Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75179
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 75.179, "Adecco Recursos Humanos Arg. S.A. c/ ARBA y ot. s/ Materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia que había rechazado las excepciones deducidas por la parte demandada y -en consecuencia- declaró inadmisible la pretensión articulada (v. fs. 101/106 y 142/145).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 146/160), el que fue denegado por la Cámara interviniente debido a la falta de cumplimiento del requisito de depósito previo exigido por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 166/167 y 170).
A su turno, esta Corte hizo lugar a la queja articulada contra la denegatoria aludida, concedió el recurso interpuesto e intimó a la actora a que acreditara el cumplimiento del requisito de depósito previo en el plazo de cinco días desde la apertura de cuenta judicial por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo que en su oportunidad fue cumplido (v. fs. 208/212, 215/216 y 223/224).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 224), acompañado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. presentación electrónica de fecha 14 de febrero de 2019, 3:21:17 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La firma Adecco Recursos Humanos Argentina S.A. y los señores Martín Alonso Rotaeche, Hervé Antoine Pollet y Patricio Dewey promovieron, sobre la base de lo dispuesto por el art. 296 del Código Civil y Comercial, formal demanda de redargución de falsedad contra la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y el señor Juan Pablo Posik, con el objeto de que se declarase la falsedad de los formularios únicos de notificación R-132, agregados a fs. 2.310 y 2.311 del expediente administrativo 2360-375.556/2011.
Explicaron que dichos instrumentos, suscriptos por el señor Posik, señalan que en su oportunidad se les notificó la disposición delegada 6.314/15, a través de la cual el Departamento de Relatoría Área Interior -sede Mar del Plata-: a) determinó una presunta deuda de Adecco Recursos Humanos en carácter de agente de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente al período fiscal 2010; b) reclamó asimismo el pago de intereses, multas y recargos; y c) estableció la responsabilidad solidaria de los señores Pollet, Alonso Rotaeche y Dewey.
Aseguraron que los documentos referidos carecen de autenticidad, ya que el señor Posik no se presentó en los domicilios allí indicados (Carlos Pellegrini n° 855, 1er. y 2do. piso de CABA) durante las fechas consignadas (entre el 21 y el 29 de diciembre de 2015, a las 9:15 hs.), motivo por el cual -pese a lo plasmado en las actas correspondientes- tampoco pudo fijar los formularios en la puerta, ante la alegada falta de firma de las personas que supuestamente los recibieron. Solicitaron por consiguiente que se declarase la falsedad de los instrumentos apuntados y asimismo la inexistencia de las notificaciones presuntamente practicadas.
Advirtieron que las sociedades del grupo Adecco son objeto de múltiples procedimientos administrativos por parte de ARBA y que en virtud de ello guardan especial atención cuando dicho organismo les cursa una notificación.
Precisaron que, en el marco del expediente 2360-375.556/2011, presentaron, en su oportunidad, descargo contra la disposición de inicio del procedimiento determinativo y sumarial; que el 29 de septiembre de 2015 ARBA les notificó la disposición a través de la cual -entre otras- se resolvió la apertura a prueba; y que recién el 27 de mayo de 2016 la firma tomó conocimiento, por intermedio de un cliente, de que se les había trabado embargo administrativo.
Relataron que, a raíz de ello, el 1 de junio de 2016 tomaron vista del expediente 2360-375.556/2011; que en ese momento constataron que el 14 de diciembre de 2015 ARBA había dictado la antes mencionada disposición 6.314/15; y que además tomaron conocimiento, por primera vez, de la existencia de los formularios glosados a fs. 2.310 y 2.311 de las aludidas actuaciones.
Detallaron que la única forma de acceder al edificio donde se encontraban ubicadas las oficinas del grupo Adecco consistía en atravesar molinetes de seguridad ubicados en la planta baja con una credencial magnética habilitada al efecto y que, de la consulta a los registros del programa informático utilizado por el personal de ingreso al edificio, surge que el funcionario notificador de ARBA no ingresó en las fechas consignadas en los formularios cuestionados, sino en otras oportunidades y a otros efectos. En abono de sus dichos, ofrecieron prueba.
En cuanto a la admisibilidad de la demanda, recordaron que, según lo dispuesto por el art. 162 del Código Fiscal, "[l]as actas labradas por los empleados de la Autoridad de Aplicación harán plena fe mientras no se acredite su falsedad". Añadieron que el Tribunal Fiscal de Apelación ha indicado, en tal sentido, que, para la declaración de invalidez de las actas, se requiere inexcusablemente su tacha a través de la redargución de falsedad en sede judicial.
Expresaron que el art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial prevé a ese efecto la vía incidental, pero en sustento de su planteo citaron doctrina que admite asimismo la promoción de una demanda autónoma y lo establecido por el art. 296 del Código Civil y Comercial, que supone que la declaración de falsedad se realice "...en juicio civil o criminal".
Razonaron que la acción debe incoarse en forma autónoma debido a que, en el caso, los formularios impugnados no involucran un proceso judicial, sino que corresponden a un procedimiento administrativo. Sin perjuicio de ello, aclararon que, a todo evento, también promovieron incidente de redargución de falsedad, basados en lo dispuesto por el art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial, dentro del marco del expediente administrativo.
II. En oportunidad de contestar el traslado corrido, la Fiscalía de Estado opuso excepción previa de inadmisibilidad formal de la pretensión, en los términos del art. 35 inc. 1 apartado "i" del Código Contencioso Administrativo. Lo mismo hizo a fs. 81/84 el señor Juan Pablo Posik.
Tanto una como el otro denunciaron falta de agotamiento de la vía administrativa, por no haberse dictado un acto que resuelva en forma definitiva el reclamo formulado por los aquí demandantes.
Sostuvieron que, a partir de que los interesados interpusieron recurso administrativo, la cuestión quedó sometida a un procedimiento previo que no puede abandonarse sin aguardar una decisión expresa o tácita que lo resuelva. En apoyo de sus dichos, citaron jurisprudencia y doctrina.
Señalaron que, aunque cierto tipo de pretensiones permiten al actor promover demanda directa contra la administración, en la especie la materia fue sometida a conocimiento del Tribunal Fiscal de Apelación y que por tal razón corresponde aguardar su decisión, sin que tampoco se haya configurado ni invocado en el sub lite una situación de silencio o retardación.
Plantearon que más allá del nomen iuris otorgado por los actores a la pretensión incoada, esta encuadra en la previsión del art. 12 inc. 1 del Código Contencioso Administrativo, ya que en definitiva se persigue la nulidad de un accionar administrativo, pero adujeron que, como no se trata de un acto final sino de una notificación, la vía escogida resulta improcedente.
Añadieron que, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 128 del Código Fiscal, el recurso de apelación comprende el de nulidad. Consideraron que esta regla abarca lo relacionado con vicios en la notificación del acto administrativo.
A mayor abundamiento, advirtieron que los demandantes omitieron en autos desconocer la legitimidad del acto cuya notificación se cuestiona y que tampoco expresaron cuales fueron las defensas de que se habrían visto privados, los derechos presuntamente vulnerados ni el daño supuestamente padecido. Citaron doctrina y jurisprudencia de acuerdo con la cual no procede la declaración de nulidad sin perjuicio. De allí extrajeron que la solicitud formulada resulta inatendible.
III. El juez de primera instancia desestimó las excepciones previas de inadmisibilidad de la pretensión articuladas por la parte demandada.
A tal fin, consideró necesario diferenciar entre la acción promovida, por medio de la cual se plantea la redargución de falsedad de los formularios de notificación de la disposición delegada 6.314/15; y el recurso administrativo deducido ante el Tribunal Fiscal de Apelación.
Puntualizó que mediante la demanda de autos no se cuestiona el contenido de la disposición delegada referida ni la nulidad de su notificación, sino que se tachan de falsos los datos consignados en las actas labradas por el señor Juan Pablo Posik, en lo que respecta a la forma en que se habría producido el anoticiamiento.
Manifestó que tanto esta Corte y el Tribunal Fiscal de Apelación como sus homólogos nacionales tienen dicho que para la declaración de invalidez de un instrumento público no alcanza con realizar meras afirmaciones, sino que se requiere un proceso judicial de redargución de falsedad. En igual sentido citó lo dispuesto por el art. 162 inc. "b" del Código Fiscal.
Concluyó que no puede exigirse a los actores el cumplimiento del requisito de agotamiento de la vía administrativa, ya que no se impugna aquí la disposición delegada 6.314/15, recurrida ante el Tribunal Fiscal de Apelación, sino que se plantea la falsedad de los formularios de notificación de aquel acto, cuestión que transita por un carril independiente, más allá de su estrecha relación.
IV. A su turno, la Cámara interviniente, por mayoría, revocó la sentencia de primera instancia, declarando inadmisible la pretensión articulada.
En sustento de dicha decisión, aseguró que el fallo apelado incurría en error de juzgamiento al intentar segregar un aspecto del procedimiento administrativo que resultaba indisoluble del contenido del acto de clausura a dictar por el Tribunal Fiscal de Apelación.
Argumentó que este último organismo habría de ponderar, eventualmente, la validez de la notificación de la disposición determinativa y sancionatoria. Postuló la necesidad de que promedie una voluntad final de la Administración sobre el acto determinativo y el procedimiento que lleva a su dictado.
Estimó que el sistema adjetivo no solo exige dar satisfacción a los carriles de promoción de las pretensiones del art. 12 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101), que no comprenden a la demanda independiente de redargución de falsedad, sino también que esta se incorpore a las variables de impugnación posibles, una vez agotada la vía administrativa.
Sostuvo que este último requisito resulta siempre necesario para alcanzar una decisión que exprese la voluntad del órgano emisor, a menos que se configure el supuesto de silencio previsto por el art. 16 de la ley 12.008, lo que no ocurre en autos.
Concluyó que la articulación de un recurso administrativo que no cuenta todavía con una respuesta definitiva obsta a la admisibilidad de la demanda promovida.
V. Mediante el recurso de inaplicabilidad deducido, los actores denuncian violación de los arts. 162 inc. "b" del Código Fiscal (t.o. 2011) y 296 del Código Civil y Comercial; apartamiento de la doctrina de esta Suprema Corte y de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Fiscal de Apelación y la Corte nacional, según la cual los hechos denunciados por un oficial notificador como pasados ante él solo pueden desvirtuarse mediante la pertinente acción de redargución de falsedad, en razón del carácter de instrumentos públicos que revisten las actas labradas en tal sentido; y errónea aplicación de la normativa sobre imposición de costas.
Concretamente, invocan, además de los preceptos referidos, lo decidido por esta Suprema Corte en las causas B. 61.954, "Oyarzún", sentencia de 27-IX-2000; Ac. 80.004, "Ysas", sentencia de 11-IX-2002; B. 57.199, "Secondi", sentencia de 22-VIII-2012 y A. 71.645, "Colangelo", resolución de 8-X-2014. Asimismo, citan lo resuelto por la Corte nacional in re "García Paredes", sentencia de 1-VII-1997. También mencionan el temperamento adoptado por el Tribunal Fiscal de Apelación en los expedientes "Havanna S.A.", sentencia de 14-X-2008; "Schiavone", sentencia de 2-VIII-2007 y "Chisap", sentencia de 6-XI-2014.
De allí derivan que los formularios de notificación constituyen instrumentos públicos cuyo medio de impugnación es necesariamente la redargución de falsedad y que esta debe tramitar en sede judicial, ya sea por incidente, en los términos del art. 393 del Código Procesal Civil y Comercial, o por acción autónoma.
Cuestionan el razonamiento practicado por la mayoría del Tribunal de Alzada, en cuanto omitió distinguir entre la redargución de falsedad de los formularios de notificación -en su carácter de instrumentos públicos- y la nulidad relacionada con el incumplimiento del procedimiento administrativo o la falta de alguno de los elementos esenciales que hacen a la legitimidad del acto.
Precisan que, por tratarse de cuestiones distintas, pueden presentarse: i) casos en los que si bien el contenido reflejado en el documento es verdadero, no se ha cumplido con el procedimiento dispuesto al efecto, lo que torna nula la notificación; ii) casos en los que si bien se ha cumplimentado el procedimiento establecido en la normativa, el contenido del acto es falso, por lo que corresponde redargüirlo de falsedad; y iii) casos en los que concurren ambas circunstancias, en los que resulta viable tanto el planteo de nulidad en sede administrativa como la redargución de falsedad en sede judicial.
Argumentan que esto último es lo que sucede en autos y que la demanda aquí intentada no se encuentra supeditada al planteo previo en sede administrativa ni al agotamiento de dicha vía, debido a que la Administración (incluido el Tribunal Fiscal de Apelación) es incompetente para expedirse sobre la falsedad de un instrumento público. Aducen que esta cuestión solo puede ser sometida a conocimiento del Poder Judicial. En línea con lo expuesto, niegan que la interposición de recurso administrativo ante el Tribunal Fiscal de Apelación obste al progreso de la acción incoada.
Avalan sus dichos con citas del voto en minoría del tribunal a quo y de lo decidido por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata en la causa "Patay", sentencia de 29-XI-2007.
En materia de costas, denuncian falta de adecuada fundamentación legal por haberse invocado el art. 51 inc. 2 de la ley 12.008, norma considerada impertinente en virtud de no tratarse en autos de un agente público ni de un reclamo de carácter previsional.
Sin perjuicio de ello, a todo evento, consideran que en la especie existe mérito suficiente para eximirlos del pago de costas por haber actuado conforme lo prevé la normativa aplicable y siguiendo las pautas jurisprudenciales en la materia.
VI. Por los fundamentos que a continuación expondré, anticipo que -en mi opinión- el recurso debe prosperar.
VI.1. La solución de la controversia planteada exige ante todo discernir si los formularios de notificación de una disposición determinativa y sancionatoria dictada por ARBA, labrados en su oportunidad por un empleado de dicho organismo (el señor Juan Pablo Posik, codemandado en autos), revisten o no el carácter de instrumentos públicos.
En caso negativo, su alegada falsedad podría ser analizada en el procedimiento administrativo correspondiente, puesto que los hechos consignados en tales documentos serían susceptibles de quedar desvirtuados frente a la prueba suficiente que en ejercicio del derecho de defensa se aportase allí en contrario.
Ahora bien, en el supuesto de entenderse que las actas referidas revisten el carácter de instrumentos públicos, la tesis de la actora, de acuerdo con la cual la falsedad del lugar, la fecha y los hechos supuestamente cumplidos por el funcionario en cuestión debe ser declarada en el marco de un proceso judicial de redargución, tal como el promovido, merecería ser favorablemente acogida (arg. arts. 296 inc. "a", Cód. Civ. y Com.; 393, CPCC).
Por cierto, en este último escenario, el cumplimiento del requisito de admisibilidad de la pretensión consistente en agotar de manera previa la vía administrativa no podría ser razonablemente exigido. Ello así, por cuanto prescribir el tránsito anticipado por un procedimiento inidóneo para brindar una respuesta adecuada a quien persigue una declaración de falsedad que solo los órganos del Poder Judicial se hallan en condiciones de realizar, constituiría una carga excesiva e inútil, frente a la cual aquella pretendida exigencia perdería virtualidad (conf. art. 14 apdo. 1 inc. "b", CCA -texto según ley 13.101-).
VI.2. De conformidad con el art. 289 inc. 2 del Código Civil y Comercial, vigente durante las fechas consignadas en las actas de notificación objeto de debate (cabe recordar que ellas se ubican entre el 21 y el 29 de diciembre de 2015, mientras que el cuerpo normativo recién citado entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, conf. ley 27.077), "[s]on instrumentos públicos: [...] los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establecen las leyes".
Dicho precepto concuerda en lo sustancial con su antecesor, el art. 979 inc. 2 del Código Civil (ley 340), según el cual "[s]on instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: [...] Cualquier [...] instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado".
En la doctrina de los autores, la norma recién transcripta ha dado lugar a diversas interpretaciones sobre el carácter de instrumento público que podría eventualmente reconocerse a las actuaciones administrativas.
Bielsa entendía que "...en la actividad administrativa de sustancia jurídica se forman instrumentos que por eso solo -es decir, por ser de la Administración pública- son 'públicos'". Coincidía así con la opinión de Salvat, para quien, en razón de los términos generales del art. 979 inc. 2 del Código Civil (ley 340), son instrumentos públicos "...los extendidos por toda clase de funcionarios públicos, ya se trate de funcionarios del poder ejecutivo, legislativo o judicial, [...] cualquiera sea la naturaleza u objeto del instrumento". Entre tales instrumentos públicos, el maestro del derecho administrativo mencionaba puntualmente a las comunicaciones y notificaciones de actos administrativos, sin importar su contenido (conf. Bielsa, Rafael; "Instrumento público emanado de funcionario de un órgano del Estado", JA 1949-II, sección doctrina, págs. 5, 8 y 22).
En un sentido semejante, Spota destacaba que el citado art. 979 inc. 2 del Código Civil se refería a "cualquier" instrumento que "extendieren los funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado". Según su criterio, "[n]o se concibe que el Estado [...] dé nacimiento a actos administrativos, con el requisito de la forma escrita, y que el instrumento probatorio de ese negocio jurídico de derecho administrativo, no cuente con la fe pública inherente a todo instrumento público (arts. 993 a 995, C.C.). Llenadas las formas prescriptas por el derecho administrativo (art. 986, C.C.), el instrumento probatorio del acto administrativo es un instrumento público" (conf. Spota, Alberto G.; "Carácter de instrumentos públicos d
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