Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78920
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A.78.920 "THE CLEAN GARDEN SRL C/ MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ARECO S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres dijeron :
I.1. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nº1 de Mercedes, resolvió hacer lugar parcialmente al reclamo de la parte actora y, en consecuencia, condenar a la Municipalidad de San Antonio de Areco al pago de la suma de pesos nueve millones doscientos cincuenta y siete mil doscientos veintinueve ($9.257.229,00), con intereses y costas (v. sent. de 22-VI-2022).
Para así decidir, consideró –en lo sustancial- que la vinculación contractual entre las partes se había encontrado acreditada con la documentación aportada a la causa y no había sido cuestionada por la comuna demandada.
Observó, asimismo, que si bien las facturas aportadas no lucían conformadas por la demandada, la prueba pericial contable –no objetada- había dado cuenta de la existencia de registro de toda la deuda reclamada (con la excepción de dos facturas -nros. 41 y 69-).
Finalizó señalando que no sólo no se había aportado elemento alguno que acreditara la oportuna impugnación de las facturas por irregularidades en la prestación de las tareas para que no adquirieran fuerza liquidatoria, sino que la prueba pericial y los testimonios brindados por dependientes del propio municipio no lograban poner en duda la legitimidad de los documentos aportados ni acreditaban los incumplimientos reprochados y las medidas adoptadas en consecuencia.
I.2. Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso de apelación agraviándose de que la firma actora no había presentado en sede administrativa las facturas cuyo cobro pretendía y que, por ende, tales instrumentos carecían de respaldo jurídico dentro del marco de la administración pública y que los eventuales asientos contables -de los que diera cuenta la prueba pericial respectiva- no habían demostrado el estado de cuenta finiquitada, ni su aprobación para el cobro.
Sostuvo, también, que el magistrado de grado se había desentendido del hecho de que la falta de aprobación de los trabajos encontraba justificación en los continuos incumplimientos de la empresa, que surgirían de la prueba producida.
Asimismo, cuestionó la tasa de interés aplicada por estimarla improcedente y criticó la decisión del sentenciante de imponerle a su parte las costas del litigio, al entender que el reclamo de la contraria no había prosperado en su totalidad.
I.3.a. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia (v. sent. de fecha 30-V-2023).
Para así decidir, en primer lugar recordó que la parte actora había promovido demanda contra la Municipalidad de San Antonio de Areco con el objeto de reclamar el pago de $9.661.562,08, relacionado con las facturas nros. 41, 47, 69, 111, 132, 234, 239, 262, 269, 291, 295 y 317 emitidas por diversos trabajos de mantenimiento de espacios verdes y afines realizados entre los años 2016 y 2020 en virtud de la contratación celebrada oportunamente con aquel municipio, con intereses.
Consideró que, de los términos en los que había quedado trabada la litis y –posteriormente- la discusión en la etapa recursiva, no había llegado controvertido el vínculo contractual que mantuvieron las partes en el período señalado ni el rechazo decidido en relación al reclamo por las facturas n° 41 y 69, de modo que tales cuestiones quedarían excluidas del debate, al haber arribado selladas a la Cámara en razón de no haber merecido objeción alguna de parte de los interesados (cfr. arts. 266 y 272, CPCC; y 77 inc. 1°, CCA).
Reflexionó que la cuestión a decidir giraba en torno a determinar si el magistrado de grado había ponderado de manera incorrecta las constancias reunidas en el juicio y/o desinterpretado la normativa y/o jurisprudencia que resultaban aplicables al caso, abocándose a analizar los principios procesales rectores en materia de carga probatoria y de la valoración de los distintos elementos de prueba.
Adelantó que las objeciones de la demandada no podían tener favorable acogida, pues el juez de grado no había incurrido en una incorrecta o irrazonable valoración del material probatorio, ni tampoco en error de juzgamiento.
En ese sentido, haciendo mención de los principios referidos y jurisprudencia de este Tribunal, sostuvo que la aludida falta de inscripción en las facturas acompañadas en copia simple por la parte actora, que hiciera referencia a que hubieran sido efectivamente recibidas por el municipio y también la ausencia de elementos que mostraran su expresa conformidad, no resultaban óbices para la procedencia de la pretensión, en tanto dichos instrumentos no debían ser valorados en forma fragmentada, sino en relación a la totalidad del acervo probatorio.
Por tal motivo, entendió que cobraba esencial trascendencia la prueba pericial contable producida en autos, en tanto –dada la naturaleza de la cuestión- resultaba ser el medio probatorio fundamental para formar convicción, pues lograba asesorar al judicante en temas que escapaban a su formación profesional.
Destacó que surgía del informe elaborado por la perito contadora oficial –que no había merecido objeción alguna de parte de los litigantes-, que la Municipalidad de San Antonio de Areco -al momento del relevamiento- llevaba sus registros contables en legal forma, que se encontraban al día y que eran rubricados periódicamente por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, se consignaba que existía un vínculo entre las partes, que la empresa actora se encontraba registrada como proveedor en el RAFAM (n° 1.049) y que reclamaba un importe facturado de $9.661.562,08. Pero que conforme el detalle de deuda de ejercicios anteriores emitido por dicho sistema, al 16 de septiembre de 2021 figuraba en los libros del municipio una deuda devengada y exigible de $9.257.229,00, al no contemplar dos de las facturas pretendidas (las ya referenciadas nros. 41 y 69) por lo que, dejándolas de lado, del confronte de las restantes facturas reclamadas y el detalle de deuda emitido por la propia comuna demandada, se advertía una exacta equivalencia con relación a la individualización de los instrumentos y los importes en ellos reclamados; como así también, que la emisión de las respectivas órdenes de compra resultaba demostrativa de que habían sido presentadas oportunamente y en debida forma para su cobro, y efectivamente receptadas por el municipio.
Remarcó, por otro lado, que tampoco se habían encontrado elementos que exhibieran que la comuna hubiera hecho uso del derecho a impugnar en término las facturas y buscado evitar que adquirieran la fuerza liquidatoria prevista en el art. 1.145 del Código Civil y Comercial; para concluir que si las facturas habían sido emitidas regularmente, la mercadería y/o servicio había sido recibido por el deudor sin que se las hubiese objetado en el plazo legal y, además, exhibían el correspondiente respaldo contable, constituían elementos fehacientes.
Aseguró que, en materia testimonial, los declarantes habían formulado manifestaciones indicativas de la efectiva presentación de las facturas implicadas y de la conformidad prestada, como así también del registro de la deuda y de su carácter exigible.
Afirmó, asimismo, que la contundencia de los elementos probatorios previamente detallados en torno a la conformidad adquirida por las facturas ante la falta de objeción formal y oportuna, no daban cuenta de que la municipalidad hubiere efectuado formales manifestaciones en su sede con respecto a los incumplimientos denunciados, ni activado sus prerrogativas legales y contractuales para exigir la debida ejecución de los trabajos encomendados. Deficiencia probatoria que -entendió- sellaba adversamente la suerte de la defensa intentada, por lo que todo lo argüido recién ante su sede –además de estar falto de soporte probatorio- lucía palmariamente intempestivo, de manera que no se apreciaba la configuración de las falencias que le imputaba al razonamiento desplegado por el magistrado de primera instancia.
I.3.b. Seguidamente abordó el cuestionamiento efectuado en relación a la tasa establecida para el cálculo de los intereses a ser adicionados al capital de condena, mencionando que el juez de grado había mandado a liquidarlos mediante la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días.
Recordó que la parte demandada lo había objetado alegando que no le resultaba aplicable por tratarse de una institución pública. La Cámara hizo mención de variados precedentes propios y de la doctrina legal de este Tribunal, para considerar que los argumentos esgrimidos por la comuna debían ser rechazados, pues el decisorio atacado lucía ajustado a derecho en el aspecto puesto en crisis y -de tal manera- debía ser confirmado.
I.3.c. Finalmente, al tratar el agravio vinculado a las costas, recordó que el art. 51 del Código Contencioso Administrativo en su redacción actual -según ley 14.437-, impone en el primer inciso, como criterio rector, el principio objetivo de la derrota. Por lo que a tenor del resultado obtenido en la instancia de apelación, entendió que correspondía desestimar también este cuestionamiento y ratificar la imposición de las costas -en su totalidad- a la demandada en la instancia anterior.
II. Frente a lo así decidido, en lo que aquí resulta relevante, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 21-VI-2023), el que fue concedido por la Cámara con fecha 3-VIII-2023.
En prieta síntesis, la Municipalidad reedita argumentos propios vertidos en las instancias de grado para considerar, como críticas puntuales, que la a quo incurre en absurdo pues dicta sentencia en forma totalmente arbitraria y sin haber corroborado la efectiva realización de las obras, guiándose solo en forma parcial por la prueba producida en autos e insiste en cuanto a que no puede ser considerada la tarea desarrollada por la demandada como una obligación a cumplir por su parte.
Luego, finaliza manteniendo sus críticas en cuanto a la solución de la Cámara actuante respecto a la tasa de interés aplicable y sobre las costas.
III. El recurso no prospera, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827).
IV.1. Los argumentos desplegados por la recurrente se apoyan en denuncias de absurdo que no han sido idóneamente fundadas. En tal sentido, sostiene que el Tribunal de Alzada no valora correctamente la prueba testimonial y contable mediante la cual intentó probar que la empresa actora también incumplía con las obligaciones a su cargo y no proveía los servicios por los cuales luego pretendía cobrar.
La Cámara, en resumen, apoyó su decisión confirmatoria del fallo de primera instancia, tanto en la prueba pericial desplegada en la causa como en los testimonios oportunamente recabados, de todo lo cual concluyó que se advierte una exacta equivalencia con relación a la individualización de los instrumentos y los importes en ellos reclamados, como así también que la emisión de las respectivas órdenes de compra demuestran que fueron presentados oportunamente, en debida forma para su cobro y efectivamente receptados por el municipio.
Tiene dicho reiteradamente esta Corte que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, deviene insuficiente aquel remedio cuyos argumentos, más que evidenciar un yerro de índole normativa, se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras).
Cabe recordar que tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019, entre muchas otras).
En tal marco, la crítica ensayada por la impugnante en punto a que el fallo de la a quo contiene una arbitraria interpretación sobre la prueba, no exterioriza más que meras discrepancias subjetivas tendientes a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión de los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 74.756, "Arriaga", resol. de 12-XII-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, entre tantas).
IV.2. En cuanto a la tasa de interés que la Cámara consideró aplicable, los agravios expuestos no han sido debidamente desarrollados en el recurso. Se evidencia que la demandada insiste en remarcar argumentos esgrimidos en sus presentaciones anteriores, a cuyo respecto esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente en los términos del art. 279 inc. 2 del Código Procesal Civil y Comercial, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que reitera argumentos expuestos ante el Tribunal de Alzada, omitiendo atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones vertidas por la Cámara de Apelación (conf. causas A. 71.768, "Benet", sent. de 1-VII-2015; A. 73.287, "Inglese", sent. de 21-VI-2017; A. 78.908, "Minora", resol. de 26-II-2024, entre muchas otras).
IV.3. Tampoco es de recibo la denuncia sobre la imposición de las costas, pues ha sostenido con reiteración esta Corte que es facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de las posibilidades de eximición total o parcial previstas por el ordenamiento procesal (doctr. causas Q. 70.401, "Fisco c/ Cintolo Hnos.", sent. de 10-IX-2014; C. 104.195, "Lede", sent. de 21-II-2018; A. 76.972, "El Rápido Argentino Cia. de Micro Omnibus S.A.", resol. de 25-VI-2021; A. 78.956, "Brocchi", resol. de 15-III-2024, e.o.).
También se ha señalado que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, propia de las instancias de mérito y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, vicio que en este ámbito se configura si se invoca -y demuestra- que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista inequidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 75.478, "Cifuentes", resol. de 5-VI-2019; A. 76.076, "Guardia", resol. de 13-XI-2019; A. 76.393, "Sales", resol. de 19-VIII-2020, e.o.).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, donde la recurrente solo exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por el a quo , sin siquiera invocar el aludido vicio (art. 279, CPCC).
V. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2024 13:35:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 10:56:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:22:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 12:20:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2024 14:02:37 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/05/2024 14:08:36 hs. bajo el número RR-314-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia