Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.811, "Domínguez, Juan Cruz contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo, con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, acogió la pretensión deducida e impuso las costas a la parte demandada (v. veredicto de 17-VI-2021 y sentencia de 28-VI-2021).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 15-VII-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de origen -por mayoría de opiniones- hizo lugar a la pretensión deducida por el abogado Juan Cruz Domínguez mediante la cual solicitó la regulación de honorarios por su labor extrajudicial efectuada en favor del trabajador Matías Telmo Raúl Rojas, llevada a cabo en el marco del expediente 389.663/19 (SRT), tramitado ante la Comisión Médica 124 con asiento en la localidad de Azul.
En tal sentido, el órgano de origen dispuso que el Fisco provincial -en su carácter de autoasegurado- abonase a dicho letrado la suma de $70.338,13 en concepto de honorarios -importe equivalente a 26,74 ius arancelarios- (leyes 27.348 y 14.967).
Luego, en lo que respecta a las costas generadas por la actuación judicial, entendió que también correspondía a la demandada asumirlas. Expresó que "...con apego a los artículos 16, 21, 43 y ccs. de la Ley 14.967, de conformidad con los antecedentes y monto precedentemente explicitados, con fulcro en las particulares tareas y etapas cumplidas en autos..." (resolución de 28-VI-2021), correspondía regular los estipendios profesionales del doctor Domínguez en la suma de $23.933, equivalente a 9,1 ius arancelarios.
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; de la ley 24.432 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 15-VII-2021).
Señala que el tribunal aplicó indebidamente la ley 14.967 al momento de efectuar la regulación de honorarios del profesional interviniente, siendo incongruente la base regulatoria adoptada de cara a lo establecido en el citado art. 277 y la doctrina legal de esta Corte.
En esa línea, destaca que la decisión impugnada es absurda, en tanto los emolumentos regulados en $23.933 -equivalentes a 9,1 ius arancelarios-, considerando que la base de su determinación fue la indicada como monto de condena ($70.338,13), resultan desproporcionados e irrazonables y exceden ampliamente el 25% dispuesto en la ley 24.432 y en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Arguye que, si bien el mínimo legal previsto en la citada ley 14.967 es de 7 ius, la estimación de los estipendios debe ser razonable. En este orden, destaca que los jueces gozan de discrecionalidad para apartarse de los mínimos legales cuando las circunstancias del caso ameritan una decisión de esa naturaleza. Al respecto, denuncia vulnerada la doctrina legal establecida en la causa P. 133.318-RC, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires" (sent. de 24-IX-2020).
Finalmente menciona que el tribunal en su voto mayoritario valoró en forma incorrecta el acuerdo de reconocimiento y pago de honorarios que se hubiera celebrado en instancia de Comisión Médica por el letrado actor en función del cual -indica- debió prosperar la defensa de pago exhibida al contestar la demanda y consecuentemente rechazar la acción en su totalidad.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario señalar que esta Suprema Corte ha decidido -reiteradamente- que contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, aunque también ha precisado que tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto de su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios se dirigen a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 119.547, "Adriano", resol. de 6-IV-2016; L. 121.909, "Luna", resol. de 21-XI-2018 y L. 122.685, "Sánchez", resol. de 12-VI-2019).
En el caso, en que la impugnación gira en torno a la invocada desproporción del monto a considerar a los fines regulatorios por conducto de la alegación del quebrantamiento de disposiciones arancelarias, normas de fondo y doctrina legal forjada por este Tribunal, el análisis -por excepción- ha de quedar atrapado en el marco de la admisibilidad del recurso incoado (causas Ac. 86.346, "Calleri", resol. de 9-IV-2003; Ac. 94.153, "El Halcón SAT", resol. de 18-V-2005; C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7-VIII-2013; L. 101.196, "F., S.", sent. de 18-VI-2014; L. 122.752, "Bravo", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 10-V-2021).
III.2. Aclarado lo que antecede, se advierte que el remedio extraordinario puesto bajo examen fue concedido por el tribunal de origen en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución de 2-VIII-2021), porque -en efecto- el valor del litigio -representado por la suma que arrojan las regulaciones de honorarios cuestionadas- no supera el monto mínimo para recurrir previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, se impone la exclusión de la excepción contenida en la norma procesal citada, toda vez que el único precedente de esta Suprema Corte que invoca violado el recurrente en su postulación (causa P. 133.318-RC, "Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 24-IX-2020), resulta ineficaz para modificar la decisión atacada, en tanto en él mediaron presupuestos fácticos disímiles a los que exhibe este litigio (causas L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018; L. 122.120, "Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 26-V-2020; L. 124.854, "Carzoglio", sent. de 28-XII-2021; e.o.).
III.2.b. Tampoco es apta, en dicho acotado margen de revisión, la cita de precedentes de este Tribunal que hacen alusión al principio de congruencia (causas L. 121.573, "Suarez", resol. de 30-V-2018; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Sin embargo, con relación al argumento expuesto por mi distinguido colega en el punto III.2.b. de su propuesta con relación a la doctrina legal citada en la página 2 del recurso examinado (v. punto IV "Procedencia"), no puedo dejar de señalar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), reitero mi adhesión a la propuesta que inaugura el acuerdo.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2023 16:49:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2023 08:58:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:47:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 11:40:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 13:23:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia