Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 124681
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar los recursos federales interpuestos, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/2007).
C. 124.681 "CAPRI ROSAS, EDUARDO Y OTRO C/ CAFFERATA, CLEMENTINA Y OTRO S/ MATERIA A CATEGORIZAR"
I. El apoderado de la parte accionante en los autos principales deduce sendos recursos extraordinarios federales contra la sentencia -única- de esta Corte que rechazó los de inaplicabilidad de ley articulados en las causas: C. 123.817, "Capri Rosas, Eduardo Enrique y otro contra Capri, María Catalina y otra. Acción de colación" y C. 124.681, "Capri, María Catalina y otra contra Capri Rosas, Eduardo Enrique y otro. Materia a categorizar" (arts. 68 y 289, CPCC; v. sents. de 11-VIII-2023; en causa C. 123.817, v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 30-VIII-2023 y su archivo adjunto identificado como "Rex+Capri..." y en causa C. 124.681, v. trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-DEDUCE" de fecha 31-VIII-2023 y su archivo adjunto identificado como "Rex+federal...").
En el caso, en el expediente principal -causa C. 123.817- la Cámara interviniente revocó el fallo de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la acción de colación incoada por Enrique Eduardo y Luis Gerardo Capri Rosas contra María Catalina Capri y Clementina Cafferata, rechazándola al no encontrar reunidos los presupuestos necesarios para su progreso (v. sents. de fechas 25-II-2019 y 19-IX-2019).
Por otro lado, en la causa C. 124.681, el mismo organismo revocó la interlocutoria del magistrado de origen que, a su turno, había rechazado el incidente de levantamiento de la inhibición general de bienes trabada contra las demandadas, con el fin de cautelar el eventual cumplimiento de la colación pretendida. Así, admitió el pedido, al ponderar perdida la verosimilitud del derecho esgrimido por los accionantes (v. sents. de fechas 20-VIII-2020 y 29-XII-2020).
II.1. En la primera de las vías intentadas, los impugnantes fundan la cuestión federal en las doctrinas de la arbitrariedad de sentencia y de la gravedad institucional, así como en la violación de las garantías constitucionales de propiedad, legalidad, seguridad jurídica, razonabilidad, acceso a la justicia, igualdad ante la ley, debido proceso, defensa en juicio, afianzar la justicia y no discriminación (arts. 18, Const. nac.; 17, CADH; v. págs. 3, 5/10, 21/22, 25 y 27/28, adjunto cit.).
II.2. Sostienen que la resolución en crisis resulta arbitraria, no constituye una derivación razonada del derecho aplicable con las circunstancias comprobadas del expediente y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte apartándose de las constancias objetivas de la causa, de las pruebas aportadas -en particular de la documental e informativa- y de la normativa que rige al caso, rechazó -dogmáticamente y con exceso ritual- el remedio local. Afirman que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y citan -en sustento de su postura- precedentes de la Corte Suprema nacional que estiman atinentes al caso (CSJN, Fallos: 339:276; 344:2393; 321:1415; 250:152; 252:40; 326:3180; 343:156; 344:1315, entre otros).
En tal sentido, aducen que la decisión objetada omitió tratar y resolver debidamente los planteos esgrimidos en la vía de inaplicabilidad de ley -que ahora reproducen- referidos a las normas aplicables, las circunstancias fácticas y las pruebas del litigio. Insisten en que los terceros que tienen interés en demostrar la existencia de una donación para intentar la acción revocatoria, de simulación o demandar la reducción de las liberalidades inoficiosas, no tienen ninguna restricción probatoria y pueden valerse de cualquier medio de prueba. Y aseveran que dichos agravios resultaban suficientes para acreditar que el voto mayoritario del Tribunal de Alzada soslayó el orden público de la legítima hereditaria, descartó la virtualidad probatoria de los informes registrales aportados y realizó una interpretación literal del art. 1812 del Código Civil derogado (v. págs. 6/9 y 15/28, adjunto cit.).
II.3. Arguyen, finalmente, que el caso de marras conforma un supuesto de gravedad institucional, desde que el pronunciamiento de esta Corte excede el interés de las partes, pues atenta contra la verdad jurídica objetiva y la exigencia constitucional de prestar un adecuado servicio de justicia (v. págs. 9/10, adjunto cit.).
III. En lo que atañe al remedio incoado en la causa C. 124.681, los recurrentes fundan la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de defensa en juicio, legalidad, acceso a la justicia, debido proceso y afianzar la justicia (art. 18, Const. nac.; v. pág. 4/7, adjunto cit.).
IV. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído de fecha 6-IX-2023), los mismos fueron contestados por las apoderadas de las coherederas María Catalina Capri y Clementina Cafferata (v. en causa C. 123.817 trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO", de fecha 19-IX-2023 y en causa C. 124.681 trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL-CONTESTA TRASLADO", de fecha 19-IX-2023).
