Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128291
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en el punto IV.1 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el punto IV.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado -en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la excepción de incompetencia deducida por la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA) y, en consecuencia, rechazó la acción declarativa de certeza iniciada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina (STIHMPRA) respecto de la empresa 923 S.R.L., por carecer de jurisdicción para adoptar una decisión respecto del pedido solicitado (v. pronunciamiento de fs. 339/346 vta.).
Para así decidir, consideró -en lo esencial- que la eventual determinación del encuadramiento convencional en favor de la actora implicaría desconocer la acreditada puja intersindical pendiente entre esta última y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina respecto de los trabajadores que cumplen tareas en el Mercado Central de Buenos Aires, transgrediendo así la normativa que regula el procedimiento especial para obtener un pronunciamiento definitivo respecto de un conflicto de encuadramiento sindical (arts. 59 y 62, ley 23.551), situación que -entendió- se verificaba en el caso.
Agregó que, en la hipótesis más beneficiosa para el accionante, tampoco la acción podría tener favorable recepción desde que, sin abrir juicio sobre la posibilidad de obtener un pronunciamiento de encuadramiento convencional por medio de la acción meramente declarativa de certeza prevista en el art. 322 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, tampoco se presenta el "estado de incertidumbre" al que refiere la norma.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 372/402), habiendo sido denegado por el a quo el primero de ellos y concedido únicamente el segundo de los mencionados (v. resoluciones de fs. 404/406 vta.).
III. En la única vía que corresponde analizar en esta sede extraordinaria denuncia arbitrariedad, absurdo y la violación de los arts. 59 y 62 de la ley 23.551; de las leyes 14.250 y 22.105; del convenio colectivo de trabajo 232/94 y de la doctrina legal que identifica.
Alega que el juzgador incurrió en arbitrariedad y absurdo al confundir dos institutos diferentes, como lo son el encuadramiento sindical y el convencional, interpretando erróneamente la normativa aplicable y apartándose del objeto de la demanda.
Luego de insistir en que en el litigio no se debate un encuadramiento sindical, afirma que en la sentencia recurrida se apreciaron erróneamente los antecedentes vinculados con este último. Indica que, a diferencia de lo expuesto en el fallo, sí existe un encuadramiento sindical "dictaminado" en favor del accionante respecto de los trabajadores dependientes de los consignatarios y operadores del Mercado Central de Buenos Aires mediante resolución "D.N.G.A." 44/85, la que aún permanece vigente, más allá de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 918/14, que entiende fue erróneamente interpretada por el a quo .
Señala que la sentencia resulta arbitraria, pues la jurisprudencia es conteste en que la resolución de encuadramiento convencional es competencia exclusivamente judicial.
Concluye que, toda vez que el juzgador incurrió en un claro yerro al identificar la pretensión incoada como un conflicto intersindical, los arts. 59 y 62 de la ley 23.551 no resultan aplicables a la presente litis, observándose, a la par, soslayada la debida valoración de lo dispuesto en las leyes 14.250 y 22.105.
Finalmente sostiene que, en tanto el sentenciante se limitó a declarar la falta de jurisdicción para resolver el litigio, constituye un absurdo haber impuesto las costas a su parte, manifestando que, cuando se revoque la decisión de grado, deberá esta Corte modificar la imposición de costas, que habrán de ser afrontadas exclusivamente por la parte demandada.
IV. El recurso no prospera en atención a lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos al presente (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 120.620 y L. 120.010, sents. de 14-VIII-2019; L. 120.621 y L. 119.846, sents. de 2-V-2019; L. 124.856, resol. de 22-X-2020 y L. 125.164, resol. de 12-III-2021).
IV.1.a. Al igual que en los precedentes citados, el núcleo del discurso que contiene el medio de impugnación está constituido por una crítica que tacha de absurda a la sentencia, afirmándose que en ella el tribunal de grado habría resuelto el caso confundiendo dos institutos disímiles: "el encuadramiento sindical" y "el encuadramiento convencional", pese a la clara pretensión efectuada en autos enmarcada en este último. En ese entendimiento, el interesado le endilga al sentenciante haberse apartado "antojadizamente" del objeto de la demanda, de lo requerido en ella y de los hechos probados.
En ese marco, cabe señalar que resulta manifiestamente insuficiente la tangencial invocación de una supuesta violación del principio de congruencia que formula el quejoso, toda vez que se ha limitado a denunciarla sin efectuar un desarrollo argumental idóneo que evidencie en qué consistiría la infracción que denuncia.
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha trasgresión o yerro se habría producido (causas L. 116.962, "Sobrero", sent. de 15-VII-2015; L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018 y L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019).
IV.1.b. Igualmente, no logra demostrar el interesado un apartamiento por parte del juzgador de los términos en que quedó trabada la litis.
En efecto, no surge del pronunciamiento que el tribunal de grado -en los términos expuestos por el recurrente- haya interpretado lisa y llanamente que el escrito de demanda contenía una pretensión de "encuadramiento sindical", tampoco que haya incurrido en la alegada confusión conceptual.
Antes bien, puede observarse que el a quo ponderó que el "encuadramiento convencional" procurado en autos con el objeto de obtener en rigor "una declaración judicial encaminada a neutralizar la legitimación de otro sindicato para reclamar por deudas de origen convencional", atendiendo a la puja pendiente de resolución habida entre el Sindicato de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina y la Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina, no podía efectuarse sin contrariar las normas que regulan el procedimiento atinente a los conflictos de "encuadramiento sindical" (arts. 59 y 62, ley 23.551).
IV.1.c. Asimismo, y sin que ello implique pronunciamiento alguno sobre el acierto de la decisión, tampoco acredita el recurrente la absurda ponderación que le atribuye al órgano jurisdiccional de grado de ciertos antecedentes obrantes en autos que lo llevaron a juzgar que al momento de la resolución del caso subsistía aquella "puja" intersindical que a su criterio impedía adentrarse en lo requerido en la demanda de autos.
Dable es recordar que el absurdo es un instituto excepcional, que exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa; no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, ni puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017; L. 122.824, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", resol. de 20-XI-2019 y L. 123.369, "Adet", resol. de 1-VI-2020).
IV.1.d. Las consideraciones que anteceden, fundadas en el insalvable déficit que porta el recurso, torna innecesario abordar los restantes argumentos traídos por el impugnante.
IV.2. En cuanto a las costas, la impugnación nuevamente luce inhábil.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de las instancias de mérito y exenta, como tal, de censura en casación, salvo absurdo, que sólo se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 125.038, "Vera"; L. 125.422, "Casalone" y L. 125.471, "Chiminelli", resols. de 6-XI-2020). Tales anomalías en modo alguno son acreditadas por el quejoso bajo el argumento que señala que lo resuelto respecto de los gastos causídicos merece ser modificado pues no se ha resuelto "la cuestión de fondo requerida en la demanda".
A su vez, permaneciendo inalterada la sentencia de grado, pierde virtualidad el restante cuestionamiento sustentado en que las costas fueron determinadas en función de la suerte del reclamo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en el punto IV.1 han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y que el abordado en el punto IV.2 ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado -en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial- queda perdido para el recurrente (art. 294, Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf., resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:05:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:00:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:40:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:03:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 14:59:50 hs. bajo el número RR-909-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia