Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75640
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.640 “AQUINO RICARDO NICOLAS C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ MATERIA A CATEGORIZAR. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—“
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor de Lázzari dijeron:
I. En las presentes actuaciones, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n°1 del Departamento Judicial La Plata hizo lugar parcialmente a la acción contencioso administrativa promovida por el señor Ricardo Nicolás Aquino, declarando la nulidad de las Resoluciones Nº 3439 (16-XII-14) y N° 606 (11-III-15) dictadas por el Sr. Auditor General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante las cuales -oportunamente- se revocó el acto administrativo que había declarado prescripta la acción disciplinaria en su contra y le impuso la sanción de suspensión de 60 días. Consecuentemente, ordenó a la Provincia de Buenos Aires a que efectúe el pago de los haberes retenidos durante el tiempo que duró la disponibilidad preventiva -con excepción del período 2-VIII-04 al 1-VIII-11- con más el interés que indicó, ordenando se practique la liquidación correspondiente (v. fs. 101/109 vta.).
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en esta ciudad, haciendo lugar -por mayoría- a la apelación interpuesta por la Fiscalía de Estado, revocó el pronunciamiento de grado, rechazando en su totalidad las pretensiones deducidas en la demanda (fs. 127/133 vta.).
Señaló que la cuestión a dilucidar radicaba en determinar si resolución 3439/14 -y su confirmatoria, n°606/15-, en cuanto revocó por contrario imperio la resolución n° 19.963/11 que había declarado prescripta la acción disciplinaria seguida contra el accionante, fue dictada en ejercicio legítimo de la potestad anulatoria administrativa.
En ese marco, comenzó por resaltar el límite de la potestad anulatoria de la Administración, señalando las pautas jurisprudenciales vigentes en torno a los arts. 114 y 117 del decreto ley 7647/70 y su íntima vinculación con el transcurso del tiempo. Recordó -además- que este Superior Tribunal ha sostenido que frente a supuestos de irregularidades en los elementos esenciales de actos administrativo que permitan su anulación por la misma autoridad que los dictó, mediando ausencia de norma expresa de derecho local que regule la prescripción de tal acción, debería estarse analógicamente a lo que estatuía el art. 4030 del Código Civil -que regía al tiempo de resolverse los casos que se citan-, en cuanto establecía el termino de dos años para la prescripción de la acción de nulidad de los actos jurídicos emitidos con dolo, error o falsa causa, desde que el error, dolo o falsa causa fuere conocida por la administración.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo expuesto, juzgó que -en el caso- del examen de las actuaciones administrativas no se podía tener por acreditado que la administración hubiera ejercido su atribución extintiva por fuera del plazo aludido.
En efecto, analizando los hechos de la causa, relató que después de ser notificado en fecha 15-X-2011 de la Resolución n° 19.963 (antes citada), el accionante efectuó una presentación ante la Administración procurando el pago de los haberes retenidos durante el tiempo que permaneció en disponibilidad preventiva y la adecuación de su situación jerárquica. Que fue a partir de dicha solicitud, el día 25-II-2013, que la Asesoría General de Gobierno, previo a dictaminar, solicitó se le informara acerca de la fecha en la que culminó la ejecución de la pena impuesta en sede penal. Así, ante dicho requerimiento, se libró oficio al Juzgado de Garantías n°8 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, el cual comunicó que la pena de siente años de inhabilitación especial para ejercer empleos públicos y para utilizar armas de fuego impuesta al señor Aquino adquirió firmeza el día 2-VIII-2004, habiendo vencido el día 1-VIII-2011. En ese marco, el día 14-I-14 intervino nuevamente la Asesoría, expresando que debía ponderarse lo dispuesto en el articulo 70 -ultimo párrafo- del decreto ley 9550/80, en cuanto dispone que el proceso judicial suspende la prescripción de la acción hasta su resolución final. Refiriendo además que medió un cómputo incorrecto del plazo de prescripción al omitirse considerar que el encartado resultó condenado en sede penal y la ejecución de la pena impuesta finalizó el 1-VIII-2011, circunstancia que determinó que el auditor dictase la resolución n°3439/14, por medio de la cual se revocó la anterior, imponiendo la sanción de sesenta días de suspensión al agente.
Bajo tales parámetros, concluyó que de los antecedentes fácticos y jurídicos analizados se desprendía que la resolución n° 19.963 presentaba un vicio de nulidad insalvable que solo fue conocido por la Administración, a partir del informe presentado por el Juzgado de Garantías n°8 (arriba mencionado) en fecha 2-X-2013, resultando dicha circunstancia determinante para el cómputo del plazo prescriptivo.
Lo expuesto -resaltó-, toda vez que, si bien en la resolución primigenia que dispuso declarar prescripta la acción disciplinaria se había considerado la existencia de una condena penal contra el actor, lo cierto es que fue recién a partir de la contestación del oficio de fecha 2-X-13 (cit. supra) el momento en el que se tuvo conocimiento que la sentencia adquirió firmeza el día 2-VIII-04, habiendo culminado su ejecución el día 1-VIII-11.
En consecuencia, aseguró, únicamente a partir de la recepción de dicho informe fue posible constatar si efectivamente la acción disciplinaria se hallaba prescripta. De tal modo, precisó que desde el conocimiento del vicio por parte de la Administración en fecha 2-X-13, hasta el dictado de la resolución N° 3439 del día 16-XII-14 -que finalmente revocó por contrario imperio el acto primigenio- se mantuvo vigente el ejercicio de la potestad anulatoria, sin que hubiera transcurrido el plazo de dos años antes aludido (art. 117, dec. ley 7647/1970 y su doct.).
En estas condiciones, advirtió que los actos impugnados fueron dictados dentro de las atribuciones legales expuestas, no mereciendo censura alguna desde el punto de vista temporal (art. 117, dec. ley 7647/1970 y doct. Cit.).
A mayor abundamiento, destacó que la decisión adoptada tampoco afectaba la estabilidad de los actos administrativos, como entendiera el magistrado de primera instancia, pues el ejercicio de la potestad anulatoria de oficio resultó ajustado a los límites establecidos en los artículos 114 y 117 del decreto ley 7647/1970, en tanto el acto que declaró prescripta la acción disciplinaria se encontraba afectado de un vicio en el objeto que lo tornaba nulo, habiendo procedido a revocarlo dentro del plazo de prescripción previsto legalmente (v. en sent. conc. causa SCBA B 63.384 “Zara”, sent. del 5-III-14).
III. Frente a ello, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 137/138 vta.), el que fue concedido a fs. 140/141.
En su presentación, sostiene que la sentencia atacada hace una aplicación errónea y desajustada de la doctrina imperante en el fuero acerca de los arts. 114 y 117 del Decreto 7647/70, contrariando los principios de equidad y seguridad jurídica.
IV. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente, respecto a que, a su entender, la decisión atacada permite al Administrador revocar por contrario imperio la resolución que le otorgó derechos, aun estando ese acto administrativo firme, consentido y notificado, superando el plazo de prescripción y pasado a cosa juzgada administrativa, se desentienden de los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo, sin desarrollar de manera adecuada una crítica concreta y razonada.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (conf. causa A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D`Aloisio"; resol. de 27-XII-2017; A. 75.948, "Urrutia", resol. de 23-X-2019; entre otros).
Asimismo, este Tribunal tiene dicho que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no formula una réplica eficaz de las conclusiones esenciales del fallo, emitiendo una impugnación que no va más allá de meras y escuetas afirmaciones, en las que exhibe el disentimiento personal del recurrente, con las que da por sentado extremos que deberían haber sido objeto de expresa demostración (Ac. 33.859, sent. del 7-XII-1984; C. 98.642, sent. del 25-III-2009).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el decisorio que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos SA", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019, entre otras), diligencia no verificada en la especie.
Además, en lo que atañe a la pretendida vulneración de los principios de equidad y seguridad jurídica, no se evidencia -en principio- que se hayan formulado argumentos bastantes para demostrar la relación directa e inmediata con las circunstancias particulares del caso, no siendo idóneas a tal fin las genéricas alegaciones volcadas al respecto.
IV. 2. Por ultimo, tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal que cita.
En efecto, si bien el recurrente ha individualizado algunos precedentes de este Tribunal, lo cierto es que no se ha detenido a explicar de qué modo se ha violado la doctrina que de éstos emana, ni cuales han sido concretamente las circunstancias de hecho en las cuales se pronunció en cada uno de ellos y que hacen de dichos supuestos uno análogo al presente.
Tiene dicho este Tribunal que deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados -como aquí acontece- mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (doctr. causas A. 72.949, "Rivarola", sent. de 17-V-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 76.142, "Mondelez Argentina SA", resol. de 20-XI-2019, entre muchas otras).
V. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/07/2020 10:53:07 - DE LAZZARI Eduardo Nestor
Funcionario Firmante: 20/07/2020 11:51:49 - KOGAN Hilda
Funcionario Firmante: 04/08/2020 18:27:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2020 16:07:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2020 09:58:23 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia