Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 122768
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.768, "Piangatelli, Gerardo Gabriel contra Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 311/316).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 21-VIII-2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Gerardo Gabriel Piangatelli contra Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales S.R.L. condenándola al pago de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme texto de la ley 25.345 (v. sent., fs. 311/316).
Rechazó, en cambio, en lo que es motivo de agravio, la pretensión por la que se procuraba el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de dicho texto legal (v. fs. 313 vta. y 314).
Para así resolver, y con el informe proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP; v. fs. 179/181), tuvo por acreditado que la empleadora no había depositado íntegramente los importes destinados a los organismos de la seguridad social.
Luego, ponderó que, del informe de la Unión del Personal de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, surgía que la accionada había realizado aportes sindicales mensuales desde el año 2010 hasta el año 2014, sin que pudiera especificarse respecto al actor, ya que constaban declaraciones esporádicas.
No obstante, ya en la sentencia, desestimó el reclamo instaurado al juzgar que el trabajador no había cumplido con lo establecido en el decreto 146/01 para hacerse acreedor de la multa reclamada, en tanto la intimación no fue cursada con anterioridad a la extinción contractual, ni detallaba pormenorizadamente los períodos y conceptos que el demandado debía ingresar a los organismos de seguridad social. Además, sostuvo que la accionada se hallaba concursada a la fecha en que se pretendió ponerla en mora (v. sent., fs. 314).
II. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional; 57 y 132 bis de la ley 20.744; 1 del decreto 146/01; 44 incs. "d" y "e", 47 y 63 de la ley 11.653; 163 inc. 6; 354 inc. 1; 375, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 21-VIII-2018).
En esencia, se agravia del rechazo de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, texto según ley 25.345, que -entiende- transgrede la doctrina elaborada por esta Suprema Corte en la causa L. 107.254, "Alveira Garcilazo" (sent. de 5-VI-2013), entre otras.
Afirma que el sentenciante interpretó erróneamente -con apego a un excesivo rigor formal- los alcances de los arts. 1 del decreto 146/01 y 132 bis de la ley sustantiva laboral, al establecer que el emplazamiento debió cumplirse antes de la desvinculación contractual, y que debieron precisarse los períodos y conceptos de los aportes retenidos y no ingresados, toda vez que, según postula, tales requisitos no están previstos en el texto de las citadas normas.
Por otro lado, alega que el juzgador de grado realizó una absurda valoración de las constancias probatorias, el telegrama (v. fs. 4), los recibos de sueldo (v. fs. 7/41) y el informe realizado por la AFIP (v. fs. 179); puesto que al actor se les descontaron aportes de la seguridad social sin verificarse su posterior ingreso.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo es del caso destacar que ningún reparo admite en cuanto a su admisibilidad la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744 (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de "monto indeterminado" (art. 55, ley 11.653; causas L. 95.990, "Rodríguez", sent. de 2-VII-2010; L. 103.396, "Barragán", sent. de 27-XI-2013; L. 117.450, "Echegaray", sent. de 8-IV-2015 y L. 119.148, "Ferreira", sent. de 20-XII-2017).
III.2. Como con acierto se señala en un pasaje del recurso, no luce acertado lo expuesto por el tribunal de grado en cuanto juzgó que la intimación formulada por el trabajador no abasteció los recaudos impuestos por el art. 1 del decreto 146/01, puesto que al así decidir, el juzgador exigió al actor el cumplimiento de requisitos (cumplimiento antes de la desvinculación contractual e indicación pormenorizada de períodos y conceptos) que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma reglamentaria ni de aquella que reglamenta (causas L. 122.424, "Gonzalez Gimenez", sent. de 4-VIII-2020; L. 121.878, "Macías", sent. de 10-VIII-2020 y L. 123.030, "López", sent. de 14-XII-2020).
III.3. Sin embargo, tal circunstancia no basta para acoger el recurso.
III.3.a. Puede observarse que en el pronunciamiento impugnado también se consideró acreditado -según lo informado por la Inspección General de Justicia de la Nación-, que con fecha 21 de octubre de 2014 se asentó la apertura del concurso preventivo de la accionada (v. vered., primera cuestión, fs. 311 vta. y 312). En base a ello, al momento de sentenciar, el juez de grado entendió que el requisito de la intimación previa establecida en el decreto 146/01 no se encontraba cumplido, ya que la accionada se hallaba concursada a la fecha en que se pretendió ponerla en mora (v. vered., fs. 312 y sent., fs. 314).
III.3.b. Estas conclusiones no han sido objeto de un embate directo y eficaz.
III.3.b.i. Cabe recordar que la competencia revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En consecuencia, la suerte de la postulación recursiva depende de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, y ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de los argumentos y conclusiones que dan fundamento al pronunciamiento de origen (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2002; e.o.).
Tales extremos no concurren en el caso.
III.3.b.ii. Me afirmo en lo dicho porque observo que el impugnante se limita a exteriorizar su propio enfoque y a afirmar que de la prueba producida en autos surge que se encuentran cumplidos todos los requisitos para que proceda la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. ley 25.345), sin hacerse cargo de cuestionar la esencial definición expuesta, más allá de su acierto o desacierto sustancial.
III.4. A partir de lo declarado, la falta de suficiencia en la fundamentación del embate, sella su suerte adversa.
IV. Por ello, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2022 20:26:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2022 12:35:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2022 19:39:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 09:24:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/03/2022 10:48:04 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia