Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75575
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 75.575, "Romero, Mauro Julián c/ Dcción. Prov. de Política y Seg. Vial y ot. s/ Materia a categorizar".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó los recursos de apelación deducidos por las codemandadas y, en consecuencia, confirmó la sentencia de fs. 112/119 vta. que declaró, en la especie, la inconstitucionalidad de los arts. 10 inc. 3 del decreto 532/09 y 14 de la ordenanza fiscal municipal de General Pueyrredon y ordenó a la citada comuna y a la Dirección de Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a que en el plazo de diez días, de manera coordinada, reanuden el trámite iniciado por el actor tendiente a la renovación de su licencia de conducir, obviando la deuda que registra por multas de tránsito (v. fs. 172/189).
Contra dicho pronunciamiento, ambas codemandadas, Municipalidad de General Pueyrredon y Provincia de Buenos Aires, interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (conf. presentaciones electrónicas de los días 23 de agosto de 2018 y 31 de agosto del mismo año, respectivamente), que fueron concedidos por la Cámara a fs. 196/197.
En atención a los términos en que ambas impugnaciones aparecen fundadas, corresponde brindarles tratamiento en forma conjunta.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 199) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Son fundados los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por la Fiscalía de Estado y por la Municipalidad de General Pueyrredon?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de amparo promovida por el señor Mauro Julián Romero contra la Municipalidad de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires -Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial-, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 10 inc. 3 del anexo II del decreto reglamentario 532/09 de la ley 13.927 y 14 de la ordenanza fiscal municipal de General Pueyrredon y condenó a las accionadas a que en el término de diez días procedan a reanudar el trámite de renovación de licencia de conducir iniciado por el actor, permitiendo su continuidad hasta su culminación, sin perjuicio de la deuda registrada en favor del Fisco provincial (v. fs. 112/119).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó los recursos de apelación deducidos por las codemandadas y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad -en la especie- de los arts. 10 inc. 3 del decreto 532/09 y 14 de la ordenanza fiscal municipal de General Pueyrredon (v. fs. 172/189).
II.1. De modo liminar, el Tribunal de Alzada desestimó el planteo recursivo que en común esgrimieron ambas partes, vinculado a la inidoneidad de la vía constitucional del amparo para canalizar el asunto debatido.
En tal sentido el a quo descartó la posibilidad de recurrir a las pretensiones del art. 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo (ley 12.008 y sus modif.), pues consideró que los senderos rituales previstos en el mismo difícilmente hubieran permitido al accionante plantear el caso ante los jueces del fuero bajo las circunstancias que se denuncian en el presente proceso.
Del mismo modo sostuvo que tampoco podría encauzarse lo ventilado en autos mediante la acción originaria de inconstitucionalidad del art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial, en tanto el demandante no cuestiona -como erróneamente aduce la Provincia de Buenos Aires- directamente lo reglado por una norma, ni persigue impugnar en abstracto su contenido. En ese orden entendió que, en puridad, el actor se encuentra ante una negativa a actuar por parte de la Administración fundada en lo dispuesto en el inc. 3 del art. 10 del decreto 532/09, reglamentario de la ley 13.927, esto es "tener libre deuda de infracciones de tránsito" como requisito para dar curso favorable al procedimiento de renovación de la licencia de conducir.
Destacó que, conforme lo ha expresado en precedentes similares, la reglamentación aludida, en cuanto exige el pago de la multa de manera ineludible para la renovación de la licencia de conductor, resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.) y, en definitiva, afecta el derecho a la libre circulación.
Consideró que tal exigencia no tiende a un objetivo vinculado con la seguridad vial, sino que posee un fin claramente recaudatorio que no se condice con el medio empleado.
Adujo que la disposición reglamentaria desconoce o restringe derechos que la ley reglamentada otorga, a la vez que subvierte su espíritu y finalidad, contraría el principio de jerarquía normativa, configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo, e infringe el principio de razonabilidad. Asimismo, la consideró violatoria de las garantías relacionadas con el trabajo y el ejercicio de actividad lícita y con la igualdad, así como también con el núcleo protectorio de las libertades personales consagradas en el art. 18 de la Constitución nacional.
Señaló a la par que la apelación intentada por la comuna no lograba desbaratar los fundamentos desplegados respecto de la irrazonabilidad del precepto analizado, los que resultaban plenamente aplicables al caso del art. 14 de la ordenanza 22.065.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de la Fiscalía de Estado se agravia del decisorio en crisis, por considerarlo arbitrario. Denuncia la violación de los arts. 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional, las normas que emanan de la ley 26.353, e invoca también el absurdo de lo decidido (conf. presentación electrónica del día 31 de agosto de 2018).
Expresa que la sentencia impugnada es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial. En tal sentido, sostiene que el art. 10 inc. 3 anexo II del decreto 532/09 tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal alega que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional. Aduce que, aunque el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, de la que deriva su idoneidad y eficacia para tutelar un bien jurídico tan trascendental como es la seguridad vial.
Señala que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución, circunstancia que no se da en autos. Afirma que, por el contrario, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal de Alzada no cumple con aquellos extremos básicos, ni advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y las leyes nacionales 23.363 y 24.449 y, de su lado, aquella no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios hábiles para la protección de sus derechos.
Por último, afirma que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce que el art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 tampoco podría serlo, pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
IV. La comuna accionada cuestiona el fallo del Tribunal de Alzada con argumentos sustancialmente análogos a los traídos por la Fiscalía de Estado.
V. Los recursos no prosperan (art. 279, CPCC).
V.1. El detenido análisis del contenido de las impugnaciones deducidas permite advertir que los argumentos que las sustentan no están desarrollados con la claridad que demanda una pieza de esa naturaleza y tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, en su segunda parte, dispone que el escrito de deducción deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia y, en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error.
Sobre ello este Tribunal sostuvo que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (causas Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
En el sub lite tales recaudos no han sido satisfechos en tanto los impugnantes omiten rebatir los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial- y la existencia de un medio judicial más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria impuesta como es el proceso de apremio.
Por el contrario, los recurrentes intentan justificar la razonabilidad de la medida dispuesta por el precepto legal en cuestión aludiendo a que la ley nacional 26.353 -a la cual adhiere nuestra ley provincial 13.927- recepta el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, el cual transformó a esta última en una cuestión prioritaria de alcance nacional y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad.
Más no acreditan con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestran la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito (doctr. causa A. 73.740, "Del Campo", sent. de 10-VIII-2016).
V.2. Por otra parte, advierto que las recurrentes en lugar de individualizar la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia que aducen erróneamente aplicada, citan jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para fundar el aserto en orden a que la declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio del ordenamiento jurídico.
En tal contexto, recuerdo que este Tribunal tiene dicho que la invocación de precedentes de otros órganos judiciales no resulta eficaz para fundamentar el recurso de inaplicabilidad de ley en tanto no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas C. 101.236, "Consorcio de Propietarios Parque Aranda", sent. de 29-IV-2009 y C. 107.960, "Talavera", sent. de 5-IV-2013), aunque se trate de los fallos de la Corte Suprema de la Nación.
V.3. Cabe desestimar también el agravio relativo al absurdo invocado, toda vez que para que la misma proceda es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhiben las denuncias en tratamiento.
V.4. En otro orden, las piezas recursivas se limitan a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 5, 17, 18, 31 y concordantes de la Constitución nacional-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquellos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
V.5. Idéntico déficit en la postulación cabe resaltar respecto al argumento esbozado con relación a que el pago de las multas previo a la renovación de la licencia de conducir tiende a proteger la seguridad vial.
Sobre tal asunto los recurrentes, al no rebatir con argumentos sólidos las razones dadas por el Tribunal de Alzada, dejan incólume lo referido a la relación del pago de las multas con la obligación de la parte demandada de adoptar medios conducentes y razonables que mejor servirían para asegurar la prevención de la accidentalidad y garantizar la seguridad de las personas que interactúan en la cadena vehicular.
VI. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley deben ser rechazados (art. 289, CPCC).
Costas a las recurrentes vencidas (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor de Lázzari, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Municipalidad de General Pueyrredon (arts. 279 y 289, CPCC), con costas a la vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia