Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126466
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.466, "Antuña, Marcelo Ezequiel contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, desestimó la revocatoria y los pedidos de nulidad de notificación y suspensión de términos procesales articulados por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires (v. proveído electrónico de 30-IX-2020).
Se interpuso, por ésta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-X-2020), el que denegado por el órgano jurisdiccional de grado (v. proveído de 27-X-2020), fue concedido por este Tribunal (v. resolución electrónica de fecha 22-VI-2021), al hacerse lugar a la queja interpuesta (v. resol. de 6-XI-2020; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Con apoyo en los arts. 44 y 55 de la ley arancelaria 14.967, el letrado Marcelo Ezequiel Antuña promovió demanda contra la Provincia de Buenos Aires a fin que se regulen judicialmente sus honorarios por su labor desempeñada en el procedimiento administrativo previo ante la Comisión Médica n° 38-3.
El tribunal interviniente ordenó el traslado de la acción por el plazo de cinco días (SCBA resol. 480/20; v. proveídos electrónicos de 14-VII-2020 y 23-IX-2020).
Contra esa decisión la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso de revocatoria, al tiempo que peticionó la declaración de nulidad de la notificación cursada, la suspensión de términos para contestar la demanda y que se ordene un nuevo traslado por el término de teinta días, conforme las disposiciones del decreto ley 7.543/69, texto según ley 12.748 (v. escrito electrónico de 29-IX-2020).
Adujo que el término de cinco días conculcaba la normativa precitada e irrogaba un perjuicio irreparable a su parte pues al recortarse los plazos procesales no le era posible reunir los antecedentes necesarios, quedando vulnerado su derecho de defensa en juicio (arts. 149 y 172, CPCC).
El tribunal interviniente rechazó en todas sus partes la presentación. Juzgó que el traslado impugnado se enmarcaba en lo dispuesto por los art. 44 y 55 de la ley arancelaria 14.967, en concordancia con lo dispuesto por el art. 37 de la resolución 298/17.
Conforme ello, ratificó la pertinencia de conferir el plazo especial de cinco días, descartando, en consecuencia, aquel previsto en el art. 31 del decreto 7.543/69 conforme ley 12.748. Añadió que las defensas que, en su caso, debía articular la demandada, lo eran en relación al mérito o no de la labor profesional desarrollada por el actor en el trámite por ante la Comisión Médica; de allí que el traslado dispuesto no implicaba la necesidad de ofrecer prueba o defensas atento que la materia debatida era la cuantía de los honorarios que debían regularse conforme lo actuado en sede administrativa.
II. Contra lo resuelto, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-X-2020).
Con argumentos similares a los expuestos oportunamente en la revocatoria, arguye que la sentencia recurrida decide en forma definitiva y concluyente la inaplicabilidad al caso del art. 31 del decreto 7.543/69 conforme ley 12.748, generando así un agravio de imposible reparación ulterior para su mandante, que afecta el derecho de defensa del Estado provincial (arg. arts. 149 y 172, CPCC).
Con el objeto de desplazar el recaudo de admisibilidad en orden al valor del litigio, alega la existencia de un motivo de interés público notorio susceptible de habilitar el conocimiento pleno de los agravios por conducto del art. 31 bis, último párrafo, de la ley 5.827.
Finalmente, con apoyo en el precedente C. 87.705, "Gonzalez" (sent. de 23-IV-2008), solicita que se declare en autos la nulidad del traslado de la demanda y se otorgue uno nuevo por treinta días.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia -representado por el monto del honorario requerido en la demanda por el letrado- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
III.2. Motivos de orden lógico imponen desestimar la petición de marginar la restricción antedicha, en tanto los argumentos esgrimidos por el interesado para propiciar la actuación del citado art. 31 bis, resultan insuficientes para demostrar la hipótesis de excepción de la que intenta valerse.
III.3. En consecuencia, la revisión del pronunciamiento habrá de situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653; en consecuencia, la función revisora en esta sede extraordinaria queda limitada a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 116.822, "Lozano", sent. de 6-V-2015; L. 118.753, "Márquez", sent. de 15-XI-2016; L. 118.456, "Martínez", sent. de 29-III-2017; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; e.o.).
III.4. Bajo ese mirador la impugnación no es admisible.
Como fuera expuesto, el tribunal de origen convalidó el traslado conferido en los términos previstos por los arts. 44 y 55 de la ley arancelaria 14.967 -en concordancia con lo dispuesto por el art. 37 de la resolución 298/17-, al tiempo que declaró inaplicable el art. 31 del decreto 7.543/69 conforme ley 12.748. Explicó que las defensas que debía esgrimir la demandada quedaban ceñidas al mérito -o no- de la labor desarrollada por el letrado reclamante en sede administrativa.
La decisión no logra ser conmovida por el interesado al amparo del único antecedente que invoca en su apoyo.
La solución alcanzada en la causa C. 87.705, "Gonzalez" -la invalidez del traslado- que el agraviado pretende que se adopte en la especie, hubo de afincarse en motivos que ninguna vinculación guardan con los fundamentos de la decisión en crisis.
En efecto, la cuestión allí debatida versaba sobre la eficacia de la notificación que había sido formalizada en un domicilio que no correspondía al del señor Fiscal de Estado, extremo que deja en evidencia la ausencia de identidad de los presupuestos fácticos y jurídicos de ambos casos, siendo que los motivos de la decisión aquí impugnada refieren a la prevalencia otorgada a otras disposiciones normativas -sobre las que el agraviado no formula una crítica frontal- y el limitado debate que origina la pretensión deducida en la demanda.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja (v. resolución electrónica de fecha 22-VI-2021), se imponen a la vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:40:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 10:11:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 13:49:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/12/2022 11:51:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2022 12:55:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/12/2022 13:40:50 hs. bajo el número RS-124-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia