Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124854
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.854, "Carzoglio, Lucas Matías contra Heidanowski, Rubén Orlando. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín rechazó la acción deducida e impuso las costas a la actora vencida (v. fs. 115/120 vta.).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 123/136 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Lucas Matías Carzoglio contra Rubén Orlando Heidanowski en procura del cobro de las indemnizaciones previstas por los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345) y la entrega del certificado de trabajo (v. fs. 115/120 vta.).
Tuvo por acreditado que el actor laboró bajo las órdenes del demandado Heidanowski -en la industria de la construcción- bajo la órbita de la ley 22.250 y el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75, en un vínculo de subordinación y dependencia, cumpliendo tareas en la categoría de "ayudante" (conf. art. 5 inc. 8, convenio cit.; v. fs. 115/116).
Juzgó que, en virtud de lo establecido por el art. 35 de dicha ley, resultaban inaplicables a los obreros de la construcción las disposiciones del régimen legal del contrato de trabajo (v. fs. 117 vta. in fine y 118).
Sustentó el pronunciamiento en las directrices plasmadas por esta Corte al fallar en las causas L. 74.013, "Mascia", sentencia de 13-III-2002 y L. 77.798, "Orza", sentencia de 19-II-2002, así como en la doctrina autoral que identificó (v. fs. 118).
Con todo, dispuso el rechazo íntegro de la demanda promovida y cargó las costas al accionante vencido (v. fs. 119).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia errónea aplicación y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 2 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 47 y 63 de la ley 11.653; 35 del decreto ley 22.250/80 y 163 inc. 5, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, invoca quebrantada la doctrina que cita (v. fs. 123/136 vta.).
II.1. Se agravia del rechazo de la indemnización especial prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), tendiente a resarcir la falta de entrega del certificado de trabajo.
Denuncia que el tribunal interpretó erróneamente los arts. 2 de dicho cuerpo legal y 35 de la ley 22.250, más precisamente el segundo párrafo de este último precepto. Postula que la multa contemplada por el citado art. 80 no está relacionada con la estabilidad del trabajador y la pérdida del empleo, sino con las obligaciones derivadas del deber de diligencia del empleador (arts. 79 y 80, Ley de Contrato de Trabajo), por lo que resulta compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de la construcción y su régimen jurídico específico.
Argumenta que no existe una norma que determine, ni explícita ni implícitamente, la aplicación en toda su extensión del referido art. 80 a los obreros de la construcción. Agrega que el segundo párrafo del art. 35 de la ley 22.250 abre una ventana hacia la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo al régimen de la construcción.
Alega desconocidos los principios rectores del derecho laboral: in dubio pro operario, protectorio, irrenunciabilidad, buena fe, equidad, justicia social, razonabilidad, progresividad e igualdad, así como la regla iuria novit curia y las presunciones establecidas por ley a favor del trabajador.
II.2. Con motivo del sustento del rechazo de la demanda, censura la imposición de costas, y postula que deben recaer exclusivamente en cabeza del demandado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda en concepto de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, de cuyo rechazo se agravia el interesado, y las costas impuestas- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Desde esta perspectiva, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Corte estableció la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e. o.).
III.2. En ese contexto, se observa la improcedencia de la impugnación, toda vez que el único precedente de esta Corte que invoca violado el recurrente (causa L. 109.165, "Contreras", sent. de 10-XII-2014; v. fs. 132), resulta ineficaz para modificar la decisión atacada, en tanto en él mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe este litigio (causas L. 119.016, "Simo", sent. de 8-III-2017; L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018 y L. 122.120, "Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 26-V-2020; e. o.).
En efecto, en el precedente cuya infracción se denuncia, la cuestión debatida versó sobre el alcance de la obligación de entregar el certificado de trabajo contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo en los supuestos de extensión solidaria de las obligaciones con base en el art. 30 del mencionado cuerpo legal. En cambio, tal y como fue relatado, en el caso, el tribunal de grado rechazó la pretensión deducida porque juzgó inaplicables a los trabajadores de la industria de la construcción las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo, en el entendimiento de que su actividad debe regirse por las disposiciones de la ley 22.250, de conformidad con lo establecido en el art. 35 del citado cuerpo normativo (v. sent., fs. 117 vta. in fine/120 vta.).
III.3. Tampoco resulta apta la cita de la opinión de autores (v. rec., fs. 131 vta.), ni la mención de fallos emitidos por otros tribunales de justicia (v. rec., fs. 132 in fine/134), ya que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte (causas L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; L. 115.342, "Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA)", resol. de 5-IV-2013; L. 118.054, "Lima Pintado", resol. de 24-IX-2014; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; e. o.).
III.4. Igual suerte adversa ha de correr el planteo dirigido a controvertir la condenación en costas, toda vez que no media a su respecto denuncia de violación de doctrina legal alguna, aspecto este que constituye un presupuesto esencial e inicial para fundar la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el mencionado precepto de la ley ritual del fuero laboral (causas L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020 y L. 124.474, "Sotelo", sent. 31-VIII-2020).
IV. Por ello, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/12/2021 14:53:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2021 09:44:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 20:57:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:24:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2021 12:29:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia