédula de la providencia "por devueltos" en razón de tratarse de una resolución dictada por la Suprema Corte, y que le fuera notificada por ministerio de la ley. Pues más allá del acierto o error de lo decidido, también resultan ineficaces las alegaciones de la recurrente en punto a que el plazo de prescripción quedó interrumpido o suspendido por el tiempo que llevó el juicio de "pretensión anulatoria" y -entonces- concluido aquel juicio, debía mediar notificación al actor en aquellos autos.
Por otro lado, tampoco resulta suficiente para fundar la alegada violación de la doctrina legal la invocación de afirmaciones jurisprudenciales que se efectúa de manera muy abstracta, o extremadamente casuística y sin depuración mediante la debida analogía con la controversia en cuestión (conf. causa A. 77.582, sent. de 5-IX-2022); motivo por el cual las alegaciones formuladas en el recurso de inaplicabilidad de ley al respecto no merecen acogida.
V. Por los motivos expuestos, no habiéndose demostrado la errónea aplicación de las normas legales denunciadas ni la presencia de absurdo, corresponde el rechazo del recurso extraordinario interpuesto. Con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/02/2024 18:03:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 08:48:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2024 15:17:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/02/2024 11:50:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 12:24:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 12:32:22 hs. bajo el número RS-3-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia