Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120620
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.620, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados contra Vulin, Mariano Gastón. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la acción deducida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 207/216 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. fs. 230/262 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 340/341 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la acción declarativa de certeza promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina -en adelante STIHMPRA- contra el señor Mariano Gastón Vulin (empleador que opera en el ámbito del Mercado Central de Buenos Aires), por la que procuraba que se declare "...aplicable el encuadramiento convencional bajo el CCT nº 232/94 sobre las relaciones de trabajo..." mantenidas por el accionado con sus dependientes.
Para así decidir, consideró -en lo esencial- que la eventual determinación del encuadramiento convencional en favor de la actora implicaría desconocer la acreditada puja intersindical pendiente entre esta última y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTC y DRA) respecto de los trabajadores que cumplen tareas en el Mercado Central de Buenos Aires, transgrediendo así la normativa que regula el procedimiento especial para obtener un pronunciamiento definitivo respecto de un conflicto de encuadramiento sindical (arts. 59 y 62, ley 23.551), situación que -entendió- se verifica en el caso (v. vered., fs. 209 y sent., fs. 213 vta.).
Agregó que, en la hipótesis más favorable para el accionante, tampoco la acción podría tener favorable recepción desde que, sin abrir juicio sobre la posibilidad de obtener un pronunciamiento de encuadramiento convencional por medio de la acción meramente declarativa de certeza prevista en el art. 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, tampoco se presenta el "estado de incertidumbre" al que refiere la norma (v. sent., fs. 214).
II. La actora interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y, subsidiariamente, de nulidad.
En el segundo de los recursos invocados la parte accionante denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 201).
Aduce que el juzgador soslayó pronunciarse respecto de la cuestión esencial sometida a juzgamiento, pues no resolvió la temática relativa al encuadramiento convencional peticionado, y omitió ponderar cuestiones de hecho y prueba esenciales para la resolución del proceso.
Entiende -asimismo- que el fallo carece de todo sustento normativo, toda vez que se pretendió aplicar la ley 23.551 a un supuesto de encuadramiento convencional cuando tal dispositivo solo resultaría operativo para los casos de encuadramiento sindical.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General en su dictamen (v. fs. 340/341 vta.), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Corresponde, por empezar, poner de relieve la defectuosa técnica observada en la formulación subsidiaria del presente medio de impugnación extraordinario.
III.2. Aun soslayando el referido déficit, es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 116.830, "Baigorria", sent. de 13-V-2015 y L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016; e.o.).
III.3. En el caso, no se demuestra la configuración de ninguna de las causales nulificantes alegadas.
III.3.a. Lejos de incurrir en una preterición inexcusable en los términos del art. 168 de la Constitución local, el sentenciante se ocupó de examinar el alcance que -en rigor- tenía la pretensión articulada y, sobre tal base hubo de juzgar que si bien se pretendía definir el convenio colectivo de trabajo aplicable a las relaciones laborales de la accionada, resolver el litigio en favor de STIHMPRA importaría desconocer la puja de encuadramiento sindical pendiente entre ésta y UTC y DRA, conflicto este último que debe ser resuelto por el procedimiento establecido en la ley 23.551, siendo que además, no advertía un "estado de incertidumbre" en el marco de la acción intentada.
Surge nítido que -más allá de la opinión que pudiera merecer el contenido técnico de la decisión adoptada- lo cierto es que el juzgador en modo alguno soslayó abordar la cuestión vinculada con el encuadramiento convencional peticionado en autos.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la valoración del material probatorio, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
Para más, cabe agregar que -como lo indicó el señor Procurador General- el recurrente denuncia la omisión de cuestiones esenciales, que identificó como "...cuestiones de hecho y prueba esenciales para la resolución de la litis" (v. fs. 406), pero soslaya detallar o explicar concretamente cuáles serían las preteridas por el tribunal de la causa, revelando una vez más la insuficiencia del agravio (causas L. 55.542, "Herrera", sent. de 18-IV-1995 y L. 102.461, "Caballero", sent. de 10-XI-2010).
III.3.b. Por otra parte, y aun sin contemplar que el recurrente no se ocupa de brindar argumentos que avalen la aludida falta de fundamentación legal que atribuye al pronunciamiento, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina denuncia arbitrariedad, absurdo y la violación de los arts. 59 y 62 de la ley 23.551; de las leyes 14.250 y 22.105; del Convenio Colectivo de Trabajo 232/94 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 230/261).
I.1. Alega que el juzgador incurrió en arbitrariedad y absurdo al confundir dos institutos diferentes, como lo son el encuadramiento sindical y el convencional, interpretando erróneamente la normativa aplicable y apartándose del objeto de la demanda (v. fs. 238).
Sostiene que, con independencia de la libertad de cada trabajador para afiliarse a cualquier sindicato, contrariamente, tanto el encuadramiento sindical como el convencional no son de libre elección. Expresa así que, aun cuando un empleado de la demandada se encontrase afiliado a otra entidad sindical diferente a STIHMPRA, ello no obsta al reclamo de encuadramiento convencional, que debe dirimirse atendiendo a la actividad de la empresa (comercialización mayorista frutihortícola) y al alcance del convenio colectivo respectivo (v. fs. 238 vta./240).
Luego de insistir que en el litigio no se debate un encuadramiento sindical, alega que en la sentencia recurrida se apreciaron erróneamente los antecedentes vinculados con este último. Afirma que, a diferencia de lo expuesto en el fallo, sí existe un encuadramiento sindical "dictaminado" en favor del accionante respecto de los trabajadores dependientes de los consignatarios y operadores del Mercado Central de Buenos Aires mediante resolución "D.N.G.A." 44/85 y si bien UTC y DRA planteó la nulidad de ésta e interpuso un recurso jerárquico, mediante resolución ministerial 274/89 se rechazó la impugnación.
Indica que también la Comisión Arbitral de la Confederación General del Trabajo, por medio de la resolución de fecha 7 de octubre de 2008, anuló una anterior (30 de enero de 2001) del mismo organismo, que favorecía a UTC y DRA. Agrega que la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 918/14 en el marco de un expediente administrativo iniciado por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires para que el Ministerio de Trabajo de la Nación se expidiera acerca de si STIHMPRA era la única entidad autorizada para representar al personal que desarrolla las mencionadas tareas en el Mercado Central, no le quita eficacia -por los argumentos que indicó- al encuadramiento sindical vigente, emergente de la citada resolución 44/85 (v. fs. 240/245 vta.).
Expresa que es inexacta la manifestación del sentenciante referida al "dudoso" alcance que le confirió a la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 274/89 por la falta de participación de UTC y DRA en el procedimiento administrativo, pues en aquella consta que esta última entidad sindical se incorporó al proceso pasados dos años del dictado de la resolución DNAG 44/85, pese a lo cual interpuso varios planteos y recursos. Agrega que la UTC y DRA no sólo participó del expediente de encuadramiento sindical, sino que también fue tratada su representatividad en las actividades de "carga/descarga/manipuleo/estibaje", pero la autoridad administrativa consideró a estas como "secundarios" (v. fs. 245 vta./246 vta.).
Destacó además que es incorrecta la valoración que realizó el a quo respecto de la citada resolución 918/14, que -recalca- no modifica lo resuelto en la resolución 44/85 (v. fs. 246 vta./247 vta.).
Luego de referirse a ciertos litigios, expresa que al señor Mariano Gastón Vulin no le es ajena la cuestión aquí debatida, pues del encuadramiento colectivo deriva tanto la escala salarial aplicable a sus dependientes, como la obligación de pago de determinados aportes y contribuciones convencionalmente establecidos, resultándole conveniente aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo 508/07 de UTC y DRA por cuanto fija remuneraciones menores en relación con el Convenio Colectivo de Trabajo 232/94 (v. fs. 246 vta./247 vta.).
I.2. Tras formular unas breves referencias a las leyes 14.250 y 23.546, afirma que si el tribunal de origen entendió que para definir el convenio colectivo aplicable a determinada actividad resulta necesaria la existencia de un procedimiento que determine el encuadramiento sindical de acuerdo al mecanismo establecido por la ley (art. 59, ley 23.551), tal razonamiento resulta errado, en tanto la normativa vigente no establece de manera alguna dicho procedimiento, pues sólo se necesita comprobar que la personería gremial del sindicato abarque al personal que se intenta representar. En tal sentido, alega que la legitimación para discutir el convenio colectivo aplicable a determinada actividad es materia de control de legalidad previa a la homologación por parte del Ministerio de Trabajo (v. fs. 252/253).
Objeta asimismo la sentencia en cuanto se indicó que la parte actora omitió deliberadamente mencionar antecedentes relevantes para la litis, en tanto -asegura- no soslayó ningún elemento que fuera relevante para resolver el encuadramiento convencional, único objeto del pleito. Entiende que la única omisión deliberada es la de la demandada que acompañó la resolución del Comité Arbitral del 30 de enero de 2001 pese a que fue declarada nula, y también la resolución 918/15, "sacándola absolutamente del contexto del expediente en el cual fue dictada" (v. fs. 253/254).
Expresa que -contrariamente a lo expuesto por el tribunal- el accionante jamás solicitó determinar quién tiene la legitimación para discutir el convenio colectivo aplicable, lejos de ello, la petición efectuada consiste en que se determine si las relaciones de trabajo mantenidas con Mariano Gastón Vulin deben o no encontrarse regidas por el Convenio Colectivo de Trabajo 232/94, disipando así la incertidumbre sobre el particular. En esta parcela del recurso, cuestiona a su vez lo dicho por el a quo respecto a la posibilidad de dictar un encuadramiento convencional por vía de la acción intentada (v. fs. 254/256).
Asegura que los precedentes de la Suprema Corte citados por el juzgador lucen inaplicables al caso, desde que en ninguno de ellos se dirime el encuadramiento convencional (v. fs. 256 y vta.).
Seguidamente, señala que la sentencia resulta arbitraria, pues la jurisprudencia es conteste en que la resolución de encuadramiento convencional es competencia exclusivamente judicial (v. fs. 256 vta. y 257).
En relación con la vía procesal intentada, considera que, de haber entendido el tribunal que la acción declarativa de certeza no era adecuada, debió manifestarlo en su primera providencia. Pero ello no ocurrió -prosigue- porque la duda o incertidumbre se encuentra presente en el sub lite . Precisa que la incertidumbre radica en que la parte actora sostiene que el encuadramiento convencional corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 232/94, mientras que la demandada ha dicho que tiene empleados convencionados en el Convenio Colectivo de Trabajo 508/07 (v. fs. 257 vta. y 258).
Concluye que, toda vez que el juzgador incurrió en un claro yerro al identificar la pretensión incoada como un conflicto intersindical, los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 no resultan aplicables a la presente litis, observándose a la par soslayada la debida valoración de lo dispuesto en las leyes 14.250 y 22.105 (v. fs. 258 vta./261).
I.3. Finalmente sostiene que, en tanto el sentenciante se limitó a declarar la falta de jurisdicción para resolver el litigio, constituye un absurdo haber impuesto las costas por su orden.
Asimismo, expresa que, cuando se revoque la decisión de grado, deberá esta Corte modificar la imposición de costas, que habrán de ser afrontadas exclusivamente por la parte demandada (v. fs. 261 vta.).
II. El recurso no prospera.
II.1. En el pronunciamiento impugnado el tribunal de grado declaró acreditado que los trabajadores dependientes de la empresa demandada se encontraban afiliados a UTC y DRA, siendo -por lo tanto- esta última entidad la destinataria de los aportes sindicales de sus empleados (v. fs. 207 vta.). Asimismo, juzgó demostrado que la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires solicita a los operadores -a los efectos de realizar una transferencia de espacio- la presentación de un certificado de "libre deuda sindical" y "libre deuda de obra social" emitido indistintamente por cualquiera de las dos asociaciones referenciadas (v. fs. 208).
En atención a las particularidades de la pretensión ponderó que adquiría superlativa importancia la preexistencia de un conflicto de encuadramiento sindical entre el sindicato demandado en autos y UTC y DRA (quien no intervino en el pleito), relativo a la representación de los trabajadores que prestan servicios para los consignatarios y operadores en el ámbito del Mercado Central de Buenos Aires, en el caso del demandado Mariano Gastón Vulin. Tras exponer una síntesis de los múltiples vaivenes del mentado conflicto y de las diferentes resoluciones administrativas dictadas en su derrotero en los que la suerte -mencionó- estuvo alternativamente en cabeza de ambos contendientes; destacó que lo trascendente era que aquél subsistió (v. fs. 208 y vta.).
Posteriormente, y además de formular una distinción conceptual entre los conflictos de encuadramiento sindical y de encuadramiento convencional, sostuvo que tal división teórica no se compadecía con el entramado fáctico que normalmente subyace al momento en que los sindicatos pretenden hacer valer sus derechos, pues "...muchas veces bajo el ropaje de un pedido de encuadramiento convencional se pretende lograr una delimitación propia del plano intersindical y viceversa...". Destacó -incluso- que, en un sistema sindical de unidad promocionada como el argentino, los ámbitos de dilucidación de ambos tipos de encuadramiento están mutuamente implicados de manera tal que, como condición previa, para que pueda resolverse un conflicto de encuadramiento convencional de un conjunto de trabajadores deberá existir una asociación capaz de representarlos es decir, un sindicato beneficiado con un encuadramiento sindical (v. fs. 212/213).
Así, estimó necesario definir -en primer término- cuál era el tipo de conflicto verificado en autos, para luego analizar la viabilidad de la pretensión.
Expresó que lo que realmente pretendía el sindicato reclamante era ser el único habilitado en lo referido a la presentación del "libre deuda sindical" exigido por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires para la transferencia de espacios; por lo que -en rigor- intenta obtener una declaración judicial encaminada a neutralizar la legitimación de otro sindicato para reclamar por deudas de origen convencional. Así, y en la medida que tuvo por acreditado que la actora y UTC y DRA mantenían una puja intersindical por la representación de los trabajadores que cumplen tareas en el Mercado Central entendió que la cuestión traída a juicio implicaba determinar quién poseía la legitimación para discutir el convenio colectivo aplicable, materia propia de un conflicto intersindical.
Desde esa perspectiva, consideró que la determinación de un encuadramiento convencional en favor de STIHMPRA implicaría desconocer aquella contienda pendiente entre las partes "...en contradicción con las normas imperativas que determinan los pasos a seguir -en sede asociacional o administrativa y, en último caso, en sede judicial con competencia excluyente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo- para obtener un pronunciamiento definitivo respecto de un conflicto de encuadramiento sindical (arts. 59 y 62, ley 23.551)...". Y, en esos términos concluyó que el sentenciante carece de jurisdicción para entender en el conflicto intersindical de encuadramiento en el que se enmarca la pretensión.
Agregó que aún en la hipótesis más favorable al accionante, tampoco la declaración de certeza peticionada podría tener favorable acogida, por cuanto no se presentaba en el caso el "estado de incertidumbre" al que se refiere el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial a tenor de los términos empleados en el escrito de demanda para fundar la acción (
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