Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122832
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.832, "S., M. L. contra R., M. A. Materia a categorizar" con arreglo al siguiente orden de votación (Acuerdo 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari.
La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata confirmó la sentencia que, a su turno, acogiera la solicitud de atribución del hogar conyugal en favor de la señora M. L. S. y los niños K. P. R., P. S. L. y C. A. R. (v. fs. 584/611).
Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 622/644).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó el planteo de nulidad incoado por el demandado y, por tanto, confirmó la sentencia de primera instancia que, oportunamente, hiciera lugar a la pretensión de atribución del hogar conyugal en favor de la señora M. L. S. y de los niños -cuya guarda ejerce- K. P. R., P. S. L. y C. A. R., hasta su mayoría de edad (v. fs. 584/611).
Sostuvo, en apoyo de su conclusión, que "...de no confirmarse la sentencia -en lo que a la atribución del hogar se refiere-, se configuraría la privación de un derecho esencial que atañe a sus personas, como es el aseguramiento del derecho humano a que se les proporcione una vivienda digna por parte de quien asumiera la obligación legal de brindarles la satisfacción de necesidades materiales en su favor, al solicitar voluntaria y expresamente su guarda. Atento lo expresado, habiendo el demandado asumido durante la vida en común con la aquí accionante el sustento económico de los niños, incluido el aporte material del rubro vivienda, y que un cambio de situación al respecto les ocasionaría un grave daño a aquéllos, la exigibilidad prevista en el art. 676 del CCyC, en este caso, y por analogía jurídica con la figura de padre afín, deviene incuestionable" (fs. 604).
II. Frente a ello, el demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en los términos de los arts. 278, 279 y 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 161 inc. 3 "a" de la Constitución provincial (v. fs. 622/644).
Controvierte, primeramente, el rechazo de la nulidad esgrimida contra la sentencia de fs. 477/490.
Luego critica el resto del fallo del Tribunal de Alzada, agraviándose de la normativa legal aplicable y cuestionando el rechazo de los agravios llevados ante ella relativos a la falta de legitimación activa y pasiva y la imposición a su parte de la figura del padre afín y al plazo de la atribución del hogar conyugal hasta la mayoría de edad de los niños.
Finalmente, aduce que el a quo ha omitido tratar el agravio relativo a la violación del derecho de propiedad.
III. La impugnación no puede prosperar.
Por considerar que los mismos abastecen adecuadamente la respuesta que cabe dar al recurrente, comparto y hago propios los fundamentos y conclusiones del dictamen del representante del Ministerio Público obrante a fs. 658/662 (en cuanto señala la improcedencia formal del recurso respecto de los agravios esgrimidos -v. fs. 659 vta./660 vta.-), a los que -entonces- me remito en razón de la brevedad y doy aquí por reproducidos (conf. metodología utilizada por esta Corte en C. 115.708, "N. N.", sent. de 12-VI-2013; C. 117.506, "B., Y. I.", sent. de 3-IV-2014; C. 118.271, "S., M. A.", sent. de 2-VII-2014).
Entre los sólidos argumentos esgrimidos se expresa que "...si bien es cierto que el caso en estudio no resulta encuadrado completa y técnicamente en el art. 676 del CCyCN -que establece la obligación alimentaria del progenitor afín-, no lo es menos que la finalidad con que fue incorporada dicha norma a nuestro ordenamiento jurídico coincide en un todo con la situación que analizamos: proveer de lo imprescindible a los menores que en este caso, si bien no son hijos se encuentran en proceso de declaración de adoptabilidad para ser adoptados -de prosperar- por la señora S. -su ex conviviente-, cuyas necesidades fueron cubiertas voluntariamente por el señor R. y que su corte abrupto e intempestivo podría ocasionar un grave daño (art. 2 del CCyCN)" (fs. 660/661).
Es de resaltar que se trataba de un proyecto de adopción de ambos convivientes: los dos adultos se inscribieron en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción y recibieron -en ese marco- la guarda simple de los niños. Al sobrevenir la ruptura de la unión el demandado mantuvo el proyecto un tiempo y luego desistió unilateral y arbitrariamente del trámite de adopción aduciendo expresamente su voluntad de desligarse no solo de las obligaciones asumidas sino también de toda consecuencia que semejante decisión pudiera generar en la vida de esos pequeños, tanto en lo afectivo como en lo económico.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Notifíquese con entrega de copia del dictamen de fs. 658/662.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera, pues no logra rebatir uno de los argumentos centrales que sostiene la decisión impugnada (art. 289, CPCC).
I.1. Contra la sentencia dictada por el tribunal a quo (v. fs. 584/611) que confirmó lo decidido en la instancia de origen (v. fs. 477/493 vta.) en cuanto hizo lugar a la demanda de atribución del hogar en favor de la señora M. L. S. y de los niños K. P. R., P. S. L. y C. A. R., hasta su mayoría de edad, interpuso el demandado M. A. R. -por apoderado- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en tratamiento (v. fs. 622/644).
Le agravia la decisión de la Cámara en tanto rechazó el recurso de nulidad por la pretendida omisión de tratamiento de lo dispuesto en el art. 526 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 625/630). También denuncia la violación del art. 7 y concordantes del mentado ordenamiento (v. fs. 630/631); cuestiona el rechazo de las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva (v. fs. 631/635), la aplicación analógica de la figura del "progenitor afín" (v. fs. 635 y vta.), así como el plazo de duración de la referida atribución (v. fs. 635 vta./638 vta.), y la omisión de tratamiento del planteo referido a la violación del derecho de propiedad (v. fs. 638 vta./640 vta.).
I.2. En lo que encuentro relevante para decidir el caso, la sentencia recurrida recordó que "cuando se produce la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial -como en este caso- en vida de sus integrantes, es factible que uno de ellos obtenga la atribución del uso de la vivienda familiar". Precisó a renglón seguido que "ya sea que se trate de un matrimonio o de una unión convivencial, la atribución del hogar puede ser objeto de acuerdo entre sus miembros -rigiéndose en tales casos por los arts. 438 y 439 en el divorcio y art. 514 para las uniones- o en su defecto, por decisión judicial" (fs. 593 vta.).
Con todo, puso de resalto ese tribunal que "la cuestión sometida al órgano jurisdiccional no se trata de la mera atribución de la vivienda ante la ruptura de una unión convivencial, sino de un pedido de atribución por parte de la exconviviente, quien además resulta ser condómina del inmueble en cuestión (v. fs. 17/20; 40/44), y reviste la calidad de guardadora de tres niños menores de edad, de los cuales detenta a su exclusivo cargo el cuidado personal. Cabe destacar también -continuó-, que dichos niños se hallan en extrema situación de vulnerabilidad por los padecimientos derivados de su historial de vida -desprendimiento de su familia biológica o de origen-, los que se han visto aún más potenciados por el accionar intempestivo del demandado, ante el desistimiento de su voluntad adoptiva para con aquéllos". Y enfatizó que "esta última cuestión, al igual que lo considerado por la magistrada, incide de manera directa en la solución del caso" (fs. 595).
Luego, acudió a las constancias documentales de las causas conexas que involucran al grupo familiar en crisis y a la luz de ellas reparó en las siguientes circunstancias:
I.2.a. En los autos caratulados "S., M. L. c. R., M. A. s. alimentos" (causa n° 11306/15), "la guardadora de los niños promovió la acción sin incluir el rubro vivienda, en virtud de sostener que es ella quien le proporciona tal rubro por resultar parcialmente de su propiedad indivisa el inmueble que habitan sito en calle 15 entre 10 y 12 Ruta 2 km. …, La Trinidad, cuya atribución se le otorgara en la causa de marras (v. fs. 102 vta.) -situación excluyente a la hora de ameritar el conflicto de intereses entre el accionado y los menores-" (fs. 595 y vta.).
El tribunal remarcó que en esas actuaciones se fijaron los alimentos de los menores -en sentencia aún no firme-, considerando para ello que el accionado "propició la desinstitucionalización de ellos, otorgó actos jurídicamente relevantes en el ámbito jurisdiccional que comprometieron su accionar futuro, que la solicitud de guarda implicó la asunción de obligaciones a su cargo -en especial en los términos propios de la responsabilidad parental y familiar-. Aplicó la doctrina de los propios actos por haber expresado el accionado social y jurídicamente su voluntad de ahijar a los niños, se mostró como ‘padre adoptante’, entendiendo que resultaba incurso en la obligación alimentaria en los términos del art. 676 del CCyC -figura del padre afín-". Y añadió que "fue el Sr. R. quien, previo a la ruptura, proporcionó el sostén económico, y el cambio de situación puede originar un grave daño en perjuicio de los menores debido a la delicada situación económica de la Sra. S., quien tiene a su exclusivo cargo el cuidado de los niños" (fs. 595 vta. y 596).
I.2.b. Tuvo en consideración también que en la causa n° 26.959/12, "R., C. A. s. guarda de personas", "...el Sr. R. conjuntamente con la Sra. S. y con debido patrocinio letrado, en fecha 3 de septiembre de 2014 (fs. 268/270 vta.) han solicitado la guarda simple de los menores, argumentando tal petición con los informes interdisciplinarios producidos tanto por el equipo del hogar donde aquellos estuvieron institucionalizados (Scarpatti), como del juzgado de origen. A tales fines sindicaron que en esos informes se remarcaba la vinculación a diario y como sumamente satisfactoria, que los niños se encontraban afectivamente contenidos, cognitivamente estimulados, y que expresaban vivencias que denotaban satisfacción a sus necesidades materiales y afectivas, y que ante su regreso a dicho hogar se mostraban angustiados (v. fs. 236, 242, 253). Asimismo, avalaron tal petición en el dictamen favorable de la Sra. Asesora de Incapaces. A fs. 232 de dicha causa se dictó en fecha 8 de julio del 2014 resolución que autorizaba la vinculación con los menores" (fs. 596).
Que, sin perjuicio de lo obrado hasta ese momento, "con fecha 2 de febrero de 2015 ambas partes, en audiencia ante la Sra. Consejera de Familia informaron su separación, y manifestaron que no obstante ello, proseguirían con el trámite de la guarda, que los niños se encontraban viviendo con la Sra. S. y el Sr. R. en una casa contigua, manteniendo contacto diario con aquellos, sobre los que refirieron ‘se han acomodado a la nueva situación familiar’ (fs. 286)" (fs. 596).
Adunó que luego, en esas mismas actuaciones, "en fecha 13 de febrero de 2015 en nueva audiencia en la instancia de origen, hicieron hincapié en proseguir con la guarda de los niños y que se encontraban preservados de la situación de separación de sus guardadores, que '[...] M. quedará al cuidado de los niños conforme lo pautado desde el principio de la guarda y que M. proveerá del hogar'" (fs. 596 vta.).
I.2.c. Señaló que en la causa n° 37.652/14, "R., C. A. y otros s. Materia a categorizar", "en fecha 16/09/2014 se dictó resolución mediante la cual se otorgó la guarda legal, asistencial, provisoria e integral a ambos" (fs. 36/44).
I.2.d. Luego de la compulsa que antecede, el a quo reparó en que "no obstante toda la conducta desplegada por el Sr. R. descripta anteriormente, en forma intempestiva, en la audiencia de fecha 8/04/2015, en la que ambas partes contaban con patrocinio letrado único de la Dra. Cabrera -v. fs. 104-, informó que no seguiría adelante con el pedido de guarda de los niños, que su deseo era ‘correrse’ [...]. Allí ambas partes acordaron -entre otras cuestiones-, que la Sra. S. continuaría viviendo en el inmueble que habitaban antes de la separación en el Barrio La Trinidad, además de una cuota alimentaria" (fs. 596 vta. y 597).
I.2.e. Pues bien, importa destacar que el Tribunal de Alzada consideró, sobre la base del examen de las actuaciones de la causa, que "...ninguna actuación útil ha llevado a cabo el Sr. R. con posterioridad a dicha audiencia tendiente a anular el acuerdo allí plasmado, resultando el argumento vertido respecto de la supuesta falta de patrocinio letrado obligatorio y la ignorancia o error alegados por una supuesta falta de asesoramiento técnico, absolutamente inaceptables; habiendo quedado convalidados o subsanados los supuestos vicios o irregularidades apuntados (arg. art. 170 CPCC)" (fs. 597).
I.2.f. En ese trance, la Cámara refirió a la posterior manifestación del demandado, vertida a fs. 107 de esos mismos autos, donde en audiencia de fecha 13 de abril de 2015, "a la cual la accionante concurrió con nueva letrada patrocinante, se presenta la Dra. Cabrera, quien en representación del recurrente manifestó que '[...] el Sr. R. entiende que ya no tiene ningún vínculo jurídico con los niños no abonará cuota alimentaria alguna. Reitera su decisión de desistir del trámite de adopción y por lo tanto de abonar prestación alimentaria alguna a los menores de autos por carecer de vínculo jurídico que lo obligue a ello" (fs. 597), lo que, a juicio de ese tribunal, "pone en evidencia la intencionalidad del demandado de desdecirse del compromiso referido efectuado en la audiencia antedicha; del que -mostrando una conducta totalmente discordante- pretendía desligarse sin más en esa instancia" (fs. cit.).
I.2.g. Por fin, resta señalar -siempre atendiendo a lo ponderado por la decisión objeto de recurso- que a fs. 460/468 del expediente mencionado en último término, "en fecha 13 de mayo de 2016, se dispuso modificar la guarda otorgada a fs. 36/44, respecto de los menores, quedando exclusivamente bajo la titularidad de la Sra. S. por el término de un año; la que se prorrogó nuevamente por un año más el 04/05/2017 (fs. 553/555)" (fs. 598).
I.3. La extensa reseña que precede permite vislumbrar con precisión los verdaderos lindes de la presente controversia.
I.3.a. Por lo pronto, y sin perjuicio de la indudable vocación de aplicación de las normas tutelares de las relaciones familiares a esta particular especie, en miras a la preservación del superior interés de los menores de autos y del grupo vincular conformado con su guardadora (CIDH, "Fornerón e Hija vs. Argentina", sent. de 27-IV-2012, párr. 47; esta Suprema Corte en C. 120.713, "A., F. A.", resol. de 6-IV-2016), se advierte con nitidez que más allá de la discusión que propone el recurrente respecto de la infracción a la normativa invocada por el a quo , y sea cual fuere el régimen jurídico aplicable al caso, la presente controversia se sitúa en el ámbito de una prestación alimentaria de fuente convencional adoptada en el contexto de un acuerdo de voluntades plasmado no ya, y tan sólo, en la audiencia celebrada a fs. 107 de los autos "R., C. A. y otros s. Materia a categorizar", sino que fue alumbrada tempranamente como una primera respuesta -madura y consensuada por las partes- a partir del quiebre de la relación convivencial de los pretensos adoptantes -ver al respecto, lo plasmado a fs. 286 de los autos "R., C. A. s. guarda de personas", a los que hube de referirme-, bien que en el contexto de una relación de guarda legal que el aquí recurrente todavía venía sosteniendo.
El mismo acuerdo de voluntades en relación a la afectación del destino del inmueble se vislumbra mantenido pocos días después en la audiencia celebrada en esos mismos autos el día 13 de febrero de 2015, donde -como ya reseñé- las partes manifestaron que "M. quedará al cuidado de los niños conforme lo pautado desde el principio de la guarda y que M. proveerá del hogar" (fs. 596 vta. de este expediente).
Con tales antecedentes a la vista -que indudablemente trasuntan una intención diáfana y persistente en el tiempo por parte del recurrente de asumir la prestación de cuya imposición se viene agraviando- pierde entidad la alegación en torno a la pretendida ineficacia del acuerdo -en tanto lo reputa sorpresivo y viciado de violencia- plasmado a fs. 107 de los autos "R., C. A. y otros s. Materia a categorizar".
Antes bien, la asunción de este último compromiso por el accionado luce como natural consecuencia de lo obrado con anterioridad, desde el inicio de la vinculación de la pareja con los niños, y postulado como alternativa de preservación de los intereses de estos a partir de la ruptura de la situación concubinaria y, ahora, del abandono de proyecto de adopción.
I.3.b. En relación al tópico, el líbelo recursivo en tratamiento arguye que "fue obligado por el órgano jurisdiccional a suscribir un acta mediante la cual se le adjudicaban obligaciones referidas a la atribución del hogar y prestación alimentaria entre otras. Ello sin explicarle -ni la letrada de la expareja ni la señora consejera de familia- las consecuencias de lo que firmaba" (fs. 637 vta.). Aduce a tal fin que en el acto mismo de haber realizado el desistimiento de la guarda simple por parte del señor R. surgieron intereses contradictorios entre éste y la señora S., lo que determinó la ausencia de asesoramiento jurídico imparcial (v. fs. 624 vta.).
Sin embargo, el argumento así esgrimido se desentiende de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, en cuanto concluyó que "surge de todas las actuaciones desarrolladas en autos y sus conexos que ninguna actuación útil ha llevado a cabo el Sr. R. con posterioridad a dicha audiencia tendiente a anular el acuerdo allí plasmado, resultando el argumento vertido respecto de la supuesta falta de patrocinio letrado obligatorio y la ignorancia o error alegados por una supuesta falta de asesoramiento técnico, absolutamente inaceptables; habiendo quedado convalidados o subsanados los supuestos vicios o irregularidades apuntados (arg. art. 170 CPCC)" (fs. 597).
Si el recurrente pretendía reeditar en esta instancia extraordinaria la discusión en torno a la pretendida invalidez de aquella manifestación de voluntad que invoca como agravio, debió introducir en la pieza recursiva una crítica eficaz dirigida a cuestionar este último aspecto de la decisión en crisis obstativo de su tratamiento, y no lo hizo.
La firmeza de este tramo de la decisión, toda vez que deja incólume y mantiene enhiesta la conclusión del Tribunal de Alzada en torno a los efectos de la convalidación declarada, impide el abordaje del tópico en esta sede extraordinaria, lo que sella la suerte adversa de este tramo del embate (art. 279, CPCC).
I.4. Como lógica derivación de la precedente afirmación, han de quedar sin sustento las restantes críticas que porta el líbelo recursivo. Veamos.
I.4.a. Todo cuanto desarrolla en orden a la inaplicabilidad de las normas contenidas en el Código Civil y Comercial de la Nación en mérit
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