Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119846
En la ciudad de La Plata, a 2 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria , Genoud , Negri , de Lázzari , se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.846, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados contra Rodríguez, Carla Silvina. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza se declaró incompetente para adoptar una decisión sobre el conflicto intersindical planteado y rechazó la acción deducida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 803/808 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 842 vta. y 843) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 819/844), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 846/847 vta. Esta Suprema Corte, mediante resolución de fs. 865/866, tuvo por cumplida la intimación dispuesta a fs. 854/855 con la constancia adunada a fs. 861 y declaró reunidos los recaudos de admisibilidad del segundo de los medios de impugnación intentados.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 868/870 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la acción declarativa de certeza promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina -en adelante STIHMPRA- contra la señora Carla Silvina Rodríguez, por la que procuraba que se declarase "...aplicable el encuadramiento convencional bajo el CCT n° 232/94 sobre las relaciones de trabajo..." mantenidas por la accionada como empleadora.
En el veredicto, ponderando que la parte actora había entablado la acción solicitando la "sustitución de la legitimación" de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTCYDRA) como acreedora de contribuciones -ello, precisó, conforme el convenio citado precedentemente, la intervención de la demandante en su celebración y la naturaleza de la actividad desplegada por Rodríguez-, señaló que no obraba en la causa resolución del órgano de cúpula asociacional ni del "Ministerio de Trabajo de la Nación" o sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre la legitimidad cuestionada entre ambas asociaciones gremiales (v. fs. 803 y vta.).
En ese contexto, declaró además que la señora Rodríguez carecía de un interés legítimo para resultar demandada. Sostuvo que era evidente que la interpretación del convenio colectivo de trabajo aplicable, en la especie, no había sido solicitada a fin de establecer las obligaciones y derechos de las partes de la relación laboral, ni se estaba en el ámbito de resolución de alguno de los problemas que surgen de una elección equivocada del convenio, o la errónea categorización convencional del trabajador, que podría generar situaciones conflictivas y deudas frente a una asociación sindical. Continuó expresando que, si bien es cierto que un empleador puede no sólo resultar deudor frente al trabajador por diferencias salariales sino que además pueden generarse deudas frente a la asociación sindical del convenio que debió haber sido aplicado (si éste estableciera aportes que debieran ser retenidos o contribuciones que tuvieran que realizarse) y que fueron omitidas por falta de aplicación o la equivocada elección de una norma convencional, no resultaba ser este el caso de autos (v. fs. 804).
Ya en la sentencia, luego de efectuar ciertas consideraciones -desde el plano teórico- en orden a la acción declarativa de certeza, destacó -en lo esencial- que el "encuadramiento convencional" resulta el acto de determinación del convenio colectivo aplicable a una relación laboral, y que en caso de conflicto debe ser resuelto por los tribunales judiciales, especialmente por los tribunales de trabajo. Explicó, que distinto es lo referido al "encuadramiento sindical", donde se dirime una cuestión planteada entre dos o más sindicatos que pretenden la representación de un sector de trabajadores, e implica una disputa de derecho que gira en torno a la capacidad jurídica que emana de sus personerías en la que se han de cotejar las resoluciones que fijan los límites del agrupamiento, supuesto en el cual sí deberá considerarse el ámbito personal de aplicación del convenio y la actividad principal del empleador (v. fs. 805/806).
Finalmente, en el marco de lo dispuesto en los arts. 56, 59, 60 y 61 de la ley 23.551, teniendo en consideración la legitimación que posee el "Ministerio de Trabajo de la Nación" como autoridad de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales, la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en los recursos y acciones que la ley regula en este tipo de controversias, y con ello, la doctrina legal de esta Corte que indica que los jueces laborales locales no tienen jurisdicción para adoptar una decisión definitiva sobre un conflicto intersindical, en la inteligencia que remitía a "un implícito pedido de encuadramiento sindical" el tribunal de trabajo se declaró incompetente para entender en la pretensión deducida, asimismo, atento a la real naturaleza de la acción hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva (v. fs. 806 vta./808 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 842 vta. y 843).
Afirma que el juzgador soslayó pronunciarse respecto de la cuestión esencial sometida a juzgamiento, pues no resolvió la temática relativa al encuadramiento convencional peticionado y omitió ponderar cuestiones de hecho y prueba esenciales para la resolución del proceso.
Entiende -asimismo- que el fallo carece de todo sustento normativo, toda vez que se pretendió aplicar la ley 23.551 a un supuesto de encuadramiento convencional cuando tal dispositivo sólo resultaría operativo para los casos de encuadramiento sindical.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General en su dictamen (v. fs. 868/870 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde poner de relieve la defectuosa técnica observada en la formulación subsidiaria del presente medio extraordinario de impugnación.
III.2. Aun soslayando el referido déficit, es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015 y L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016).
III.3. En el caso, no se demuestra la configuración de ninguna de las causales nulificantes alegadas.
III.3.a. Lejos de incurrir en una preterición inexcusable en los términos del art. 168 de la Constitución local, el sentenciante se ocupó de examinar el alcance que -en rigor- tenía la pretensión articulada y sobre tal base hubo de juzgar que remitía a "un implícito pedido de encuadramiento sindical" materia sobre la cual no resultaba competente (v. fs. 806 vta. y 807).
Surge nítido que -más allá de la opinión que pudiera merecer el contenido técnico de la decisión adoptada- lo cierto es que el juzgador en modo alguno soslayó abordar la cuestión vinculada con el "encuadramiento convencional" peticionado en la causa según lo señala el quejoso.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la valoración del material probatorio, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
Para más, cabe agregar que -como lo indicó el señor Subprocurador General- los cuestionamientos vinculados con la consideración y ponderación de circunstancias de hecho y prueba como la detallada por el impugnante, resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad intentado (causas L. 96.238, "M., B. L.", sent. de 9-XI-2011; L. 105.062, "Agosto", sent. de 17-X-2012 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
III.3.b. Por otro lado, aun sin contemplar que el recurrente no se ocupa de brindar argumentos que avalen la aludida falta de fundamentación legal que atribuye al pronunciamiento, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en la cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Genoud , Negri y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina denuncia absurdo y la violación de los arts. 59 y 62 de la ley 23.551; de las leyes 14.250 y 22.105; del Convenio Colectivo de Trabajo 232/94 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 819/844).
I.1. Alega que el juzgador incurrió en absurdo al confundir dos institutos diferentes como lo son el encuadramiento sindical con el convencional, interpretando erróneamente la normativa aplicable y apartándose del objeto de la demanda (v. fs. 827 vta. in fine /828 vta.).
I.2. Insistiendo que en el litigio no se debate un encuadramiento sindical sino convencional y que en este último escenario los sindicatos se encuentran legitimados para realizar planteos como el que aquí se ventila, alega que en el pronunciamiento recurrido se apreciaron erróneamente los antecedentes del caso pues -a diferencia de lo allí expuesto- existe un encuadramiento sindical ya dirimido en favor del accionante mediante el dictado de la resolución "DNAG" 44/85 respecto del personal dependiente de los consignatarios y operadores que desarrollan su actividad en el ámbito del Mercado Central de Buenos Aires (v. fs. 829/830 vta.).
En ese marco, dice que es equívoca la definición de grado por la que se sostuvo que no se dio cumplimiento con lo dispuesto en el art. 59 de la ley 23.551. Sostiene que la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 918/14 dictada en el marco de un expediente administrativo iniciado por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, no le quita eficacia -en virtud de los argumentos que despliega- al encuadramiento sindical vigente emergente de la citada resolución 44/85. En el punto, destaca que el juzgador omitió valorar el informe obrante a fs. 181/315, que a su criterio es una prueba esencial en tanto avala su postura (v. fs. 831 vta./833).
Luego de referirse a cierto litigio que habría tramitado en otro tribunal de trabajo, reitera que se encuentra probada la existencia de un encuadramiento sindical en favor de STIHMPRA resultando arbitraria la sentencia de autos (v. fs. 833/835).
A la par, expresa que es equívoca la conclusión del tribunal de grado en cuanto hizo lugar al planteo de la contraria y la declaró carente de un interés legítimo para ser demandada, en tanto jamás se requirió la "sustitución de la legitimación" de UTCYDRA, sino que lo solicitado fue un "encuadramiento convencional". Explica así, que de la aplicación de un régimen convencional deriva tanto la escala salarial de los dependientes de la accionada, como la obligación de pago de determinados aportes y contribuciones convencionalmente establecidos (v. fs. 835/837).
Asegura que los precedentes de la Suprema Corte citados por el juzgador son inaplicables, desde que en ninguno de ellos se dirime un encuadramiento convencional como el que aquí se ventila (v. fs. 837/838 vta.).
Entre otras consideraciones ya expuestas, seguidamente esgrime que la sentencia resulta arbitraria pues la jurisprudencia es conteste en que la resolución de encuadramiento convencional es competencia exclusivamente judicial (v. fs. 838 vta./840).
Concluye que, toda vez que el juzgador incurrió en un claro yerro al identificar la pretensión incoada como un conflicto intersindical, los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 resultan aplicables a la presente litis, observándose a la par soslayada la debida valoración de lo dispuesto en las leyes 14.250 y 22.105 (v. fs. 840 vta./842 vta.).
I.3. Finalmente, sostiene que en tanto el sentenciante se limitó a declarar la falta de jurisdicción para resolver el litigio, constituye un absurdo haber impuesto las costas por su orden.
Además, expresa que cuando se revoque la decisión de grado, deberá esta Corte modificar la imposición de costas, que habrán de ser afrontadas exclusivamente por la parte demandada (v. fs. 843 y vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Como surge de lo reseñado, el núcleo del discurso que contiene el medio de impugnación -de allí parten numerosas objeciones planteadas- está constituido por aquella crítica en la que se tacha de absurda a la sentencia afirmándose que en ella el tribunal de grado habría resuelto el caso confundiendo dos institutos disímiles: "el encuadramiento sindical" y "el encuadramiento convencional", pese a la clara pretensión efectuada en autos enmarcada en este último. En ese entendimiento, el interesado le endilga al sentenciante haberse apartado "antojadizamente" del objeto de la demanda, de lo requerido en ella y de los hechos probados (v. recurso, fs. 828/829 vta., 835 vta./837 y 840 vta.).
II.1.a.i. El tenor de la impugnación muestra así una aparente conexión con el principio de congruencia, cuya transgresión sin embargo no ha sido invocada, ni la eventual infracción a las normas procesales que lo receptan.
La insuficiencia del recurso emerge patente a la luz de los recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012 y L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014), siendo sabido que este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que se incurre al fundar el recurso (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018).
II.1.a.ii. En una hipótesis diferente, no logra demostrar el interesado el apartamiento que le atribuye al juzgador de los términos en que quedó trabada la litis.
Pueda o no compartirse, no luce irrazonable a la luz de aquella pieza procesal, la esencial motivación que contiene el pronunciamiento en tanto allí se afirmó que "independientemente de las invocaciones en apoyo de su acción" lo solicitado por la parte actora era la obtención de una declaración de su legitimación con el fin de percibir las contribuciones que emanan del Convenio Colectivo de Trabajo 232/94 en sustitución de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (v. vered., fs. 803/804), tampoco lo es la determinante conclusión a la que arribó al juzgar que entonces la cuestión a dilucidar remitía a un "implícito pedido de encuadramiento sindical" que contrariaba los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 (v. sent., fs. 807).
II.1.b. Y finalmente, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el acierto de la decisión, no acredita el quejoso el absurdo que denuncia cuando le atribuye al órgano jurisdiccional de grado haber ignorado ciertos antecedentes obrantes en autos.
II.1.b.i. Aun cuando en la valoración que llevó a cabo el a quo en el veredicto no obra una descripción minuciosa de las constancias del expediente (v. fs. 803 vta.), tampoco se avizora la omisión en la que pretende hallar fundamento la impugnación. Es que en lo tocante al encuadramiento sindical al que se hace referencia y acotado a lo argumentado por el interesado, no evidencia éste que las resoluciones dictadas por diversos organismos (agregadas en autos mediante prueba informativa) se erijan como un obstáculo lógico que inexorablemente le impida al tribunal de la instancia sostener -en lo fundamental- que en los términos del régimen legal vigente en la materia (la ley 23.551, cuya inaplicabilidad -por cierto- no se justifica con argumentos aptos) no ha habido una resolución inicial acerca del conflicto por parte de la Confederación General del Trabajo a través de sus comisiones arbitrales, y estatutariamente con recurso al Comité Central Confederal y el Congreso (v. vered., fs. cit. y sent., fs. 806 vta.).
Dable es recordar, que el absurdo es un instituto excepcional, que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, ni puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
II.1.b.ii. Dejando a un lado lo anterior, la afirmación del quejoso con sustento en los antecedentes que habrían sido ignorados, igualmente no resulta demostrativa del yerro que subraya al pretender neutralizar la esencial definición de grado que concibe que el conflicto en rigor es de naturaleza "intersindical", ajeno a la competencia del órgano jurisdiccional local.
II.1.c. Las consideraciones que anteceden, fundadas en el insalvable déficit que porta el recurso, tornan inabordables los restantes argumentos traídos por el impugnante.
II.2. En cuanto a las costas, la impugnación nuevamente luce inhábil.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VIII-2014 y L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015). Tales anomalías en modo alguno son acreditadas por el quejoso bajo el argumento que señala que lo resuelto respecto de los gastos causídicos merece ser modificado pues no se ha resuelto "la cuestión de fondo requerida en la demanda" (v. recurso, fs. 843 vta.).
A su vez, permaneciendo inalterada la sentencia de grado, pierde virtualidad el restante cuestionamiento sustentado en que las costas fueron determinadas en función de la suerte del reclamo (v. recurso, fs. antes cit.).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.