Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 124156
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.156, "Moskala, María Antonia contra López, Hugo Daniel. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el accionado por entender que en su expresión de agravios no se realizó una crítica razonada, concreta, precisa y clara, así como tampoco se especificó en qué valoración y por qué se equivocó el a quo , incumpliendo con la carga procesal establecida por los arts. 260 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de 31-VIII-2018 y sent. de 16-IV-2019).
Contra dicha forma de decidir se alzó el demandado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 8-V-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El Juzgado de Familia n° 8 del Departamento Judicial de Morón, en lo que aquí interesa destacar, luego de declarar la cuestión de puro derecho (v. providencia de 23-II-2018) hizo lugar a la acción y le ordenó al demandado rendir cuentas por la administración de la locación de dos locales comerciales, efectuada durante la etapa de indivisión postcomunitaria (v. sent. de 7-V-2018).
La jueza a quo realizó una descripción de la demanda y su contestación y destacó que el accionado hizo hincapié en que ambos cónyuges intervinieron en la gestión del alquiler de los locales, firmando contratos, percibiendo alquileres, entregando recibos de pago, etc. (v. sent. cit., pág. 2). Seguidamente, ponderó que "...la obligación de rendir cuentas es inherente a toda gestión de negocios ajenos [...] Aquella persona que haya realizado hechos y actos que impliquen el manejo de fondos que no son de su propiedad, tiene que rendir cuentas sobre el resultado de su operación..." (v. sent. de 7-V-2018, pág. 4). Asimismo, agregó que resulta de aplicación lo normado por el art. 485 del Código Civil y Comercial por cuanto "...los frutos y rentas de los bienes indivisos acrecen a la indivisión. El copropietario que los percibe debe la rendición de cuentas..." (v. sent. cit., pág. 4). De este modo, se acogió favorablemente la pretensión de la actora.
I.2. Contra dicha forma de resolver el demandado se alzó mediante recurso de apelación (v. presentación de 31-VIII-2018). En dicha oportunidad expresó que no ha administrado dichos locales. Destacó que "...el fallo parte de la premisa de que ello es así", refiriendo que se han tenido por ciertos y comprobados los dichos de la actora sin producción de prueba alguna (v. presentación de 31-VIII-2018, pág. 4).
Hizo especial hincapié en la cita legal utilizada por la a quo en referencia al art. 485 del Código Civil y Comercial, remarcando que la jueza tuvo por acreditada la aplicación lisa y llana de la normativa sin haber sido acreditados ninguno de sus extremos: "...a) Qué frutos y rentas percibidos [...] dan lugar a la obligación legal de rendir de cuentas [...] b) Que alguien haya tenido el uso y goce exclusivo de los bienes indivisos". Sostuvo que "...no fue acreditado porque no hay modo de hacerlo, desde el momento en que la actora es la titular del dominio de los locales en cuestión y que alquilaba para sí uno de ellos, extendiendo los recibos correspondientes" (v. presentación de 31-VIII-2018, pág. 7).
Finalmente, consideró violado lo normado por el art. 163 inc. 5 del Código Procesal Civil y Comercial por cuanto faltaron fundamentos válidos en el acto del decisorio atacado. Puntualmente dijo: "...se partió del falso supuesto de que he administrado dinero de la actora" (v. presentación cit., pág. 8).
II. A su turno, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón señaló que el apelante no realizó una crítica razonada, concreta, precisa y clara y tampoco especificó en qué valoración y por qué se equivocó la jueza sentenciante, no cumpliendo con la carga establecida por los arts. 260 y 261 del Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, considerando que la apelación no ha alcanzado siquiera mínimamente dichos parámetros, el Tribunal de Alzada declaró su deserción (v. sent. de 16-IV-2019); por ello, se confirmó el decisorio de la instancia de origen (v. sent. de 7-V-2018) por medio del cual se acogiera la demanda y se ordenara al accionado rendir cuentas acerca de la administración de la locación de dos locales comerciales ubicados en la Avenida Real entre Alte. Brown y Leandro N. Alem del partido de Merlo, por el período transcurrido desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016, inclusive.
III. Contra dicha sentencia se alza el interesado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por el cual denuncia la violación del art. 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; agrega que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo y ha violado doctrina legal de esta Corte.
Alega que en la expresión de agravios ha existido una crítica razonada y concreta a la sentencia de primera instancia, por cuanto se señaló que no se han dado los extremos requeridos por el art. 485 del Código Civil y Comercial para su aplicación. Asimismo, se indicó que la jueza partió de la premisa de que ha administrado dinero de la actora.
IV. El recurso no puede prosperar, atento a su patente insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.1. Cabe recordar que este Tribunal ha establecido que la apreciación de la suficiencia de la expresión de agravios constituye una cuestión de hecho privativa de los jueces de grado y, en principio, ajena a esta instancia extraordinaria, salvo la denuncia y efectiva demostración de que se ha incurrido en el absurdo (conf. doctr. causas C. 102.983, "Flores", sent. de 17-XII-2008; C. 94.533, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", sent. de 3-XI-2010 y C. 119.453, "Hugo Santiago e Hijos S.A.", sent. de 2-III-2016; e.o.), vicio que -adelanto- no se encuentra acreditado en la especie (art. 279, CPCC).
Sabido es que para tener éxito en el intento de revisión de la sentencia que declaró desierta la apelación oportunamente deducida el impugnante debe identificar los pilares argumentales del decisorio de primera instancia, precisando las parcelas de la expresión de agravios que permitían derribar dichos argumentos dirimentes y, finalmente, acreditar que la conclusión del Tribunal de Alzada que tuvo a dicha crítica como deficiente (arts. 260 y 261, CPCC) es fruto de un razonamiento absurdo, única hipótesis en la que puede esta Corte entrar a conocer los agravios (conf. doctr. causas C. 102.983, "Flores", cit. y C. 94.533, "Transporte Atlántico del Sud S.R.L.", cit.; e.o.) y que dicho supuesto -la presencia de yerro valorativo- solo se configura cuando existe en el fallo impugnado un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o grosera desinterpretación de las constancias de la causa, ausente -como se destacara- en el sub lite .
En efecto, la sentencia dictada por la jueza de la instancia de origen -a la luz de cómo quedó trabada la litis- se estructuró sobre la base de lo normado por los arts. 470, 482 y 485 del Código Civil y Comercial, los que -según la inteligencia jurídica empleada- le permitieron arribar al acogimiento favorable de la demanda. Sin embargo, la Cámara expresó que del memorial presentado en fecha 31 de agosto de 2018 no se advertía la formulación de una crítica eficaz o idónea tendiente a demostrar el error en la aplicación de la normativa citada.
Ahora bien, analizando los agravios traídos advierto que los fundamentos brindados por el Tribunal de Alzada no logran ser conmovidos por los reproches volcados en la presentación de fecha 31 de agosto de 2018 y que resultan reiterados en el recurso extraordinario en tratamiento (v. presentación de 8-V-2019), en tanto su detenida lectura deja advertir que tales críticas (relacionados con el derecho de apelar una decisión y el ejercicio de las facultades jurisdiccionales) se desentienden de las razones expuestas en el decisorio cuestionado, exteriorizándose simplemente una mera disconformidad con el resultado obtenido y esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre el tópico decidido (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016 y C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; e.o.), lo que no alcanza para demostrar el error imputado.
IV.2. En este orden de ideas, se observa que en su desarrollo el recurrente efectúa referencias a la infracción del principio de congruencia (v. presentación de 8-V-2019, pág. 7), entremezcladas con las denuncias de absurdo y violación de la doctrina legal, no brindando argumentos suficientes que permitan visualizar el apartamiento -por parte del Tribunal de Alzada- del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio.
Tiene dicho esta Corte que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados a la interpretación de escritos judiciales, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de absurdo en la tarea del juzgador, vicio que en el caso -como ya se dijo- el recurrente no logró demostrar (conf. causas C. 101.790, "Alegre", sent. de 29-IV-2009 y C. 93.166, "Mondi", sent. de 7-X-2009; e.o.).
IV.3. Por último, tampoco cabe atender el tópico sobre la violación de la doctrina legal alegada (v. presentación de 8-V-2019, pág. 6), toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente esta sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015 y C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e.o.), carga esta última no abastecida por el impugnante que conduce a repeler este segmento de la protesta.
V. En consecuencia, no habiéndose logrado demostrar los extremos exigidos para la configuración del absurdo invocado respecto de la decisión del Tribunal de Alzada, como tampoco la infracción normativa alegada, la vía intentada debe ser desestimada (art. 279 y su doctr., CPCC).
Las costas se imponen al demandado en su condición de vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto. Costas al recurrente vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2021 18:43:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 13:53:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/08/2021 15:41:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/09/2021 15:28:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 13:06:02 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia