Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75712
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.712, "Marazzato, Raúl José y otro/a c/ Municipalidad de La Plata y otro/a s/materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud, Torres, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la decisión de primera instancia que había admitido la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Fiscalía de Estado. Ello sin perjuicio de la continuidad del proceso con el alcance de juicio individual o pluriindividual, no colectivo (v. sent. de fecha 11-IX-2018).
Disconforme con tal pronunciamiento, los actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito de fecha 1 de octubre de 2018), cuya concesión fue denegada con fundamento en la falta de definitividad de la resolución impugnada (v. resol. de fecha 20-XII-2018).
Interpuesta contra dicha decisión queja en los términos del art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de fecha 1 de febrero de 2019), este Tribunal, mediante resolución de fecha 6-XI-2019, declaró mal denegado el recurso y lo concedió.
Llamado autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En las presentes actuaciones los señores Raúl José Marazzato e Irma Telma Piacente, promovieron una acción colectiva contra la Municipalidad de La Plata y la Provincia de Buenos Aires en representación de las personas afectadas por la inundación sucedida los días 2 y 3 de abril de 2013 en la ciudad de La Plata.
Ello a los efectos de obtener el resarcimiento de los daños producidos a la totalidad de los habitantes de la ciudad damnificados por dicho episodio (v. demanda, acápite "I"; íd. acápite II, escrito de fecha 1 de octubre de 2018).
Fundaron la legitimación invocada en su condición de afectados para la defensa de los derechos de incidencia colectiva individuales homogéneos en los arts. 43 de la Constitución nacional, 30 de la ley general del ambiente y en la doctrina de los precedentes provincial C. 91.576, "López" (sent. de 26-III-2014) y nacionales "Halabi" (Fallos: 332:111) y "Padec" (Fallos: 336:1236).
Pretendieron que: a) se declare la responsabilidad de las demandadas por los daños padecidos por la totalidad de los damnificados por el referido fenómeno climático; b) se las condene a resarcir integralmente a todos los perjudicados los daños materiales y morales padecidos a consecuencia de los hechos que denuncian, excepto quienes opten por autoexcluirse de los alcances de este proceso; c) se ordene la creación de un fondo de afectación en el cual las demandadas depositarán las sumas que se determinarán globalmente en concepto de los daños individuales; d) en forma incidental se liquiden los daños sufridos a título particular, abonándose con los montos que se depositen en el referido fondo y; e) afectar los saldos remanentes a obras, tareas y gestiones en beneficio de la clase damnificada.
Precisaron que los daños sufridos a título individual fueron reclamados en los autos caratulados "Marazzato, Raúl José y otros c/ Municipalidad de La Plata y otros s/ pretensión indemnizatoria", y que mediante la presente contienda amplían la acción a favor de la totalidad de los damnificados por el meteoro ocurrido en la ciudad de La Plata, razón por la cual solicitan la acumulación de esta causa al mencionado proceso.
A su turno, la Fiscalía de Estado opuso la excepción de falta de legitimación activa en los términos del art. 35 inc. 1 "g" del Código Contencioso Administrativo.
II. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, acogió la mentada excepción (v. sent. de fecha 30-VI-2017).
En prieta síntesis, sostuvo que en el caso no se cumplían algunos presupuestos exigidos para que los demandantes actuaran en defensa de derechos individuales homogéneos, a saber: la causa fáctica común y la dificultad de acceso individual a la justicia.
III. Apelado el fallo por la parte actora, la Cámara interviniente confirmó la resolución de grado, sin perjuicio de declarar la continuidad del proceso con el alcance de juicio individual o pluriindividual, no colectivo (v. sent. de fecha 11-IX-2018).
Para así decidir, la doctora Milanta, cuya tesis concitó la adhesión del doctor Torre, efectuó las siguientes consideraciones:
III.1. Liminarmente, aclaró que en un pronunciamiento anterior -causa "Rodríguez c/ Poder Ejecutivo s/habeas data", sentencia de 3-VII-2014- se dejaron a salvo y expeditas (cfr. art. 17, ley 14.214) las acciones judiciales que las víctimas o sus causa-habientes decidieran promover singularmente para obtener las reparaciones económicas o condenas penales que pudiesen derivarse de ese evento, y que este litigio es una de esas pretensiones.
III.2. En torno a la excepción opuesta, sostuvo que en el sub lite no se hallaban visiblemente acreditados los recaudos procesales para admitir la tutela colectiva de derechos individuales homogéneos, que fueran establecidos por este Tribunal en la causa "López", siguiendo los lineamientos trazados por la Corte Suprema nacional en el caso "Halabi".
Destacó que los actores admitieron no cumplir los presupuestos exigidos al solicitar una interpretación armonizadora con el criterio emergente del citado precedente provincial.
III.3. Respecto a los hechos generadores de los perjuicios alegados, tras caracterizar que en los precedentes "Halabi", "López" e I. 2.129, "A.Di.Gra.N." (sent. de 13-VII-2016) era precisamente reconocible la causa común, referida al impacto que ocasionaba una norma a usuarios o consumidores que estaban alcanzados por el amparo comprensivo de la multiplicidad de situaciones asimilables (o de una cláusula contractual, caso "Padec") y que lo único a comprobar era la sujeción a la aplicación de un precepto legal, señaló que esa coyuntura era disímil a la provocada por un acontecimiento de desastre natural , que puede actuar con diferente alcance en la esfera de los bienes de los individuos, y que su incidencia concreta en cada supuesto -que según la distinta intensidad podría reflejar un colectivo de mayor o menor homogeneidad-, requeriría de prueba y determinación.
Indicó que en la especie habría que determinar los daños de cada individuo, su imputación, la relación de causalidad (única, exclusiva, o concurrente con otras) y el tipo de bien involucrado para definir, en cada supuesto, primero, si ello obedeció al evento climático y, segundo, en qué medida la inundación ocasionó o coadyuvó al agravio.
Especificó que la variedad de situaciones era tan extensa que podrían ser disimiles la clase y magnitud de las lesiones, así como las causas y concausas, por lo que se desdibujaba la homogeneidad sustancial necesaria e imposibilitaba visualizar la comunidad propia de un colectivo, incluso para quienes no conocen de su existencia.
III.4. En base a lo señalado, entendió que la prueba y determinación de los componentes de la pretensión patrimonial que promovían los demandantes se transformaban en el núcleo del proceso, antes que en aspectos que puedan derivarse hacia un trámite de ejecución ulterior.
III.5. Expresó que no era viable la flexibilización del requisito del origen común conforme al criterio adoptado por este Tribunal en la causa "López", dado que la cuestión allí versaba sobre un plus que la cooperativa de electricidad demandada incluía en las facturas para los usuarios no asociados a la entidad, por lo que la comunidad de la afectación de intereses homogéneos se visualizaba con nitidez, ponderándose además la escasa significación del perjuicio a los individuos como un factor relevante para la exigencia relativa a la improbabilidad de utilización de remedios judiciales autónomos a fin de despejar la dificultad del acceso a la tutela individual.
A su vez remarcó que el colectivo allí se encontraba alcanzado por las disposiciones del art. 43 de la Constitución nacional a diferencia del sub lite donde dos afectados -si bien invocaban la legitimación prevista en el citado precepto- perseguían únicamente el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a sus situaciones individuales, pretendiendo representar colectivamente a todas las personas físicas y jurídicas que sufrieron daños derivados de la inundación.
Frente a ello, entendió que la eficacia de la tutela se lograría a través de procesos individuales o pluriindividuales y que correspondía mantener la instancia judicial respecto de los demandantes en la medida que admitieran el curso procesal indicado y con esa limitada extensión.
III.6. Consideró que la faz ambiental no integraba la pretensión planteada, acotada a la indemnización de los perjuicios individuales, sin perjuicio de que la controversia pudiera involucrar aspectos de esa índole y denotar interés social y estatal acerca de la resolución de las secuelas de la inundación.
III.7. En lo relativo al hecho generador de los perjuicios, coincidió con el pronunciamiento de grado en cuanto a que la intensa lluvia y posterior inundación no conllevaba una causa fáctica homogénea, pues las afectaciones a los vecinos pudieron haberse producido por distintas circunstancias que deberían ser analizadas en cada caso particular (v.gr. faltas de obras hidráulicas en unos lugares y otros motivos, en otros), por lo que una futura condena genérica podría abarcar casos en que la responsabilidad no estaría configurada o probada.
En ese contexto, concluyó que no se comprobaba la fuente causal de las afectaciones particulares como antecedente común del reclamo plural a la que se refiriera este Tribunal en el caso "López", en tanto se requeriría acreditar una base fáctica en cada caso individual para atribuir responsabilidad al Estado por omisión y que el informe invocado por los apelantes como sustento de la defensa del carácter común del origen de los daños supondría juzgar aspectos de mérito.
III.8. Sostuvo que tampoco se hallaba configurado el recaudo atinente a que el "interés individual considerado aisladamente no justificare la promoción de la demanda", ponderado con sustento en el criterio de la escasa significación económica del reclamo. Ello con motivo de que no se demostraba la imposibilidad del acceso a la justicia al versar el caso sobre derechos patrimoniales divisibles, puramente individuales, típicamente disponibles y renunciables.
III.9. A su vez apuntó que esta Suprema Corte no había declinado el recaudo vinculado con la dificultad del acceso a la justicia por los individuos integrantes del colectivo, puesto que en las causas "López" y "A.Di.Gra.N." hizo mención a la escasa significación del pedimento patrimonial para luego comprometer esa valoración con la eficacia del servicio de justicia.
Y más aún, indicó que aunque ese criterio de eficacia no se identificara con aquella dificultad, ninguno de ambos supuestos era subsumible al sub lite en el que la petición principal es patrimonial y no revela una presunción de insignificancia como para presumir un desmedro al acceso judicial.
III.10. En otro orden de ideas, consideró inadmisible que no se exigiera ese requisito con apoyo en la errónea interpretación del art. 43 de la Constitución nacional, en la doctrina de la causa "López" y que la cuestión ventilada se refiriera a la protección del medio ambiente, en atención al preponderante carácter indemnizatorio de la acción intentada y a la doctrina judicial imperante.
III.11. Por último estimó que la referencia efectuada por la sentencia de primera instancia en orden a la cantidad de juicios individuales sobre la temática aquí planteada no entrañaba la arbitrariedad de la decisión de apartar del proceso a la extensión pretendida por los actores, ya que esa cuestión cuantitativa no era imprescindible para la composición de una clase.
IV. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley los recurrentes denuncian violación de los arts. 43 de la Constitución nacional y 20 de su par provincial; de la doctrina sentada por este Tribunal en las causas "López" y "A.Di.Gra.N." y desconocimiento del criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente del caso "Halabi". También alegan absurdo.
IV.1. Tras relatar los antecedentes y efectuar algunas acotaciones preliminares, los quejosos transcriben pasajes de las causas "Halabi", "Padec" y "López" -cuya misma línea con posterioridad es seguida por esta Corte en la causa "A.Di.Gra.N."- precisando que el sub lite versa sobre derechos individuales homogéneos, en el que existe un hecho único o continuado (la inundación y las omisiones estatales denunciadas en el escrito inicial que agravaran sus efectos dañosos), que provocó lesiones de distinta magnitud a una pluralidad de personas (vecinos de La Plata afectados por el desastre ambiental en el mes de abril de 2013).
Aseveran que existe una homogeneidad fáctica y normativa respecto del origen del daño y la fuente de la responsabilidad de los demandados, por lo que es razonable -utilizando palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- "la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño", y por ende cabe reconocer la legitimación grupal a todos los afectados (cfr. arts. 43, Const. nac. y 20, Const. prov.).
Efectuadas esas consideraciones, formulan sus agravios en el siguiente orden:
IV.1.a. Señalan que la Cámara al considerar ausente la homogeneidad sustancial omite aplicar los arts. 43 de la Constitución nacional y 20 de su par provincial, y se aparta de la doctrina legal de esta Corte emergente de los casos "López" y "A.Di.Gra.N.", amén de desconocer el referido precedente nacional "Halabi".
Destacan que erróneamente en diversos pasajes del decisorio -entre ellos al establecer las diferencias entre el sub lite y los casos provinciales citados- se refiere a la presencia de potenciales concausas de efecto variable en los daños padecidos por los vecinos en ocasión de la inundación.
Aducen que en el presente litigio la homogeneidad sustancial reside en la causa de la pretensión deducida que consiste en una serie de hechos -una misma línea omisiva de conductas de las autoridades públicas- que llevaron a agravar las consecuencias del fenómeno climático y que ocasionaron daños diferentes en los afectados.
En sustento de que esas circunstancias son comunes señalan que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Halabi" -considerando 13°, tercer párrafo- como este Tribunal en el caso "López" hicieron referencia a la fuente causal de los perjuicios alegados, la que puede provenir de un mismo hecho o una serie de hechos y que la presencia de daños diferenciados derivados de ese origen común no es óbice a la tutela colectiva.
Para esos supuestos destacan se contempla una sentencia condenatoria genérica que determine la responsabilidad de los accionados y} luego un proceso de liquidación individual de los daños padecidos por cada afectado o grupo de ellos, mecanismo que solicitan se aplique al caso, previsto en los arts. 28 inc. "a" de la ley provincial 13.133 y 54 in fine de la ley nacional 24.240.
IV.1.b. Asimismo esgrimen que la Cámara, por un lado, para sostener que la inundación pudo haber tenido "distintas causas en diversos sectores de la ciudad" incurre en expresiones dogmáticas, transgrediendo la garantía del art. 18 de la Constitución nacional.
A su vez, expresan que el a quo se desentiende de las manifestaciones efectuadas en la demanda respecto a los informes acompañados en los cuales se verifica una serie de negligencias comunes de las demandadas que agravaron las consecuencias del meteoro, destacando a esos fines el realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en el cual se identifican las causas de los daños aquí reclamados.
Alegan que al soslayar las conclusiones del referido estudio el Tribunal de Alzada incurre en absurdo -conforme la doctrina de este Tribunal- y en arbitrariedad -en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-.
IV.1.c. Sobre el recaudo referido a la homogeneidad fáctica, aducen que el pronunciamiento impugnado se aparta del criterio que emerge de las causas "Halabi", "Padec", "López" y "A.Di.Gra.N.", dando diferencias sólo aparentes con esta contienda.
Consignan que la Cámara sólo refiere a que el origen común puede provenir de una norma, desconociendo que de tales fallos surge que ese recaudo puede provenir también de una serie de hechos comunes que hayan impactado en los integrantes del grupo afectado, situación que a su entender aquí acontece, al señalarse una misma línea de conductas negligentes apuntadas en el escrito inicial y omitidas por el pronunciamiento impugnado.
IV.2. En cuanto a la ausencia del requisito de "que el ejercicio de la acción individual no aparezca plenamente justificado" desarrollan cuatro reproches.
IV.2.a. El primero se refiere a que ese recaudo no es exigible en sede provincial, pues de los casos "López" y "A.Di.Gra.N." no se desprende la necesidad de demostrar la dificultad del acceso a la justicia en términos individuales, pues allí -afirman- este Tribunal señaló que una de las finalidades de los procesos colectivos es dotar de eficiencia al servicio de justicia para evitar la reiteración de litigios sobre el mismo tema, evitando el colapso del sistema, que fuera soslayado por la Cámara a pesar de que tal argumento fue introducido en la pieza recursiva.
IV.2.b. En segundo lugar, expresan que en el caso "Halabi" (cons. 13°) se determinó la inexigibilidad de aquel recaudo a supuestos de daños derivados de la afectación al medio ambiente, como entienden se reclaman en el presente, al deducirse una pretensión colectiva de naturaleza ambiental con sustento en los arts. 41 y 43 de la Constitución nacional; 20 de su par provincial y 30 de la ley 25.675 a los fines de obtener la remediación de las graves secuelas patrimoniales y morales de la inundación, peticionándose la formación de incidentes a los efectos de determinar la cuantía de cada afectación.
Además ponen de relieve que existe un fuerte interés social en el resguardo de los derechos vulnerados y que aun cuando no se verificara esa cuestión consideran que los afectados fueron sometidos a confusiones y falta de información sobre las razones que produjeron el infortunio, privándolos del acceso a la justicia y desincentivados a iniciar individualmente un juicio extenso y costoso.
IV.2.c. Luego aducen que el a quo , al concluir que existía suficiente estímulo para el accionar individual, incurre en afirmaciones dogmáticas y absurdas, infringiendo los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional y 384 del Código Procesal Civil y Comercial, al soslayar los datos aportados en la demanda y reproducidos en la apelación sobre la cantidad de afectados -estimados en 135.000- que tornaría imposible tramitar sus reclamos a través de los mecanismos tradicionales y sin atender que si todos ellos hubieran accionado individualmente los juzgados del fuero respectivo reflejarían una litigiosidad superior a la registrada.
Concluyen que la sentencia impugnada omitió, por un lado, los informes solicitados y no contestados sobre la cantidad de demandas iniciadas a título individual y por el otro explicitar las razones de aquellos afectados que no iniciaron las acciones individuales, si ello obedeció a una decisión libre e informada de renunciar a sus derechos más que por obstáculos al acceso a su t
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