V.1. En relación al carril impugnativo de la causa principal -C.123.817-, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba, así como las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y procesal local (en el caso, se controvierten la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada de las circunstancias fáctico-probatorias, la interpretación de lo normado por el art. 1812 del derogado Código Civil y la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar esa decisión, de conformidad con lo dispuesto por el art. 289 del CPCC), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 305:112; 306:443; 324:1721; 324:1884; 325:703; 2219; 326:2682; 332:1564; 338:693; 1335, entre muchos).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por los impugnantes no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
V.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de dogmatismo, exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de las constancias de la causa y de la normativa aplicable y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie, toda vez que los interesados se limitan -en rigor- a denunciar dicho vicio del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con el criterio tomado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado, alegando que se ha incurrido en un supuesto de dogmatismo y exceso ritual. En efecto, reiteran -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 2/12 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 9-X-2019, págs. 6/9 y 15/28 del adjunto cit. y sent. en crisis cit.).
V.3. Asimismo, cabe indicar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 18, Const. nac.; 17, CADH; v. págs. 3, 5/10, 21/22, 25 y 27/28, adjunto cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; "Cabrera", resol. de 25-XI-2020; C. 123.501, "Gutiérrez", resol. de 18-II-2021; C. 124.002, "Casanovas", resol. de 19-IV-2021, C. 124.097, "Jockey Club Mar Del Plata", resol. de 29-VI-2021; C. 122.580, "Cedraschi", resol. de 23-IX-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.510, "Italcred S.A.", resol. de 5-IV-2023, entre otros).
V.4. Resta agregar que tampoco se observan motivos de importancia que permitan habilitar la instancia requerida sobre la base de la doctrina de la gravedad institucional. Independientemente de tratarse de un resorte hábil solamente para sortear aspectos formales, más no para suplir la ausencia de cuestión federal, lo cierto es que ella constituye un supuesto excepcional que no se encuentra configurado en el caso, pues sólo se discuten derechos patrimoniales que no exceden el ámbito de las partes, sin que se advierta la afectación -de modo directo- de intereses comunitarios (CSJN Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; 317:1162; 326:2710 y 183; 330:5052; 331:2799, v. págs. 9/10, adjunto cit.).
VI.1. Respecto de la vía federal articulada en la causa C. 124.681, cabe señalar, además de lo ya dicho en el punto V.1. que antecede, referido a que es requisito esencial para la procedencia del recurso extraordinario la existencia de cuestión federal y qué debe estar en juego para que ello suceda (art. 14, ley 48), que la Acordada 4/2007 de la Corte nacional establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento a la resolución apelada (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que los recurrentes no han cumplido con las mentadas exigencias. En efecto, los escuetos planteos ensayados se limitan -en rigor- a denunciar la arbitrariedad de la sentencia atacada -al igual que la de la instancia anterior en grado- y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar el remedio local, alegando que se ha incurrido en exceso ritual manifiesto. En efecto, insisten los agraviantes con los cuestionamientos vertidos en la vía extraordinaria local, referidos a la errónea aplicación del art. 202 del Código Procesal Civil y Comercial y la vigencia de la verosimilitud del derecho invocado por no encontrarse firme la sentencia del proceso principal. Planteos, estos, que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión objetada (v. págs. 3/9 del trámite titulado "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 8-II-2021; págs. 6/7 y 17/19, adjunto cit. y sent. cit.).
Y en dicha tarea soslayan rebatir -debidamente- las razones brindadas en el fallo en crisis que destacan el debilitamiento de esa verosimilitud del derecho alegada por los interesados, dada la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada en el proceso principal, luego confirmada por esta Corte; así como la insuficiencia del remedio de inaplicabilidad para desvirtuar la interpretación efectuada del citado art. 202 por parte de la Cámara (v. sent. en crisis cit.).
En razón de lo antedicho, no habiéndose cumplido con el deber impuesto por el inc. "d" del art. 3 de la citada reglamentación, la vía intentada deviene inadmisible.
VI.2. A ello cabe agregar que la denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales (art. 18, Const. nac.; v. pág. 4/7, adjunto cit.) y la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas C. 122.682, "Terminales Y Servicios S.A.", resol. de 18-IX-2019; C. 123.121, "Ribero Ravera", resol. de 26-II-2020; C. 123.818, "Metalúrgica Wolodarsky S.A.", resol. de 23-IX-2020; C. 123.213, "Cutzarida Srl", resol. de 2-III-2021; C. 123.158, "Armonia Azul S.A.", resol. de 31-III-2021; C. 123.866, "Toncovich Rodríguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.295, "Serafini", resol. de 9-II-2023; C. 125.976, "Regalado", resol. de 1-VIII-2023; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar los recursos federales interpuestos, con costas (arts. 68, 256 y 257, CPCCN; 14 y 15, ley 48; 3, inc. "d", Ac. 4/2007).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvanse -ambas causas- por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/03/2024 11:48:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/03/2024 19:50:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2024 09:12:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/04/2024 16:03:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2024 11:38:20 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/04/2024 10:43:05 hs. bajo el número RR-211-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia