Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126568
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, con nueva integración -tras lo dispuesto por esta Suprema Corte mediante resolución de fecha 20 de noviembre de 2019-, hizo lugar al allanamiento de Federación Patronal Seguros S.A. en la causa iniciada por Carlos Insaurralde y María Mercedes Vidarte en procura del cobro de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo con motivo de la muerte de su hijo Rubén Rodrigo Insaurralde. Impuso las costas a la parte actora (v. pronunciamiento de fecha 19-VIII-2020).
Para así decidir, habiendo sido declarada la cuestión como de puro derecho (v. fs. 86), a partir de la valoración de los escritos constitutivos del proceso, juzgó que el objeto del reclamo de autos estaba dirigido a la percepción de las acreencias previstas en el régimen de riesgos del trabajo por el indicado fallecimiento, sin haberse transitado previamente ante la instancia administrativa que contemplan las normas vigentes.
En consecuencia, entendió que el allanamiento realizado por la demandada fue real, oportuno, total, efectivo e incondicionado, sin hallar configuradas las excepciones previstas en el art. 70 apartado 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
II. Frente a lo así resuelto, los legitimados activos dedujeron recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-IX-2020), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de 19-X-2020), habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 19 de abril de 2021 (v. dictamen electrónico de 14-VI-2021).
III.1. En el primero de ellos, denuncian transgredido art. 167 del Código Procesal Civil y Comercial. Alegan que la sentencia fue dictada vencidos los plazos consagrados en la citada norma.
Afirman conculcados los art. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, porque consideran que la sentencia no se dictó dentro del plazo legal. Luego, alegan falta de fundamentación normativa del fallo.
Manifiestan que, al no existir veredicto, se transgrede el art. 47 de la ley 11.653.
III.2. De conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. Cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que tiene dicho esta Corte que no invalida el pronunciamiento del tribunal del trabajo la circunstancia que se los haya dictado vencido el plazo de ley, desde que las formas y plazos procesales a que alude el art. 168 de la Constitución provincial son los que las leyes fijan a las partes para proponer sus cuestiones y no a los jueces para decidirlas (causas Ac. 103.512, resol. del 29-X-2008; L. 118.066, "Ortega", resol. de 30-IX-2014 y L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015).
III.2.c. Sentado ello, se observa que -en rigor- la queja se encuentra orientada a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.d. En relación al agravio dirigido a objetar la falta de dictado del veredicto, sin perjuicio de otras consideraciones, es dable es señalar que el sentenciante de grado expresamente puntualizó que, habiendo quedado firme la declaración de la cuestión como de puro derecho (v. fs. 86), se encontraba eximido de emitir aquel acto procesal.
En este sentido, cabe recordar que en la estructura del proceso laboral sólo la sentencia de mérito, cuando se requiere la valoración de hechos y prueba, debe estar precedida de la pieza procesal aludida (arts. 44 y 47, ley 11.653; causas Ac. 103.519, "Garay", resol. 13-V-2009 y L. 127.814, "López", resol. de 13-XII-2021).
III.2.e. Finalmente, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.493 y L. 125.039, cits.).
La hipótesis descripta no concurre en la especie, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional, no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su sustento, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018; L. 125.307, "Aguilar", resol. de 6-XI-2020).
IV. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, los interesados relatan los antecedentes de la causa, individualizan las normas y los principios del derecho que consideran conculcados. Denuncian arbitrariedad y absurdo en la valoración de la prueba y omisión en su consideración. Cuestionan la falta de aplicación al caso de lo establecido por el art. 4 de la ley 26.773.
En lo esencial, se agravian de la imposición de las costas a la parte actora, atento que el tribunal de grado no tuvo por configurada la mora de la demandada.
V. El recurso no prospera.
V.1. Liminarmente, cabe señalar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que la imposición y distribución de las costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 121.962, "Giménez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.156, "Puzzolo", resol. de 4-III-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
V.2.a. Bajo tales premisas, los recurrentes no logran demostrar la existencia del vicio invocado.
En el presente caso, el órgano de origen juzgó que la parte actora no realizó ninguna apreciación respecto de la pretendida "mora" en que incurrió la accionada por el pago de las prestaciones por fallecimiento que prevé la ley 24.557. En este sentido, señaló que las circunstancias relativas al eventual tardío incumplimiento o a la completa ausencia de voluntad de pago por parte de la aseguradora debieron ser claramente expresadas por los accionantes y evidenciadas a través de la manifestación de hechos concretos.
En consecuencia, entendió que el objeto del reclamo estaba limitado al cobro judicial de las prestaciones dinerarias sistémicas por fallecimiento, sin previo paso por la instancia administrativa que prevé la legislación vigente.
Sin embargo, ante la postura asumida por la accionada al contestar la demanda, señaló que correspondía expedirse sobre la procedencia -o no- del allanamiento efectuado.
Así las cosas, habiéndose dado cabal cumplimiento a la obligación de pago de la prestación dineraria actualizada, juzgó que el allanamiento de la aseguradora fue real, oportuno, total, efectivo e incondicionado.
Sumado a ello, puntualizó que no se configuró ninguna de las excepciones del articulo 70 apartado 1 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, a la luz de la normativa vigente, y de conformidad con los escritos constitutivos del proceso, se evidenciaba que la aseguradora demandada no incurrió en mora ni motivó la reclamación judicial, en virtud que no se verificaron los extremos habilitantes para el corrimiento de los plazos ley. Por consiguiente, impuso las costas del proceso a la parte actora, si bien con el beneficio de gratuidad establecido en la ley ritual del fuero laboral.
V.2.b. Esta esencial conclusión no logra ser conmovida por los impugnantes, quienes no cumplen con la carga de acreditar el vicio de absurdo.
La crítica transita, en puridad, sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió pronunciarse sobre el tema que ponen bajo censura, sin ocuparse de contrarrestar las razones blandidas en el fallo para aplicar la norma procesal en la que se sustenta, ni las apreciaciones formuladas respecto de la inexistencia de mora.
A esta altura, cabe recordar que esta Casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019 y L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:45:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:53:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 10:53:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:09:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:30:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:56:17 hs. bajo el número RR-1298-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia