Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128577
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, rechazó la demanda interpuesta por Edgardo Zelaya contra al Fisco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el Código Civil (v. pronunciamiento de fecha 23-IV-2021).
Para así decidir, en lo que interesa, juzgó que no se había acreditado que el accionante, ante las circunstancias que rodearon al infortunio denunciado, hubiera quedado expuesto a un riesgo particular que pueda ser asimilado a una cosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil.
Por otro lado, concluyó que tampoco podía prosperar la pretensión actoral de que, en forma subsidiaria, se aplique la ley 24.557 y normas complementarias, por cuanto ella misma había ejercido la opción conferida en el art. 4 de la Ley 26.773 en el escrito de inicio, dejando excluidas las prestaciones dinerarias del régimen especial.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 10-V-2021), el que fue concedido por el a quo , en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. proveído del 17-V-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, invoca absurdo y denuncia la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, alega la errónea interpretación del art. 1.113 del Código velezano, objetando la decisión del juzgador de grado que tuvo por no acreditada la condición riesgosa de la tarea prestada por el accionante al momento del accidente sufrido.
Por otro lado, impugna el rechazo de las prestaciones del régimen especial. En ese sentido, aduce que lo que prohíbe el art. 4 de la ley 26.773 es acumular los distintos sistemas de responsabilidad en un pleito, pero no implica una renuncia tácita de los derechos, por lo que, ante el rechazo de la acción común, la tutela de la acción especial nace necesariamente en subsidio y el sentenciante debe aplicarla.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.181, "Comezaña", resol. de 6-XII-2021).
Asimismo, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 126.995, "Martín", resol. de 7-X-2021).
III.3.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, respecto del primer agravio enunciado, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo es, en la especie, aquellas vinculadas a la configuración, o no, de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común- asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 120.667, "Ciz", resol. de 29-VIII-2017; L. 121.852, "Pérez", resol. de 27-II-2019; L. 124.723, "Núñez", resol. de 2-XI-2020 y L. 126.474, "Díaz", resol. de 28-V-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del vicio de absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.872, "Machado", resol. de 10-II-2022).
III.3.b. De igual modo debe ser desestimada la objeción vinculada con que el juzgador haya desestimado la aplicación subsidiaria de la ley 24.557, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 127.895, "Bordón", resol. de 14-III-2022).
Al respecto, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos, y no la que deriva de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 122.900, "Mancini", resol. de 7-III-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:15:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 10:34:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2022 09:56:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 00:43:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/06/2022 08:46:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/06/2022 15:04:36 hs. bajo el número RR-733-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia