Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 79839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párraf., ley 5.827; texto según ley 13.812), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC)
A.79.839 "ABERASTURY JORGE MARCOS C/ PODER EJECUTIVO Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR. OTROS JUICIOS - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY"
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, hizo lugar a la pretensión interpuesta por el señor Jorge Marcos Aberastury.
Por consecuencia, condenó a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires a incorporar en la base de cálculo de su haber la bonificación dispuesta por los decretos 54/11 y 934/13 en forma retroactiva, con los alcances allí señalados. Asimismo, mandó a adicionar los intereses a las sumas reconocidas y condenó en costas a la demandada vencida (conf. art. 51 inc. 1, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en San Nicolás, en lo que aquí interesa destacar por ser materia de agravio, dictó sentencia por la que desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, confirmó la sentencia de primera instancia e impuso las costas a la recurrente vencida (conf. art. 51, CCA -texto según ley 14.437-).
II.1. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -que fue concedido por la Cámara- por el que denunció errónea interpretación del decreto 1315/15; violación de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; vulneración del art. 17 de la Constitución nacional y de la doctrina legal emanada de los fallos que cita.
II.2. Con carácter subsidiario, para el supuesto de que se confirmara la sentencia de la Cámara, la recurrente planteó que las costas sean impuestas en el orden causado (confr. art. 51 inc. 1 in fine , CCA). No obstante que en el caso intervino como alzada la cámara que tiene su sede en San Nicolás, adujo que si esta Corte ratificara el cambio de criterio de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata sobre la cuestión (al respecto, citó las causas 17.319, "Larroche", sent. de 12-VII-2016; 17.590, "Malacalza", sent. de 14-VII-2016 y 19.034, "Jaime", sent. de 18-IV-2017, e.o.), se estaría en presencia de un caso con cuestiones dudosas de derecho. En sustento de esta postura invocó doctrina legal de esta Corte emergente de las causas L. 34.652, "S.M.A.T.A.", sent. de 21-V-1985; L. 39.781, "Masi", sent. de 9-VIII-1988; L. 48.826, "Freiman", sent. de 29-IX-1992; L. 81.159, "Caruso", sent. de 27-XI-2002; L. 84.287, "R.R.", sent. de 31-VII-2007, así como también lo resuelto por tribunales inferiores.
III.1. Pasando a analizar la procedencia de la impugnación, corresponde señalar que el art. 31 bis, primer párrafo, de la ley 5.827 -texto según ley 13.812- faculta a este Tribunal a proceder al rechazo de los recursos extraordinarios con la sola invocación de esa norma, cuando en ellos se plantean agravios desestimados en casos análogos, potestad que puede ejercerse en cualquier estado de su tramitación.
III.2. Sentado lo que antecede, se advierte que la cuestión sometida a decisión a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido en autos ha sido resuelta por este Tribunal en casos sustancialmente análogos, fijando doctrina legal en la materia (doctr. causas A. 74.496, "Malacalza", sent. de 16-XII-2020 y A. 75.067, "Álvarez", sent. de 30-VIII-2021), circunstancia que resulta suficiente, de acuerdo a lo establecido en la disposición referenciada en el párrafo anterior, para proceder a su rechazo (art. 31 bis, cit.).
III.3. Igual suerte corre el agravio formulado por la recurrente, con carácter subsidiario, acerca de la imposición de costas efectuada por el Tribunal de Alzada.
Al respecto, ha sostenido con reiteración esta Corte que es facultad exclusiva de los tribunales de grado analizar la situación de cada parte y cargar en consecuencia a una u otra las costas del juicio, valorando al mismo tiempo si se dan los supuestos como para hacer uso de las posibilidades de eximición total o parcial previstas por el ordenamiento procesal (doctr. causas Q. 70.401, "Fisco c/ Cintolo Hnos", sent. de 10-IX-2014; C. 104.195, "Lede", sent. de 21-II-2018 y A. 76.972, "El Rápido Argentino Cia. De Micro Omnibus S.A.", resol. de 25-VI-2021, e.o.).
También se ha señalado que la imposición y distribución de las costas es una típica cuestión de hecho, propia de las instancias de mérito y, como tal, irrevisable en sede extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo, vicio que se configura si se invoca -y demuestra- que se haya alterado burdamente el carácter de vencido o exista inequidad manifiesta en el criterio de distribución (doctr. causas A. 75.478, "Cifuentes", resol. de 5-VI-2019; A. 76.076, "Guardia", resol. de 13-XI-2019; A. 76.393, "Sales", resol. de 19-VIII-2020 y A. 79.537, "Galan", resol. de 24-IX-2024, e.o.).
Los indicados extremos no se verifican en la especie, donde la recurrente solo exterioriza una mera disconformidad en orden al criterio seguido por el a quo , sin siquiera invocar el aludido vicio (art. 279, CPCC).
Por otra parte, deviene ineficaz la mención de la doctrina legal efectuada por la recurrente porque, en los precedentes de este Tribunal invocados por ella, mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentan en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 76.303, "Ballarini", sent. de 9-IV-2021 y A. 76.002, "Agustoni", sent. de 22-IX-2021, e.o.).
Además, cabe señalar que la doctrina legal a la que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de las sentencias de esta Corte y no la que se desprende de los fallos de otros tribunales, como la referida por la recurrente (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 74.706, "Gallina", resol. de 12-VII-2017 y A. 76.829, "Belmonte", resol. de 30-III-2021, e.o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Independientemente del criterio con el que en circunstancias diferentes habría de ponderar el caso sometido a juzgamiento (conf. mis votos en causas B. 60.279, "Terzaghi", sent. de 18-III-2009; B. 61.217, "Insinger" y B. 60.715, "Nocetti", sents. de 11-VIII-2010), lo cierto es que en autos se encuentra justificada la aplicación del art. 31 bis de la ley 5.827 (texto según ley 13.812), por tratarse de un asunto sobre el cual se ha consolidado una doctrina legal en los precedentes citados supra (pto. III.2) y la Cámara de Apelaciones ha adoptado una postura acorde con ella.
Siendo así, razones de economía y celeridad procesal, sumado a la insuficiencia recursiva en lo tocante a las costas, me llevan a adherir al voto que antecede.
Los señores Jueces doctores Torres y Kohan , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, adhirieron a su voto.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (art. 31 bis, primer párraf., ley 5.827; texto según ley 13.812), con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68, primer párr. y 289, in fine , CPCC)
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/04/2025 14:34:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2025 15:30:03 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/04/2025 15:38:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/04/2025 10:51:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2025 14:43:52 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2025 14:46:46 hs. bajo el número RR-200-2025 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia