Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120850
En la ciudad de La Plata, a 18 de septiembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Soria, Negri, de Lázzari, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.850, "Senosiain, Carlos Alberto contra Provincia ART S.A. Materia a Categorizar".
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la vencida (v. fs. 83/90 vta.).
Se dedujo, por Provincia ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 100/109 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo admitió el reclamo promovido por el señor Carlos Alberto Senosiain contra Provincia ART S.A. en cuanto procuraba el cobro de la diferencia de indemnización por incapacidad parcial y permanente (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557) derivada de la aplicación de las pautas previstas en la ley 26.773, con más el adicional del 20% contemplado en el art. 3 de ese cuerpo normativo.
Por no mediar controversia en torno al infortunio protagonizado por el trabajador (4 de junio de 2010) y la determinación de su grado de minusvalía (20% del índice de la t.o.) -esto último en el marco de las actuaciones caratuladas "Senosiain, Carlos Alberto contra Provincia ART s/ apelación de resolución administrativa", que tramitó ante el mismo organismo- el a quo se abocó a examinar la pretensión incoada, previa declaración de la cuestión como de puro derecho.
Consideró entonces que, no obstante lo ya abonado por la demandada el día 21 de agosto de 2015 ($46.418,01), en concepto de prestación dineraria por la minusvalía determinada judicialmente, correspondía evaluar la acción instaurada conforme la normativa vigente al momento de concretarse dicho pago.
En ese marco, entendió que debía aplicarse al caso la ley 26.773.
En lo sustancial, con apoyo en opiniones doctrinarias y antecedentes propios, el tribunal interviniente resolvió que las sucesivas reformas introducidas al sistema de riesgos del trabajo, en cuanto al monto dinerario de pago de las prestaciones, deben aplicarse a las contingencias acaecidas aun con anterioridad a su respectiva entrada en vigencia, si al momento de dictar sentencia aquéllas se hallaren incumplidas.
Descartó que la inmediata aplicación de la ley a una relación jurídica existente constituya un supuesto de retroactividad, o lesione el derecho de propiedad de las aseguradoras, pues sólo el pago de la indemnización (consumación del hecho reparativo) quita virtualidad a las normas que rigen en el momento de colocar las cosas en el estado en que se encontraban antes de producirse el daño.
En el marco constitucional delineado por los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y en sintonía con el principio de progresividad, decretó la invalidez del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Señaló que tal decisión no comportaba una alteración del principio de congruencia, puesto que se otorgaba la indemnización tarifada sin incluir en la condena rubros no peticionados. Descartó además una eventual lesión del derecho de defensa en juicio o de las reglas del debido proceso, en la medida en que la aseguradora demandada había ejercido sin restricciones su derecho de defensa, no quedando obligada más allá de las prestaciones previstas por la ley 24.557 y sus modificatorias.
Concluyó que lo abonado al trabajador había sido insuficiente dado que por entonces ya regía la reforma instituida por la ley 26.773 y estimó la reparación con sujeción al mínimo establecido por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, ($142.695,20) con más el 20% establecido en el art. 3 de ese cuerpo normativo ($28.539,04).
A la suma resultante le descontó lo ya percibido por el actor ($46.418,01) y luego ajustó el remanente ($124.816,23) con el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio para los Trabajadores Estables) vigente entre la fecha del infortunio laboral -junio de 2010- y el correspondiente a la del pago -agosto de 2015-, alcanzando un total de $535.461,62 (v. fs. 86 vta.).
Finalmente, atento el particular modo de concluir, estableció que al monto de condena se le apliquen intereses conforme la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el 21 de agosto de 2015 hasta su efectivo pago (v. sent., fs. 87).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 14 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 3, 21, 622, 656 -segunda parte-, 953, 1.071 y 1.198 del Código Civil; 2 de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 414/99; resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15; 375, 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773.
Sostiene, en lo esencial, que lo resuelto vulnera la doctrina sentada por esta Corte en la causa "Staroni", así como por la Corte nacional en el precedente "Espósito", en cuanto confirman que la ley 26.773 sólo resulta aplicable a las contingencias previstas en la ley 24.557 -y sus modificatorias- cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de la fecha de entrada en vigencia de la primera (v. fs. 102 y vta.).
II.2. Impugna el modo en que se ajustó la condena señalando que el mecanismo de la ley 26.773 sólo puede ser aplicado -conforme lo establece el decreto reglamentario 472/14- a las compensaciones adicionales de pago único y a los mínimos indemnizatorios de los arts. 14 y 15 de la ley 24.557, más no respecto de aquellas prestaciones liquidadas según las fórmulas polinómicas previstas en los preceptos enunciados.
Luego, afirma que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de tal ordenamiento al utilizar el índice RIPTE sobre el mínimo determinado según la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 387/16 (debió decir 6/15), pues esta última define -con arreglo a lo dispuesto por el citado art. 8 de la referida ley- el importe de la prestación ya ajustada. De este modo -asegura-, incurrió en una doble actualización (v. fs. 102 vta./106).
II.3. También impugna la tasa de interés según la cual el tribunal ordenó se liquiden los accesorios de carácter moratorio, alegando que la propuesta por el juzgador de grado (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009); criterio que luego resultó ratificado -mas allá de lo expuesto por el juzgador sobre el tópico- en L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), en la que se declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.399 (v. fs. 106/109).
II.4. Finalmente, cuestiona la imposición de costas a su parte, en tanto aduce que cumplió con lo dispuesto por la normativa vigente al momento del hecho, solicitando se lo exima (v. fs. 109).
III. El recurso prospera.
III.1. De inicio se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia, limitándose a suscribir la constancia de registro del resolutorio (v. fs. 90 vta.).
Tal defecto constituye una falencia de forma y no conduce por sí sola a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), pero tampoco pasa inadvertido en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Aclarado ello, entiendo que merece favorable recepción el agravio que trae la interesada contra lo resuelto por el tribunal de grado en tanto cuantificó la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
III.2.a. En primer lugar, la decisión que admite el planteo de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuado al demandar (v. fs. 31 vta.) debe ser revocada, de conformidad con lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.371, "Bustamante", sentencia 14-II-2018, en la que adherí al voto del doctor Soria, y que, en lo pertinente, habré de reproducir.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1.087; 301:1062; 302:457 y 1.149; 303:1708; 324:920; 335:2333; e.o.).
En el caso, bajo la aparente contradicción con ciertos preceptos de la Constitución nacional, la solución a la que arribó el sentenciante de marginar del caso al art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, reposa en verdad en un argumento que, lejos de sustentarse adecuadamente en una regla de rango constitucional, pretende encontrar fundamento en una pauta general prevista en la legislación civil (la de la aplicación inmediata de la nueva norma; arts. 3, Cód. Civ. y 7, Cód. Civ. y Com.). Aunque ello se hace, reemplazando las normas especiales que contiene el régimen de infortunios laborales.
La reflexión plasmada en el pronunciamiento atacado no demuestra una falta de razonabilidad en el criterio escogido en las normas cuestionadas para determinar la entrada en vigencia de las disposiciones pertinentes teniendo en consideración la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante.
Tampoco la alusión al "principio de progresividad" que el tribunal sitúa en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, justifica la decisión adoptada; máxime cuando ningún argumento porta el fallo tendiente a demostrar la configuración en el caso de una situación de "total desamparo" relativa al damnificado que aconsejase aplicar una solución acorde con apoyo en el citado principio (CSJN causa "Arcuri Rojas Elsa c/ ANSeS", sent. de 3-XI-2009).
Lo resuelto no se ajusta a aquellas directrices de este Tribunal que señalan que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal sólo ha de tener cabida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad normativa inconciliable (causa L. 74.814, "Sánchez", sent. de 29-IX-2004).
Por último resta señalar que, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como este Tribunal se han expedido sobre la temática que gira en orden al ámbito temporal de aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, debiéndose destacar que en dichas oportunidades ningún reproche constitucional mereció la pauta que recepta el art. 17 apartado 5 de la ley citada, cuya aplicación llevó a los mencionados tribunales a una solución que contrasta con la adoptada en la sentencia impugnada.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
III.2.b. Sentado lo anterior corresponde que me expida sobre el fondo del agravio traído a debate, es decir, respecto de la concreta aplicación al caso de la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), esta Corte se expidió estableciendo que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O., 3-I-2000 y 1.694/09, B.O., 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016; L. 118.202, "B.T., E. y otros", sent. de 8-II-2017; e.o.).
A tenor de lo expuesto, y teniendo en cuenta que, a la fecha de ocurrencia del infortunio (4 de junio de 2010), determinante en el razonamiento del a quo , la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012) no se encontraba vigente, asiste razón a la interesada en cuanto postula que dicha normativa no resulta aplicable al caso, por lo que cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en ellas, el importe de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
En consecuencia, siendo que el caso bajo examen cae bajo la órbita de aplicación de la ley 24.557 con las modificaciones del decreto 1.694/09, los autos deberán volver al tribunal de origen para que, nuevamente integrado, dicte el pronunciamiento que corresponda.
III.3. En este marco, pierde virtualidad el abordaje del agravio relativo a los ítems sobre los que debería recaer el ajuste en cuestión, como también, la denuncia en torno a una presunta doble actualización del importe de condena.
III.4. En cuanto a los intereses determinados en la instancia de grado, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que tales accesorios debían ser calculados -desde la fecha del pago parcial hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 87).
La impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 106/109).
III.4.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento a la particular forma de concluir [...] deben aditarse los intereses [...] desde el 21/08/2015...", sent., fs. 87), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente al trabajador aplicando las disposiciones de la ley 26.773 y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde la fecha señalada.
Por lo cual, siendo que -conforme propongo precedentemente- debe revocarse la aplicación de la ley 26.773, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el sentenciante en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa que rige el caso examinado.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.5. Finalmente, dado el modo de resolver, no corresponde analizar el agravio dirigido a cuestionar la imposición de las costas.
III.6. En atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar nuevamente a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa.
A ello debe sumarse el evidente desapego de los magistrados a la doctrina actualmente vigente, cuyo seguimiento -vale recordar- responde a la necesidad de mantener, conforme una de las facetas de la télesis de la casación, la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.).
IV. Por lo expuesto, debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 y dispuso la aplicación de sus prescripciones al caso en juzgamiento. En consecuencia, se deja sin efecto la estimación de los importes indemnizatorios y de los acrecidos computados.
Los autos deberán volver al tribunal de la instancia de origen para que, nuevamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo resuelto en los puntos III.2.a., III.2.b. y III.4.b. de este voto.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.1. de su voto.
I.2. Sentado lo anterior, cabe revocar lo resuelto en el pronunciamiento de grado en cuanto allí hubo de cuantificarse la indemnización que contiene la condena con arreglo a las pautas previstas en la ley 26.773.
I.2.a. Al respecto, las razones que esgrime el ponente en el punto III.2.a. de su sufragio, concordantes con las que desplegué en oportunidad de votar en la causa L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018), a la que por brevedad remito, conducen a dejar sin efecto la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la mentada ley efectuada por el órgano jurisdiccional de la instancia.
I.2.b. Dicho esto, comparto a su vez lo expuesto en el apartado III.2.b. del voto inaugural.
I.3. Luego, concuerdo con lo señalado por el doctor Genoud en el apartado III.3. de su voto.
I.4. En cuanto a los intereses aplicados por el tribunal de grado, comparto también lo resuelto por el colega ponente, si bien ello, a tenor de los fundamentos que brindé en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016).
I.5. Finalmente, también adhiero a lo afirmado por mi distinguido colega doctor Genoud en el punto III.5. de su sufragio.
II. Con todo, cabe acoger el recurso conforme se resuelve en el apartado final del sufragio que abre este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. El recurso prospera parcialmente.
II.1. Tal como ya lo he expresado en las causas L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 y L. 117.318, "Reineche", sentencia de 28-IX-2016 (entre otras), en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado como regla general el criterio adoptado por normas anteriores que dispusieron modificaciones en el sistema prestacional de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el sentido que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, es decir, que resultan aplicables a las contingencias que se produzcan con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia. En ese sentido he contribuido con mi voto a formar la doctrina legal que surge del precedente L. 94.904, "Bertino", sentencia de 22-X-2008 y los que siguieron, con motivo de las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00.
Entonces, por establecer el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 una regla general similar a la contenida en normas anteriores, tal doctrina le resulta aplicable, correspondiendo dejar sin efecto su descalificación constitucional.
Sobre este punto debo decir que sin perjuicio de que soy de la opinión que p
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.