Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75636
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 6 de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Kogan, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.636, "Morales, Pablo Adrián c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ materia a categorizar. Ril".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el recurso de apelación deducido por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto había rechazado in limine la acción autónoma de nulidad de cosa juzgadaírrita interpuesta por el señor Pablo Adrián Morales, ordenando el archivo de las actuaciones (v. fs. 269/272 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el accionante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 275/300), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 304/305 vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 308) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, rechazó in limine la acción autónoma de nulidad de cosa juzgadaírrita promovida por el señor Pablo Adrián Morales contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y ordenó el archivo de las actuaciones (v. fs. 242/244).
Para así decidir, señaló que en los autos caratulados "Morales, Pablo Adrián c/ Ministerio de Seguridad s/ pretensión anulatoria", el magistrado de grado y la Cámara de Apelación intervinientes desestimaron la demanda anulatoria promovida por el accionante contra el acto administrativo que dispusiera su exoneración de la fuerza policial y la reincorporación a la Policía de la Provincia de Buenos Aires peticionada y que contra el pronunciamiento del Tribunal de Alzada la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el cual fuera rechazado por este Tribunal.
Precisó que en esta causa el demandante en su escrito postulatorio alegó que los órganos judiciales actuantes en aquellos actuados incurrieron en un error de juzgamiento con sustento en que en sede penal no se demostró que se encontrara en el lugar del hecho que se le imputara.
Sostuvo que no se hallaban reunidos los requisitos de la acción promovida establecidos por los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de que la sentencia impugnada no adolecía de un vicio grave o de injusticia extrema y que, conforme a la prueba aportada se observaba un adecuado resguardo del derecho de defensa.
En otro orden, entendió que la participación del accionante en los hechos constituía una cuestión que había pasado en autoridad de cosa juzgada, quedando vedada su revisión judicial.
Contra el citado pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación (v. fs. 245/254).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el mentado recurso y confirmó el decisorio de primera instancia (v. fs. 269/272 vta.).
Para así decidir, caracterizó los contornos del instituto de la cosa juzgada y que ella cedería cuando la sentencia no haya sido precedida de un proceso contradictorio con oportunidad de audiencia y prueba; ante la existencia de dolo o estafa procesal o cuando se halla violentado las garantías de propiedad y defensa en juicio, conforme la cita que efectuara de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
En base a tales lineamientos, sostuvo que tales recaudos constituían requisitos de admisibilidad de la pretensión -no de su procedencia- cuyo examen correspondía a los jueces (cfr. art. 31, CCA) y que era una carga del interesado explicitar los hechos, argumentos y la prueba de dichos extremos como condición para la apertura de la instancia judicial.
Señaló -dejando de lado la posibilidad de que la demanda resulte improponible- que el accionante no había precisado un caso de violación palmaria a garantías constitucionales, ni supuestos asimilables o de error intolerable que justifiquen abrir esta vía de interpretación restrictiva y de excepción y que el derecho a la jurisdicción, la tutela judicial continua y efectiva y el principio in dubio pro actione constituyen reglas fundamentales cuya actuación se encuentra supeditada al cumplimiento de determinados requisitos.
Por último, efectúa la cita de la doctrina legal de este Tribunal sentada en las causas B. 73.882, "Pacenza", resolución de 4-XI-2015 y B. 55.766, "Barros", resolución de 10-VIII-2016, por cuanto allí se señaló que los jueces tienen la facultad de comprobar con amplio grado de conocimiento y prueba los defectos de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, debiéndose iniciarse la demanda sin prescindir de recaudos creados en forma pretoriana y que, la acción promovida es un intento tardío de obtener la revocación de una sentencia firme y que, en modo alguno permiten tener por configurada la nulidad cuando el accionante pudo deducir el recurso que el ordenamiento procesal contempla para la defensa de sus derechos.
III. A fs. 275/300 la parte actora interpuso contra el mentado pronunciamiento recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia que la Cámara interviniente aplicó en forma errónea la doctrina legal sobre la acción impetrada (v. fs. 275/300).
Inicialmente aclaró que la sentencia que califica de írrita fue dictada por este Tribunal en la causa A. 72.299, "Morales, Pablo Adrián c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria", sentencia de 15-VI-2016, mediante la cual rechazó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por el accionante contra la sentencia del Tribunal de Alzada que confirmara la sentencia de primera instancia, que había desestimado la demanda deducida contra el acto administrativo por el cual el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dispusiera la exoneración de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la reincorporación que peticionara.
Asimismo, precisa que la crítica a la sentencia lo es en cuanto convalida aquella sanción con sustento en la participación de un hecho en el cual el accionante no interviniera, tal como se acreditara en sede penal, y puntualiza que la demanda es autosuficiente al efectuar la cita de doctrina, jurisprudencia y normativa acerca de la acción deducida y al describir sus requisitos de admisibilidad -cosa juzgada, fraude procesal, competencia, plazo de prescripción, legitimación y su trámite- y de procedencia -fundamentación del error esencial, antecedentes penales y administrativos y ofrecimiento de la prueba-.
Luego de realizar una reseña crítica del pronunciamiento de primera instancia afirma que, la Cámara interviniente ha aplicado en forma errónea la doctrina legal vigente respecto a la acción autónoma de nulidad de cosa juzgadaírrita por error esencial al rechazar " in limine " la demanda, desnaturalizando el instituto y transformándolo en un recurso de revisión.
Sostiene que el Tribunal de Alzada desconoce que el error esencial que invocara en sustento de la acción deducida –entendido, aduce, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como una apreciación errónea de los hechos y/o derecho- constituye en este caso un requisito de procedencia que debe ser verificado en la etapa de prueba, exigiendo sólo la jurisprudencia que se especifique aquel en el escrito inicial. Cita a tal fin el criterio sostenido por Superior Tribunal nacional en las causas "Felcaro" y "BCRA".
IV. El recurso intentado no prospera debido a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
IV.1. En primer lugar, la Cámara a la hora de examinar la admisibilidad de la pretensión promovida consideró que, en atención a la acción deducida, el accionante no había circunstanciado de manera precisa un caso de violación palmaria a garantías constitucionales, ni supuestos asimilables o de error intolerable. Por lo tanto, entendió que era necesario e ineludible la lectura del escrito postulatorio, examinar el error que endilgara y su condición, los presupuestos exigibles y las decisiones que cuestionaba por írritas.
Desde esta óptica merece destacarse que la interpretación del contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, sólo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente ya que, como se hubiera anticipado, se requiere un error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (cfr. causas C. 117.190, "Boscobel", sent. de 12-XI-2014; C. 119.875, "Consorcio de Propietarios Avenida Maipú", sent. de 23-XI-2016; A. 72.764, "Freudweiler", sent. de 18-X-2017; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica que formula la pieza en tratamiento, expresamente soslaya la invocación del absurdo, única alternativa en virtud de la cual este Tribunal, mediando su debida demostración, podría ingresar al análisis y revisión de aquellos aspectos de la decisión del Tribunal de Alzada que son de privativo conocimiento de los jueces de grado.
Las manifestaciones apuntadas por el recurrente fueron resueltas por el Tribunal de Alzada en sentido contrario a sus intereses, con cita incluida de precedentes de este Tribunal en el punto referido a los supuestos excepcionales que habilitarían abrir la acción intentada. El pronunciamiento sólo se muestra atacado desde una mera opinión divergente y omite desarrollar de qué manera los precedentes de esta Suprema Corte citados por el Tribunal de Alzada han sido erróneamente aplicados o transgredidos, y cómo ellos se relacionan con la supuesta actuación indebida del Tribunal a quo .
Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la recurrente insiste en reiterar los planteos que fueran llevados -con suerte adversa- ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que no logran patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer su propio criterio por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (cfr. doctr. causas A. 72.523, "Arias", sent. de 20-IX-2017 y A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018).
IV.2. A su vez, el recurrente omite denunciar la violación de la precisa norma legal actuada por la Cámara, esto es el art. 31 del Código Contencioso Administrativo -en sustento de que los recaudos para la apertura de esta instancia constituían requisitos de admisibilidad cuyo examen correspondía a los jueces-, incumpliendo así una insoslayable exigencia en la fundamentación del recurso.
Tiene dicho esta Corte, que debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (doctr. causas L. 104.698, sent. de 26-IX-2012; A. 71.237, "Rodriguez", sent. de 3-IX-2014; A. 71.328, sent. de 26-X-2016).
IV.3. Asimismo, no es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal desarrollada en el recurso a fs. 294 vta./299.
Es menester señalar que la doctrina legal a la que alude el art. 279 es la que emerge de los fallos de esta Suprema Corte, establecida sobre la misma o análoga situación jurídica. Por lo tanto, no lo son las citas jurisprudenciales correspondientes a fallos que provienen de órganos jurisdiccionales distintos a este Tribunal, aun cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema nacional (cfr. doctr. causas C. 104.615, "Mansilla", sent. de 10-II-2010; L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; C. 108.313, "Bianco", sent. de 17-VII-2012; A. 71.239, "Koretsky", sent. de 3-IV-2014; A. 71.574, cit.; e.o.).
Asimismo, cabe recordar que la opinión de los autores no constituye la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. doctr. causa A. 71.440, "Gador", sent. de 10-X-2018).
De allí pues, que deba concluirse que, en el caso, el recurso en tratamiento no expresa ni alega la violación concreta de la doctrina legal de este Tribunal en los términos expuestos.
IV.4. Por último, para más, el impugnante se desentiende del argumento del Tribunal de Alzada -referido también a la oportunidad de examinar la admisibilidad de la acción-, que expone conforme la doctrina legal de este Tribunal (cfr. causa B. 55.766, "Barros", resol. de 10-VIII-2016), en el sentido de que el remedio articulado no es sino un intento tardío de obtener la revocación de una sentencia firme y que en modo alguno permiten tener por configurada la nulidad pretendida, máxime cuando la parte actora pudo deducir el recurso que el ordenamiento procesal contempla para la defensa de los derechos que entiende vulnerados.
En esta sede extraordinaria, sólo se insiste en la causal que se alegara como fundamento de la pretensión sin explicar por qué razón concreta ese camino no se emprendiera.
Lo dicho sella la suerte adversa de las quejas esbozadas, pues esta Suprema Corte ha sostenido que para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el aludido art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia cuestionada (cfr. causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763,"Melo", sent. de 2-IV-2003; A. 71.746, "Buscaglia", sent. de 23-XII-2013; entre muchas otras), lo que, como se ha visto, no ocurre en la especie.
En el mismo sentido, esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente la impugnación que se desentiende de los fundamentos del fallo, argumentando en paralelo y evidenciando una mera disconformidad con lo decidido por el a quo . No basta para dar por satisfecha la carga técnica de apropiada refutación que pesa sobre el recurrente, el embate que ha obviado controvertir los pilares sobre los que se asienta la solución puesta en entredicho (doctr. causas C. 101.859, sent. de 5-X-2011; C. 108.160, sent. de 27-VI-2012; C. 116.915, sent. de 3-XII-2014; A. 71.107, sent. de 15-VII-2015).
V. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del ponente pues, como bien se señala en aquel, el recurrente no refuta debidamente la idea central del pronunciamiento (ver punto III.1. del voto del doctor Genoud), como así también se omite denunciar la norma en la cual el a quo funda la decisión.
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Negri , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia