Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes · Causa ME 37981 21
Expte. Nº 37981
Autos:"RIBOTTA SANDRA MONICA JULIA C/ ABSA ( AGUAS BONAERENSES S.A ) S/ MATERIA A CATEGORIZAR ".-
Mercedes, en el día de su firma digital.- FC
Estos autos caratulados "RIBOTTA SANDRA MONICA JULIA C/ ABSA ( AGUAS BONAERENSES S.A ) S/ MATERIA A CATEGORIZAR", Expediente Nº 37981, en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes, a mi cargo, que se encuentran en estado de dictar sentencia y de los que,
1. Que a fs. 64/74, se presenta la Dra. Sandra Mónica Julia Ribotta, por derecho propio, iniciando demanda sumarísima en los términos del art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley Nº 24.240) contra Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).-
Manifiesta que la pretensión tiene por objeto que se condene a la citada empresa operadora de agua y saneamiento, a que proceda a refacturar los meses comprendidos por los períodos febrero-junio del año 2019, en base a los promedios de agua consumidos durante aquél año y cambie y/o repare el medidor propiedad de la accionante.
Peticiona además, se condene a la demandada a resarcir los daños sufridos por el deficiente accionar de la empresa frente a su reclamo, como los que pudieran surgir producto de cualquier otro accionar dilatorio o privativo de un servicio básico como lo es el agua.
Como antecedente de la acción intentada, principia por mencionar que, durante el año 2018, la aquí actora, tuvo una facturación promedio que varió entre los $ 250,00; $ 750,00 aproximadamente (equivalente al consumo de entre 13 y 27 metros cúbicos de agua por mes).
Que así las cosas, en febrero de 2019 y sin motivo aparente, llegó una facturación de $ 3.983,43 y por el período de marzo de $ 5.502,56, montos que equivaldrían a un consumo de entre 75 a 80 metros cúbicos de agua, esto, a fin de ejemplificar, representaría un consumo de (3) tres mil litros diarios, por lo que entiende, aquellas facturaciones, resultan totalmente arbitrarias y a todas luces ilógicas.
Guardando relación con ello, refiere que el medidor se encuentra totalmente ilegible, circunstancia que impide verificar su estado y/o correcto funcionamiento.
Continúa su relato haciendo hincapié en que, para el supuesto caso que la empresa pretenda ampararse en una supuesta pérdida subterránea, aquél sustento se encontraría contrariándose, toda vez que las facturas subsiguientes fueron disminuyendo -en cuanto al consumo total y el monto de la facturación- pero que, aún así, continuaron siendo sumas excesivas.
En suma, arguye que, ante tales arbitrariedades y la imposibilidad de asumir estos desmesurados costos, inicia una serie de acciones extrajudiciales -v. documentación adjunta en archivo pdf de fecha 20 de junio de 2019-.
En primer orden, dice haber cursado carta documento (CD Nº 955899486 recibida por la empresa en fecha 19 de febrero de 2019 conforme talonario de recibo) por medio de la cual planteó la situación supra detallada e intimó a refacturar con valores lógicos y en concordancia con el último año de facturación. Asimismo, solicitó a la empresa a realizar una inspección en el medidor y un cambio o reparación del mismo en caso de ser necesario; misiva de la que no obtuvo conteste alguno.
Seguidamente, con fecha 01 de abril de 2019 señala que presentó ante la oficina de Aguas Bonaerenses S.A. -Sucursal Marcos Paz- nota por la cual insistió en desconocer los montos a que refieren las facturas relativas a los períodos reclamados y en otro orden, reiterar la solicitud de revisión y refacturación. Todo ello advirtiendo que, de persistir el silencio de la empresa accionada, ocurriría a la instancia judicial correspondiente reclamando los daños y perjuicios que aquél proceder le aparejara.
En ese mismo camino y ante los frustrados intentos por encontrar respuesta a su reclamo, refiere que inició trámite ante la Defensoría del Pueblo de la localidad de Marcos Paz, el cual prosiguió bajo las actuaciones Nº 16169/19 como también reclamo, esto con fecha 15 de marzo de 2019, ante la Autoridad del Agua, sin obtener resolución alguna de aquellos.
Advirtiendo aquel escenario, es que acude a los estrados judiciales a fin de obtener respuesta a su reclamo.
En particular, detalla pormenorizadamente los derechos que -entiende- se hallan vulnerados y que dan sustento a su reclamo.
Primeramente encuadra su pretensión en base al art. 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y sobre los cimientos de la Ley de Defensa del Consumidor, detallando las infracciones que, a su entender "... se suscitaron en el caso de marras y sobre las que ha de basarse al momento de cuantificar los daños y perjuicios que reclama..." [sic].
Para mayor ilustración fundamenta la acción incoada en la indigna atención al cliente recibida, la que se desprende del silencio de la empresa frente a los reclamos realizados -anteriormente descriptos-, conducta que sostiene, despreció sus derechos.
Se apoya en el principio de la buena fe (art. 961 C.C.C.N.), el que debe primar en todo negocio, atendiendo que "... el derecho del consumidor guarda íntima relación con el mercado y con sus "fallas" máxime cuando el presente contrato de consumo resulta ser de adhesión, siendo Aguas Bonaerenses S.A un monopolio en la distribución de agua, no pudiendo acceder a contratar otra empresa en su caso..."[sic].
Señala que, lo precedentemente expuesto, implica la imposibilidad de negociar o de imponer alguna condición por parte del consumidor, resultando aun mas reprochable el incumplimiento en que se vio inmersa la accionante.
Hace mención al estado de incertidumbre en el que se ha visto sometida como consecuencia del largo peregrinar entablado en pos del reconocimiento de sus derechos y frente a las continuas amenazas de corte de servicio de un bien esencial como lo es el agua.
Arguye la falta de cumplimiento al deber de información, toda vez que la empresa jamás informó fehacientemente sobre el motivo de la excesiva facturación como así tampoco, procedió a anoticiar al adquirente del servicio de las contingencias que pudieran haber derivado y ocasionado aquellos montos desmesurados.
Finalmente aduce que, atento la normativa y los hechos antes señalados, la demandada estaba obligada a dar respuesta, máxime cuando esta parte solicitó de manera expresa que se expidiese al respecto.
Capitulo aparte, la actora peticiona en resguardo de sus derechos y ante la amenaza de la empresa demandada de proceder al corte del suministro, una medida de no innovar, ello a los fines de evitar dicho corte y/o cualquier alteración en el servicio.-
Funda lo peticionado en el bien jurídico protegido, poniendo de resalto que el agua es un servicio básico de la vida humana, no teniendo otra posibilidad de acceder al servicio, debido al monopolio que ejerce ABSA respecto del suministro.
Que en otro orden, apartado siguiente, procede a la liquidación de los daños reclamados con motivo del alegado incumplimiento.
Primeramente reclama el daño moral: Alega que resultan innegables las restricciones llevadas a su bienestar, a sus conveniencias, por los disgustos y las agitaciones del espíritu que le han sido causadas. De esta manera, el accionar antijurídico de ABSA S.A., le permite presumir la existencia del agravio moral, la que surge inmediatamente de los hechos mismos, perjuicio que le ha producido quebrantos espirituales que hacen sentir a la actora como "... una cosa, un simple medio o un prisionero de la política comercial de la empresa..." [sic] y, en atención a estas circunstancias, el mismo debe ser resarcido. Por ello reclama la cantidad de $ 50.000,00.
Posteriormente reclama el daño punitivo: Para fundamentar dicho rubro cita la reforma introducida a la Ley de Defensa del Consumidor que, en su artículo 52 bis incorporó la posibilidad de que el consumidor damnificado pueda solicitar un resarcimiento por "daño punitivo" en casos donde exista incumplimiento legal o contractual. Considera la accionante como abusivas e indebidas las conductas y prácticas emanadas de la empresa, sobre todo por tratarse de servicios públicos esenciales. Este rubro reclamado arroja un total de $ 20.000,00.
Por todos los rubros, practica liquidación resultando por ello, el total del reclamo en la suma de $ 70.000,00 con más sus intereses y costas.
Acto seguido y los fines de acreditar los extremos vertidos, funda en derecho, cita jurisprudencia, ofrece prueba y peticiona .
Todo ello ante el Juzgado Civil y Comercial N° 10 de este Departamento Judicial de Mercedes que, en el resolutorio de fecha 07 de agosto de 2019 se declara incompetente, remitiendo las actuaciones a este organismo.
2. Que mediante presentación electrónica de fecha 19 de septiembre de 2019, la actora amplía demanda y ofrece prueba.
Que en dicha oportunidad se limita a detallar los montos relativos a los meses comprendidos entre el período junio-octubre, cuyos valores y diferencias de facturación -dice- resultan obvias y no merecen de mayores explicaciones para notar la total y absoluta arbitrariedad, ilustrando a continuación los montos: $ 1550,14 en junio, $ 1926,78 en julio, $3259,58 en agosto, $ 3187,15 en septiembre y en la suma de $ 4117,67 para el período octubre 2019.
3. Que con fecha 13 de febrero de 2020, proveyendo la demanda incoada por la actora, se resuelve hacer lugar a la medida cautelar peticionada "de no innovar" ordenando a la demandada Aguas Bonaerenses S.A. -conforme los argumentos expuestos- a abstenerse de ejercitar su facultad de interrumpir el suministro de agua en el domicilio de la actora por la deuda que la misma mantiene hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos actuados, disponiendo además -en aquella providencia- el traslado de la demanda a Aguas Bonaerenses S.A. 4.- Que en fecha 24 de junio de 2020 se presenta la Dra. Paula M. E. Cerdá contestando demanda en su carácter de apoderada de Aguas Bonaerenses S.A..
Liminarmente, por imperativo legal, formula una negativa generalizada de los hechos, derechos y toda la documental aportada por la actora en el escrito de demanda que no merezcan especial reconocimiento de su parte.
En su conteste, expresa que, según lo informado por la Gerencia Comercial de Aguas Bonaerenses S.A., al inmueble sito en Emilio Mitre N° 317 e/ Balcarce y Lavalle de Marcos Paz, se le ha asignado la Unidad de Facturación N° 2109535, cuya titularidad está registrada a nombre de la actora.
Refiere que, conforme se desprende del informe de deuda -v. documentación acompañada en archivo pdf-, la liquidación al 23 de junio de 2020 arroja un saldo deudor de pesos setenta y seis mil setecientos ochenta y uno con 55/100 ($ 76.781,55), en concepto de tarifa por la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales con más los intereses devengados calculados conforme la forma establecida en el numeral 23 del Anexo A "Régimen Tarifario" del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N° 3144/08.
Describe las condiciones en las que ABSA debe prestar el servicio público y la tarifa que como contraprestación por aquél los usuarios deben abonar.
Continúa su derrotero defensivo planteando que, la concesión del servicio público, es un contrato administrativo mediante el cual el Estado concedente delega en un tercero la organización y funcionamiento de una actividad destinada a satisfacer necesidades colectivas esenciales -en el caso de marras Aguas Bonaerenses S.A.- prestadora que tiene el derecho y también la obligación de cobrar a los usuarios la tarifa con arreglo al Régimen Tarifario vigente.
Afirma la legitimidad del monto reclamado, resultando por ende verídicas las tarifas allegadas respecto a cada uno de los períodos que la aquí accionante denuncia, como que no se ajustan a la realidad ni se condicen con los montos que se venían colectando.
Realza lo afirmado precedentemente relatando que, según la inspección realizada en el mes de abril de 2019, quedó comprobado el correcto funcionamiento del medidor, registrándose dichos consumos en un todo de acuerdo al régimen tarifario vigente en las facturas que se pretenden impugnar.
Aduce, atendiendo al desconocimiento por parte de la actora de dicho nivel de consumo, que el mismo puede obedecer a inconvenientes en las instalaciones internas, o a un diferente uso del inmueble, resultando aquella circunstancia, responsabilidad del usuario.
Continua diciendo que del informe comercial que en archivo digital acompaña y del acabado análisis de las imágenes del inmueble, se observa: "... un PH no declarado, donde como se aprecia en PB hay oficinas y en PA uno o dos departamentos, con una entrada independiente de ambos sectores. De lo expuesto, es posible inferir que el consumo no sería de un único usuario residencial sino de varias unidades y, eventualmente, de diferentes usuarios que podrían haber disparado el consumo de un año a otro... " [sic].
A mayor abundamiento, recalca que las facturas que por el presente se impugnan, están compuestas por los servicios de agua y desagües cloacales, lo que implica que se incluyen en la misma el costo por ambos servicios, cuestión que no ha sido considerada por la parte actora en ningún pasaje de la demanda.
Entiende que la tarifa resulta ser la fuente principal para el financiamiento de los costos necesarios para la prestación del servicio público y que la renuencia al pago de aquella por la actora afecta la prestación del servicio público que ABSA lleva adelante. En su consecuencia, aceptar su pretensión implicaría necesariamente obligar al resto de los usuarios -que sí abonan la tarifa establecida el Régimen Tarifario- a subsidiar los costos de la tarifa del usuario accionante.
Seguidamente, en otro orden y en relación a los rubros reclamados por la parte accionante, manifiesta -en primer término- la improcedencia del daño moral exigido toda vez que no halla asidero por cuanto la parte actora no acreditó ni ofreció elementos probatorios que determinen la existencia de un verdadero sufrimiento o dolencia producida por la situación traída a juicio.
Por otro lado, pone de resalto la improcedencia del daño punitivo, rechazando la multa prevista por la legislación consumeril la que resulta pretendida por la parte actora.
En ese camino, señala las exigencias generales para poder reclamar aquel rubro, las que enumera: "...a) La existencia de una víctima del daño; b) La finalidad de sancionar graves inconductas; c) La prevención de hechos similares para el futuro..." [sic]. Asimismo, que se haya constatado circunstancias agravantes relativas al dañador, esto es, una grave inconducta o que se haya causado un daño obrando con malicia, mala fe y/o grosera negligencia, ya que la nota distintiva es que lo que se sanciona no es el daño en sí mismo, sino en todo caso, la conducta del dañador.
En tal sentido, considera que, a los efectos de corresponderse dicho rubro, deben concurrir dos elementos: el objetivo y el subjetivo. El primero se traduce en un daño efectivo o posible que, por su gravedad, trascendencia social o repercusión institucional, demande una sanción de este tipo. El componente subjetivo exige del proveedor una conducta desaprensiva o antisocial.
Sostiene entonces que no se aplica en cualquier caso, sino y sólo cuando aparecen dados aquellos supuestos, esto es, cuando la conducta de la parte que provoca la ruptura del contrato va más allá del mero incumplimiento contractual.
En lo que concierne al análisis efectuado solicita; habiendo una marcada carencia probatoria de la pretensión esgrimida y atento no haber abonado dicho servicio desde el período "diciembre de 2018", se rechace este rubro indemnizatorio.
Finalmente ofrece prueba, funda en derecho y peticiona.-
5. Que en fecha 21 de julio de 2020 se ordena la apertura de las actuaciones a prueba y se provee sin mas aquella.
6. Que en fecha 12 de mayo de 2021 se lleva a cabo audiencia testimonial compareciendo a ella los testigos ofrecidos por la parte actora.
7. Clausurada la etapa de prueba, de conformidad con la providencia de fecha 28 de mayo de 2021, con fecha 15 de junio de 2021 se llaman autos para sentencia y;
1. Que la accionante de autos, pretende por medio de la presente acción, se condene a la accionada Aguas Bonaerenses S.A a que proceda a refacturar los meses comprendidos por los períodos febrero-octubre del año 2019, en base a los promedios de agua consumidos durante los períodos anteriores y cambie y/o repare el medidor propiedad de la accionante.
Asimismo, pretende se condene a la accionada a resarcir los daños sufridos por el deficiente accionar de la empresa frente a su reclamo, conducta que conllevó a la actora a transitar un vasto derrotero administrativo hasta verse obligada a iniciar estas actuaciones.
Que en función de ello, funda su pretensión en los arts. 33 y 42 de la Constitución Nacional, art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor.
Que ello determina entonces el marco bajo el cual se desarrollará el presente resolutorio y en su caso, el alcance de la condena.
2. Que primeramente, corresponde determinar las reales condiciones del medidor a los fines de verificar si el consumo de agua utilizado en el inmueble de calle Emilio Mitre Nº 317 de la localidad de Marcos Paz, propiedad de la accionante -Inmueble cuya unidad de facturación resulta ser la Nº 2109535- y cuyos aumentos se controvierten en la presente, resultan producto de una mala lectura o deficiencia en aquél caudalímetro.
Bajo esta línea objetiva entiendo pertinente verter, ante todo, y en la tarea de fijar los hechos que basamentan el presente litigio, los detalles fácticos que se desprenden de las constancias probatorias de autos, por cuanto debo señalar:
a) Que de las declaraciones testimoniales realizadas a través de la plataforma Microsoft Teams; la que fuera celebrada en la sede de esta Dependencia Judicial el 12 de mayo de 2021, surge, a raíz de la declaración del testigo Sr. Julio Enrique Linn -plomero gasista-, conforme se desprende de la quinta pregunta -que para mayor ilustración se encuentra en el minuto 5' a los 40'' segundos- constarle que la vivienda resulta ser de propiedad de la Dra. Sandra M. J. Ribotta y procede a describir las características de la misma, la que dice, se compone de "... estudio jurídico en la planta baja y la vivienda en planta alta ...".
Asimismo, en ocasión de hacer uso la actora del derecho de ampliar -min. 7´ seg 30''-, al ahondar en el tema abunda el testigo diciendo "... la vivienda no tiene pileta de natación, no hay lugar, no tiene capacidad de terreno... ".-
Seguidamente, de la sexta pregunta de -min. 6' seg. 48"- realza lo mentado por la actora en su escrito de inicio toda vez que manifiesta "... cuando fui a verificar si había o no pérdidas el medidor no se podía leer, no se podía tomar su estado..." [sic].
En idéntico orden, de la declaración respectiva al Sr. Bernardino Lopez Torrez -constructor- se desprende de la quinta pregunta -la que reitero, para mayor ilustración se encuentra en el minuto 4' a los 40'' segundos- constarle que la vivienda resulta ser de propiedad de la Dra. Sandra M. J. Ribotta y procede a describir las características de la misma, la que dice, se compone de "... un departamento en la planta alta y su escritorio en planta baja ...".
Seguidamente, de la sexta pregunta de -min. 5' seg. 20"- dice respecto del medidor que "... no se nota nada, es ilegible la medida, el número...".
Que en ocasión de hacer uso del derecho de ampliar, del conteste de la séptima pregunta de -min. 6' seg. 15"- apontoca "...no constatar pérdida de agua alguna...".
Es entonces que, resultando coincidentes los testimonios vertidos por ambos testigos idóneos en sus respectivos oficios, ello implica en cuanto a esta primer valoración, tener por acreditados los extremos fácticos de los que dan cuenta aquellos.
b) Que conforme se desprende a fs. 49/63 aparecen (13) trece fotografías del
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