Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125760
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.760, "Kraus, Marcelo Gustavo c/ Centro de Empleado de Comercio de Olavarría y otro. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Olavarría, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 216/228 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-V-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó la demanda promovida por Marcelo Gustavo Kraus contra el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría (CECO), por la que pretendía la declaración de nulidad del acto de renuncia y del convenio suscripto, la reinstalación en su puesto de trabajo, el cobro de salarios caídos, y en subsidio, las indemnizaciones por despido injustificado, sustitutiva de preaviso, daño moral y el incremento previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Según los términos plasmados en la sentencia, la misma desestimación efectuó respecto del citado como tercero Alberto Daniel Loureyro.
En el veredicto, tras ponderar los escritos constitutivos de la litis, el telegrama obrante a fs. 66 y el informe emitido por el Correo Argentino (v. fs. 168), juzgó que la extinción del contrato de trabajo entre Kraus y el CECO se perfeccionó el 21 de abril de 2017, por renuncia del primero en los términos del art. 240 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 216 vta. y 217).
Luego, valorando el expediente administrativo agregado por cuerda, comprobó que los sujetos integrantes del vínculo laboral el día anterior a la fecha indicada suscribieron un acuerdo económico ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación regional Olavarría, estipulando la suma $162.572,26 "en reconocimiento y gratificación por los servicios prestados y a cuenta de futuros reclamos"; también, que la autoridad mencionada emitió un dictamen legal y decidió su registro (v. fs. 217 vta.).
Al analizar la validez de la renuncia ante el planteo de nulidad formulado en la demanda, el a quo consideró que de la comunicación postal remitida por el trabajador se infería claramente la expresión de voluntad abdicativa y la fecha desde que esta se tornó operativa; asimismo, que la rúbrica estampada frente al oficial del correo pertenecía al demandante (v. fs. 218).
Posteriormente, teniendo en cuenta lo denunciado por el accionante acerca de la supuesta existencia de vicios en su voluntad, y ponderando las declaraciones testimoniales que individualizó, concluyó que no se había acreditado "...que el discernimiento, la intención y la libertad de Marcelo Gustavo Kraus hubieren resultado afectadas en esa intensidad; como así tampoco que el mismo actor padeciera de alguna limitante al momento de expedir el despacho postal..." (fs. 219).
Con todo, al no verificar vicios en la voluntad del trabajador en ninguna etapa del acto de extinción, juzgó válida la renuncia como acto jurídico disolutorio, perfeccionada el 21 de abril de 2017 (v. fs. cit.).
Por otro lado, con sustento en la prueba testimonial, el informe pericial psicológico y las respuestas brindadas por la experta ante los interrogantes formulados, descartó la existencia de acoso, persecución, mobbing o desplazamiento de su posición laboral habitual en la persona del actor (v. fs. 220/221).
Ya en la sentencia, después de aclarar que no se encontraba controvertida en autos la relación laboral habida entre el actor y la entidad demandada -con sus datos principales y su debida registración-, a tenor de lo dicho en el veredicto, el tribunal de grado juzgó que la extinción del vínculo de trabajo se perfeccionó el día 21 de abril de 2017 mediante la renuncia voluntaria del accionante en los términos del art. 240 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 224).
En orden al acuerdo económico al que arribaron las partes en sede administrativa, sostuvo que en modo alguno por ser concomitante al distracto enervaba los efectos de este (v. fs. antes cit.).
Expresó que, comprobada la renuncia voluntaria del trabajador y no probado vicio alguno en el acto de la voluntad extintiva, ni fraude a la ley laboral, ni mobbing o acoso laboral, esta cobraba plena eficacia y enervaba toda pretensión indemnizatoria y toda posibilidad de anulación (v. fs. antes cit.).
En tales condiciones, desestimó la acción e impuso las costas al actor con el beneficio de pobreza en lo que atañe al reclamo articulado contra el CECO, y -por mayoría de opiniones- sin el beneficio indicado en cuanto al dirigido contra el señor Loureyro, atento a su actuación como tercero citado que no revistió el carácter de empleador. Además, juzgó aplicable la ley 14.967 y -con cita de sus arts. 21, 22 y 23- dispuso que a los fines de establecer la base de regulación de los honorarios de los profesionales, cabía "liquidar intereses a la pretensión demandada" teniendo en cuenta la alícuota más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días (v. fs. 224 vta./225 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28 y 31 de la Constitución nacional; 168 de la provincial; 12 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo; 23 de la ley 14.967; 34 inc. 4, 163 incs. 6 y 8 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Cuestiona lo juzgado por el tribunal de trabajo en lo relativo a la extinción de la relación laboral.
Le reprocha no haber analizado una "conjunción de indicios serios, concomitantes, certeros, firmes y coexistentes" que -en su opinión- demuestran cabalmente la nulidad de su renuncia.
En particular, denuncia que el a quo omitió toda evaluación respecto del acuerdo obrante en las actuaciones administrativas que fuera celebrado el día 20 de abril de 2017, con ello, se soslayó la denuncia de fraude efectuada en autos. Destaca que dicho acuerdo sugestivamente se firmó con un día de diferencia de la comunicación del acto extintivo y, además, resultó totalmente irrisorio desde el punto de vista cuantitativo.
Sostiene que la conducta del empleador resultó violatoria de los principios protectorios y de irrenunciabilidad.
Indica que las conclusiones expuestas en la pericia psicológica prueban la credibilidad de los hechos que le imputó al señor Loureyro, durante los meses previos a la dimisión, y con ello la existencia del mobbing denunciado.
Desde esa perspectiva entiende que el juzgador ha vulnerado el principio de congruencia porque " ha resuelto fuera de lo solicitado (extra petitio)".
A la par, impugna el análisis de la prueba testimonial que realizó el a quo por considerarlo absurdo, erróneo, parcial y sesgado, a favor de la empleadora.
Insiste en que quedó probado que el actor concurrió al correo acompañado por dos personas dependientes de CECO para despachar un telegrama preimpreso, cuando a la luz del informe pericial tenía suficientes recursos y aptitudes para realizar dicho trámite sólo.
Concluye que el razonamiento del juzgador resulta absurdo, ilógico y apartado de los indicios señalados que demuestran palmariamente que tanto el acto de renuncia como el acuerdo estuvieron viciados.
II.2. Por otro lado, bajo la denuncia de absurdo se agravia de lo resuelto por el tribunal en cuanto impuso las costas a la parte actora sin el beneficio de gratuidad en lo que respecta a la intervención en autos del señor Loureyro.
Argumenta que la única condición objetiva que impone la norma para aplicar dicho beneficio es que el actor sea trabajador, y dicha circunstancia se acreditó en autos. Aclara que la citación del mencionado codemandado nunca se fundamentó en la existencia de una relación laboral con él, sino en su participación en una serie de hechos preliminares a su dimisión.
II.3. Finalmente, expone que el juzgador incurrió en otro grave error cuando estableció la base regulatoria de los honorarios de los profesionales intervinientes.
Con cita de doctrina legal, explica que esta no se integra con los intereses -como se dispuso en la sentencia- porque "la norma del art. 23 del decreto 8904/77 y/o actual 14.967 no contempla el agregado de tales accesorios".
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica que formula el agraviado a las conclusiones que estableció el tribunal de grado acerca de la extinción del contrato de trabajo, es insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.a. Inicialmente ocupa recordar que esta Corte ha declarado que evaluar la conducta asumida por las partes antes de la rescisión del contrato de trabajo, así como determinar las circunstancias y el modo de su extinción, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por regla a la casación, salvo la acreditación del absurdo (causas L. 103.162, "Funes", sent. de 16-V-2012; L. 104.642, "Morgante", sent. de 15-VIII-2012; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 117.023, "Villalba", sent. de 8-X-2014 y L. 118.581, "Rodríguez", sent. de 11-VI-2020). Más concretamente, análogos señalamientos ha efectuado en orden a establecer la existencia -o no- de una simulación fraudulenta patronal, o la libre determinación del trabajador en el acto de dimisión al empleo (causas L. 116.786, "Marcaida", sent. de 10-XII-2014 y L. 118.224 "Carabajal", sent. de 13-IV-2016).
III.1.b. Lejos está el recurrente de evidenciar la configuración en el caso del mentado y excepcional vicio valorativo.
El discurso que contiene el medio de impugnación, ceñido a la particular visión del caso que propone el quejoso, muestra, en rigor, la mera reiteración de aquellos argumentos ya formulados en la instancia ordinaria, vinculados con diferentes circunstancias que a juicio del interesado avalarían la supuesta existencia de vicios de voluntad que pretende proyectar sobre el acuerdo logrado en sede administrativa como sobre el propio acto de renuncia.
Apartándose de la línea reflexiva y valoración que llevó al sentenciante a la solución objetada, intenta el interesado un examen de los hechos y las pruebas según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al vicio de absurdo mencionado (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015 y L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
A modo de ejemplo, puede observarse que la omisa valoración que se le atribuye al sentenciante del acuerdo con contenido económico logrado ante la autoridad administrativa del trabajo, se contrapone visiblemente con lo que surge del pronunciamiento, puesto que, contrariamente a lo dicho en el recurso, aquel convenio fue expresamente ponderado por el tribunal (v. vered., fs. 217 in fine y vta.; sent., fs. 224) con consideraciones que no han sido objeto de un ataque directo y eficaz.
Otro tanto cabe decir de la prueba testimonial, de la cual el recurrente extrae consideraciones de su propia cosecha que -sin dato alguno del contenido de las declaraciones que pueda extraerse del acta de la audiencia de vista de la causa (v. fs. 215 y vta.)- se contraponen con la valoración desplegada por el tribunal en el fallo. Fundamentalmente, no se hace cargo el impugnante de la ponderación que realizó el tribunal del testigo Gadea destacando su "subjetividad" (v. vered., fs. 218 y 219 vta.), cuando a criterio del quejoso el relato de aquel sería gravitante para avalar su tesitura. Al cabo, parece soslayar el impugnante que la valoración de las declaraciones testimoniales, tanto en lo atinente al mérito como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras, constituye una facultad privativa de los jueces de grado (causa L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019; e.o.).
Tampoco el genérico ataque a la valoración de la experticia psicológica supera el registro de una mera discrepancia de opinión del quejoso con las esenciales motivaciones que derivó el juzgador de dicho dictamen y de las respuestas brindadas por la experta ante los interrogantes formulados (v. fs. 220 vta. y 221).
III.1.c. De suyo, que en modo alguno evidencia el recurrente la denunciada transgresión al principio de congruencia, pues los propios cuestionamientos traídos, antes de hallarse dirigidos a demostrar por parte del tribunal un hipotético apartamiento de los temas sometidos a controversia por las partes, tiene el fin de cuestionar el análisis del material fáctico del caso, como se vio, sin éxito.
III.2. Tampoco es eficaz el cuestionamiento atinente a la no concesión del beneficio de gratuidad a la parte actora en lo que respecta a las costas por la intervención del tercero citado.
III.2.a. El juez que concitó la mayoría de opiniones sobre el tópico, luego de deslindar las posiciones de las partes e indicar que el empleador del actor fue el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría, con apoyo en la doctrina legal que esta Corte sentó -entre otras- en la causa L. 103.678, "Boulanger" (sent. de 29-VI-2011), recordó que el art. 22 de la ley 11.653 sólo favorece al litigante que logre probar en el proceso laboral la existencia del contrato de trabajo. Luego, juzgó que rechazada la demanda, en cuanto -exclusivamente- a las costas derivadas de la citación del señor Loureyro en calidad de tercero, no cabía la aplicación del mentado beneficio, atento a que este no había sido "empleador", por lo que el demandante debía ser plena y efectivamente responsable por las consecuencias de sus actos (v. fs. 225 y vta.).
III.2.b. Sin ingresar a revisar el grado de acierto que pueda merecer la decisión, es dable advertir que el argumento que ensaya el recurrente, afincado únicamente en la condición de trabajador -que el juzgador ponderó respecto de la entidad demandada pero no de la persona física citada como tercero-, no se hace cargo de desbaratar idóneamente las motivaciones que -por mayoría- se expusieron en el fallo para descartar en el caso la aplicación del mentado beneficio, ello, únicamente en lo vinculado a la particular situación procesal del señor Loureyro.
Adviértase, que la doctrina que invoca el quejoso en este tramo del recurso fue elaborada sobre supuestos diferentes al del sub examine , en los cuales la parte actora no había traído al proceso como tercero a un sujeto ajeno a la relación laboral como aquí aconteció, incluso, sin habérselo demandado bajo la atribución de una eventual responsabilidad solidaria basada en una hipótesis legal pretendidamente aplicable (v. demanda, fs. 43/44).
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el agravio final que exhibe el recurso sobre la base regulatoria de los honorarios profesionales.
III.3.a. El tribunal, con sustento en lo resuelto por esta Corte en la causa I. 73.016, "Morcillo" (resol. de 8-XI-2017), juzgó aplicable al caso la ley 14.967 y, en ese orden, dispuso que, a los fines de establecer la base de regulación de los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso, cabía "liquidar intereses a la pretensión demandada" (conf. arts. 21, 22 y 23, ley cit.; v. fs. 224 vta.).
III.3.b. Ahora bien, el recurrente nuevamente funda su réplica en la denuncia de violación de doctrinas legales que fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en autos, ello, con un discurso que -en lo esencial- soslaya toda distinción entre las distintas normativas provinciales que se sucedieron en el tiempo relativas a la regulación de honorarios de los letrados.
Dable es destacar, que la transcripción de los sumarios de los fallos de esta Suprema Corte que contiene esta parcela de la impugnación pone de resalto que los dos primeros se vinculan con la normativa arancelaria vigente con anterioridad a la ley 14.967 (dec. ley 8.904/77), mientras que los dos restantes se refieren concretamente al valor del litigio a los fines de examinar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Y a esta altura, debe memorarse que carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen la denuncia de infracción de doctrina legal concerniente a presupuestos diferentes a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 104.386, "Velazco", sent. de 17-XII-2014; L. 119.434, "C., L. M.", sent. de 16-V-2018 y L. 121.911, "Carrión", sent. de 30-XII-2021).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:31:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:16:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:10:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:25:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia