Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120927
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.927, "Argüello, Karina contra Prevención ART SA. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 227/234 vta.).
Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 246/268).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por la señora Karina Argüello contra Prevención ART S.A., y condenó a esta última a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15-, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.
En este sentido, previa declaración de la cuestión como de puro derecho (v. fs. 221 y vta.), el a quo evaluó que el día 28 de mayo de 2014 la actora sufrió un accidente in itinere por el cual la Comisión Médica de Junín le otorgó un 8% de incapacidad del índice de la total obrera (7 de agosto de 2015; v. sent., fs. 227).
Seguidamente consideró que, no obstante lo ya abonado por la demandada ($41.750,64, en concepto de indemnización por la incapacidad dictaminada por la Comisión Médica), correspondía evaluar la pretensión deducida conforme la norma vigente al momento del pago (15 de agosto de 2015).
A partir de ello, concluyó que resultaba aplicable al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 y que, conforme el "piso" indemnizatorio establecido en ésta, la prestación no podía ser inferior a $57.078,08. A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $11.415,61).
A continuación, a la suma resultante dispuso descontar lo ya abonado por la aseguradora ($41.750,64) y luego "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (mayo 2014) y la correspondiente al momento del pago parcial (agosto 2015); arribando a un coeficiente de 1,41 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $37.707,95 (v. sent., fs. 230 vta.).
Finalmente, adicionó intereses desde la fecha de pago parcial (15 de agosto de 2015) hasta el efectivo pago, conforme la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., fs. 231).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17, 18, 28 y 33 de la Constitución nacional; 3, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; 7 del Código Civil y Comercial; decreto 472/14; resoluciones del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 y 34/13; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 246/268).
En concreto, plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona la decisión de origen, con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la citada resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, en tanto vulnera el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 3 del Código Civil (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Alega que en tanto el accidente ocurrió el 28 de mayo de 2014, corresponde sea aplicada la resolución 3/14, vigente en ese momento.
Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
II.2. Señala que el a quo interpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.
Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo alguno, un mecanismo de actualización de deudas ni de indexación de las indemnizaciones pendientes de pago, como resultaría de la modalidad empleada por el tribunal.
II.3. Luego, se opone a la definición del tribunal de origen que adicionó al monto de condena la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773.
Considera que no se verifican en autos los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación, pues al momento del accidente la trabajadora no se encontraba en su lugar de trabajo ni a disposición de su empleador.
II.4. Por otro lado, la interesada cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la liquidación de intereses.
Plantea que resulta improcedente la aplicación de dichos accesorios, en tanto, en el caso, la prestación fue "actualizada" conforme el índice RIPTE.
Asimismo, alega que ni la ley 24.557, ni sus normas complementarias o modificatorias, autorizan la liquidación de intereses desde el evento dañoso hasta el efectivo pago, sino sólo cuando determinada la incapacidad definitiva no se abonara la prestación en tiempo y forma.
II.5. Finalmente, y de manera subsidiaria, impugna la tasa de interés según la cual el juzgador ordenó se liquiden los accesorios sobre el capital de condena.
Aduce que la tasa de interés propuesta por el juzgador (pasiva "digital") vulnera la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de la causa L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras que cita.
III. El recurso admite una procedencia parcial.
III.1. De inicio se impone destacar que la secretaria del tribunal de origen no rubricó la sentencia (v. fs. 233 vta.) y que no existe constancia de registro del resolutorio debidamente rubricada (v. fs. 234 vta.). Asimismo, se observa que la enmienda realizada a fs. 227 vta. no se encuentra salvada.
Al respecto, cabe precisar que, en tanto los defectos apuntados constituyen falencias de forma y no conducen por sí solos a la anulación del pronunciamiento (causa L. 98.624, "Rossi", sent. de 3-VI-2009), no pasan inadvertidos en el marco de la adecuada administración de justicia a la que debe propenderse.
III.2. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (conforme ley 14.141).
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente a la fecha del pronunciamiento impugnado, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.3. Previo a adentrarme en el análisis de los agravios que porta el recurso, habré de señalar, en orden a la declaración de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773 efectuada por el tribunal de grado, la siguiente aclaración.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e. o.; SCBA causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
En virtud de ello, lo cierto es que, en rigor, resultaba innecesario expedirse sobre la constitucionalidad del citado art. 17 apartado 5, en tanto la ley 26.773 se encontraba vigente al momento de producirse el infortunio de autos, lo que lleva a dejar sin efecto su descalificación.
III.4. Aclarado lo que antecede, y alterando el orden de los agravios, acierta la impugnante en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
III.4.a. El pronunciamiento sobre este agravio no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e. o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
De modo tal que la cuestión debe ser resuelta por aplicación de la doctrina legal actualmente vigente.
III.4.b. En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte determinó que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apdo. 6 de la ley 26.773; resols. de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; dec. 472/14).
III.4.c. En este marco, le asiste razón a la impugnante -cuyo desarrollo argumental está en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente- en tanto el tribunal aplicó erróneamente el mentado índice sobre un "piso" que ya se encontraba ajustado.
III.5. Sentado ello, también debe prosperar la crítica focalizada en la aplicación retroactiva de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15, en tanto el tribunal ha vulnerado la doctrina citada por la recurrente.
Señalado lo anterior cabe precisar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme deberá ser empleado el índice publicado semestralmente por la Secretaría de la Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (citado por la recurrente) y reiterado en las causas L. 117.417, "Maidana" (sent. de 31-X-2016) y L. 119.011, "Tarducci" (sent. de 14-XII-2016), en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 -y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación- para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral, esto es, el 28 de mayo de 2014, éste no cae bajo la órbita de aplicación de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 6/15, sino de la resolución 3/14 del mismo organismo.
En consecuencia, cabe revocar la sentencia en cuanto dispuso incrementar, con apoyo en esa normativa, el importe de las prestaciones dinerarias que fueron objeto de la condena.
III.6. También debe prosperar la impugnación vinculada con la condena al pago de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
Para brindar respuesta al tópico -teniendo en cuenta lo señalado en el punto III.4.a. del presente-, considero suficiente reproducir la parte pertinente de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa en L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018).
III.6.a. La citada norma, en su primer párrafo establece: "Cuando el daño se produzca en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, el damnificado (trabajador víctima o sus derechohabientes) percibirá junto a las indemnizaciones dinerarias previstas en este régimen, una indemnización adicional de pago único en compensación por cualquier otro daño no reparado por las fórmulas allí previstas, equivalente al veinte por ciento (20%) de esa suma".
III.6.b. La contingencia de autos no cae bajo el ámbito de aplicación del precepto legal.
Arribo a tal conclusión, sin negar las dudas y cavilaciones que puede generar la expresión "a disposición" empleada por el legislador, acentuadas quizás, a poco de observar que desde ciertas opiniones científicas se afirma que la atribución de responsabilidad en el accidente in itinere hallaría su basamento en que en el trayecto pertinente el trabajador pone el tiempo a disposición del empleador, tal como se detalla en el precedente de este Tribunal L. 78.855, "Cebrymsky" (sent. de 8-IV-2007).
Sin embargo, no puede ignorarse -también se ilustra al respecto en la citada causa L. 78.855-, que otras voces sostienen que el fundamento de esa responsabilidad radica en la "ocasión", destacan así "...la gravitación que sobre el infortunio ejerce el hecho del trabajo que obliga a desplazarse hacia un lugar determinado..." (Vázquez Vialard, Antonio; Accidentes y enfermedades del trabajo, Ed. Astrea, Bs. As., 1989, pág. 71), implicando que, el tiempo que el trabajador compromete en la relación de trabajo se limita al comprendido "...entre el momento en que efectivamente pone su capacidad laboral a disposición del empleador, hasta aquel en que esa obligación cesa..." (conf. ob. cit. pág. 73); en consecuencia, en el marco temporal que rodea a este tipo de contingencia, el dependiente no se encuentra "a disposición" del principal.
Hay otros argumentos a considerar: dentro del esquema delineado por la ley 26.773 (concretamente, atendiendo a la opción que su artículo cuarto consagra en favor del damnificado), la norma examinada, al adicionar a las indemnizaciones sistémicas un monto equivalente al veinte por ciento de las sumas previstas en el régimen, evidencia el propósito de restringir o eliminar las diferencias habidas -en cuanto a sus valores- entre dichas reparaciones y las fundadas en el derecho común. Siendo ello así, la finalidad de la disposición legal, parece ser la intención de estimular la promoción de las acciones que persiguen los resarcimientos previstos en el régimen especial por sobre las que puedan entablarse al amparo de la ley civil. Ello posibilita interpretar que el accidente in itinere no se encuentra alcanzado por la norma, porque es sabido que en estos casos devienen improcedentes los reclamos que pretenden encontrar sustento en una supuesta responsabilidad civil del empleador (conf., si bien en el contexto de la ley 24.028, causas L. 83.880, "Monesiglio", sent. de 4-X-2006 y L. 102.450, "Gómez", sent. de 10-III-2011).
Finalmente, cabe señalar que la solución propuesta, se ajusta al criterio adoptado por la Corte federal en la ya citada causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 5°, seg. párr.).
En tales condiciones, debe casarse lo decidido por el a quo en cuanto condenó a Prevención ART S.A. a pagar la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, pues no se verifican en la especie los presupuestos a los que dicha norma condiciona su aplicación.
III.7. En el marco en que transita el recurso, no puede ser atendido el agravio mediante el que se cuestiona la aplicación de intereses (v. rec., fs. 249 vta./251 y 262 vta. y 263) en tanto la única doctrina que el impugnante denuncia como conculcada se vincula a la definición del vicio de absurdo (v. rec., fs. 250 vta.), resultando en consecuencia inhábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012 y L. 119.359, "Aguirre", resol. de 2-XII-2015; e. o.).
III.8. En cuanto al planteo en torno a la tasa de interés que hubo de aplicar el tribunal de grado al capital de condena, cabe manifestar lo siguiente.
III.8.a. El tribunal de trabajo dispuso que "...atento a la particular forma de concluir..." tales accesorios debían ser calculados -desde el 15 de agosto de 2015 y hasta el efectivo pago- a la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires para las operaciones de depósitos a treinta días a través del sistema "Banca Internet Provincia" (v. fs. 231).
La impugnante controvierte tal definición, denunciando violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte y solicitando la aplicación de la "tasa pasiva" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. rec., fs. 263/264).
III.8.b. Ahora bien, debido al modo en que el tribunal a quo resolvió determinar los intereses moratorios, circunstancia que incluso hizo explícita ("...atento a la particular forma de concluir [...] deberán aditarse los intereses desde el 15/08/2015...", sent., fs. cit.), considero que resulta imposible escindir, por un lado, la decisión de calcular la indemnización correspondiente a la trabajadora aplicando el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 6/15 y -además- "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente y la del pago parcial (agosto 2015) y, por otro, la manera en que los intereses moratorios fueron determinados desde esta última fecha.
Por lo cual, siendo que -conforme se propuso precedentemente- debe revocarse tanto el método de aplicación del índice RIPTE, como así también la utilización de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 6/15, y el art. 3 de la ley 26.773, también corresponde dejar sin efecto lo resuelto por el a quo en lo que respecta a los intereses moratorios aplicados, en tanto fueron determinados a partir de una argumentación que no se ajusta a la normativa vigente.
Sin perjuicio de lo cual, resulta oportuno recordar que esta Suprema Corte ha sentado doctrina legal al respecto, en las causas L. 118.587, "Trofe" y C. 119.176, "Cabrera" (sents. de 15-VI-2016), entre muchas otras.
III.9. Finalmente, y en atención al señalamiento formulado en el punto III.1. de este voto, me veo compelido a exhortar a los señores jueces sobre las irregularidades que se advierten en el dictado de la sentencia de la presente causa. El proceso no es un conjunto de solemnidades y rituales sin sentido, ni puede se
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