Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124856
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en el punto V.1 ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el punto V.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la acción declarativa de certeza iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina, por carecer de jurisdicción para adoptar una decisión respecto del pedido de encuadramiento convencional solicitado (v. fs. 716/734).
Para así decidir, consideró -en lo esencial- que la eventual determinación del encuadramiento convencional en favor de la actora implicaría desconocer la acreditada puja intersindical pendiente entre esta última y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina respecto de los trabajadores que cumplen tareas en el Mercado Central de Buenos Aires, transgrediendo así la normativa que regula el procedimiento especial para obtener un pronunciamiento definitivo respecto de un conflicto de encuadramiento sindical (arts. 59 y 62, ley 23.551), situación que -entendió- se verificaba en el caso.
Agregó que, en la hipótesis más favorable para el actor, tampoco el reclamo podría tener favorable recepción desde que, sin abrir juicio sobre la posibilidad de obtener un pronunciamiento de encuadramiento convencional por medio de la acción meramente declarativa de certeza prevista en el art. 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, tampoco se presenta el "estado de incertidumbre" al que refiere la norma.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recursos extraordinarios de nulidad y, subsidiariamente, de inaplicabilidad de ley (v. fs. 758/794), siendo concedidos por el a quo a fs. 798/800.
III. De modo liminar, cabe aclarar que, no obstante que la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley ha sido articulada en forma subsidiaria al recurso extraordinario de nulidad, ambos remedios cumplen con el recaudo legal de fundamentación autónoma (arts. 279 y 297, CPCC; causas Ac. 99.517, "Ose", resol. de 14-II-2007; L. 114.906, "Ramos", resol. de 2-XI-2011; L. 116.807, "Gutiérrez", resol. de 19-IX-2012 y L. 121.863, "Asociación sindical de profesionales", resol. de 26-IX-2018).
IV.1. En la primera de las vías intentadas la recurrente denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Alega la omisión de cuestión esencial en cuanto no resolvió la pretensión actoral consistente en un encuadramiento convencional.
IV.2. En primer lugar, cabe señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const.cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
Por otro lado, sabido es que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es la referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez, no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 103.215, "Massimino", sent. de 14-X-2009 y L. 114.776, "Alegre", sent. de 5-VI-2013).
Nótese además, que conforme lo tiene reiteradamente dicho esta Corte, el deber de los tribunales de trabajo de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (causas L. 82.520, "Sotelo", sent. de 7-IX-2005; L. 84.291, "Kirilenko", sent. de 8-III-2007; L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008 y L. 94.169, "Almirpeguy", sent. de 28-V-2010 y L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019).
IV.3. Así, en el caso, las críticas por las que, en definitiva, la impugnante le cuestiona al sentenciante de origen que había tenido por acreditada una jornada de trabajo que no ha sido alegada por ninguna de las partes, resultan extrañas al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propias del de inaplicabilidad de ley, pues es sabido que en el marco del remedio intentado, las objeciones dirigidas a demostrar presuntos errores in iudicando no son idóneas (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 96.682, "Hegler", sent. de 21-III-2012; L. 111.418, "González", sent. de 13-V-2015 y L. 123.161, "Díaz", resol. de 19-II-2020).
IV.4. Cabe señalar, en torno a la denuncia que formula la impugnante en orden a la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial, que el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (causas L. 117.937, "Allende", resol. de 20-XI-2014; L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014 y L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019).
V. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia arbitrariedad, absurdo y la violación de los arts. 59 y 62 de la ley 23.551; de las leyes 14.250 y 22.105; del Convenio Colectivo de Trabajo 232/94 y de la doctrina legal que identifica.
Alega que el juzgador incurrió en arbitrariedad y absurdo al confundir dos institutos diferentes, como lo son el encuadramiento sindical y el convencional, interpretando erróneamente la normativa aplicable y apartándose del objeto de la demanda.
Luego de insistir que en el litigio no se debate un encuadramiento sindical, alega que en la sentencia recurrida se apreciaron erróneamente los antecedentes vinculados con este último. Afirma que, a diferencia de lo expuesto en el fallo, sí existe un encuadramiento sindical "dictaminado" en favor del accionante respecto de los trabajadores dependientes de los consignatarios y operadores del Mercado Central de Buenos Aires mediante resolución "D.N.G.A." 44/85, la que aún permanece vigente, más allá de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 918/14, que entiende fue erróneamente interpretada por el a quo .
Señala que la sentencia resulta arbitraria, pues la jurisprudencia es conteste en que la resolución de encuadramiento convencional es competencia exclusivamente judicial.
Concluye que, toda vez que el juzgador incurrió en un claro yerro al identificar la pretensión incoada como un conflicto intersindical, los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 no resultan aplicables a la presente litis, observándose a la par soslayada la debida valoración de lo dispuesto en las leyes 14.250 y 22.105.
Finalmente sostiene que, en tanto el sentenciante se limitó a declarar la falta de jurisdicción para resolver el litigio, constituye un absurdo haber impuesto las costas a su parte, manifestando que, cuando se revoque la decisión de grado, deberá esta Corte modificar la imposición de costas, que habrán de ser afrontadas exclusivamente por la parte demandada
V.1. El recurso no puede prosperar en atención a lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 120.620 y L. 120.010, sents. de 14-VIII-2019, y L. 120.621 y L. 119.846, sents. de 2-V-2019).
V.1.a. Al igual que en los precedentes citados, el núcleo del discurso que contiene el medio de impugnación está constituido por una crítica que tacha de absurda a la sentencia, afirmándose que en ella el tribunal de grado habría resuelto el caso confundiendo dos institutos disímiles: "el encuadramiento sindical" y "el encuadramiento convencional", pese a la clara pretensión efectuada en autos enmarcada en este último. En ese entendimiento, el interesado le endilga al sentenciante haberse apartado "antojadizamente" del objeto de la demanda, de lo requerido en ella y de los hechos probados.
V.1.b. El tenor del recurso muestra una aparente conexión con el principio de congruencia, cuya transgresión, sin embargo, no ha sido invocada, ni la eventual infracción a las normas procesales que lo receptan.
La insuficiencia de la vía extraordinaria emerge patente a la luz de los recaudos exigibles en este tipo de cuestionamientos (causas L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012 y L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; e.o.), siendo sabido que este Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en las que se incurre al fundar el recurso (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018).
V.1.c. Igualmente, no logra demostrar el interesado un apartamiento por parte del juzgador de los términos en que quedó trabada la litis.
En efecto, no surge del pronunciamiento que el tribunal de grado en los términos expuestos por el quejoso- haya interpretado lisa y llanamente que lo que contenía el escrito de demanda era una pretensión de "encuadramiento sindical", tampoco que haya incurrido en la alegada confusión conceptual.
Antes bien, puede observarse que el a quo ponderó que el "encuadramiento convencional "procurado en autos con el objeto de obtener en rigor "una declaración judicial encaminada a neutralizar la legitimación de otro sindicato para reclamar por deudas de origen convencional", atendiendo a la puja pendiente de resolución habida entre el Sindicato de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina, no podía efectuarse sin contrariar las normas que regulan el procedimiento atinente a los conflictos de "encuadramiento sindical" (arts. 59 y 62, ley 23.551).
V.1.d. Asimismo, y sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el acierto de la decisión, tampoco acredita el quejoso la absurda ponderación que le atribuye al órgano jurisdiccional de grado de ciertos antecedentes obrantes en autos que lo llevaron a juzgar que al momento de la resolución del caso subsistía aquella "puja" intersindical que a su criterio impedía adentrarse en lo requerido en la demanda de autos.
Dable es recordar que el absurdo es un instituto excepcional, que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, ni puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 116.354, "Primitivo", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015 y L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017).
V.1.e. Las consideraciones que anteceden, fundadas en el insalvable déficit que porta el recurso, torna innecesario abordar los restantes argumentos traídos por el impugnante.
V.2. En cuanto a las costas, la impugnación nuevamente luce inhábil.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VIII-2014 y L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015). Tales anomalías en modo alguno son acreditadas por el quejoso bajo el argumento que señala que lo resuelto respecto de los gastos causídicos merece ser modificado pues no se ha resuelto "la cuestión de fondo requerida en la demanda".
A su vez, permaneciendo inalterada la sentencia de grado, pierde virtualidad el restante cuestionamiento sustentado en que las costas fueron determinadas en función de la suerte del reclamo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en el punto V.1 ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el punto V.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:55:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:05:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:32:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 19:40:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 21:51:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia