Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131526
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a la Provincia de Buenos Aires -Dirección General de Cultura y Educación- a abonarle a la señora Mariela Noemí Calandra, docente en las Escuelas medias n° 36-5 y n° 174, con asiento en dicha ciudad bonaerense, la suma que especificó en concepto de indemnización por el accidente in itinere acreditado en autos (v. vered. y sent. de 22-IX-2023).
En lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, rechazó el pedido de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, texto ordenado según el Decreto n° 1.278/200, introducido en el escrito liminar, en cuanto se refiere al "ingreso base", módulo sobre el cual se estructura la reparación indemnizatoria, por considerarlo insuficientemente fundado (v. pág. 4 de la sentencia de 22-IX-2023).
II. Contra lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 6-X-2023), en el que cuestionó la desestimación del señalado planteo de invalidez constitucional, ocasión en que sostuvo que lo así decidido involucra una cuestión federal que no puede dejar de analizarse en la instancia de casación local. Alegó, que el tribunal de origen al aplicar lisa y llanamente la citada norma cuestionada en su constitucionalidad, conforme a la redacción previa a la ley 27.348, utilizando una base de cálculo completamente desactualizada sobre remuneraciones que datan de ocho años previos al dictado de la sentencia, provoca una injustificada reducción del crédito laboral, el cual resulta ser de carácter alimentario, afirmó, vulnerando así los derechos constitucionalmente consagrados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional.
El sentenciante de mérito, a su turno, declaró inadmisible el remedio extraordinario intentado, por considerar que el valor de lo cuestionado no superaba el mínimo exigido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. resol. 30-X-2023), dando lugar a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 6-XI-2023).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, la interesada sostiene que el tribunal de grado al denegar el remedio extraordinario intentado por su parte, soslayó analizar que en ocasión de interponerlo denunció conculcada la doctrina legal que vuelve a citar y, asimismo, evidenció configurada una cuestión federal bastante a los fines de habilitar la instancia de casación local.
III. La queja prospera.
III.1. En principio, cabe resaltar que, en la especie, la actora no desconoce que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
III.2. No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirma la impugnante.
En este sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose, prima facie valorado, de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos 308:490, in re "Strada"; Fallos 310:324, in re "Christou"; Fallos 311:2478, in re "Di Mascio"; S.C.B.A., cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian y a la existencia, o no, de violación de la doctrina legal (art. 55, segundo párrafo in fine , ley 11.653).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4.068/2022 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:48:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:28:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:23:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:38:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 09:06:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/05/2024 13:04:14 hs. bajo el número RR-454-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia