Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653) y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto el 1 de febrero de 2019, el que, atento a encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
La Plata, 16 de octubre de 2019.
I. En el caso, la demandada en los autos caratulados: "Urga Pablo c. Sanatorio Chivilcoy S.R.L. s. Despido", promovió incidente de beneficio de litigar sin gastos con el fin de eximirse de dar cumplimiento a la carga de depositar exigida por el art. 56 de la ley 11.653, respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la sentencia final de la causa dictada en los autos de mención (v. fs. 76/78).
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, denegó aquel pedido por considerar que la mencionada sociedad no logró acreditar la insuficiencia de fondos para hacer frente al depósito previsto por aquella manda. En concreto, entendió que el informe pericial contable adunado a la incidencia carece de la necesaria eficacia probatoria para avalar aquel pedido (v. fs. 190/191 vta.).
III. Frente a esta última decisión, la interesada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 1 de febrero de 2019).
A su turno, el a quo declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido contra el rechazo del incidente planteado en torno a la imposibilidad alegada para dar cumplimiento a la carga normada en el mencionado art. 56 de la ley 11.653 (v. fs. 192 y vta.), dando lugar a la articulación del recurso de queja directo ante esta sede (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. fs. 209/216).
IV.1. El recurso debe prosperar. La impugnante sostiene que la declaración de inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, mediante el que cuestiona el rechazo de la incidencia incoada con el fin de eximirse de dar cumplimiento al depósito señalado, resulta infundada.
En tal sentido, con apoyo en doctrina de esta Suprema Corte, entiende -contrariamente a las consideraciones efectuadas por el tribunal a quo - que la decisión que desestimó el incidente de eximición a depositar constituye sentencia definitiva en los términos del artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
IV.2. Le asiste razón a la apelante. Al respecto, corresponde memorar, sin perjuicio de otras consideraciones que podrían efectuarse, que en supuestos como el sub examine , esta Corte ha admitido por vía de excepción la equiparación a sentencia definitiva, a los fines de la admisibilidad de las vías extraordinarias de impugnación, a las decisiones que desestiman el incidente impulsado a fin de eximirse de dar cumplimiento con aquella exigencia formal.
Así, ha entendido que el rechazo del incidente seguido por un empleador para ser eximido por el tribunal laboral de la erogación impuesta por el mentado art. 56 de la ley 11.653, cuya satisfacción adujo no poder afrontar, resulta ser un pronunciamiento equiparable a definitivo en los términos del citado art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues le genera al impugnante un agravio de imposible reparación ulterior, cercenándole de modo definitivo el ejercicio de la vía recursiva inspiradora de aquella actuación, determinando -de suyo- la caída del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la sentencia definitiva (causas L. 108.616, "Sárate", resol. de 9-XII-2009 y L. 100.310, "García", resol. de 28-V-2010).
En ese contexto, la decisión impugnada, en cuanto deniega la franquicia solicitada por la demandada en autos, resulta asimilable a definitiva y, por ende, susceptible de ser atacada por la vía extraordinaria articulada por el escrito electrónico de fecha 1 de febrero de 2019.
En consecuencia, hallándose reunidos los requisitos formales, se declara mal denegado el recurso incoado y, haciéndose lugar a la queja traída, se lo concede (arts. 292, cit. y 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
V.1. Ahora bien, sentado ello, se debe anticipar que aquel recurso extraordinario intentado no prospera.
V.2. En sustancia, el letrado apoderado de la demandada alega que el sentenciante de grado no merituó la importancia económica del pleito en proporción a la totalidad del patrimonio de la sociedad regularmente constituida, de acuerdo a la prueba acompañada en el incidente. Invoca exceso ritual, a cuyo fin considera errado el análisis de la pericia contable producida -que califica de idónea-.
V.3. En esa línea, corresponde destacar que las conclusiones expuestas en el pronunciamiento puesto en entredicho mediante la vía intentada en los términos del artículo 161 apdo. 3 inc. "a", claramente vinculadas a cuestiones de hecho y prueba -y a las que arribó el tribunal de origen en uso de facultades que le son privativas-, no logran ser descalificadas por la recurrente en tanto solo exhibe su discrepancia en lo relacionado a los fundamentos en torno a la orfandad probatoria de la alegada imposibilidad económica -motivo del rechazo impugnado- método ineficaz para acreditar que el fallo es portador del vicio de absurdo (causas L. 114.062, "Vacca", resol. de 11-V-2011; L.107.354, "Zamuriano Miranda", sent. de 25-IV-2012 y L. 119.689, "Motorplat", resol. de 22-VI-2016).
Ello, sabido es, requiere la evidencia del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014).
V.4. En efecto, la presentación se exhibe marcadamente insuficiente para desvirtuar lo decidido en la instancia ordinaria toda vez que se encuentra desprovista de un desarrollo argumental tendiente a evidenciar la existencia de una absurda valoración de las constancias objetivas de la incidencia o la errónea aplicación de las normas actuadas en el pronunciamiento cuestionado.
Desde esta perspectiva, la crítica que porta el recurso no resulta idónea para habilitar la competencia extraordinaria, sin que esta Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la apelación (causas L. 113.486, "Arango", sent. de 5-III-2014 y L. 120.930, "Torres", resol. de 13-XII-2017).
En definitiva, circunscripta la facultad revisora de este Tribunal al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule, la insuficiencia del recurso interpuesto impide, pues, revisar el acierto o desacierto de la decisión de grado (causas L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012 y L. 102.603, "Sebastiani", sent. de 4-XII-2013).
V.5. Por otra parte, si bien la recurrente alega como infringidas las normas que individualiza, no acredita cabalmente en qué consistiría su errónea aplicación en vinculación con las circunstancias del caso.
En este sentido, es oportuno recordar que constituye una carga específica de la interesada la explicación concreta sobre el modo en que la anomalía o yerro se habría producido (causa L. 89.819, "Miño Bravo", sent. de 25-VIII-2010).
V.6. Sin perjuicio de lo expuesto, que por sí solo sella la suerte adversa del recurso, cabe destacar que la apreciación, jerarquización y selección de las pruebas aportadas a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 121.142, "Rodríguez", resol. de 16-V-2018).
V.7. En atención a lo dicho, corresponde, finalmente, descartar las denuncias de absurdo, exceso ritual manifiesto y transgresión del principio de congruencia por apartamiento de las constancias del incidente y por supuestas omisiones probatorias en que habría incurrido el sentenciante (v. págs. 13 y 14 del escrito electrónico del 1 de febrero de 2019), desde que no se logra evidenciar, cabe reiterar, que la respectiva labor axiológica haya sido llevada a cabo con transgresión de las reglas que gobiernan la materia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653) y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto el 1 de febrero de 2019, el que, atento a encontrarse insuficientemente fundado, se rechaza (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA EDUARDO JULIO PETTIGIANI
SERGIO GABRIEL TORRES
ANALIA DI TOMMASO Secretaria Interina
Fin de la sentencia