Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119752
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.752, "Franco, Antonio contra Autoaseguradora Gobernación Provincia de Buenos Aires. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Soria, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 369/380).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 400/411 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Antonio Franco y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, total y definitiva establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, y la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la misma ley, con más el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) dispuesto en la ley 26.773.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que el día 13 de mayo de 2009 el actor protagonizó un accidente in itinere que le provocó una disminución de su capacidad laborativa del 75,7% del índice de la total obrera (v. fs. 369 vta.).
Sobre ese escenario, en la sentencia -por mayoría-, declaró que la ley 26.773 es de aplicación inmediata a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (art. 3, Cód. Civ.), como la de autos (v. fs. 373 vta.).
En ese orden, puesto a cuantificar la prestación dineraria que le correspondía percibir al accionante -de acuerdo a las pautas indicadas en el citado art. 15 apartado 2-, juzgó aplicable al caso la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, y por consiguiente la ajustó en la suma de $416.943 (v. fs. 374 vta.). Además, le añadió el importe de $231.635 en concepto de compensación dineraria adicional de pago único (art. 11 apdo. 4 inc. "c", cit.), arribando al monto total de $648.578 (v. fs. 375).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 3 del antiguo Código Civil; 7 y 10 de la ley 23.928; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que identifica.
En primer lugar, señala que el tribunal de grado, al aplicar la ley 26.773 -que no se encontraba vigente cuando aconteció el accidente in itinere - desconoció los principios de irretroactividad y efecto inmediato de la nueva ley consagrados en los arts. 3 del antiguo Código Civil y 7 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 402 vta. y 403).
Explica que la estricta aplicación de dichos mandatos es un presupuesto básico de la seguridad jurídica, que implica la intangibilidad de las situaciones desarrolladas bajo la vigencia de una legislación sustituida (v. fs. cit.).
Destaca que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Lucca de Hoz" (sent. de 17-VIII-2010), respecto a la aplicación de las mejoras indemnizatorias previstas en el decreto 1.278/00 (v. fs. 403 vta.).
Añade que los fundamentos que expuso el juzgador evidencian una clara contradicción porque declaró la aplicación inmediata de la mentada ley a las relaciones existentes, descartando, a su vez, su irretroactividad (v. fs. 404).
Afirma que la decisión del a quo es arbitraria toda vez que deriva de una errónea interpretación de los arts. 3 del Código Civil y 17 apartado 6 de la ley indicada, contraria asimismo con la prohibición de actualizar o repotenciar deudas dinerarias dispuesta por las normas de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (v. fs. cit.).
Concluye que "...la ley vigente al momento del daño es la que rige la vida obligacional y cualquier alteración de la regla jurídica bajo la cual se consolidó la obligación, importa una afectación del derecho de propiedad, sea del acreedor o del deudor" (fs. 407).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2. Aclarado ello e ingresando a la sustancia de la decisión cuestionada, es menester señalar que el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte aun cuando ésta, a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, todavía no se encontraba vigente (causas L. 104.124, "Pelaez", sent. de 5-III-2014; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010).
Cabe recordar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. CSJN Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308: 1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Siendo ello así, siguiendo la línea de razonamiento trazada por esta Suprema Corte -en su opinión mayoritaria- en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), y ceñido el abordaje del tema al entramado normativo bajo el cual el tribunal de la instancia juzgó el caso, entiendo que le asiste razón a la recurrente.
III.2.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
De ello se colige que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de sus disposiciones, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009).
En efecto, el decreto de necesidad y urgencia 1.278/00 prescribió en su art. 19: "Las modificaciones introducidas por el presente decreto a las leyes Nº 24.241 y 24.557, entrarán en vigencia a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial", precisando el art. 8 de su decreto reglamentario 410/01 (B.O. de 17-IV-2001) que "Las modificaciones previstas en el Decreto que se reglamenta serán aplicables a todas las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 1° de marzo de 2001".
En la misma línea, el art. 16 del decreto 1.694/09 determina "Las disposiciones del presente decreto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la Ley Nº 24.557 y sus modificaciones cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Conforme lo expuesto, resulta indudable que la modificación del sistema de prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo implementada por la ley 26.773 ha mantenido la regla general establecida en las reformas previas, relativa a que las mejoras introducidas en la nueva legislación solo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello así, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio, tema sobre el que me explayaré más adelante. En este escenario cobran virtualidad los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos al ámbito de aplicación temporal de los decretos 1.278/00 y 1.694/09, antecesores de la ley que aquí es motivo de análisis.
En tal sentido, este Tribunal ha descartado que las modificaciones introducidas a la Ley de Riesgos del Trabajo por el decreto 1.278/00 puedan regir respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del mentado reglamento (causas L. 90.384, "N., P. A.", sent. de 9-V-2007; L. 94.904, "Bertino", sent. de 22-X-2008; L. 94.119, "F., C. V.", sent. de 4-XI-2009; L. 94.456, "Vecchi", sent. de 2-VII-2010; L. 107.414, "S., A. R.", sent. de 26-IX-2012 y L. 109.850, "Aguirre", sent. de 12-VI-2013).
A idéntica solución arribó, dada la similitud de los contextos normativos (arts. 19, dec. 1.278/00; 8, dec. 410/01 y 16, dec. 1.694/09), en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 (causas L. 116.513, "Orellana", sent. de 26-III-2014 y L. 116.622, "Bracco", sent. de 15-IV-2015).
Definido lo anterior, resta ahora analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de ajuste de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando por tanto aplicable incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
III.2.a.i. El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo de cálculo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
III.2.a.ii. Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido cuerpo normativo no establece una excepción a la regla general establecida en el art. 17 apartado 5.
III.2.a.iii. Ello así, en primer lugar, porque esa supuesta salvedad no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Distinta es la voluntad legislativa declarada de modo concreto y categórico en el art. 17 apartado 7 que establece: "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición" (el destacado me pertenece). En este supuesto -ajeno a lo que corresponde aquí resolver, dado los precisos alcances del pronunciamiento y la condena- la ley 26.773 ha excepcionado expresamente la regla general relativa a que las mejoras prestacionales contempladas en la nueva legislación solo rigen para las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo la aplicación inmediata de la reforma incluso a situaciones acaecidas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no cabe suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa, no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
III.2.a.iv. Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "...ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "...dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Del juego de ambas normas (arts. 8 y 17 apdo. 6, ley 26.773) se desprende que si la primera establece -con carácter permanente, y para el futuro- el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice RIPTE que deberá publicar semestralmente la Secretaría de Seguridad Social, la segunda regula simplemente el hito temporal (enero de 2010) a partir del cual debe aplicarse aquel indicador al importe de esas mismas prestaciones, siempre para el caso de situaciones sobrevinientes a la publicación de la ley 26.773.
En otras palabras: la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante sea posterior a la fecha de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) debe ajustarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8); y hasta tanto ese mecanismo se implemente en forma definitiva, la operatoria en cuestión debe tener en cuenta la evolución del módulo escogido (índice RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el citado art. 17 apartado 7.
III.2.a.v. Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O. de 24-XII-2013).
En cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, la mentada resolución eleva (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) la cuantía de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, LRT), y de la compensación adicional por daños no reparados para el caso de muerte o incapacidad total (art. 3 segundo párr., ley 26.773), en todos los casos y por sucesivos períodos, a partir del día 26 de octubre de 2012 (v. arts. 1, 2, 4 inc. "a", 5 inc. "a" y 6 inc. "a", resol. 34/13), cuando comenzó a regir la ley 26.773.
Ello evidencia que el órgano al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la tarea de instrumentar los señalados incrementos ha interpretado -en línea con lo expresado en el apartado precedente- que a las prestaciones debidas con motivo de situaciones previas a la entrada en vigencia de la nueva ley no les resulta aplicable el sistema reglado por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773. En caso contrario la resolución citada habría incluido los valores correspondientes a lapsos anteriores al día 26 de octubre de 2012.
III.2.b. A tenor de lo hasta aquí señalado, y teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del accidente in itinere -en tanto ella fue determinante en el razonamiento trazado por el tribunal de grado- no se encontraba vigente la ley 26.773, no resultan aplicables al caso las normas actuadas en la sentencia impugnada para cuantificar las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo que cabe revocar la sentencia en este aspecto.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, casar el pronunciamiento impugnado con el alcance indicado en el apartado precedente.
En la instancia de origen, el tribunal -debidamente integrado- deberá dictar un nuevo pronunciamiento de conformidad con la normativa aplicable.
Costas de esta instancia a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo manifestado por el doctor Pettigiani respecto a la inaplicabilidad al caso de la ley 26.773.
En la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de la ley indicada, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Espósito" (CNT 18.036/2011/1/RH1) se pronunció al respecto, determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 solo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta la fecha del accidente in itinere que protagonizó el actor (13 de mayo de 2009), corresponde rechazar la postulación de la recurrente respecto a la aplicación de la ley 26.773.
II. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el punto IV del sufragio inaugural. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doc
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.