Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74654
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Genoud, Negri, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.654, "Asociación Civil Aletheia por la vida c/Munic. La Plata s/materia a categorizar. Recurso extraordinario de inapl. ley".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó la sentencia de primera instancia y admitió la acción promovida por "Asociación Civil Aletheia por la Vida", ordenando a la Municipalidad de La Plata a brindar información de carácter ambiental. Impuso las costas de la instancia a la recurrente vencida (v. fs. 255/262 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 278/284) el que fue concedido mediante resolución de fs. 286/287.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 292), agregado el memorial de la parte actora (v. fs. 293/307 vta.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La señora Liliana de las Mercedes Palancio, en su carácter de presidente de la "Asociación Civil Aletheia por la Vida", con fecha 29 de diciembre de 2015, promovió acción sumarísima contra la Municipalidad de La Plata, con el objeto de obtener información ambiental respecto a la extensión de la red de conexión inalámbrica para uso de internet vía WI FI en forma gratuita en los espacios públicos de la ciudad y en el ámbito de distintos barrios por parte de las autoridades municipales (según se detalla en el punto 6 de la demanda), en virtud de la falta de respuesta dentro del plazo legal del art. 8 de la ley 25.831 a la nota presentada en el expediente administrativo 4061-978252/15.
I.2. La jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso n° 4 del departamento Judicial de La Plata, consideró que la demandada cumplió con el objeto de la demanda y por lo tanto debía concluir el proceso.
Para así decidir, consideró que tanto la ley nacional 25.831 sobre Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental como la local 12.475 (sobre acceso a la información pública), garantizan el libre acceso a la información pública pero no su calidad. Destacó que la ley establece solo el deber estatal de dar a publicidad los documentos que obran en su poder, las excepciones y la reglamentación del modo de obtención y sus costos. En base al decreto reglamentario 2.549/04 de la ley 12.475, tuvo por consumado el objeto de la acción con lo acompañado y ofrecido por la demandada. Adujo que ingresar en el análisis sobre la falencia o calidad de los elementos suministrados por la comuna excede el marco acotado por la acción impetrada, cuyo objeto consiste exclusivamente en acceder a los documentos que la Municipalidad tiene en su poder. Condenó en costas a la demandada (art. 68 y concs., CPCC).
I.3. La Cámara de apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora. Revocó la decisión de grado, admitió la acción promovida y ordenó a la Municipalidad de La Plata que en el plazo de treinta días hábiles computados desde su notificación suministre la información detallada en el objeto de la demanda. Impuso las costas a la Municipalidad en su condición de vencida en ambas instancias (conf. arts. 1, 2, 4, 17 y 20 inc. 2, Const. prov.; 1, 2, 17, 19 y concs., ley 13.928 -t. seg. ley 14.192-; ley nacional 25.831 y leyes provinciales 11.723 y 12.475; arts. 1, 14, 33, 38, 41, 42, 43 y 75 inc. 22, Const. nac.; tratados internacionales con jerarquía constitucional; arts. 68 y 274, CPCC; 51, 77 y concs., CCA).
Para así decidir, desarrolló los siguientes fundamentos:
I.3.a. Inicialmente aclaró que la demandada no cuestionó la naturaleza ambiental de la información que motiva la acción de marras, ni la constitucionalidad de la ley 25.831 en su aplicación a la jurisdicción local.
I.3.b. En punto a la información requerida relacionada con la ampliación de la conexión inalámbrica a internet vía WI FI en espacios públicos advirtió que es de competencia del municipio demandado y que la cuestión podría generar una intervención negativa en el ambiente, salud y calidad de vida de la población.
I.3.c. Puntualizó, en ese orden, que la información que solicitara la parte actora por nota de fecha 7 de octubre de 2015, en los términos de la ley 25.831, resultaba comprensiva de una serie de ítems que no encontraron debida respuesta, tal como puede verificarse del listado de puntos que han sido detallados tanto en la presentación administrativa (v. fs. 5/6), como en el escrito de demanda (v. fs. 35/43).
I.3.d. Aseveró, que si bien la Municipalidad demandada aportó documentación (v. fs. 70/184), a saber: copia certificada del expediente 4061-968841/15 por el que tramitó la realización de obras de provisión, colocación y puesta en servicio de una red inalámbrica WI FI en diferentes puntos de la ciudad y del expediente 4061-932512/14, referido a un Convenio Marco entre la comuna y la empresa Movistar (v. fs. 188/189); como así también un informe sobre la existencia de diversos expedientes relacionados con la instalación de antenas (v. fs. 71); la información allí contenida luce insuficiente a tenor de lo requerido por la actora y a la trascendencia de la temática con posible impacto en el ambiente.
I.3.e. Refirió que la parcialidad de la información proporcionada en la instancia judicial no fue justificada por la autoridad pública demandada, quien se limitó a expresar dificultades de índole práctica o de gestión para cumplir con lo requerido. Tuvo en cuenta que la comuna reconoció "... ajustado a derecho lo solicitado por el particular, en su prerrogativa de libre acceso a la información ambiental ..." y, que informó sobre las dificultades para responder en el plazo fijado a partir del cambio de autoridades, el extravío de expedientes y la disolución de determinadas áreas de gobierno (v. contestación de demanda a fs. 49 y vta.).
I.3.f. Ponderó que la información que brindara el municipio omitió responder sobre varios puntos de los requeridos (v. detalle de fs. 5/6 y reiteración de los omitidos a fs. 234 vta. y 235), destacando los relacionados a si se efectuó evaluación de impacto ambiental sobre las antenas WI FI y sus resultados y si se realizaron estudios específicos para determinar la inocuidad de las radiaciones que emiten o emitirán dichas antenas, entre otros puntos.
I.3.g. Expuso que la omisión de la demandada en el presente caso se refiere a un tipo de información que debe ser perfectamente asequible y de fácil control ciudadano, lo que diferencia la especie de otros antecedentes, que cita, en los que se expidió resolviendo que no se hallaba en juego un compromiso ambiental efectivo o intervenían diferentes jurisdicciones.
I.3.h. Estimó que en el sub lite , la información que motiva la acción incumbe producirla a la demandada y no fue materia de controversia el derecho de la actora a acceder a ella; tal como surge de la contestación de demanda de la que se puede inferir de manera inequívoca el reconocimiento expreso del derecho que constituye la plataforma del proceso (v. fs. 49/50) y la ausencia de oposición relativa al objeto y los alcances de la demanda.
I.3.i. Consideró que la omisión de responder de modo oportuno conforme plazo de ley (art. 8, ley 25.831) configura la infracción jurídica prevista en el Régimen de Libre Acceso a la Información Ambiental (conf. art. 9, ley cit.), sin que se haya alegado fundadamente alguno de los supuestos de excepción previstos en el régimen legal (art. 7, ley cit.)
II. Cabe advertir que a fs. 277, con posterioridad al fallo de Cámara, la parte demandada presentó un escrito manifestando que en el expediente administrativo marco 4061-932512/14 se produjeron estudios ambientales y de medición de radiación de las antenas. Afirmó que dichas presentaciones se hallaban desde octubre de 2016 en la Unidad Ejecutora de la Agencia Ambiental para su evaluación, a los fines de analizar los estudios y emitir el dictamen correspondiente. Asimismo, adjuntó constancias del sistema Intranet de APR de seguimiento de expedientes administrativos (v. fs. 268/277 vta.).
III. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación, la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 278/284).
Denuncia que el Tribunal de Alzada dictó un fallo irrazonable, arbitrario y absurdo (con violación de los arts. 3, Cód. Civ. y Com., ley 26.994; 384, CPCC y las reglas de la sana crítica). Agrega que aplicó erróneamente el art. 9 de la ley 25.831 y el decreto reglamentario 2.549/04. Asimismo, denuncia que se ha violado la doctrina legal.
III.1. Afirma que la Cámara realizó aseveraciones falsas en cuanto a la oportunidad y modo de la respuesta a lo peticionado por la actora. Agrega que toda la documentación fue presentada en los plazos acordados, tal como se desprende de las notificaciones y cargos de recepción de escritos.
En otro orden arguye que el Tribunal de Alzada aplicó erróneamente la ley al referirse a una "omisión" de responder ciertos puntos, en tanto que el art. 9 de la ley 25.831 apunta a que debe haber una denegatoria injustificada dolosa, o un ocultamiento, lo cual no se ha dado en el presente caso. Afirma que la solicitud de ampliación de plazo es indicativo de su voluntad de cumplir y que no hubo omisión de entregar toda la información, ya que los puntos que se dicen omitidos simplemente no se hallan registrados en la comuna. Tal es así, aduce, que el decreto reglamentario 2.549/04 en su art. 19 especifica que la información debe entregarse en el estado en que se encuentre al momento de efectuarse la solicitud.
III.2. Agrega que actualmente en cada alcance del expediente 4061-932512/14, están agregados los informes de impacto ambiental y las mediciones de radiación real de cada antena y que dichos expedientes se encuentran desde octubre de 2016 en la Unidad Ejecutora de la Agencia Ambiental para su evaluación.
IV. El recurso extraordinario interpuesto no prospera debido a su insuficiencia técnica (art. 279, CPCC).
IV.1. Los fundamentos que sostienen el fallo atacado no logran ser desvirtuados por el discurso impugnativo traído.
Este Tribunal tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. causas A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 70.763, "Cheves", sent. de 29-VI-2016; e.o.).
IV.2. El a quo concluyó, luego de analizar detalladamente las constancias de la causa, que ante el pedido de informes de carácter ambiental efectuado en la comuna en el año 2015, la parte demandada no respondió dentro del plazo de treinta días hábiles que le otorga la ley (art. 8, ley 25.831). Para ello tuvo especialmente en cuenta la omisión de respuesta sobre si se había efectuado evaluación de impacto ambiental respecto de las antenas WI FI y sus resultados y si se realizaron estudios específicos para determinar la inocuidad de las radiaciones que emiten o emitirán dichas antenas, entre otros puntos. En virtud de ello, y por no haberse alegado fundadamente alguno de los supuestos de excepción previsto en el régimen legal, entendió que se configuraba la infracción jurídica prevista en el art. 9 de la ley citada.
No obstante ello, el recurrente sostiene que tanto el cumplimiento en plazo con la información que tenía en su poder como así también su solicitud de prórroga, son hechos que demuestran su buena voluntad y la falta de dolo en su comportamiento. A ello agrega que tampoco tenía obligación de acompañar la documental que se le ha requerido, por todo lo cual solicita se lo dispense.
IV.3. El incumplimiento de los plazos del art. 8 de la ley 25.831, como así también la cuestión referida a si la conducta de la demandada se halla entre las excepciones que habilita dicha normativa, fueron puntos evaluados por el a quo con apoyo en la prueba producida en autos, en sentido desfavorable para el municipio. Ello constituye el resultado del ejercicio de una labor privativa de los jueces de la causa; cuya revisión en principio excede el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, salvo denuncia y debida demostración del absurdo (doctr. causa A. 69.199, sent. de 6-V-2009), extremo que el recurrente no ha logrado patentizar.
Tal como ha ido elaborándose por este Tribunal, el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia recurrida, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Más no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, o supuestos intentos similares, alcanzan para configurar tal absurdo. Es necesario, por el contrario, que se demuestre un importante desarreglo desde la base del pensamiento, una anomalía extrema o una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se ponga en evidencia la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado. Y ello por supuesto, debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca. Para que este Tribunal ingrese a la consideración de cuestiones fácticas al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable; resultando indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. causas C. 102.803, sent. de 31-X-2012; C. 109.731, sent. de 2-V-2013; C. 117.952, sent. de 7-V-2014; A. 70.082, "Longarini", sent. de 29-III-2017; e.o.).
IV.4. Para más, el recurrente no invoca, ni acredita, la configuración en la especie de alguna de las causales previstas en el art. 7 de la ley 25.831 para justificar su incumplimiento, sino que se limita a enunciar el decreto reglamentario 2.549/04, norma que no ha sido actuada por el tribunal a quo , relacionada con la información pública en la Provincia de Buenos Aires, cuya violación tampoco demuestra, en tanto en el caso se trata de la omisión de acompañar información en el plazo de la ley nacional 25.381. Además, la Cámara al momento de resolver, tuvo en cuenta el carácter sensible y específico de la información ambiental, diferente a la información pública en general, lo que fue soslayado por el impugnante al fundamentar su recurso.
Respecto del agravio referido si la omisión debe ser dolosa para que se configure la infracción jurídica prevista en la norma, cabe señalar que dicha categorización no surge de la ley y tampoco ha sido evaluada con ese alcance por la Cámara, por lo cual, resulta insuficiente para lograr rebatir el razonamiento del fallo.
Este Tribunal ha sostenido que quien afirma la violación de un precepto legal o doctrina no hace sino adelantar una premisa cuya inmediata demostración debe concretar en el mismo escrito (conf. causas C. 96.432, "Cooperativa Industrial y Comercial Tamberos Unidos de Paso Ltda.", sent. de 7-X-2009 y C. 98.449, "Fritzler", sent. de 25-VIII-2010), extremo que no queda satisfactoriamente abastecido con la sola mención de distintas normas jurídicas o el despliegue de una argumentación que no se dirige al punto neurálgico del fallo cuestionado (causas C. 116.855, "Villagra", sent. de 7-V-2014; C. 119.184, "Ludueña", sent. de 6-IV-2016 y C. 121.978, "Ramos", sent. de 17-X-2018).
IV.5. Igual déficit impugnativo porta la invocada violación de la doctrina legal.
Es criterio reiterado de este Tribunal que el recurrente debe individualizar concretamente la doctrina que reputa infringida y señalar los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que pretende sea aplicado, debiendo indicar la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulta conculcada por el tribunal de apelación (conf. causas A. 73.480, "Rivarola", sent. de 6-IV-2016; A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.760, "Aros Peralta", sent. de 11-VII-2018; e.o.).
Pues bien, la alusión genérica e imprecisa a la violación de doctrina legal -como la efectuada por el recurrente-, incumple la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos de la doctrina vulnerada o erróneamente aplicada (conf. causas A. 72.077, "Lunghi", sent. de 19-X-2016; A. 73.760, cit.; e.o.).
Así las cosas, se observa que el discurrir de la recurrente sólo evidencia su discrepancia con el fallo, pero no logra demostrar la errónea aplicación de las normas que cita el a quo, en especial, respecto de su conclusión referida a la configuración de la infracción prevista en el art.9 de la ley 25.831, por la falta de respuesta en el plazo de treinta días hábiles, a partir de la fecha de presentación de la solicitud (art. 8).
IV.6. Con respecto a las constancias obrantes a fs. 268 y siguientes, dada la extemporaneidad de su presentación (con posterioridad a la sentencia de Cámara), y en virtud de lo fallado por el a quo en cuanto al plazo incumplido por la demandada, resultan insustanciales en esta instancia extraordinaria.
V. Si bien lo dicho hasta aquí basta para el rechazo del recurso extraordinario interpuesto, cabe recordar algunos conceptos que se han vertido en los autos A. 70.082, "Longarini", sentencia de 29-III-2017, que ratifican el criterio con el que deben actuar los jueces en materia de acceso a la información ambiental.
Los recientes pronunciamientos de la Corte federal y de este Tribunal se orientan en el sentido de ratificar un criterio amplio para acceder a la información en poder del Estado (v. fallo de la CSJN en la causa "Gil Lavedra", G.36.L, sent. de 14-X-2014 y de este Tribunal en causas A. 70.571, "Asociación por los Derechos Civiles", sent. de 29-XII-2014 y A. 70.082, cit.). La Constitución nacional, al igual que la provincial, establecen el principio republicano de gobierno siendo una de sus manifestaciones primordiales la exigencia de publicidad de los actos de las autoridades del Estado (art. 1, Const. prov.).
Asimismo, tal como expresé al emitir mi opinión en las causas A. 70.571 y A. 70.082 citadas, este derecho evoluciona progresivamente. Por sobre su formulación clásica, la adecuada publicidad de los actos importa una práctica que atañe a la "buena administración" (Baena del Alcázar, M.; "Sobre la idea europea de buena administración", Noticias CEE, n° 247-248, 2005; Tomás Mallén, B.; "El derecho fundamental a una buena administración", INAP, Madrid, 2005; Ponce Solé, J.; Deber de buena administración y derecho al procedimiento administrativo debido, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2001, pág. 126 y sigs.; conf. González Calderón, Juan A.; "Curso de Derecho Constitucional", 6ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1975, p. 35) y en general al conocimiento de la cosa pública (v. doctr. CSJN Fallos: 330:3908; v. en sentido coincidente Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Claude Reyes vs. Chile , se
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