Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131758
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, hizo lugar a la acción por determinación y cobro de los honorarios devengados por el doctor Reynaldo José Disanto, por su actuación como letrado patrocinante del señor Fernando Martín Juárez por ante la Comisión Médica n° 125 y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires -Ministerio de Justicia y Seguridad- a abonar los señalados estipendios que estimó en 4,23 Jus arancelarios (v. sent. de 10-X-2023).
II. Contra esta decisión, la demandada interpuso aclaratoria (v. escrito de 12-X-2023), ocasión en que destacó que el tribunal de grado al regular los honorarios en la unidad arancelaria Jus, cuya determinación fue objeto de la presente acción, lo hizo "sin perjuicio del valor del JUS al momento del efectivo pago". No obstante, continuó sosteniendo, en el punto "5" de dicho resolutorio, dispuso un plazo de diez (10) días para el cumplimiento de la sentencia de condena. Respecto a ello, recordó que el art. 70 inc. 1 de la ley 15.394 establece un plazo de cumplimiento para las sentencias de condena en contra del Estado Provincial es de hasta sesenta (60) días, en consonancia con el art. 163 de la Constitución provincial.
Sobre tales premisas, entendió contradictorio imponer la obligación en cabeza del Fisco y, coetáneamente, disponer que la misma ser actualizada al momento del pago, cuando no incurrió en mora. Asimismo, con sustento en lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial, concluyó que, teniendo en consideración el plazo otorgado por la normativa antes citada, la mora operaría -a su entender- recién vencidos los sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha en que la sentencia quedó firme. Luego de esa fecha y para el supuesto caso que las sumas no hayan sido depositadas, afirmó, el actor podría solicitar intereses o bien la actualización del Jus (ley arancelaria).
III. El tribunal de grado, a su turno, rechazó la aclaratoria incoada en cuanto no tuvo por evidenciado un error material, concepto oscuro, ni omisión incurrida en su pronunciamiento, oportunidad en que declaró la inconstitucionalidad del señalado art. 70 de la ley 15.934, por juzgar que se incurrió en exceso reglamentario (v. resol. de 10-XI-2023).
IV. Ante lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 4-XII-2023), en el cual se agravió de la tacha de inconstitucionalidad efectuada por el sentenciante.
Finalmente, el a quo declaró inadmisible el remedio extraordinario intentado, con fundamento en la carencia de definitividad de la decisión puesta en tela de juicio (v. resol. de 14-XII-2023), dando lugar a la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito de 19-XII-2023).
En el recurso de hecho deducido ante estos estrados, la interesada sostiene arbitraria la decisión dictada en materia de admisibilidad del recurso extraordinario, alegando que fue dictada apartándose de la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia al respecto y de los precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que establecen la equiparación a sentencia definitiva de los pronunciamientos que por su índole y consecuencia llegan a frustrar el derecho federal invocado, acarreando un perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior.
Específicamente, entiende que el pronunciamiento puesto en crisis, más allá de ser una sentencia de las que la ley procesal denomina como interlocutoria, decide en forma definitiva y concluyente la inaplicabilidad al caso del art. 70 de la ley 15.394, generando un agravio de imposible reparación ulterior para su mandante, pues deroga de manera tajante, no un privilegio de la administración, sino un precepto que es una manifestación de la particular forma de litigar de la Administración Pública.
V. La queja prospera.
V.1. Le asiste razón a la impugnante. Ello así, desde que, si bien esta Corte ha sostenido que, por regla, las decisiones recaídas en el trámite de ejecución de sentencia no son susceptibles de recursos extraordinarios en razón de no constituir sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.891, "Fredes", resol. de 26-XII-2018; L. 124.798, "D' Angelo", resol. de 26-XII-2019 y L. 131.267, "Golubovic", resol. de 25-X-2023) pues tales vías solo proceden contra las sentencias que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución, toda vez que deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031 "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521 "García", resol. de 19-II- 2015 y L. 126.640, "Caluch", resol. de 8-II-2021) dicho principio, por las razones que se desarrollan a continuación, debe ceder.
En el caso, el pronunciamiento puesto en crisis, en tanto declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 70 inc. 1 de ley 15.394 se pronunció en torno a cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior, por lo que resulta equiparable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causa Ac. 93.707, "Robles", resol. de 25-IV-2007; L. 125.140, "González", resol. de 14-XII-2020 y L. 128.659, "Barrios", resol. de 5-V-2022; e.o.).
V.2. En atención a ello y teniendo en cuenta que el valor de lo cuestionado ante estos estrados es de carácter indeterminado, corresponde declarar carente de virtualidad el tratamiento de los demás agravios traídos en el recurso de hecho que se provee.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2024 11:22:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/10/2024 09:46:28 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2024 12:27:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2024 10:45:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/10/2024 08:35:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 28/10/2024 10:11:12 hs. bajo el número RR-1311-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia