Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa 80673 P
Lo que resolvió el tribunal
I. Acumular a los presentes la queja articulada en los autos Q. 80.435 "Arias, María Laura c/ Municipalidad de Zárate y otro s/ Materia a categorizar" y declararla carente de vitualidad (art. 292, CPCC; Acordada 4060).
II. Hacer lugar a la queja que dio origen a los presentes, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
80.673-P "ARIAS MARIA LAURA C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS"
I.1. La señora María Laura Arias promovió una acción con el objeto de obtener la cesación de una vía de hecho administrativa, dirigida contra la Municipalidad de Zárate y contra la Provincia de Buenos Aires, solicitando el dictado de una sentencia por la cual se abstengan de continuar bloqueando el trámite de renovación de su licencia de conducir vencida y el cese de la violación de sus derechos constitucionales de transitar, trabajar y ejercer industria lícita; declarando la inconstitucionalidad del inc. 3 del art. 10 del anexo II, del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927 (v. present. electr. electr. de 4-II-2025).
Posteriormente, solicita se haga lugar a una medida cautelar autosatisfactiva que le otorgue la licencia para conducir durante la prosecución del expediente judicial y, en caso que fuera rechazada la demanda, le imponga las obligaciones que reclama la municipalidad accionada (ver presentación de 21-IV-2025).
I.2. El 7-V-2025, la Municipalidad de Zárate se presentó y produjo el informe que le fuera requerido en los términos del art. 23 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo. Asimismo, solicitó que se rechace la medida cautelar requerida por la actora.
II. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Zárate-Campana, hizo lugar a la medida cautelar incoada, condenando a la Municipalidad de Zárate y a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a que en el término de cinco (5) días arbitren los medios conducentes a fin de posibilitar a la actora la tramitación de la renovación de su licencia de conducir hasta su debida culminación, removiendo todo obstáculo informático o de cualquier otra índole relacionados con el recaudo previsto en el art. 10 inc. 3 del Anexo II, del decreto N° 532/09.
Por último, ordenó a la actora que preste caución juratoria para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (v. sent. de 8-VIII-2025).
III. El 21-VIII-2025 Fiscalía de Estado apeló dicha resolución.
Denunció, en lo que aquí interesa, la reconducción procesal dispuesta por la jueza de grado al momento de resolver una medida cautelar de carácter accesorio como si fuera una medida autosatisfactiva, violando de ese modo el principio de congruencia, del debido proceso y del derecho de defensa. Destacó que la traba de la litis constituye un límite insoslayable que tienen los magistrados para ejercer esa potestad que el código de forma les brinda.
Peticionó que se revoque la resolución de primera instancia y se deje sin efecto la medida cautelar autónoma otorgada.
IV.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás entendió que al haber sido calificado el proceso como autosatisfactivo por el juez de la instancia, era necesario que la contraparte tenga adecuada oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por lo que suspendió el llamamiento de autos para sentencia y confirió a la demandada un plazo de cinco días para contestar la demanda (ver resol. de 22-IX-2025).
IV.2. Ante lo así resuelto, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. present. de 1-X-2025), el que denegado -con sustento en la ausencia de definitividad de la resolución impugnada- (v. resol. de 21-X-2025), motivó la queja que dio origen a la causa Q. 80.435 -en trámite ante esta Corte- (art. 292, CPCC; v. present. de 3-XI-2025), la que se acumula a la presente.
IV.3. En atención al modo como fue resuelta la litis en la faz principal, carece de virtualidad abordar los agravios expuestos en el recurso de queja citado (exped. Q. 80.435) por haberse tornado abstractos, lo que así corresponde declarar (conf. doctr. causas A. 78.464, "Cingolau", resol. de 16-II-2024 y A. 78.139, "Amerise", resol. de 11.III-2025; e.o.).
V. Contestada la demanda, la Cámara interviniente rechazó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la decisión de primera instancia de fecha 8-VIII-2025. Impuso las costas de la alzada a la apelante vencida (art. 51, CCA, v. resol. de 11-XII-2025).
En primer lugar, advirtió que de la forma en que ha sido planteado el recurso por el Fisco respecto a las cuestiones relativas a la vía procesal y al plazo para contestar la demanda, tales consideraciones no devienen materia de ese pronunciamiento pues la cuestión atinente a la vía procesal impresa al trámite, así como también, el plazo para contestar la demanda son cuestiones que ya han sido abordadas al momento del dictado de la resolución de fecha 20-V-2025.
Ahora bien, en cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Fiscalía de Estado, refiere que la Comuna demandada, si bien tiene delegada la facultad de otorgar las licencias de conducir (cfr. art. 8 de la ley 13.927), se encuentra —en cuanto al bloqueo en sistema por existencia de multas— en la imposibilidad de remover per se dicho obstáculo, requiriendo de la coordinación y comunicación con organismos provinciales, que —en definitiva— tienen atribuidas tales facultades (por diseño institucional, marco normativo y gestión material).
Y, por lo tanto, remarca que no podría considerarse en el presente caso que haya sido la Comuna la que generara la necesidad de iniciar la demanda judicial, más allá del rol que —por las referidas normas— le cabe en el procedimiento de otorgamiento de la licencia, por lo que mal podría la Provincia desentenderse de la legitimación pasiva que le cabe.
Por último, en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad del art. 10, apartado 3 del anexo II del decreto Provincial 532/09 dispuesta por el Juzgado de primera instancia, indica que la exigencia de «libre multa» no aparece como derivación del marco normativo regulatorio de la materia en análisis, ya que la ley provincial no lo contempla y no se advierte que la Provincia de Buenos Aires hubiese adherido a la ley nacional específica, por lo que su establecimiento no aparece conciliable con los fines que el recurrente dice que se persiguen, en tanto no surge que se respeten los requisitos que prevé el marco normativo al cual adhirió la Provincia para la obtención o renovación de la Licencia Nacional de Conducir, confirmando el resolutorio impugnado.
VI. Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley agraviándose de la decisión de la Cámara, refiriendo que ello configuró una violación de la legalidad de las formas, por alterar la secuencia ordenada del juicio escogiendo carriles procesales impropios por fuera de lo que la norma prevé, trayendo a la segunda instancia trámites inherentes a la primera (contestación de demanda). Como consecuencia de ello, refiere que se configuró una violación al derecho de defensa en juicio (art. 18 Const. nac. y arts. 10 y 15, Const. prov.) al desnaturalizar su función revisora, reemplazándola por la de una función originaria, que es propia de la instancia de grado.
Asimismo, indica que se configuró una violación a las reglas del otorgamiento de las licencias de conducir, al atribuir a la Provincia de Buenos Aires una legitimación pasiva que la ley pone en cabeza de los Municipios, y al permitir el otorgamiento de la licencia de conducir sin exigir el libre deuda, con arrogamiento de competencias de jueces al resolver sobre multas impuestas por otras jurisdicciones.
VII. La Cámara interviniente denegó el citado recurso, con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado, al considerar que la decisión se encuentra vinculada a una medida precautoria (v. resol. de 24-II-2026), lo que motivó la presente queja (art. 292, CPCC; v. present. de 9-III-2026).
VIII. Al fundamentar su impugnación, Fiscalía de Estado se agravió porque el Tribunal de Alzada, al denegar la concesión del recurso extraordinario, interpretó que la sentencia recaída en el presente proceso era de naturaleza cautelar y, por lo tanto, provisoria, accesoria y, como tal, carente del requisito de definitividad exigido.
Adujo que, contrariamente a lo sostenido por la Cámara y, más allá del nomen iuris que se asignó en la carátula de la causa, el presente proceso no fue de naturaleza cautelar en el sentido tradicional, sino que se trató de un proceso "autosatisfactivo" en el que la sentencia que recayó en la presente —por la cual se ordenó el otorgamiento de la licencia de conducir— es de carácter definitivo y final, sin que haya luego otro proceso principal en el cual discutir las cuestiones surgidas en autos.
IX. Requerida la radicación electrónica de la causa "Arias, María Laura c/ Municipalidad de Zárate y otro s/ Materia a categoriza. Otros juiciosr" (5529-2025), mediante notificación directa a la Cámara de fecha 12-III-2026, ésta se hizo efectiva el 9-IV-2026. La compulsa de los trámites del expediente principal corrobora las circunstancias relatadas en los considerandos anteriores.
X. La queja prospera.
Ello así, pues, si bien en principio las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la calidad de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Q. 73.550, "Rosas", resol. de 4-III-2015; Q. 73.511, "Montoreano", resol. de 4-III-2015; Q. 74.573, "Pereyra", resol. de 2-III-2017), también se ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio insusceptible de reparación ulterior, debe equiparársela a tal (doctr. causas Q. 74.122, "Bisio", resol. de 24-V-2016; Q. 74.824, "Inza", resol. de 11-X-2017; Q. 75.117, "Amado", resol. de 17-X-2018; Q. 75.723, "Minervini", resol. de 19-II-2020; Q. 78.530, "Cordone", resol. de 19-VIII-2024 y A. 80.324 "Lima", resol. de 12-II-2026, e.o.).
En el caso, se aprecia configurado tal recaudo, en tanto el fallo atacado confirmó la resolución de primera instancia que se pronunció en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior y que son susceptibles de causar un perjuicio a la recurrente, por lo que ha de reputarse equiparable a definitiva en los términos del art. 278 citado (arg. art. 15, Const. Prov., doctr. causas Q. 70.955, "Galler", resol. de 15-IX-2010; A. 71.817, "Vela", resol. de 11-XII-2013; Q. 76.646, "Arata", resol. de 23-XII-2020; Q. 78.530 y Q. 80.324 "Lima" cit).
XI. Hallándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad del remedio incoado, corresponde admitir la queja traída y conceder el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 292, CPCC, 60, CCA y Acordada 4068).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Acumular a los presentes la queja articulada en los autos Q. 80.435 "Arias, María Laura c/ Municipalidad de Zárate y otro s/ Materia a categorizar" y declararla carente de vitualidad (art. 292, CPCC; Acordada 4060).
II. Hacer lugar a la queja que dio origen a los presentes, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 278 y 292, CPCC; 60, CCA y Acordada 4068) y llamar autos para resolverlo (arts. 283 y 284, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/06/2026 14:42:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/06/2026 12:40:19 - CARRAL Daniel Alfredo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2026 17:20:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 10:14:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2026 11:34:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2026 11:37:30 hs. bajo el número RR-552-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia