Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120010
En la ciudad de La Plata, a 14 de agosto de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Genoud, de Lázzari, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.010, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados contra Vallejos, Mauro Orlando. Materia a categorizar".
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza se declaró incompetente para adoptar una decisión sobre el conflicto intersindical planteado y rechazó la acción deducida, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 548/554 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 590/591 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 569/590), los que fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 595/596 vta. Esta Suprema Corte, mediante resolución de fs. 624/625, tuvo por cumplida la intimación dispuesta a fs. 613/614 con la constancia adunada a fs. 619 y declaró reunidos los recaudos de admisibilidad del segundo de los medios de impugnación intentados.
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 627/629), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente desestimó la acción declarativa de certeza promovida por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina -en adelante STIHMPRA- contra Mauro Orlando Vallejos, por la que procuraba que se declarase "...aplicable el encuadramiento convencional bajo el CCT nº 232/94 sobre las relaciones de trabajo..." mantenidas por el accionado como empleador.
En el veredicto, ponderó que la parte actora había entablado la acción solicitando la "sustitución de la legitimación" de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (UTC y DRA) como acreedora de contribuciones -ello precisó- conforme el convenio citado precedentemente y la naturaleza de la actividad desplegada por Vallejos. También consideró que el accionado había alegado que desde la década del noventa existía un conflicto entre los sindicatos mencionados y que él no resultaba parte jurídicamente involucrada (v. fs. 548 y vta.).
En este marco, precisó que STIHMPRA "endereza su petición a la búsqueda de sostener un encuadramiento sindical a su favor, frente a una resolución dictada por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires [...] que habilitó a continuar con su operatoria a empresas deudoras del accionante, mediante la presentación de un 'libre deuda' por sumas adeudadas, no solo a la demandante, sino indiscriminadamente a la de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga" (fs. 548 vta.). Señaló que independientemente de las invocaciones del accionante y de la cuantiosa documental acompañada en su apoyo, la pretensión tenía la finalidad de obtener "la declaración de su legitimación" a fin de continuar cobrando las contribuciones que a su entender emanan del régimen convencional que defiende en sustitución de la Unión aludida, lo que evidencia entonces "que la interpretación del convenio colectivo aplicable, en el particular caso de autos, no es solicitado a fin de establecer las obligaciones y derechos de las partes de la relación laboral, ni estamos en el ámbito de resolución de alguno de los problemas que surgen de una elección equivocada del convenio que regiría una relación, o la errónea categorización convencional de un trabajador, situación que pueden generar situaciones conflictivas y deudas frente a una asociación sindical" (fs. 549).
Agregó que "si bien es cierto que un empleador puede no sólo resultar deudor frente al trabajador por diferencias salariales, sino que además pueden generarse deudas frente a la asociación sindical, no resulta tal el caso de autos" (fs. 549).
Ya en la sentencia, destacó -en lo esencial- que el "encuadramiento convencional" resulta el acto de determinación del convenio colectivo aplicable a una relación laboral, y que en caso de conflicto debe ser resuelto por los tribunales judiciales, especialmente por los del trabajo (v. fs. 550 vta. y 551).
Explicó, ahora haciendo referencia al "encuadramiento sindical", que distinto es el caso en el que detrás de la disputa por la aplicación de un convenio colectivo, se encuentra latente un conflicto de encuadramiento como condición de legitimidad para el cobro de contribuciones pactadas en ese instrumento. Sostuvo así, que el conflicto se plantea a menudo como aquel en el que el sector sindical se enfrenta con el empleador, titular del establecimiento sobre el cual se pretende obtener representación laboral de un sector de trabajadores (v. fs. 551).
Con todo, y toda vez que en el caso "se pretende el derecho a representar -en detrimento de la aludida Unión de Trabajadores de Carga y Descarga-, a un sector de trabajadores", apreció que ello implicaba una controversia intersindical (v. fs. 551 y vta.).
En ese orden, luego de recordar la doctrina legal de esta Corte que indica que los jueces locales no tienen jurisdicción para entender en estas cuestiones, expuso que de acuerdo a lo establecido en los arts. 59, 60 y 61 de la ley 23.551 el conflicto debía resolverse con debate en el seno sindical, agotándose con última intervención de la Comisión Arbitral de la Confederación General del Trabajo, el Comité Central y el Congreso Confederal, salvo que las partes resuelvan recurrir a la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y en su caso ante la Justicia Nacional del Trabajo. En esa línea, y en tanto la pretensión configuraba "un implícito pedido de encuadramiento sindical", se declaró incompetente (v. fs. 551 vta. y 552)
Finalmente, atento a la naturaleza real de la pretensión sobre la que versa el proceso y los intereses involucrados, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el demandado (v. últ. fs. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 590/591).
Afirma que el juzgador soslayó pronunciarse respecto de la cuestión esencial sometida a juzgamiento, pues no resolvió la temática relativa al encuadramiento convencional peticionado y omitió ponderar cuestiones de hecho y prueba esenciales para la resolución del proceso.
Entiende -asimismo- que el fallo carece de todo sustento normativo, toda vez que se pretendió aplicar la ley 23.551 a un supuesto de encuadramiento convencional cuando tal dispositivo sólo resultaría operativo para los casos de encuadramiento sindical.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Subprocurador General en su dictamen (v. fs. 627/629), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde poner de relieve la defectuosa técnica observada en la formulación subsidiaria del presente medio de impugnación extraordinario.
III.2. Aun soslayando el referido déficit, es menester recordar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015 y L. 118.121, "Vega", sent. de 11-II-2016).
III.3. En el caso, no se demuestra la configuración de ninguna de las causales nulificantes alegadas.
III.3.a. Lejos de incurrir en una preterición inexcusable en los términos del art. 168 de la Constitución local, el sentenciante se ocupó de examinar el alcance que -en rigor- tenía la pretensión articulada y sobre tal base hubo de juzgar que remitía a "un implícito pedido de encuadramiento sindical" materia sobre la cual no resultaba competente (v. fs. 552).
Surge nítido entonces que -más allá de la opinión que pudiera merecer la decisión adoptada- lo cierto es que el juzgador en modo alguno soslayó abordar la cuestión vinculada con el "encuadramiento convencional" peticionado en la causa según lo señala el quejoso.
En tal sentido, esta Corte ha declarado que los agravios que se dirigen a controvertir la valoración del material probatorio, la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión, el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando , resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011 y L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014).
Para más, cabe agregar que los cuestionamientos referidos a la consideración y ponderación de circunstancias de hecho y prueba como la detallada por el impugnante, resultan ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad intentado (causas L. 96.238, "M., B. L.", sent. de 9-XI-2011; L. 105.062, "Agosto", sent. de 17-X-2012 y L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016).
III.3.b. Por otro lado, aun sin contemplar que el recurrente no se ocupa de brindar argumentos que avalen la aludida falta de fundamentación legal que atribuye al pronunciamiento, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 115.513, "Salinas", resol. de 30-XI-2011; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013 y L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013), hipótesis que no concurre en la sentencia atacada, en la cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido; con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Negri, Genoud y de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina denuncia absurdo y la violación de los arts. 59 y 62 de la ley 23.551; de las leyes 14.250 y 22.105; del Convenio Colectivo de Trabajo n° 232/94 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 569/590).
I.1. Alega que el juzgador incurrió en absurdo al confundir dos institutos diferentes como lo son el encuadramiento sindical con el convencional, interpretando erróneamente la normativa aplicable y apartándose del objeto de la demanda (v. fs. 577 vta. in fine /580 vta.).
I.2. Insistiendo que en el litigio no se debate un encuadramiento sindical sino convencional y que en este último escenario los sindicatos se encuentran legitimados para realizar planteos como el que aquí se ventila, alega que en el pronunciamiento recurrido se apreciaron erróneamente los antecedentes del caso pues -a diferencia de lo allí expuesto- existe un encuadramiento sindical ya dirimido en favor del accionante mediante el dictado de la resolución "DNAG" n° 44/85 respecto del personal dependiente de los consignatarios y operadores que desarrollan su actividad en el ámbito del Mercado Central de Buenos Aires (v. fs. 580 vta. y 581).
En ese marco, dice que es equívoca la definición de grado en cuanto cuestiona la existencia de un encuadramiento sindical en los términos de la ley 23.551. Sostiene que la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 918/14 dictada en el marco de un expediente administrativo iniciado por la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, no le quita eficacia -en virtud de los argumentos que despliega- al encuadramiento sindical vigente emergente de la citada resolución n° 44/85. En el punto, destaca que el juzgador omitió valorar el informe obrante a fs. 236/509, que a su criterio es una prueba esencial en tanto avala su postura (v. fs. 581/582 vta.).
Luego de referirse a cierto litigio que habría tramitado en otro tribunal de trabajo, reitera que se encuentra probada la existencia de un encuadramiento sindical en favor de STIHMPRA resultando arbitraria la sentencia de autos (v. fs. 582 vta./584).
A la par, expresa que el a quo "pretende -con desacierto- reducir la cuestión a un mero ánimo de cobro de contribuciones", cuando la determinación del convenio colectivo de trabajo aplicable define tanto la escala salarial de los dependientes, como la obligación de pago de determinados aportes y contribuciones convencionalmente establecidos (v. fs. 585 y vta.).
Reiterando que en el fallo se ha valorado erróneamente el contenido de la pretensión, explica que su objeto lo constituye no sólo la interpretación del convenio colectivo individualizado en la demanda, sino además la determinación acerca de si es aplicable a la accionada. En cuanto a la legitimación pasiva, aduce que jamás se requirió la "sustitución de la legitimación" sino que lo solicitado fue lisa y llanamente un "encuadramiento convencional" que sólo puede perseguirse contra el sujeto empleador, y que tampoco hubo planteo de incompetencia (v. fs. 586/587).
Seguidamente, alega que la jurisprudencia es conteste en que la resolución de encuadramiento convencional es competencia exclusivamente judicial (v. fs. 587 vta. y 588).
Concluye que, toda vez que el juzgador incurrió en un claro yerro al identificar la pretensión incoada como un conflicto intersindical, los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 no resultan aplicables a la presente litis, observándose a la par soslayada la debida valoración de lo dispuesto en las leyes 14.250 y 22.105 (v. fs. 588/590).
I.3. Finalmente, sostiene que, en tanto el sentenciante se limitó a declararse incompetente para resolver un conflicto intersindical, constituye un absurdo haber impuesto las costas por su orden.
Además, expresa que cuando se revoque la decisión de grado, deberá esta Corte modificar la imposición de costas, que habrán de ser afrontadas exclusivamente por la parte demandada (v. fs. 591).
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Como surge de lo reseñado, el núcleo del discurso que contiene el medio de impugnación -de allí parten numerosas objeciones planteadas- está constituido por aquella crítica en la que se tacha de absurda a la sentencia afirmándose que en ella el tribunal de grado habría resuelto el caso confundiendo dos institutos disímiles: "el encuadramiento sindical" y "el encuadramiento convencional", pese a la clara pretensión efectuada en autos enmarcada en este último. En ese entendimiento, el interesado le endilga al sentenciante haberse apartado del objeto de la demanda, de lo requerido en ella y de los hechos probados.
II.1.a.i. El tenor de la impugnación muestra así una aparente conexión con el principio de congruencia, cuya transgresión sin embargo no ha sido invocada, ni la eventual infracción a las normas procesales que lo receptan.
La insuficiencia del recurso emerge patente a la luz de los recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012; L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; e.o.), siendo sabido que este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que se incurre al fundar el recurso (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018).
II.1.a.ii. En una hipótesis diferente, no logra demostrar el interesado el apartamiento que le atribuye al juzgador de los términos en que quedó trabada la litis.
Pueda o no compartirse, no luce irrazonable a la luz de aquella inicial pieza procesal, la esencial motivación que contiene el pronunciamiento en tanto allí se afirmó que independientemente de las invocaciones del accionante y de la cuantiosa documental acompañada en su apoyo, la pretensión tenía la finalidad de obtener "la declaración de su legitimación" a fin de continuar cobrando las contribuciones que a su entender emanan del régimen convencional que defiende, en sustitución de la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga (v. vered., fs. 548 vta. y 549), tampoco la determinante conclusión a la que arribó al juzgar que entonces la cuestión a dilucidar remitía a un "implícito pedido de encuadramiento sindical" materia sobre la cual no resultaba competente a tenor de lo reglado en la ley 23.551 (v. fs. 552).
II.1.b. Y finalmente, sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el acierto de la decisión, no acredita el quejoso el absurdo que denuncia cuando le atribuye al órgano jurisdiccional de grado haber ignorado ciertos antecedentes obrantes en autos.
II.1.b.i. Aun cuando en la valoración que llevó a cabo el a quo en el veredicto no obra una descripción minuciosa de las constancias del expediente (v. fs. 549), tampoco se avizora la omisión en la que pretende hallar fundamento la impugnación. Es que en lo tocante al encuadramiento sindical al que se hace referencia y acotado a lo argumentado por el interesado, no evidencia éste que las resoluciones dictadas por diversos organismos (agregadas en autos mediante prueba informativa) se erijan como un obstáculo lógico que inexorablemente le impida al tribunal de la instancia sostener -en lo fundamental- que en los términos del régimen legal vigente en la materia (la ley 23.551, cuya inaplicabilidad -por cierto- no se justifica con argumentos aptos) no ha habido una resolución inicial válida acerca del conflicto por parte de la Confederación General del Trabajo a través de sus comisiones arbitrales, y estatutariamente con recurso al Comité Central Confederal y el Congreso, como interpreta el interesado del contenido de la sentencia (v. fs. 551 vta.).
Dable es recordar, que el absurdo es un instituto excepcional, que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, ni puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
II.1.b.ii. Dejando a un lado lo anterior, la afirmación del quejoso con sustento en los antecedentes que habrían sido ignorados, igualmente no resulta demostrativa del yerro que subraya al pretender neutralizar la esencial definición de grado que concibe que el conflicto en rigor es de naturaleza "intersindical", ajeno a la competencia del órgano jurisdiccional local.
Por cierto, la mera mención que desliza entre sus otros argumentos aludiendo a una ausencia de planteo por parte de la contraria respecto a la competencia del tribunal, toda vez que carece de un mínimo desarrollo argumental, en modo alguno fortalece al recurso ni puede ser atendible.
II.1.c. Las consideraciones que anteceden, fundadas en el insalvable déficit que porta el recurso, tornan inabordables los restantes argumentos traídos por el impugnante.
II.2. En cuanto a las costas, la impugnación nuevamente luce inhábil.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.